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Foro de la Tierra. Cartagena, noviembre 26
Leyes de restitución de tierras y de desarrollo rural en Colombia: El camino seguro a la reprimirización de la economía y a la negación de la reforma agraria
Gabriel J. Tobón Quintero / Viernes 30 de noviembre de 2012
 

En Colombia los conflictos por la tierra han sido una constante en su historia, estos datan desde el siglo XIX, en el centro de estos conflictos ha estado desde entonces, la disputa por la tierra que a su vez ha generado los grandes conflictos sociales, agrarios y armados, aún hoy vigentes y con niveles diferenciados de desarrollo.

Es un hecho evidente empíricamente y sustentado por académicos de distintas disciplinas que en la motivación de los mismos, ha estado presente la ambición por el control del poder político y económico de la tierra y los territorios campesinos, indígenas y de afrodescendientes a quienes se les ha expropiado, despojado y desplazado de sus propiedades o posesiones preferentemente por la vía de la violencia y las contrarreformas agrarias promovidas desde el bipartidismos liberal – conservador, el poder económico de los narcotraficantes y el poder militar de los grupos armados de derecha principalmente.

En igual sentido, tal expropiación y despojo ha tenido dimensiones históricas originadas en los procesos de invasión colonial, seguidos por el establecimiento de los gobiernos republicanos y los intereses económicos de las elites locales, habidos por la extracción de los recursos naturales, y por la presencia, desarrollo, intensificación y degradación del conflicto armado interno en sus territorios tradicionales, de los cuales además, han sido responsables las organizaciones guerrilleras, los grupos paramilitares y las fuerzas armadas del Estado.

Las comunidades han tenido como respuesta y resistencia a ese proceso de expropiación, despojo y desplazamiento variadas formas de resistencia y lucha, desde los sacrificios y suicidios de los líderes y la población indígena en las épocas coloniales, hasta las rebeliones, las tomas directas de tierras, los paros, marchas y mingas por la tierra la vida y la libertad para ocupar un lugar digno en el país que les permitiese garantizar su existencia y reproducir sus culturas, proyectos de vida, formas de ser, vivir y producir.

Es en este apretado contexto, en el que se ha producido una nueva coyuntura en los últimos años favorecida por las discusiones, iniciativas y propuestas orientadas a resolver las disputas por la tierra y los territorios, precisamente durante el gobierno del actual Presidente Juan Manuel Santos (2010 – 2014), éste quien fuera Ministro de Defensa de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez entre el año 2002 hasta mediados del 2010, años en los que la palabra tierra, conflicto y luchas campesinas estuvieron proscritas. A escasos dos meses de haberse posesionado como Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos hace de la problemática por la tierra una de sus principales banderas, para marcar, entre otras, en ese tema una sustancial diferencia con su antecesor, por ello en las primeras de cambio declaró públicamente lo siguiente:

“Pagar la deuda histórica con las víctimas de la violencia y resarcir a los millones de colombianos que han sido expulsados de sus tierras y padecido la violencia”, fueron las palabras y el compromiso hecho por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 20 de octubre de 2010 en el foro de tierras convocado por la Revista Semana, el Ministerio de Agricultura y la Organización Internacional para las Migraciones.

En efecto, el monumental despojo de tierras, del que han sido víctimas campesinos, indígenas y afro colombianos no tiene antecedentes en la historia reciente de Colombia, ni de América. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención a la Población Desplazada realizó la tercera encuesta nacional y después de entrevistar a mas de 10.000 familias desplazadas, encontró que el tamaño del abandono de tierras llegó a la increíble cifra de los 6.6 millones de hectáreas (Garay Luis, et al. 2010). Esta cifra podría ser más alta porque en este dato no están incluidas las tierras que los actores armados y sus cómplices les han quitado a las comunidades afro descendientes e indígenas. La cantidad de tierras de las que fueron privadas las víctimas es tan alarmante que si se le compara con la superficie de tierra total dedicada a la agricultura en Colombia (4,5 millones de hectáreas) podrá comprenderse de mejor manera la magnitud de la tragedia para los despojados.

Ante este hecho, el gobierno nacional se ha planteado como meta, la restitución de 2 millones de hectáreas a la población rural afectada, colocando el tema de la restitución de tierras en uno de los primeros lugares de la agenda política del país. Por esta razón, el Gobierno Nacional presentó ante el Senado de la República (en septiembre de 2010), un proyecto de Ley de tierras que fue aprobado en junio de 2011.

En el mismo sentido de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, hay en curso un nuevo proyecto complementario a esta ley que se conoce como Ley de Tierras y Desarrollo Rural presentado como parte fundamental para atender la enorme deuda histórica de las elites colombianas con los campesinos sin tierra y los desposeídos de la misma.

Lo anterior puede corroborarse con las declaraciones públicas del Ministro de agricultura quien al respecto de esta nueva iniciativa legislativa señaló en ese entonces:

“El proyecto de Ley es una iniciativa integral sobre todo lo atinente al desarrollo rural en Colombia, mejorara el uso del suelo, de las aguas, de los bienes públicos, al servicio del tercio de la población colombiana que vive en ámbitos rurales. Y será el complemento, en términos de desarrollo rural, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras... el proyecto propone normas modernas para agilizar la formalización de la propiedad agraria en nuestro país, y para moderar los conflictos cada vez más agudos que se están presentando entre minería y agricultura, desafortunadamente a menudo en demérito de esta última” (Restrepo, 2012).

Así el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural que actualmente pasa el tamiz de la consulta previa a comunidades indígenas y afrodescendientes está organizado en un cuerpo de 332 artículos, tiene entre sus propósitos resolver el problema de la propiedad sobre la tierra que tenga títulos claros, promover la consolidación de una capa de pequeños y medianos productores, distribuir los baldíos de la nación, dinamizar el mercado de tierras a través de mecanismos como Unidad Agrícola Familiar –UAF y establecer el derecho real de superficie, como una nueva figura sin antecedentes en la legislación agraria colombiana para permitir las grandes inversiones y proyectos en las áreas rurales y asegurar a los inversionistas una estabilidad jurídica por un período máximo de 30 años, prorrogable al superficiario o sus herederos. La situación creada por el nuevo gobierno y los aires reformistas que lo acompañan, crearon condiciones favorables para que las expresiones organizadas de las comunidades y pobladores rurales se manifestaran a través de distintas formas de resistencia y movilización de amplios sectores campesinos e indígenas y pobladores afectados por la presencia de las compañías multinacionales mineras y los grandes proyectos agroindustriales proyectados para la Orinoquia y Amazonia colombianas.

De hecho, recién posesionado el nuevo gobierno el movimiento campesino resurge en la palestra nacional con la lucha por la declaratoria y reconocimiento a las Zonas de Reserva Campesina, como uno de los principales instrumentos a través de los cuales puedan defender la economía campesina, pero sobre todo, sus territorios y su autonomía. Dicho movimiento también se ha convertido en un activo promotor de la solución política negociada al conflicto armado interno, creando condiciones favorables y convocando eventos como el congreso por la paz, que reunió a unas 20.000 personas en 2011, hecho imposible de realizar en los dos gobiernos anteriores.

Del mismo modo las comunidades y pobladores urbanos y rurales, afectados por la gran minería comercial y transnacional y su capacidad destructora sobre los ecosistemas estratégicos colombianos se han movilizado, han marchado y han logrado detener el inicio de proyectos mineros como los que estas empresas pretender realizar, entre otros, sobre el páramo de San Turban en el Departamento de Santander, o en los bosques andinos de la localidad de Cajamarca –Departamento del Tolima.

Tres conceptos guían este documento, el concepto de territorio, autonomía y libertad.

Con respecto al primero, se asume el territorio como aquel fragmento del espacio que según Mançano (2009) se encuentra en franca disputa entre el territorio del capital y el territorio campesino, es decir entre dos tipos de territorios cualitativamente distintos que expresan intereses y proyectos diferentes. Por ello plantea dicho autor que desde la comprensión del territorio como expresión de las conflictividades territoriales, concibiéndolo desde la multidimensionalidad y la multiescalaridad se tendría que tener en cuenta que se trata de:

“...una disputa entre el capital y el campesinado. Las propiedades campesinas y las capitalistas son territorios distintos, son totalidades diferentes, donde se producen relaciones sociales desiguales, que promueven modelos opuestos de desarrollo. Territorios campesinos y territorios capitalistas son diferentes formas de propiedad que disputan el territorio nacional. Para comprender esa disputa es importante un análisis de las escalas territoriales: primer territorio y segundo territorio. El primer territorio está formado por los espacios de gobernancia en diferentes escalas: nacional, regional, provincial, municipal, distrital. El segundo territorio está formado por los diferentes tipos de propiedades particulares: individual y colectiva; capitalista y no capitalista. A partir de esa tipología podemos comprender los conflictos entre modelos de desarrollo que disputan territorios, condición esencial para su expansión. Nos referimos, especialmente, a los modelos de desarrollo de agronegocios, a partir de producciones de monocultivos en grandes escalas, con trabajo asalariado, intensamente mecanizado y con la utilización de agrotóxicos y semillas transgénicas. El modelo de desarrollo del campesinado es a partir de la producción de cultivos varios, en pequeñas escalas, donde predomina el trabajo familiar, en su mayoría con baja mecanización, con biodiversalidad sin utilización de agrotóxicos” (Mançano, 2009: 6).

A su vez, el concepto de autonomía será de gran utilidad, en el presente documento lo asumimos al decir de Kant, como la capacidad del sujeto de gobernarse por una norma que él mismo acepta como tal sin coerción, pasando en nuestro caso, del sujeto individual al colectivo y comunitario.

En ese sentido la autonomía que se reivindica para las comunidades organizadas y pobladores rurales tiene el siguiente sentido: “...no es ensimismada pero no por eso acepta los racionalismos universalistas que basados en la primacía de los derechos individuales desconoce los derechos políticos colectivos; se entiende que el derecho a la propia autonomía pasa por el reconocimiento a la autonomía de las demás comunidades indígenas, negras o urbanas que habitan en el territorio colombiano, incluso sin que, en algunos casos, se comparta su modelo de vida. Por eso, para muchos, el respeto a la autonomía es el fundamento de una democracia ampliada en la medida en que no se trata de imponer el modelo de vida propio, a pesar de estar convencido de sus bondades, ni de permitir que otro que no sea la propia comunidad gobierne por ella” (Ferro y Tobón, 2011:18).

Por ello, se pretende que la autonomía que construyen como proceso las comunidades rurales con respecto a los poderes hegemónicos y a la sociedad capitalista, se coloca por encima de los espacios de la economía, la producción y del trabajo porque se trata de que estas construyan territorios autónomos entendidos como, “...cultura territorializada propia que incluye diversos aspectos de la vida y de la sociabilidad conformando un espacio integral y multidimensional de resistencia al capital y a cualquier forma de subordinación” (Ibíd.)

A continuación se presentará un análisis de los tres temas centrales de los que se ocupa este documento: La Ley de víctimas y restitución de tierras, el proyecto de Ley de tierras y desarrollo rural y las resistencias y movilizaciones sociales de campesinos, indígenas, afros y pobladores urbano-rurales contra el saqueo de los recursos naturales por parte de las agro- empresas y las multinacionales mineras.

1. La ley de víctimas y la restitución de tierras: ¿Colombia por nuevos caminos?

El pasado 9 de junio de 2011, en presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1448, conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras (Congreso de la República, 2011), cuyo merito principal es reconocer la condición de victimas y el ejercicio pleno de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación a todos aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado interno, incluidas las acciones de la fuerza pública en contra de la población civil hasta victimizarlas, cuando su mandato era protegerlas.. La aprobación de la Ley, con la calculada invitación a los altos directivos de las Naciones Unidas, tuvo un claro objetivo político y envío un profundo mensaje a los sectores opuestos a la Ley y a los actores armados que buscan sabotearla con la racha de asesinatos a los líderes que reclaman la restitución de las tierras despojadas y arrebatadas a sangre y fuego por la nueva, pero siempre vieja, generación de grupos paramilitares, hoy rebajados por el gobierno a la mera condición de “bandas criminales” –Bacrim-.

El objetivo político, estaba asociado a recuperar y mejorar las relaciones internacionales y recomponer la negativa imagen que la comunidad internacional ha tenido sobre Colombia, por la persistente violación a los derechos humanos, en especial al derecho a la vida, violaciones de las han sido responsables los actores armados ilegales y algunos agentes del Estado a través de la fuerza pública.

Un claro ejemplo de lo antes dicho fue el caso de los ampliamente conocidos, “falsos positivos”, que han horrorizado a la comunidad internacional y a amplias capas de la población, principalmente a los sectores populares, toda vez que fueron los hijos de los peor situados en la sociedad, los escogidos para responder por la supuesta eficacia de la política de seguridad democrática, estos fueron engañados con la oferta de empleo, para asesinarlos en el más completo estado de indefensión y mostrarlos como guerrilleros caídos en combate, porque nunca presentaron a alguno de ellos como paramilitar.

El mensaje político estuvo orientado a notificar a los sectores políticos del partido de la U, a sectores de oposición (conservadores, a los radicales seguidores del expresidente Uribe, a los polistas) y a los grupos armados ilegales la indeclinable decisión del presidente de enarbolar la bandera de la restitución de tierra y del reconocimiento a las víctimas de la violencia, toda vez que el anterior gobierno enterró e impidió en el año 2009 una propuesta de Ley de víctimas liderada por el partido liberal en cabeza del senador Juan Fernando Cristo.

Se trata a juicio de muchos analistas de una Ley histórica, que contrario a todas las opiniones y oposiciones contó con una votación ampliamente mayoritaria, casi unánime y refleja una buena e importante voluntad política por parte del gobierno santista, toda vez que no se había cumplido su primer año de gobierno, cuando logro que el Senado de la República la aprobara. En efecto, la anterior afirmación puede corroborarse con las declaraciones hechas por el presidente en octubre de 2010 cuando estableció el siguiente compromiso público:

“Pagar la deuda histórica con las víctimas de la violencia y resarcir a los millones de colombianos que han sido expulsados de sus tierras y padecido la violencia”, (Juan Manuel Santos, foro de tierras convocado por la Revista Semana, el Ministerio de Agricultura y la Organización Internacional para las Migraciones. 20 de octubre de 2010).

Y claro, el diagnóstico de la situación social de amplios sectores sociales y pobladores rurales despojados de su precario patrimonio y de sus bienes por los actores armados ya no se podía seguir ocultando ante el mundo y la sociedad colombiana. En efecto, el monumental despojo de tierras, del que han sido víctimas campesinos, indígenas y afro colombianos no tiene antecedentes en la historia reciente de Colombia, ni de América. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención a la Población Desplazada realizó la Tercera Encuesta Nacional y después de entrevistar a mas de 10.000 familias desplazadas, encontró que el tamaño del abandono de tierras llegó a la increíble cifra de los 6.6 millones de hectáreas (Garay, et al, 2010), faltando aún por cuantificar las tierras que los actores armados y sus cómplices le han quitado a las comunidades afro descendientes e indígenas. La cantidad de tierras de las que fueron privadas las víctimas es mucho mayor que la tierra sembrada actualmente en agricultura, que tiene apenas unos 4.5 millones de hectáreas.

1.1 La estructura y contenido de la ley.

La ley de víctimas y restitución de tierras, fue estructurada en IX Títulos, algunos de los cuales tienen varios capítulos y 208 artículos. En este sentido, contiene un capítulo introductorio en el que se consignan 30 principios generales, de los cuales, entre otros, se pueden destacar: el principio de la dignidad, la igualdad, garantía del debido proceso, el enfoque diferencial, el respeto mutuo, el derecho a la verdad, la justicia y al reparación y el principio de participación.

La ley contempla además, un capítulo sobre participación de las víctimas en el proceso penal. Del mismo modo establece un conjunto de medidas tendientes a garantizar la seguridad, la protección de las víctimas y de los intervinientes en los procesos de reclamación de tierras. También, se dedica toda una parte al tema de la atención a las víctimas y a las medidas de asistencia.

Del mismo modo, existe un capítulo dedicado a las reparaciones, con un imaginativo proceso para dinamizar la restitución de las tierras objeto del despojo.

Finalmente, se establece el arreglo institucional que pondrá en marcha el sistema de atención y reparación y un importante capítulo dedicado a la protección integral de niños, niñas y adolecentes victimas. Del mismo modo, en cuanto a contenidos e importancia se refiere vale la pena destacar de la ley los siguientes aspectos:

1. La definición según la cual se considera víctima a toda persona que sufra un daño como consecuencia de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o las violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos ocurridas como consecuencia del conflicto armado interno.

2. La ley define como período a partir del cual reconocerá el derecho a la restitución a las víctimas que hayan sido objeto de hechos de violencia ocurridos desde el 1o de enero de 1985., mientras aquellas personas que hayan sido víctimas por hechos anteriores a 1985, podrán acceder a una reparación simbólica y a la garantía de no repetición.

3. Las declaraciones que hicieren las victimas podrán hacerse por distintos medios: grabaciones de audio, vídeo o a puerta cerrada, cuando las circunstancias y situaciones de seguridad así lo requieran o cuando puedan afectarse sicológicamente.

4. Establece un importante derecho que le permite hacer uso de varias mediadas de reparación a saber: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición a nivel individual, colectivo, material, moral y simbólico.

1.2 Aspectos positivos.

Algunos entre otros, aspectos positivos de la ley son los siguientes:

1. El reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, aspecto fundamental que en parte explica la degradación de la guerra interna por los métodos, estrategias y armas empleadas por los actores armados, dentr5o de los que se destacan el desplazamiento forzado de población y el despojo de bienes, propiedades y tierras. Este reconocimiento adquiere un mayor valor, toda vez que el conflicto y la sola mención a él y a los actores armados, fueron proscritos durante los 8 años de los gobiernos de Alvaro Uribe Vélez.

2. El reconocimiento de que los agentes del Estado y en particular las distintas armas de la fuerza pública, principalmente la el ejercito, a través de la infantería, sus fuerzas especiales y las fuerzas de despliegue rápido, la policía y la fuerza área han sido responsables de masacres, juicios sumarios, asesinatos a personas civiles y se convirtieron en otro victimario más que por sus actos contra la población civil no combatiente y por mostrar unos exiguos resultados, en nada se ha diferenciado de la barbarie con la que ha tratado a campesinos, indígenas y afrodescendientes y a los jóvenes urbanos desempleados convertidos en trofeos de guerra para mostrar el éxito artificial de una política de seguridad.

3. El capítulo dedicado a los principios, contiene los derechos de las víctimas de la violencia o de la guerra de acuerdo con los estándares internacionales y en correspondencia con el Derecho Internacional Humanitario y en particular para el caso colombiano, con los protocolos de Ginebra y en especial con el protocolo común tres(3) relativo a los conflictos armados internos.

4. Establece varias formas de reparación a las víctimas, ofreciendo distintas alternativas que seguramente permitirán atender los casos diferentes de victimización de que fueron objeto miles de ciudadanos y pobladores rurales. Tal es el casos de medidas de reparación como: la restitución, compensación, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.

5. La Ley presenta un diseño institucional que tiene por objetivo coordinar de manera más eficiente a la atención integral a las víctimas para garantizar un más rápido acceso a la obtención de los derechos que la misma Ley crea para las víctimas.

6. Establece un mecanismo más expedito para reclamar las tierras despojadas como consecuencia del desplazamiento forzado y violento, para lo cual conformó un sistema mixto judicial/administrativo.

1.3 Limitaciones.

La restricción para que quienes fueron victimizados antes del 1o de enero de 1985 bien por desplazamiento forzoso u otras violaciones o abusos contra sus derechos puedan beneficiarse de alguna de la medida de reparación, como la restitución de tierras o la indemnización económica, debido a que la Ley sólo les reconoce una reparación simbólica.

1. No reconoce como víctimas a los miembros o combatientes de la guerrilla o los paramilitares a quienes les hayan violado sus derechos fundamentales, o hayan sido sometidos a trataos crueles y degradantes.

2. Falta establecer un marco jurídico que garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, debido a que el existente, la Ley 975 de 2005 de justicia y paz no lo garantiza, porque su orientación estaba dirigida principalmente a los desmovilizados, es decir a los victimarios y no a las víctimas.

3. La limitación del derecho al uso de la tierra, cuando un tercero de buena fe, posee la tierra despojada. En este tipo de casos, que no son pocos, el despojado sólo recibe el equivalente a un arrendamiento mensual, pues la Ley respeta el tipo de proyectos empresariales o agroindustriales que este tercero esté adelantando y sólo le exige pagar un arriendo sobre el predio.

4. La ausencia total de incentivos, del tipo indemnizaciones para las víctimas en caso de que tuviesen que pagar los impuestos de las propiedades que les fueron despojadas y que un número de años después les fue devuelta.

1.4 LOS RETOS

1. Crear todas las condiciones para garantizar una real y autentica participación de la víctimas de la violencia y de las organizaciones que ellos han construido en medio de la adversidad, la estigmatización y la falta de apoyo para que puedan hacerlo en los espacios y mecanismos previstos en la ley.

2. Reglamentar de manera clara la reparación de que serán objeto las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes y esclarecer lo relativo a la reparación administrativa.

3. Garantizar las condiciones de seguridad de los líderes que están al frente de las organizaciones que vienen reclamando sus tierras, no debe olvidarse que desde la llegada del nuevo gobierno y los anuncios sobre la ley de restitución ya han sido asesinados unos 60 líderes.

4. Garantizar los recursos fiscales para llevar a cabo el proceso de restitución e indemnizaciones aumentando progresivamente el presupuesto para hacerlo y gestionando recursos de cooperación o crédito internacional. Adicionalmente, a lo antes señalado, es importante abordar otros aspectos que son de vital importancia para las víctimas de la violencia y sus organizaciones: Ellos son:

1. Ampliar las medidas y mecanismos de reparación integral. En este sentido, la restitución de tierras es sólo uno de los peldaños de la larga escalera de la reparación integral a las víctimas de la violencia, no se debe circunscribir a la entrega del predio despojado. Se deben adelantar la construcción y dotación de bienes públicos en las regiones, tales como Infraestructura vial, hospitalaria, de comunicaciones y escolar.

Adicionalmente, se debe garantizar la asistencia técnica y la transferencia de tecnología, particularmente para las líneas de as actividades productivas de los despojados, capital de trabajo y mercados justos.

2. Reparaciones colectivas. En especial se debe dar lugar a las restituciones colectivas para todos los habitantes rurales del país que hayan sido víctimas de la violencia política. La restitución de tierras no debe ser sólo individual, debe contemplar un carácter colectivo en los ámbitos locales y regionales sin diferencias de raza, cultura o etnia.

3. E Estado debe garantizar la no repetición del despojo y el respeto al derecho a la vida de todos los campesinos, indígenas y negros, a quienes se les han vulnerado sus derechos fundamentales —dentro de ellos el derecho a las tierras que les fueron arrebatadas—.

4. Garantizar la autonomía de las comunidades. Este es un aspecto central, el Estado debe comprometerse y respetar la autonomía de las comunidades, sus culturas, costumbres, y la de sus organizaciones. Apoyando procesos de fortalecimiento y participación en todas las fases del proceso de reparación.

5. Las distintas formas de reparación ofertadas en la ley deben marchar acompañadas de dinámicas, iniciativas y programas de estabilización socio- económica, algunos de los cuales, hasta ahora han fracasado, por la precariedad de retornos, la falta de seguridad en las reubicaciones de la población desplazada y la ausencia de otros niveles del estado y las instituciones que deberían hacer realidad los denominados principios de subsidiaridad y complementariedad.

6. Finalmente, el tratamiento que se le debe dar al conflicto armado interno, como uno de los factores que ha incidido de manera importante en el desplazamiento forzado de población y el alarmante despojo de tierras, que no tiene ningún nivel de comparación en el continente americano debe intentarse de nuevo una solución política negociada, toda vez que los ocho años de guerra en los que se empeñaron los dos gobierno del expresidente Uribe Vélez, confirmaron la conocida tesis de la imposibilidad de resolver un conflicto por la vía militar con la derrota del contrincante, que tiene más de 40 años y que además presenta un alto grado de complejidad, como es el conflicto armado interno en Colombia.

2. Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural. 2.1 Estructura y contenido de la Ley.

El proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural está estructurado en dos libros, el primero se organiza en cinco títulos que contiene 21 capítulos y 130 artículos, mientras el segundo libro contiene cinco títulos y 24 capítulos y 202 artículos para un total de 332 artículos.

El libro primero define el marco general de la Ley, la política de desarrollo rural, dentro de la cual sobresale el desarrollo rural con enfoque territorial, las políticas de apoyo a las actividades productivas agropecuarias, políticas para acrecentar el capital humano, social y físico del sector, los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, la adecuación de tierras y la estructura y funciones de la institucionalidad rural.

El segundo libro, se dedica a presentar y definir todos los instrumentos para la ejecución de la política de tierras, dentro de los cuales se destacan la planificación para el ordenamiento de la propiedad rural y el uso de las tierras, un ambicioso programa de formalización y acceso a la propiedad rural y los mecanismos para la dinamización del mercado de tierras.

De esta imbricada estructura y articulado de la Ley, en cuanto a los contenidos se refiere, bien vale la pena señalar que la mayoría de estos se orientan a favorecer las locomotoras para el desarrollo de Colombia en la era de Juan Manuel Santos de manera muy especial la locomotora agrícola que promueve y le crea condiciones favorables al agronegocio de la palma aceitera, las explotaciones forestales y la ganadería; la locomotora minera que reprimarizará la economía colombiana y la del transporte, que desarrolla los grandes megaproyectos de integración de la infraestructura regional andina (IIRSA).

Así las cosas, los pilares del proyecto de Ley en esencia son:

1. El enfoque territorial para el desarrollo rural. Aspecto no contenido en ninguna de las leyes anteriores sobre tierras y desarrollo rural, que en principio se reconoce como un avance importante en la legislación, porque permite una más amplia discusión sobre el tipo de enfoque que debería tener la posible solución a la problemática de tierras y a la precaria orientación que ha tenido el desarrollo rural en Colombia.

2. La política y los programas de formalización a la propiedad, con lo que se pretende meter a la dinámica del mercado y los incentivos gubernamentales a un 40% de propietarios rurales que no tienen títulos registrados, son muy precarios y la mayoría sólo se acredita como poseedores.

3. El derecho real de superficie. Figura que por primera vez en la historia de 76 años de legislación política de tierras se incluye como norma de ley que beneficiaría los grandes inversionistas y empresas nacionales o extranjeras.

2.2 Aspectos positivos.

Como aspectos positivos del nuevo proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, del libro primero dedicado al marco general, al desarrollo rural y las políticas públicas para el sector agrario se podrían destacar los siguientes aspectos:

1. En primer lugar la incorporación al contenido legislativo del proyecto el enfoque territorial para el desarrollo rural, que como antes fue dicho tiene el merito de ampliar el debate y las discusiones sobre el tipo de desarrollo rural que necesita el mundo rural colombiano y que permitiría a los sectores de oposición política y a las organizaciones campesinas oponer un enfoque distinto que sitúe el debate en el punto central de la modificación de las relaciones de poder ostentado por las elites regionales que predomina en el campo colombiano, y que han sido los principales responsables de la injusticia, la desigualdad, inequidad y pobreza que han predominado históricamente en él, con arreglo al cual se puedan orientar el conjunto de políticas públicas hacia los sectores pero situados y los más pobres, dando lugar a que sus proyectos de vida, su cultura, economía y formas de producción puedan ocupar un lugar digno y autónomo en la sociedad colombiana.

2. En segundo lugar, la inclusión en el proyecto de Ley del sistema nacional de innovación agropecuaria.

3. En tercer lugar, la creación de los subsistemas nacionales de investigación, asistencia técnica y desarrollo agropecuario.

4. En cuarto lugar la creación de un fondo nacional de desarrollo rural.

5. En quinto lugar, el establecimiento de un sistema integral de información estadística y geográfica del sector agropecuario. En el libro II del proyecto de ley, que contiene los instrumentos para la ejecución de las políticas se destacan, aún así muchos de ellos sean cuestionables y sobre los cuales sectores académicos y organizaciones campesinas tienen posiciones críticas, los siguientes:

1. La estrategia de ordenamiento de la propiedad rural y el uso de las tierras rurales, dentro de las cuales se consignan entre otras de suma importancia, la protección de las reservas estratégicas ambientales, la mayoría de las cuales han sido apropiadas por los grandes terratenientes y los grupos armados que intervienen en el conflicto armado interno, el cierre de la expansión de la frontera agrícola que cada día coloniza más tierras de especial importancia ecológica, ecosistémica y biológica y que representa parte de la gran biodiversidad que tiene Colombia, la recuperación y el registro de las tierras baldías de la nación, muchas de las cuales están en poder de los grandes hacendados del país y los actores armados y el acceso a tierras de quienes carecen de ellas o tienen muy poca.

2. La figura de Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Mecanismo contemplado en la Ley de reforma agraria vigente, la No. 160 de 1994, estas zonas fueron una de las reivindicaciones del movimiento campesino para proteger la economía campesina de los alarmantes procesos de concentración de la propiedad de la tierra existente en Colombia. Hoy las ZRC se han convertido en uno de los puntos centrales por los cuales el movimiento campesino reemerge en las luchas agrarias y las concibe como el paso necesario de dar para insistir en una reforma agraria integral y democrática, bandera ignorada y desdeñada por las elites gobernantes.

3. El acceso a tierras a los grupos étnicos, que ene el proyecto de ley se reconocen como tales a los pueblos indígenas, las comunidades negras o afrodescendientes, los palenqueros, las comunidades de raizales y las comunidades Rrom.

2.3 Limitaciones.

Las limitaciones más importantes que contiene el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural son las siguientes:

1. Renuncia de manera expresa a retomar la vieja, pero siempre nueva propuesta de los sectores y comunidades campesinas de implementar una reforma agraria integral y democrática. Tema ignorado y categoría casi inexistente en el proyecto de Ley, que en este sentido evita incorporar y bosquejar en su estructura rutas de solución al problema nodal de la estructura agraria colombiana: la alta concentración de la propiedad sobre la tierra, estimada en los más recientes estudios a través del cálculo del coeficiente de Gini en un promedio nacional de 0.86, el coeficiente más alto en América latina después de Paraguay (0.92).

2. Los mecanismos de acceso a la propiedad de la tierra que consigna, son sólo mecanismos ordinarios que dejan de lado establecer las prioridades de la política pública para los sectores y pobladores más vulnerables de las sociedades ruarles colombianas.

3. La renuncia a retomar las propuestas de reforma agraria, tienen en la ley como contrapropuestas, un ambiciosos programa de formalización de la propiedad rural cuyo principal objetivo es incorporar al mercado al amplio porcentaje de campesinos poseedores de tierra que carecen de los títulos registrados en las oficinas de instrumentos públicos, para lanzarse a emprearizarlos y bancarizarlos, cuando históricamente su situación social y económica no les permite cumplir con unos deberes que establece el Estado, cuando éste ha dejado de cumplir con sus principales funciones para que estos puedan llevar a cabo su proyecto de vida.

4. La frenética concesión de explotación minera que el gobierno anterior y el actual, han concedido a las compañías multinacionales para que desarrollen sus ambiciosos programas de extracción de los más valiosos recursos naturales y minerales que hacen parte de la riqueza nacional y patrimonio de los colombianos, desconociendo los costos sociales, ambientales y políticos que tendrá el nuevo boom minero que recorre a Latinoamérica.

5. Las precarias condiciones que contempla para apoyar, impulsar y desarrollar la economía campesina, negándose a crear y adelantar programas especiales que dinamicen y mejores las condiciones de vida de los 10.5 millones de pobladores rurales.

6. La precariedad y deslegitimación social y política que tiene la institucionalidad pública responsable de diseñar y formulara las políticas públicas que realmente estén orientadas a resolver los problemas del mundo rural colombiano.

2.4 Retos.

1. Evitar los nuevos procesos de reconcentración de la propiedad sobre la tierra que de hecho va a conllevar la puesta en práctica del derecho de superficie, instrumento colocado al servicio de los grandes propietarios, de las empresas transnacionales y sus aliados nacionales que han iniciado una masiva compra de tierras el regiones como la Costa Atlántica, la altillanura y la orinoquia colombianas, desatando el nuevo fenómeno de la extranjerización de la tierra.

2. Incorporar las demandas de las organizaciones y comunidades campesinas y sus propuestas alternativas que ante todo defienden los intereses de los más débiles del campo y los peor situados en una sociedad que cada vez los excluye y los desconoce.

3. Reconfigurar las instituciones públicas encargadas del diseño, formulación e implementación de las políticas públicas de desarrollo rural y dotarlas de todas las condiciones y recursos humanos, técnicos, infraestructurales, económicos y los medios necesarios para cumplir con su misión y poder implementar los programas, planes y proyectos que se derivan de dicha Ley como principal instrumento de la política pública.

4. Retomar como eje central de la política de tierras, la solución al problema de la alta concentración de la propiedad sobre la misma, en tanto éste no sólo es indispensable y el Estado debe pagar la deuda histórica con el campesinado colombiano, sino que además jugara un papel muy importante en el nuevo proceso de diálogos y negociaciones para el logro de la paz, que se inicia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.

3. LAS RESISTENCIAS SOCIALES: CAMPESINA, NEGRA E INDIGENA.

El movimiento social colombiano, del que hacen parte distintos procesos étnicos y culturales, organizaciones, comunidades y movimientos, en buena hora viene recobrando su dinamismo, su capacidad de organización, resistencia y movilización, después de los oprobiosos años de estigma, persecución, hostigamientos, encarcelamientos, asesinatos y desapariciones de muchos de sus líderes y organizaciones por parte de los dos gobiernos de alvaro Uribe Vélez (2002 – 2010).

El proceso seguido por este movimiento social ha experimentado un desarrollo desigual, pero notablemente incremental, particularmente durante el gobierno del actual Presidente se ha ampliado y en él, han participado los más diversos sectores sociales de estudiantes, campesinos, pobladores, despojados, víctimas de la violencia, afrodescendientes e indígenas.

Estos procesos de movilización, de resistencia y de lucha, como diría Archila (2001) plantean demandas emancipatorias que no se expresan únicamente en el ámbito productivo, en la distribución de bienes o en el consumo, sino que además contienen un elemento central: expresan dimensiones culturales y simbólicas que les permite la construcción de identidades.

Dichos procesos han tenido como protagonistas en los aciagos períodos presidenciales del Uribismo las acciones colectivas realizadas por el movimiento indígena a través de la “Minga Indígena” como uno de su instrumentos ancestrales de resistencia que combinado con la movilización y como ellos dicen, el “caminar de la palabra” han recorrido cientos y miles de kilómetros manifestando su dignidad al oponerse clara y abiertamente a la política dominantes de los años Uribistas, la seguridad democrática, también se opusieron al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y como pueblos culturalmente diferenciados del resto de la población colombiana convocaron un referendo indígena que tuvo como resultado el rechazo unánime al mencionado tratado.

Emulando el ejemplo de la resistencia y las formas de lucha indígena, surgió la “Minga Social y Comunitaria” para caminar la palabra, como los indígenas para convocar todas las expresiones y organizaciones que busquen organizarse para aportar a la construcción de una Colombia mejor, una en la que se hereden los más de 500 años de resistencia indígena y 200 años de lucha popular por un país que marche hacia la dignificación de la vida de todos y todas las ciudadanas colombianas.

Así, de esta manera se conformó el “Congreso de los Pueblos”, concebido como un proceso de carácter social y popular que busca convocar a todos los procesos, pueblos, organizaciones y sectores sociales como los estudiantes para la construcción o reconstrucción del país desde una perspectiva latinoamericana y mundial.

En este sentido el “Congreso de los Pueblos” se propone los siguientes objetivos:

“1. Desarrollar las líneas temáticas que trazarán en adelante la motivación y construcción común del “El Plan de Vida Digna Nacional”.

2. Elaborar el marco de un “mandato de mandatos” que recoja los acumulados de distintos procesos regionales, sectoriales y de pueblos.

3. Construir y proponer una plataforma de movilización y acción para proyectar y asumir los próximos años de manera conjunta y con una apuesta estratégica frente al país.

4. Definir los criterios organizativos y metodológicos de la articulación social y política con todos los procesos que le apuesten a la construcción de propuesta de país.

5. Recoger y fortalecer una agenda internacional para avanzar en la integración de los pueblos”. (Congreso de los pueblos, www.congreso de los pueblos. Org, 2010).

Este tipo de movimientos, se oponen como lo ha señalado Tourine (1993) “...a las lógicas de la dominación social en nombre de una lógica de libertad” (p:300), se podría agregar que se oponen de igual manera a las lógicas de la seguridad supuestamente democrática, que en nombre de la democracia establecen regímenes autoritarios.

Más recientemente, en los primeros meses de este año 2012, contra todos los pronósticos y en medio del escepticismo ciudadanos y organizaciones provenientes de las más diversas y variadas corrientes políticas se agruparon para constituir un nuevo movimiento político y social denominado “Marcha Patriótica”.

En efecto, en abril de 2012 uno de los puntos de su declaración pública señala lo siguiente:

“Marcha es el lugar de encuentro de múltiples procesos de organización, resistencia y lucha que han decidido hacer suyo el ejercicio de la política y aspira a ser una expresión organizada del movimiento real de las resistencias y luchas de las gentes del común y de los sectores sociales y populares que cotidianamente en todos los rincones del país, en forma heroica y pese a las adversidades, actúan por una patria grande, digna y soberana”(www.marchapatriotica.org; 2012).

Muchas de las orientaciones de este movimiento, orientadas a luchar y resistir el actual modelo de desarrollo y buscar la construcción de uno propio, una de supribncipales preocupaciones es la lucha por la solución política negociada del conflicto armado interno en colombia, en contra de la propuesta guerrerista de amplios sectors sociales herederos del pensamiento conservador del anterior presidente de la república, a este respecto otro de los puntos de su declaración puntualizó.

“Una prolongación indefinida del conflicto social y armado, además de lo que ello representa en términos del sufrimiento de la población y del continuo aumento de los gastos para la guerra que bien pudieran ser destinados para atender las necesidades de las gentes del común, conduce a la peligrosa militarización de la compromiso ético y político con la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado. En consideración a que ésta debe ser apropiada regionales y locales por la solución política y la paz con justicia social, tendientes hacia la realización de una Asamblea Nacional. Asimismo, propone a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales aunar esfuerzos para transitar caminos que permitan hacer realidad los anhelos de paz de las gentes del común y del pueblo colombiano en general. Ello podría tener una expresión inicial en la realización de un encuentro nacional por la solución política y la paz con justicia social” (Idem).

REFLEXIONES FINALES.

1. La ley de víctimas y restitución de tierras, a pesar de sus buenos propósitos y las limitaciones ya anotadas se formuló como un sentido político para marcar las diferencias del actual gobierno colombiano con su antecesor y con el fin de recuperar la imagen internacional del país, desacreditada con la comunidad internacional, sin contemplar las profundas transformaciones y cambios que deben producirse en la institucionalidad pública que debe responder por llevar adelante el proceso de restitución de las tierras de las que fueron despojados miles de campesinos y comunidades afrodescendientes. De no producirse dichos cambios en el sistema de justicia, en las fuerzas militares, en las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y en la institucionalidad encargada de los asuntos notariales y de instrumentos públicos, y además sin comprometer la voluntad política de los poderes regionales y locales será muy difícil que dicho proceso alcance logros significativos.

2. El proyecto de Ley de tierras y desarrollo rural, y la orientación política en ella contenida, de un lado apunta a favorecer los territorios del capital y el agronegocio, consolidando el modelo de desarrollo rural basado en la agroindustria y la exportación, que de contera llevará indefectiblemente a aumentar el despojo y la concentración de tierras, por la vía de favorecer la extranjerización de la tierra y la inversión de las transnacionales mineras que disputarán los territorios campesinos, indígenas y de comunidades afrodescendientes, consolidando un modelo de desarrollo extractivo y una economía de enclave que reprimarizará de nuevo la economía nacional y traerá consecuencias letales sobre las comunidades, organizaciones y los pobladores rurales, produciendo nuevos fenómenos de desterritorialización, expulsión y despojo de tierras.

3. Finalmente, sólo las acciones colectivas del movimiento social, su consolidación y ampliación hacia el resto de la sociedad, serán la única esperanza para contener el paso destructor que van a causar las denominadas locomotoras del desarrollo del país y la única posibilidad de lograr cambios significativos en la orientación de las políticas públicas y el cambio de modelo de desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA.

ARCHILA, Mauricio, 2001. Movimientos sociales, estado y democracia en Colombia. Centro de Estudios Sociales. Instituto colombiano de antropología e historia, Universidad Nacional de Colombia.

Bernardo Mançano, 2009. “Territorio y Política” en: Las Configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI, F. Lozano y J.G. Ferro (Editores) Universidad Javeriana, Bogotá, 2009.

Congreso de la Republica de Colombia. 2011. LEY 1448 DE 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Bogotá.

Congreso de los Pueblos. 2012. Disponible en http://congresodelospueblos.org/sitio/, consultado el 20 de agosto de 2012. Ferro y Tobón. 2012. Las Zonas de Reserva Campesina y la naciente autonomía territorial. En Ferro y Tobón (Compiladores) Autonomías Territoriales: Experiencias y Desafíos. Universidad Javeriana. Bogotá.

Garay Luis, et al. 2010. Tercer informe de verificación sobre el cumplimiento de os derechos de la población en situación de desplazamiento. Bogotá. Disponible en http://mesadesplazamientoydiscapaci... verificacic3b3n-cs-2010.pdf

Marcha patriótica. 2012. Disponible en. http://www.marchapatriotica.org/marcha- patriotica/documentos/declaracion-politica/58-declaracion-politica-movimiento-politico-y-social- marcha-patriotica, consultado en junio de 2012.

Restrepo Juan Camilo, 2012. “Desarrollo Rural con crecimiento. Seminario internacional.

Santos Juan M. 2010. Revista Semana. La restitución empieza ya", Seminario sobre restitución de tierras. Disponible en http://www.semana.com/nacion/gobier... plan-choque-para-restitucion-tierras/146167-3.aspx.

TOURAINE, Alan, 1993. El sujeto como movimiento social, en Crítica de la modernidad. Ed. Temas de hoy. Madrid. España.