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Subversión de los hechos
La Sala Penal de la Corte Suprema denunciando penalmente a columnistas de prensa: el fin de la historia
Carlos Cortés Castillo / Sábado 25 de agosto de 2012
 

Que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuncie una denuncia penal por injuria y calumnia contra dos columnistas de opinión es el fin de la Historia. Es levantarse una mañana cualquiera y leer la noticia de que Gandhi tenía una carnicería en el garaje de su casa. Es, como dice un gran amigo, el cierre de los museos o, en este caso, de las facultades de Derecho.

Los siete penalistas más importantes del país sacan un comunicado de prensa para decirnos que no saben nada de Derecho Penal. O que si saben, no creen en eso o no les importa. Una buena tarde se sientan a la mesa y deciden que nada de lo que ese tribunal ha escrito ni lo que está en las librerías jurídicas de la calle 13 ni lo que ellos y sus colegas han enseñado, existe.

Ya no es importante el rigor del animus injurandi, el carácter excluyente de los delitos de injuria y calumnia, los requisitos de una imputación delictiva, los amplios límites de la opinión y la inexistencia del buen nombre de una entidad pública (mucho menos de una parte de ella).

Pero un comunicado de prensa no sólo alcanza para borrar el precedente, sino también para sentar nueva jurisprudencia. La falta de mesura de María Jimena Duzán y Cecilia Orozco, sus juicios superficiales, las conjeturas, la especulación y el desvarío, son los nuevos estándares de análisis de la difamación en Colombia.

Nos quejamos de que el Expresidente cacofónico se la pase denunciando por injuria y calumnia a todo lo que se mueve, y de que De la Espriella y Granados y Lombana e Iguarán lleven esos procesos y se denuncien entre ellos. (Uno, para que lo inviten a una audiencia donde pueda dar otro discurso; los demás, para darle de comer a su ego y hablar en radio). Ahora, para rematar, tendremos las denuncias de los magistrados que precisamente sientan doctrina en este tema y de quienes dependen los jueces inferiores que resuelven estos casos.

¿Qué vamos a responderle a un juez municipal la próxima vez que diga en una sentencia –como pasó recientemente– que la honra de un personaje público es importante porque se trata de una persona muy importante? ¿Qué vamos a decir cuando un Fiscal afirme, al estilo del buen padre de familia, que las palabras irrespetuosas son injuria? ¿Qué vamos a escribir cuando un abogado cite esta ‘jurisprudencia’ de última hora?

El 99% de las denuncias penales por injuria y calumnia se presentan –o simplemente se anuncian– con propósitos políticos. Cambiar el enfoque del debate, poner a la defensiva a un rival, tener micrófono para contraatacar. Ninguno de esos casos reúne siquiera de manera general los requisitos de esos delitos.

Esta no es la excepción, lo cual es paradójico. Preocupado por la imagen de politiquero del tribunal, el presidente de la Sala Penal José Leonidas Bustos va a desplegar un acto clásico de estrategia politiquera: denunciar penalmente a un columnista de opinión.