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Acción urgente por Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
En los cascos urbanos de los municipios de Yondó y Remedios (departamento de Antioquia) y Cantagallo y San Pablo (departamento de Bolívar), se evidencia la connivencia entre los grupos denominados AUC, la fuerza pública y las autoridades locales, desde 1998, en el cerco militar y paramilitar que el Estado colombiano le tiene a la región del valle del Río Cimitarra. El descaro de las fuerzas de seguridad del Estado, que evidencia su relación con las AUC, lo vemos reflejado en el hecho de que retenes y puestos de control de este grupo se encuentran a escasos minutos de bases militares, como son: - A cinco minutos de la flotilla naval de la Armada Nacional de Barrancabermeja, existe un retén de las AUC desde hace dos años, sitio conocido como la Boca de la Rompida. - En Puerto de Casabe, municipio de Yondó, donde se encuentra base del Batallón Vial y Energético No 7, antiguo 45 Héroes de Majagual, las AUC hacen presencia permanente con un puesto de control y cobro de impuestos a la población. - Así mismo, en el corregimiento de San Miguel del Tigre, Yondó, hay un retén de las AUC donde cobran impuestos y seleccionan a sus víctimas para ser asesinadas. - A cinco minutos del casco urbano de Yondó, en sitio conocido como La Marranera, encontramos otro retén de las AUC, donde realizan su actividad de cobro de impuestos y efectúan asesinatos, retenciones y desapariciones. Desde el pasado 4 de marzo se desarrolla un operativo militar por parte del Batallón Palagua de la XIV Brigada del Ejército Nacional, en la región del Valle del Río Cimitarra, específicamente en las veredas San Juan Ite, Congoja, San Tropel y La Punta. Situación que se agrava con la presencia y operativos permanentes de miembros de las AUC, “coincidencialmente” en las mismas veredas. En el desarrollo de estos operativos, el operador telefónico de la empresa Edatel en la vereda La Congoja fue retenido, amarrado, sometido a torturas y posteriormente liberado. Así mismo, el jueves 4 de abril en el municipio de Yondó, en La Marranera, cuando se desplazaba en un expreso de servicio público, al llegar a un retén de las AUC, fue retenida la presidente de la junta de acción comunal de la vereda Puerto Matilde, junta afiliada a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Nelsy Gabriela Cuesta Córdoba, y saqueado el vehículo. La señora Cuesta, según información de los habitantes de la zona, fue trasladada al corregimiento de San Miguel del Tigre, sin que se supiera nada de ella hasta el día 6 de abril, cuando fue encontrado su cuerpo flotando y enredado en una palizada en las aguas del río Magdalena, a la altura de La Rompida. La señora Cuesta, reconocida dirigente, desde su cargo, coordinaba la ejecución de proyectos como: acueducto veredal, vivienda rural, aldea comunitaria y otros en beneficio de la comunidad y la región. Por lo anterior, Denunciamos: 1. La retención ilegal y posterior ejecución extrajudicial de que fue víctima la señora Nelsy Gabriela Cuesta Córdoba. 2. La falta de garantías para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los habitantes de la región y en especial de los miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. 3. La connivencia de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano, en todas sus instituciones, y de las autoridades locales, con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reconocido grupo paramilitar, en éstas y otras de las múltiples violaciones de derechos humanos en esta región. 4. La vigencia de mecanismos jurídicos, de represión fascista, como la Ley de Seguridad Nacional, que con la aplicación de teatros de operaciones restringe la vigencia y total ejercicio de los derechos humanos, reforzando la ya sistemática violación de derechos humanos y contribuyendo al fortalecimiento de la reinante impunidad en nuestro país. 5. Al general Martín Orlando Carreño Sandoval, comandante de la Segunda División del Ejército con jurisdicción en la región, como responsable directo de las violaciones a los derechos humanos y fundamentales planteadas en esta acción urgente contra los habitantes de la región del Valle del Río Cimitarra. Exigimos: Al Estado colombiano: 1. Respeto y garantía de los derechos humanos y fundamentales del pueblo colombiano. 2. Que se investigue, capture, juzgue y condene a los autores materiales e intelectuales. 3. Que se establezcan mecanismos reales de reparación e indemnización a la víctimas de estos hechos. 4. El desmonte de sus grupos paramilitares, entre ellos de las AUC, ya que éstos actúan bajo su tutela, aquiescencia y en connivencia con sus instituciones. Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, campesinas, indígenas, de desplazados, negritudes, populares, sindicales entre otras: 1. Que se dirijan al Estado colombiano en respaldo de nuestras exigencias. 2. Que se le exija al Estado colombiano el respeto irrestricto a los derechos humanos y fundamentales del pueblo colombiano. 3. Que se pronuncien solidariamente frente a la situación que sufren los habitantes de la región del Valle del Río Cimitarra. 4. Que denuncie al Estado colombiano por el genocidio contra el pueblo colombiano. 5. Que se concreten mecanismos nacionales e internacionales de veeduría a las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado y de las autoridades locales. 6. Acompañamiento a nuestras comunidades para que
puedan ejercer plenamente sus derechos humanos y fundamentales. |
