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Enfrentamiento entre campesinos del sur de Bolívar y consorcio agricultor por siembra de palma

Sábado 22 de agosto de 2009.

Labriegos dicen que remoción de tierras en la región para el cultivo de palma aceitera genera daños ambientales, pero la empresa asegura que promueve un manejo biológico de cultivos sostenibles.

La polémica se suscitó después de que el 14 de julio pasado 120 familias de desplazados fueron desalojadas de la hacienda Las Pavas, en la vereda Buenos Aires, municipio de El Peñón (sur de Bolívar) por invadir los terrenos que el consorcio ’El Labrador’ le compró en el 2007 a Jesús Emilio Escobar, tío del extinto narcotraficante Pablo Escobar.

Los desarraigados, que conformaron una asociación de cacaoteros, aseguran que las cerca de tres mil hectáreas que conforman la hacienda estaban abandonadas desde 1997.

De acuerdo a las denuncias de los campesinos se está arrasando con bosque primario y se ha producido el secamiento de importantes espejos de agua.

A través de un comunicado enviado desde El Peñón los cultivadores precisaron que también se está trabajando en la fertilización del terreno para la siembra y posteriores rociadas de grandes cantidades de herbicidas y que, según ellos, hay una mínima oferta laboral y los sueldos son muy bajos.

Pero desde Cartagena el consorcio Labrador, dueño de las tierras, desmintió a los campesinos y precisó que "las acusaciones carecen de veracidad y faltan a la verdad".

De acuerdo a lo manifestado por la empresa no es cierto que se estén arrasando grandes extensiones de bosques primarios y que la vegetación que se ha retirado corresponde a rastrojos emergentes después de una explotación ganadera extensiva, típica de la región.

"En ninguna de las áreas que conforman el proyecto se ha incurrido en afectación de los cuerpos hídricos (humedales, ríos o zonas de drenaje natural)...a diferencia de los cultivos convencionales, el uso de herbicidas no es permitido en ninguna de nuestros desarrollos agrícolas", afirmaron los palmicultores.

Frente a los cuestionamientos por la oferta laboral el consorcio insistió en que actualmente emplea 65 trabajadores de la zona, mano de obra calificada y no calificada que con los requisitos que exige la ley se extenderán a 400.

Por las tierras en disputa hay proceso de extinción de dominio solicitado por los desplazados que habían ocupado cerca de 1.225 hectáreas para trabajarlas y producir en ellas cacao, yuca, maíz, auyama y plátano.

Fuente: El Tiempo


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