Sindicato de Trabajadores Agrarios del Sumapaz
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Comunicado
Rechazamos el establecimiento de puestos de policía en nuestro territorio
Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz / Jueves 29 de noviembre de 2007
 

En carta reciente dirigida al señor alcalde mayor Dr. Luis Eduardo Garzón, las organizaciones sociales, sindicales y comunales y un sector amplio de habitantes en la localidad de Sumapaz, dimos a conocer a las autoridades tanto del orden distrital como del orden nacional, nuestra posición, así como el natural temor y profunda preocupación, frente a la decisión, inconsulta, de instalar puestos de policía en la Localidad, en cualquiera de las modalidades, ambiental, carabineros etc., ante lo cual, hoy nos sostenemos en dicha posición y manifestamos enfáticamente nuestro rechazo absoluto a la política estatal y de la administración distrital en el sentido de establecerse puestos de policía en nuestro territorio, rechazo que fundamentamos en las siguientes razones:

1 Históricamente la región de Sumapaz, en su lucha por los derechos del campesinado ha tenido que rechazar los planes del Estado que proponen la militarización del territorio.

2 La memoria colectiva del campesinado sumapaceño trae recuerdos amargos, tristes, luctuosos y muy dolorosos sobre la presencia de miembros de la policía en la localidad. Quienes ha podido dejar constancia escrita, relatan que en la en los albores del siglo XX, las autoridades civiles y de policía respaldaron a los grandes hacendados y terratenientes, en su enfrentamiento a quienes solo aspiraban a un pedazo de tierra para obtener el sustento propio y el de sus familias, y, que inclusive, las “oficinas” de la autoridad estaban situadas en la casa del mayor hacendado de la época, y que dada esta circunstancia, hacendado y autoridades eran una sola cosa (“Surcando Amaneceres”, Laura Varela y otro, editorial Universidad Cooperativa de Colombia, año 2007). Podemos también citar la violencia ejercida sobre los habitantes del Sumapaz durante la llamada época de la violencia, (1.949- 1960 aproximadamente), cuando la Policía Nacional acantonada en la vereda La Concepción, cometió incontables vejámenes, abusos difíciles de narrar e incluso se sabe del asesinato de varios habitantes del Sumapaz a manos de quienes debían proteger la vida honra y bienes de la población civil. O recordar también el caso del Corregimiento de Nazareth, población civil que sufrió bombardeos indiscriminados, en los cuales cayeron muertos varios jóvenes, mujeres y niños. Se hace interminable la lista de padecimientos que sufrió la población civil a manos de la Policía Nacional, y que este espacio impide recontar.

3 En distintas ocasiones hemos oficiado y denunciado ante los organismos estatales y defensores de derechos humanos, el impacto ambiental, social y cultural que conlleva este proceso de militarización y copamiento de nuestro territorio. Denuncias que prueban como este proceso de militarización no es garantía para la seguridad de la población civil, por cuanto los mismos mandos militares han tenido que reconocer y cancelar los daños causados por la tropa, daños que hablan sobre abusos en la propiedad de los campesinos, el atropello a la integridad personal, e inclusive, sin atrevernos a prejuzgar, varios militares están incursos en investigaciones penales relacionadas con el asesinato de habitantes en nuestra localidad, esto sin contar los múltiples reclamos de la comunidad sobre maltratos y atropellos por parte de la tropa.

4 Los campesinos de Sumapaz a través de la historia, ante la ausencia del Estado que hoy nos propone traer mas tropa, desarrollamos en este territorio, mecanismos alternativos muy genuinos, de composición amigable y fraterna en la resolución de los conflictos, administrándose justicia en equidad conforme a nuestra propia cultura, que sin ánimo de petulancia, sin duda alguna nos ha convertido en un ejemplo para el país, y nos mantiene como la localidad y grupo social del distrito capital con el más bajo índice de violencia, los niveles mas elevados de solidaridad humana y la amplia capacidad para implementar costumbres y normas de convivencia que han permitido, desde hace bastantes años, aclimatar el respeto por el otro, por la vida, por las cosas ajenas, todo dentro de la ruta que permite acatamiento a las normas sociales y el fortalecimiento de la civilidad.

5 Además, existen dentro de nuestra localidad un conjunto de instituciones publicas como las tres corregidurias, ubicadas en la cabecera de cada corregimiento (Nazareth, Betania y San Juan), que cumplen funciones de inspecciones de policía, la Comisaría de Familia, el Hospital de Nazareth, y la misma Alcaldía Local, las cuales en forma armónica con la población y con las organizaciones sociales, desarrollan acciones preventivas en detrimento del delito y las contravenciones.

6 Según los indicadores y cifras estadísticas que reposan en el Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia de la Secretaria de Gobierno, la Localidad de Sumapaz tiene los índices más bajos en delitos de impacto.

7 La construcción de cuarteles de la policía en los centros poblados de la Localidad pone en riesgo el derecho a la vida de las familias de estos asentamientos, el cual tiene el carácter de fundamental (Art. 11 CN). Igualmente, para este caso la vida debe considerarse como un derecho colectivo y por eso expresamos el temor a perder la vida, ante un potencial ataque a las nuevas edificaciones de la Policía. Entendemos que la decisión de llevar la Policía a la Localidad es política y tiene fundamentos normativos, pero ante la Constitución de Colombia prima el derecho a la vida y con la acción proyectada de la construcción de cuarteles, amenaza violar el derecho fundamental.

8 Consideramos que el distrito en cabeza de su administración se equivoca al implantar la política de Seguridad Democrática en un territorio que por cierto, como ya se dijo, esta militarizado, dando un giro en la concepción que se tiene de seguridad, apartándose del concepto de seguridad ciudadana integral trabajado por Ustedes, donde se tiene en cuenta factores no militares, el cual adquiere preponderancia en la medida en que prioriza la implementación de mecanismos participativos, deliberativos y territorialmente localizados, otorgando un voto de confianza al poder local y civil en el manejo de la seguridad.

9 La Constitución Política de Colombia en su artículo 116 inciso 4º, plantea que los particulares podrán estar investidos para administrar justicia en condición de conciliadores o árbitros pudiendo proferir fallos o disposiciones en equidad o en derecho. En el caso de Sumapaz, ha existido de tiempos memoriales una forma de resolver los conflictos, acorde a esta disposición constitucional. Por medio de ella se busca realizar un ejercicio de control social y de regulación en las relaciones sociales de sus habitantes, figura que podríamos llamar de mediación campesina, la cual se fundamenta o tiene como pilares fundamentales: la equidad, la palabra, lo campesino, intervenciones colectivas, acuerdos voluntarios, el restablecimiento de las relaciones sociales, medidas correctivas, los comisarios veredales, entre otros.

10 De otro lado, el concepto de equidad hace referencia a todas aquellas prácticas que desde parámetros culturales de una comunidad en concreto, se interviene de manera directa y legítima en situaciones de conflicto, con la ayuda de un operador comunitario que posee ciertas habilidades y reconocimiento para tal fin. Lo anterior quiere decir que la justicia en equidad puede tener diversos operadores que actúan basados en criterios sociales en una comunidad. Sin embargo el Estado ha procurado cooptar y organizar ciertas figuras creadas desde la institucionalidad, como lo son los conciliadores en equidad, los jueces de paz y los mediadores comunitarios. Para el caso de Sumapaz contamos con la presencia de mediadores campesinos que además de basarse en la equidad, corresponden a una estructura social consolidada y reconocida por el Estado.

11 En resumen, la implementación de la policía en Sumapaz, más allá de contrarrestar dificultades de convivencia y seguridad comunitaria, desencadenará más inseguridad e intranquilidad en las regulaciones sociales y la convivencia ciudadana. Se ha demostrado que la misma comunidad ha podido controlar y superar las dificultades que desde lo urbano son manejadas por el derecho policivo, a partir de sus propios criterios fundamentados como se dijo anteriormente en la equidad y las dinámicas campesinas. La presencia de la fuerza pública sin dudas constituiría otro referente institucional que afectará gravemente los pilares fundamentales de la identidad campesina.

12 Proponemos tener en cuenta la experiencia de las comunidades indígenas que poseen jurisdicción especial y reciben un tratamiento diferente en este campo de la seguridad ciudadana, ya que desde las autoridades del cabildo indígena se implementan e imponen medidas de control y sanción comunitaria. Es por ello que en los cabildos indígenas no existe policía y no es necesaria su presencia. Caso similar ocurre frente a la comunidad campesina de Sumapaz que más allá de necesidad de fuerza pública que apoye sus intervenciones, requiere es la articulación de programas institucionales en el fortalecimiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos.