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Desde
Gaviria hasta Uribe: Andrés
Gil, Miguel Cifuentes El pasado viernes 25 de abril se realizó la visita imperial a Colombia de John Snow, Secretario del Tesoro y Hacienda del gobierno de Estados Unidos, cuyo objetivo fue supervisar el ofrecimiento del actual presidente AUV, de concretar un acuerdo bilateral que acelere las condiciones del ALCA en nuestro país. En un intercambio de elogios entre estos, la traductora oficial del encuentro confundió el nombre del presidente Uribe con el del ex presidente Gaviria, quien goza hoy, como Secretario General de la OEA, del justo pago por los múltiples servicios realizados al Imperio (léase imponer los principios del modelo neoliberal durante su gobierno). El lapsus de la traductora encierra 12 años de aplicación del modelo neoliberal en nuestro país, desde que se instituyó la llamada apertura económica y la guerra total como estandartes rectores de la política y economía nacional, retocados con argumentaciones propias de sofistas en los siguientes gobiernos hasta llegar al actual eufemismo de la “Seguridad Democrática”, principal pilar del gobierno neofascista de AUV. Con esta despampanante frase comenzó, en el año 1990, el gobierno títere del presidente Gaviria: “Colombianos: bienvenidos al futuro”. Reeditando y actualizando con los hálitos de la naciente tecnocracia colombiana, las viejas formas de engaño que secularmente las clases dominantes han utilizado para imponer sus intereses sin casi ninguna resistencia de la izquierda parlamentaria. Ejemplo de ello es el proceso constituyente que llevó a la promulgación de la Constitución Nacional de 1991, supuesto paradigma del llamado “Nuevo Estado de democracia participativa”, proceso que, valga decir, la izquierda parlamentaria acogió e impulsó con exhaustivo vigor y con ingenuidad la declaró como un instrumento eficaz en la lucha por las garantías constitucionales de los derechos humanos. Ventajosa fue la transacción para el establecimiento, porque mientras los escasos logros constitucionales le servían de sofisma de distracción a la izquierda, enclaustrada en la búsqueda de metodologías que permitieran arrancar el cumplimiento de éstos, a la oligarquía le permitió establecer e instrumentalizar los dos ejes que sustentarían el modelo neoliberal: la liberalización económica y la disciplina fiscal, asegurando así el candado jurídico y el manejo de las llaves que garantizarían la estructuración de la organización social y económica de las nuevas formas de acumulación capitalista, exigidas en su etapa imperial: “el futuro”. El resultado económico y social para nuestra nación no ha podido ser peor: la profundización de la crisis y como consecuencia inmediata, el deterioro de las condiciones estructurales para el desarrollo del país (el déficit fiscal asciende al 4% del PIB, la deuda externa es de 40.000 millones de dólares, que equivale a un 50% del mismo y a un 40% del presupuesto nacional). Se han generado desproporcionadas inequidades sociales: la pobreza, medida por el índice del ingreso salarial es del 68% en la población; de los 44 millones de habitantes, 24 de éstos viven con 2 dólares al día y 9 millones con menos de uno. En 1990 el 1% la población rica lo era 40 veces mayor que la población más pobre y actualmente esta diferencia es 60 veces mayor. Según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, en el 2002, hubo un 18% de desempleados y la franja del mal llamado subempleo alcanzó el 35%. El conjunto de la economía depende de las definiciones del capital financiero, incidiendo en su desindustrialización, que desde los 90 hasta la fecha ha descendido hasta -4 puntos del PIB. La política fiscal está subordinada a las definiciones de la política monetaria y cambiaria, el 5% del producto interno bruto se gasta en presupuesto militar (el doble de lo que se gastaba en 1990); 5 billones de pesos según fuentes de la Contraloría Nacional desaparecen cada año en corrupción oficial. Se ha despedido a 150.000 trabajadores públicos y las sucesivas siete reformas tributarias reflejan la creatividad del régimen para exprimir con más impuestos a la sociedad colombiana. Éstos son para la oligarquía los jugosos dividendos de la Constitución Nacional de 1991; el perfecto marco institucional para una política antiinflacionaria de corte monetarista. El Estado comunitario de Uribe Podemos decir, como un comentario preliminar, que este gobierno no es un azar del destino democrático, regido por los intereses del pueblo expresado en las urnas; es decir, que el pueblo en un acto consciente se haya derechizado. Realmente se trata del alinderamiento casi absoluto del establecimiento hacia la ultraderecha, conveniente posición cipaya en estos tiempos de Sadames y Bin Ladenes y el correspondiente accionar intervencionista de la Casa Blanca. El establecimiento es una maquina perfecta de reproducción del libreto de la monopolización y control de los medios de comunicación (elemento necesario para la alienación en masa del pueblo), la compra de votos y las alianzas que tanto en épocas del General Santander como hasta ahora son necesarias para generar opiniones y expedir medidas que protejan a los “que tienen qué perder” (entiéndase principalmente a la oligarquía traganíquel que bajo ninguna circunstancia está dispuesta a que se generen políticas equitativas de distribución social de la riqueza). • Corazón grande para las trasnacionales, mano dura para el pueblo, una serie de medidas ya tomadas, otras en proceso de ejecución y el plan de desarrollo son los hechos que corresponden a la estrategia de emergencia y salvamento del actual gobierno. Enunciamos una a una las políticas de esta “estrategia salvadora del establecimiento”: Impuesto a la seguridad democrática, decretado en el marco de la declaratoria del decreto de conmoción interior para sufragar los inmediatos gastos militares de las nuevas tácticas contrainsurgentes. Durante la segunda legislatura del 2002 se aprobaron reformas estructurales que constituyen el cierre del capítulo neoliberal abierto por Gaviria. • La reforma laboral, conclusión de la ley 50 de 1990 que esgrime la flexibilización laboral como argumento para extender la jornada a 10 horas, reducir recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales e indemnizaciones por despido injustificado. Las facultades concedidas para despedir entre 40.000 y 50.000 trabajadores públicos. • La reforma pensional, continuación de la ley 100 de 1993, constituye mayores requerimientos a los trabajadores para el sostenimiento financiero del régimen de pensiones (aumento del número de semanas y el monto de las cotizaciones). • Reforma tributaria, extensión del universo del IVA a artículos de consumo básico contemplando la total cobertura para el 2005, sobretasa a la gasolina en un 25% y un cargo adicional sobre la renta a ésta del 2,5%. El impuesto al patrimonio le ha permitido al gobierno recaudar 2 billones de pesos para sufragar los gastos inmediatos de la guerra. • La propuesta del referéndum contempla la congelación del gasto de funcionamiento para los años 2003 y 2004, medida que originará una reducción del 10% en la capacidad adquisitiva de los servidores públicos. Se acabará con los regímenes de pensiones especiales con excepción del militar. El gobierno Uribe busca con la implementación de estas medidas priorizar el cumplimiento de los servicios de la deuda externa y garantizar el flujo de capital proveniente de los empresitos internacionales que rondan por los 9.000 millones de dólares, dinero necesario para financiar la guerra contra el movimiento popular y “constituir la guerra social de las clases dominantes en un proyecto nacional”. • Plan de desarrollo, el Estado constructor del libre mercado. El propósito fundamental de éste es resolver el conflicto social y armado a través de la guerra total, se contempla la entrega a través de las ventas a las trasnacionales de los sectores de telecomunicaciones, petrolero y de bienes y servicios; profundizar la apertura económica y la eliminación definitiva de las llamadas barreras al acceso de inversiones transnacionales para terminar de desmantelar la escasa industria nacional. Se busca igualmente la puesta en marcha de acuerdos bilaterales con los EEUU que agilicen las condiciones de entrega de nuestra soberanía nacional y la asimilación al ALCA. • El mercado verde y la tierra como mercancía. Sólo el 0,83% del total del presupuesto durante el cuatrienio se contempla como inversión para el campo (cuantía 20 veces menor que la contemplada en el gobierno Pastrana). Recursos que se invertirán fundamentalmente en dos aspectos: en desarrollo científico y tecnológico (entiendase como la imposición de las tecnologías de control de las trasnacionales que garanticen la llegada de los transgénicos al país), el subsidio a proyectos “rentables” que se inscriban en las iniciativas de las llamadas alianzas estratégicas y asociaciones productivas entre campesino, empresario y capital financiero; términos que reeditan y enmascaran las viejas relaciones de aparcería del feudalismo criollo, como ejemplifica muy bien Héctor Mondragón, al llamarlas “alianzas entre el jinete y el caballo”, las cuales se han beneficiado del 75% de los recursos del crédito del Banco Mundial que busca garantizar la explotación agroindustrial de productos tropicales como la palma africana, el caucho y productos forestales. Finalmente se acaba de desmantelar el campo con el desconocimiento social y legal de la inalienabilidad de la tierra, es decir, ésta se asume como una mercancía sin reconocérsele su valor social y ambiental, quedando al arbitrio de las trasnacionales expoliadoras de los recursos naturales. • Seguridad democrática para el capital transnacional. Su objetivo expresado en el plan es reprimir, disuadir y utilizar a gran escala a la población como instrumento de guerra del Estado, el articulado que se propone en el plan de desarrollo apunta a volver permanente el marco jurídico de las medidas de conmoción interior (tratando de evitar que los pronunciamientos de la Corte Constitucional les tumben las medidas transitorias) para militarizar y adaptar la sociedad a la guerra: crecimiento de la Fuerza Pública, el aumento del tiempo en el servicio militar obligatorio, la conformación de redes de informantes que se convierten en un elemento detonante y de polarización de las relaciones entre la población, vinculándola de paso al conflicto. Esta estrategia pretende coptar a 350.000 miembros de juntas de acción comunal y veredal, obligar por la condición de su empleo a 200.000 vigilantes privados a convertirse en informantes privados, hacer funcionales a esta estrategia a 50.000 miembros de la defensa civil colombiana y la incorporación de 150.000 soldados campesinos que serían obligados a prestar su servicio militar obligatorio en sus lugares de origen (inmiscuyendo sus hogares y familia de facto como aliados y colaboradores de la unidades militares locales). • Las zonas de rehabilitación, establecidas en regiones donde es necesario “la protección de la infraestructura económica transnacional”, como es el caso de la actividad petrolera, hecho evidenciado en la declaratoria de esta figura en los departamentos de Arauca, Sucre y Bolívar, trayecto del oleoducto Caño Limón – Coveñas, donde se ha asistido con bombos y platillos, a través de los medios de comunicación, a la más arbitraria violación de los derechos y libertades fundamentales, retenciones masivas, utilización de los niños en la guerra, el eufemismo llamado registro voluntario, procedimientos inconstitucionales como la realización de censos o empadronamientos y allanamientos sin orden judicial (violación manifiesta de la sentencia C- 1024 emitida por la Corte Constitucional el noviembre 26 del 2002). • El fortalecimiento de la estructura judicial se materializa incorporando a través de reformas las medidas que le permitan al Estado reprimir, penalizar y judicializar a dirigentes de organizaciones populares, sociales y sindicales que no se sometan al régimen al defender sus intereses de clase. Como es el caso de la detención de Hernando Hernández, miembro de la junta directiva de la USO, sindicato que se opone y enfrenta los embates privatizadores de la industria petrolera. Se persigue, asesina y detiene a los dirigentes campesinos que intentan rearticular la lucha del movimiento agrario en la búsqueda de la reforma agraria integral y el no sometimiento al ALCA. Plan Colombia e Iniciativa Regional Andina La continuidad de la financiación de esta iniciativa, implementada durante el gobierno Pastrana, involucra la cifra total 663.5 millones de dólares para el 2003 y la gestión en proceso para garantizar los recursos del 2004, dando luz verde al intervencionismo gringo, que entregando pírricas dádivas a la oligarquía criolla, asegura la entrega total de la soberanía nacional a los intereses de EEUU. Los considerados en sus inicios intereses ocultos del plan (la utilización abierta de sus recursos en la guerra contrainsurgente, convertirse en punta de lanza de la intervención en A.L., la implementación de la llamada modernización capitalista funcional a los fines anexionistas imperiales y la construcción de bases gringas en puntos estratégicos del continente) se constituyen hoy en una inexorable realidad que posiciona la estrategia de EEUU en el país y el continente, concretándose en parte del proyecto de constitución política del ALCA 2005. El narcotráfico, la principal excusa para esta intervención, sigue gozando de las garantías que le ofrece el capital a través de su sistema financiero mundial para la tranquila circulación de sus dineros ilícitos; mientras los campos colombianos son fumigados sin cesar, amenazando con contaminar sistemas ambientales e hídricos que alimentan zonas de producción cafetera, resguardos indígenas y de desarrollo de proyectos agrícolas alternativos. No es gratis que dicho engendro imperial se haya metamorfoseado en la Iniciativa Regional Andina y que hoy el presidente Uribe, en actitud incondicional a Washington, interprete su papel de punta de lanza contra el resto del continente y asuma un tono pendenciero con los vecinos que no se han sumado a su tren de “la seguridad democrática”; interpretación fehaciente del discurso del “terrorismo internacional”. Es fácil prever que el gobierno y el territorio de Colombia se utilizarán como plataforma para agredir al molesto gobierno de Chávez. Uribe sueña con convertirse en el virrey imperial para la región al frente de los 250.000 marines que solicitó a Bush como una necesidad imperiosa. Negociación con los paras y canje de prisioneros de guerra En Colombia hay un dicho muy popular que se utiliza cuando se develan intenciones ocultas: “pelar el cobre”. Justamente esta referencia se puede anotar para establecer la desproporcionada diferencia en la voluntad política ilimitada, expresada por el gobierno y parte del establecimiento en la esperada negociación con los paras y la casi nula receptividad en el tema del “intercambio humanitario”. Diálogo entre compadres En los primeros seis meses del gobierno Uribe, sin ninguna sorpresa para el país y con calurosos aplausos de los representantes más ilustres de la oligarquía, fue recibida la noticia de los acercamientos con los grupos paramilitares, auspiciados por los buenos oficios de los jerarcas de la Iglesia Católica, especialistas, como dice el pueblo “en prenderle una vela a Dios y otra al diablo”. El superministro Londoño, acostumbrado a transparentar, en los desafueros de sus peroratas, las reales intenciones del gobierno, anunció la “voluntad política de este gobierno en la declaración de una amnistía general”, que otorgue el indulto y, lo que es inevitable, la impunidad; intenciones ya perfiladas en el decreto 128 del 2003. Por otra parte, Carlos Castaño, en comunicado oficial de las AUC, ha declarado que deben concretarse “planes que garanticen la seguridad y defensa de los territorios ya controlados por las AUC en colaboración con el Ejercito Nacional”. El editorial del periódico ultraconservador, Nuevo Siglo, plantea que “las AUC no deben desmovilizarse porque son un instrumento eficaz en la lucha contrainsurgente”. El hermetismo que en los dos últimos meses han mantenido los fraternos voceros gubernamentales y de las AUC hace prever la presentación al país de hechos ya cumplidos: un acuerdo con los capos paramilitares que incluya la legalización de alguna parte de sus tropas (seguramente actuarán como soldados campesinos), la legalización de tierras y bienes ilícitamente apropiados, el reconocimiento político estatal que les permitirá utilizar a sus anchas su reconocido 30% de congresistas y la impunidad total de sus atroces crímenes que involucran como artífices a sus indultadores. El intercambio de prisioneros, una necesidad humana de la guerra Parece ser que en este tema se agota por completo la voluntad política del gobierno, quien no ha hecho sino distraer a los familiares de los retenidos y a la opinión nacional e internacional con argucias y mentiras, sin asumir una posición clara y concreta, dilatando y eludiendo con la creación de comisiones facilitadoras, la supuesta intervención de la ONU y la participación de los llamados colaboradores, el nombramiento oficial de su vocero autorizado para el tema. Por otro lado, intentan condicionar políticamente un acuerdo, que como lo plantean los ex presidentes López y Samper en su esencia “es sólo humanitario”. Mientras tanto, las FARC han reactivado de manera pública el tema dejando claras sus propuestas logísticas y de metodología, nombrando sus voceros oficiales para el tema bajo el liderazgo de su comandante Manuel Marulanda. Las posiciones a favor del intercambio de prisioneros, de algunos sectores progresistas de la sociedad cada vez ganan más fuerza y el gobierno de AUV tendrá que verse obligado a aceptar el acuerdo, cercado por la realidad política, que lo constituye en una necesidad humana de la guerra. Lo contrario sería un grave error político de AUV, que lo conduciría necesariamente a su aislamiento. La dimensión armada del conflicto Existe una leyenda arhuaca que cuenta de la existencia de una tribu que bajo artificios y engaños era gobernada por un enano deforme y déspota. Éste jamás se dejaba ver. En las noches congregaba a la tribu en la boca de una cueva y desde ella proyectaba una agigantada sombra utilizando una antorcha. Con gutural voz generaba terror e imponía sus designios. Gran semejanza guarda esta leyenda con AUV, que desde la cueva de los cuarteles militares y proyectado por los medios de comunicación, profiere amenazas en delirantes discursos, haciéndose pasar por un gigante de la estrategia, inventando por decreto batallas finales, soñando con el arrinconamiento total de las fuerzas insurgentes y creyendo haber asumido la iniciativa estratégica del conflicto armado. Nada más fantasioso, si bien es cierto que las medidas tomadas le han permitido acentuar la desarticulación del movimiento popular; en el plano de la confrontación militar no ha podido articular una estrategia coherente que neutralice la libertad de acción permanente de la guerrilla. La iniciativa gubernamental se ha centrado en los métodos psicopolíticos y mediáticos, se gana la guerra en la versión editada de los noticieros. La pretendida unidad se trunca por la colisión de los mezquinos intereses individuales de sus personeros. Finalmente, los objetivos políticos de AUV se desdibujan, pues en su arrogancia desconoce las causas estructurales del conflicto, estrellándose de narices con la realidad objetiva. Mayo del 2003 BIBLIOGRAFIA |