Acción urgente: Comunicado a la opinión pública internacional

Campesinos bombardeados y ametrallados por tropas oficiales

por Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
Barrancabermeja, 18 de enero de 2000

Desde las 6 pm del día domingo 16 de enero, tropas del Batallón 45 Héroes de Majagual con el apoyo de la flotilla fluvial de la Armada Nacional, bombardean y ametrallan las veredas La Victoria, Coroncoro y Yanacué en el Valle del Río Cimitarra, en jurisdicción del municipio de Cantagallo. Este nuevo operativo militar en el Valle del Río Cimitarra se ejecuta bajo los argumentos de contrainsurgencia y antinarcóticos según declaraciones a la prensa del comandante del Batallón 45 Héroes de Majagual, coronel Jesús María Clavijo donde dice que "aquí estamos y aquí vamos a seguir para contrarrestar a esos subversivos que convirtieron esta zona en su bastión de la droga". Pese a las declaraciones del coronel, hasta el momento los funestos resultados que deja para la población civil esta incursión militar son: un niño de escasos tres años herido en una pierna y más de 400 campesinos desplazados de sus parcelas, de los cuales 35 llegaron ayer lunes a la ciudad de Barrancabermeja, y quienes denunciaron ante la organización regional de derechos humanos Credhos y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) estos hechos abiertamente violatorios de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Los testimonios de los campesinos indican que naves de la Armada Nacional obstruían el paso de las canoas de los desplazados desde la quebrada Yanacué hacia el río Cimitarra e impedían el normal flujo de productos y alimentos, desde estas embarcaciones fueron ametralladas directamente las casas de los campesinos. Hoy martes 18 de enero, arribaron al puerto de Barrancabermeja otros 50 campesinos desplazados, quienes manifestaron que los campesinos Luis Méndez, Andrés Méndez, Alberto Pino y Edilma Grimaldo fueron detenidos por los militares como presuntos guerrilleros. Que el campesino Jaime Yépez y su esposa se encuentran desaparecidos y que su tienda de víveres fue saqueada por los efectivos de las Fuerzas Armadas. Estos campesinos expresaron que en las próximas horas llegarán a Barrancabermeja otros aproximadamente 250 desplazados.

Ante estas reiterativas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado colombiano en nuestra región, denunciamos lo siguiente:

1. Que este tipo de operativos y acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares se vienen dando durante los últimos meses en esta zona y específicamente sobre las veredas mencionadas. El último operativo con bombardeos y ametrallamientos sobre la población fue denunciado por la ACVC el 15 de diciembre pasado. Esta zona sirve de corredor de desplazamiento a los campesinos que huyen del genocidio paramilitar desde el Sur de Bolívar hacia el Valle del Río Cimitarra.

2. Que esta zona comprende el límite entre el Valle del Río Cimitarra y los territorios bajo el dominio del paramilitarismo de Estado, donde el Estado ejerce una presencia militar y administrativa permanente (municipios de San Pablo, Simití y Santa Rosa). Contradictoriamente en estos territorios no se producen operativos antinarcóticos, lo que evidencia allí la connivencia entre el paramilitarismo, las Fuerzas Armadas del Estado, el narcotráfico y el latifundio (para más información ver El Espectador, página 2A, del 9 de enero, "Despeje en el Sur de Bolívar", por Alfredo Molano).

3. Que por lo tanto estos operativos militares tienen como fin garantizar la entrada de las hordas del paramilitarismo de Estado al territorio del Valle del Río Cimitarra para masacrar y desplazar a las comunidades campesinas.

4. Que a partir del éxodo de 10 mil campesinos en 1998 hacia Barrancabermeja, el gobierno en cabeza de Andrés Pastrana firmó unos acuerdos con los voceros campesinos en los cuales se comprometió a erradicar el paramilitarismo, castigar a los culpables y reparar a las víctimas de esta barbarie, sin embargo estos acuerdos han sido sistemáticamente incumplidos por el Gobierno.

5. Que las comunidades campesinas, en el marco de estos acuerdos, formularon un Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, donde está contemplada la ejecución de un proyecto integral de sustitución de cultivos de coca y la creación de dos Zonas de Reserva Campesina con proyectos verdaderamente alternativos. No obstante la única respuesta del Estado ha sido el incumplimiento y las acciones represivas y militaristas.

6. Que estos crímenes de lesa humanidad se vienen cometiendo en el Magdalena Medio con aeronaves donadas por los Estados Unidos, supuestamente para la lucha antidrogas.

Teniendo en cuenta lo anterior le solicitamos a la comunidad internacional: pronunciarse sobre el Estado colombiano pidiendo investigar y aclarar los hechos aquí descritos que atentan contra la vida y la integridad del campesinado del Magdalena Medio.

Al Estado colombiano le exigimos:

1. Garantizar el regreso con vida de Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes, de cuya desaparición es responsable el Estado colombiano (ver acuerdos del 98).

2. Cumplir con los acuerdos del éxodo campesino firmados por el presidente Pastrana el 4 de octubre de 1998 para detener las masacres de los campesinos, erradicar el paramilitarismo, castigar a todos los culpables por acción u omisión en la violación de los DD.HH., reparar integralmente a las víctimas e iniciar un proceso de desarrollo económico y social participativo en el Magdalena Medio.

3. Garantizar la vida y la honra de los campesinos del Valle del Río Cimitarra, la existencia de la ACVC como la organización que representa los intereses del campesinado, así como la integridad y la seguridad de nuestros líderes y voceros del éxodo campesino: Gilberto Guerra, Andrés Gil, Libardo Traslaviña y de Miguel Cifuentes, miembro de la ACVC y de la Junta Directiva de Credhos.

4. Proteger la vida y la integridad física de los señores: Libardo Traslaviña, Gilberto Guerra Hernández, Andrés Gil, Francisco José Campo, Ramón Rangel, José Cediel Mondragón Sánchez, Isidro Alarcón Bohórquez, Edgar Quiroga y Tito Muñoz, voceros de la Mesa de Trabajo Regional permanente por la paz y los Derechos Humanos del Magdalena Medio y firmantes de los acuerdos del 4 de octubre de 1998 con el Gobierno Nacional.

5. Liberar inmediatamente a nuestros compañeros campesinos Luis Méndez, Andrés Méndez, Alberto Pino y Edilma Grimaldo.

6. Investigar y esclarecer la desaparición del campesino Jairo Yépez y de su esposa, garantizar su pronto regreso a casa.

7. Investigar estos hechos violatorios de los DD.HH., castigar a los culpables de estas infracciones y reparar integralmente a las víctimas.

8. Descriminalizar a los campesinos cultivadores de coca. Pues son campesinos desplazados a los que el Estado no les ofrece ninguna opción económica.

9. No victimizar más a la población civil campesina bajo el argumento del fuego cruzado entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas. En este caso lo que hay es fuego directo de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano contra la población civil indefensa.