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| Parar las fumigaciones, un deber soberano Asociación
Campesina del Valle del Cimitarra Las fumigaciones son fundamentalmente un crimen, una sistemática violación de los derechos humanos de los colombianos. El empecinamiento del Gobierno de Álvaro Uribe Velez de continuar e intensificar la erradicación forzada de los cultivos de coca y amapola, ignorando el clamor y las propuestas de las organizaciones campesinas que plantean salidas y alternativas distintas, se sustenta en una vulgar y perversa imposición de la administración de los Estados Unidos y se inscribe en su política de "seguridad democrática" que prioriza los intereses de los poderosos y excluye los del pueblo, señalaremos algunos aspectos y hechos que así lo indican. La incapacidad de la oligarquía colombiana para aceptar que la salida a la problemática generada por los cultivos de uso ilícito, está ligada a la implementación de una verdadera reforma agraria integral, permitiendo una distribución equitativa de la tierra productiva del país y una mayor participación del campesino productor en los procesos de transformación y comercialización agroindustrial. El alinderamiento del Estado en la conjugación de intereses de multinacionales, narcotraficantes, latifundistas y agroindustriales que contemplan los territorios rurales en sus ambiciosos planes de expoliación y saqueo de sus recursos naturales y humanos. En síntesis se trata de sepultar definitivamente la economía campesina, poniendo en riesgo la seguridad alimentaría del país, profundizando el modelo neoliberal que hoy está mutando en anexión total al imperio norteamericano, a través de la firma de acuerdos bilaterales y de los criterios neocoloniales que nos impondrán en la negociación final del ALCA, arruinando de tajo a 10 millones de campesinos productores que no tendrán una opción distinta que la de integrarse a la cadena de explotación agroindustrial en condiciones laborales precarias, enrolarse en las filas de los soldados campesinos o hacer parte de la gran franja de compatriotas desempleados. Las fumigaciones como refuerzo a la estrategia de desplazamiento forzado La estrategia del desplazamiento forzado facilita la expulsión de los habitantes de los territorios rurales para integrarlos a las dinámicas de acumulación capitalista. Es evidente que las fumigaciones acompañadas de "operativos antinarcóticos" sobre la región del valle del Río Cimitarra y el Sur de Bolívar refuerzan esta estrategia, porque se centran sobre áreas de pequeños cultivos de coca y pancoger, fundamentalmente sobre las comunidades más arraigadas y con mayor nivel de organización. Desde enero del año 2001, se han ejecutado con recursos del plan Colombia varios "operativos antinarcóticos" sobre el sur de Bolívar y el Valle del Río Cimitarra. Según las cifras oficiales se han fumigado 32.000 Ha de cultivos de uso ilícito. Claro está que en la presentación de estos datos como un triunfo gubernamental en la lucha contra el narcotráfico, se esconde una tragedia: 60.000 Ha de cultivos de pancoger pastizales y bosques han sido fumigados sistemáticamente, al igual que innumerables fuentes de agua que alimentan acueductos veredales y proveen de ésta a cientos de parcelas campesinas, comprobándose que en la llamada lucha contra el narcotráfico y las finanzas de los grupos insurgentes se incluye como objetivo acabar con la subsistencia alimentaria del campesinado. Se han evidenciado efectos en la salud humana que se relacionan con el inicio de las fumigaciones, como la ocurrencia de casos de abortos en las mujeres gestantes, salpullidos e infecciones en la piel y en los ojos, secuelas que han afectado de manera más crítica a los infantes, estos serían los impactos que se han manifestado en el corto plazo. Ninguna institución de salud pública o privada ha mostrado preocupación por crear mecanismos que generen investigaciones serias que permitan establecer las posibles afecciones que en el organismo humano pudieran presentarse en el largo plazo. Habría que preguntarse si efectivamente los envíos de cocaína, y su distribución y comercialización en las calles de EEUU y la Unión Europea han disminuido, o si el flujo de capitales que genera el negocio (unos 500.000 millones de dólares al año) que se mueven sin mayor problema en el sistema financiero mundial ha cesado, estamos seguros de que no. Sin embargo los colombianos estamos obligados a pagar el costo político, social, económico y ambiental que genera la doble moral gringa frente al problema del narcotráfico y el circulo vicioso de las fumigaciones. Las propuestas campesinas, un clamor con eco sordo en el mal gobierno colombiano Las comunidades campesinas de estas regiones hemos insistido desde el éxodo campesino de 1998, en la búsqueda de concertar la sustitución de cultivos de uso ilícito por alternativas económicas viables y sostenibles, que contemplen los aspectos integrales de la seguridad alimentaria, la economía campesina y el desarrollo regional. En enero de 1999 los campesinos presentamos el Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, en junio de ese mismo año la ACVC presentó ante el gobierno nacional y la comunidad nacional e internacional el Proyecto Integral para la sustitución de cultivos de coca en la región del Valle del Río Cimitarra, se ha venido trabajando en un plan de manejo forestal que da cuenta de nuestra vocación y compromiso de proteger el medio ambiente. En diciembre del 2002, después de un largo y tortuoso proceso, el gobierno de AUV decretó oficialmente la creación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Esta propuesta hace parte de los acuerdos firmados en octubre de 1998 con el Estado en cabeza de Andrés Pastrana. Sin embargo, su plan de desarrollo se encuentra paralizado debido a presiones del latifundio y de sectores cercanos al paramilitarismo, los cuales se oponen a que comunidades organizadas sean protagonistas de su propio futuro. Los ingentes esfuerzos que se han realizado para gestionar recursos que fortalezcan estas iniciativas, han contrastado con el desinterés del mal gobierno que se ha negado a escuchar y posibilitar mecanismos de concertación que conduzcan al fortalecimiento de estas propuestas que han demostrado su viabilidad. Con los escasos recursos exigidos se han generado indicadores que miden su sostenibilidad, con una inversión de 1.270 millones de pesos se ha garantizado de manera permanente mejorar la subsistencia alimentaría de 150 familias campesinas. Si se hubieran invertido los recursos que se gastaron en las fumigaciones que se calculan en unos 50.0000 millones de pesos y adicionalmente los despilfarrados en el saco roto de los proyectos con perfiles asistencialistas, que suman otros 10.000 millones, estuviéramos presentando hoy en este foro la experiencia de 2.000 familias de estas regiones que podrían subsistir y contribuir al desarrollo regional sin depender de los cultivos de coca. Seguiremos insistiendo Se trata entonces de apoyar una iniciativa de desarrollo social, económico, político, ambiental y regional que facilite el acceso de las comunidades rurales a la oferta de recursos y servicios que integra todos los elementos de la economía campesina. Las aldeas comunitarias Estamos hablando de asentamientos permanentes de familias que actualmente subsisten de los cultivos de uso ilícito, que se beneficiarían de manera integral de planes de vivienda, servicios básicos comunitarios, centros de capacitación para agricultores, escuelas y colegios de bachillerato rural. La ejecución de proyectos asociativos de seguridad alimentaria como arroz, caña panelera, estanques piscícolas, pancoger, huertas; proyectos asociativos que generen ingresos, ganadería vacuna y de búfalos, con establecimiento de sistemas silvopastoriles, la puesta en marcha de un plan integral de aprovechamiento forestal. Para garantizar que estas actividades cuenten con una articulación productiva y comercial se propone la creación de un fondo agropecuario regional de desarrollo que garantice altos niveles de organización y autonomía campesina. Conclusión Podemos decir con toda seguridad, que la decisión gubernamental de continuar con las fumigaciones contra los productores de hoja de coca, el campesinado y el medio ambiente, no ha generado ninguna disminución de la actividad del narcotráfico y por el contrario sus impactos han intensificado seriamente la pauperización de la vida campesina y el deterioro del medio ambiente. No se puede proseguir con semejante descalabro. Se hace necesario asumir con realismo posiciones que posibiliten una salida justa y digna para los campesinos, que hemos mantenido y reafirmado con nuestras propuestas la firme voluntad de concertar la sustitución de cultivos de uso ilícito. Proponemos Que el gobierno nacional, los países de la comunidad internacional y las agencias de cooperación, generen un espacio de interlocución y concertación permanente con representantes de las comunidades campesinas afectadas, que este espacio plantee una metodología que permita la definición e implementación de nuestras propuestas, al igual que su seguimiento, que estamos seguros comprobará su viabilidad. Relación de propuestas - Cumplir con la palabra empeñada por parte del Estado en los acuerdos del éxodo campesino de octubre de 1998, financiando las propuestas de desarrollo formuladas por las comunidades campesinas en el Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio. - Cumplir con los acuerdos de 1998, dejar de torpedear la implementación la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra y financiar su plan de desarrollo sostenible. - Financiar el Proyecto Integral para la sustitución de cultivos de coca en la región del Valle del Río Cimitarra, conocido como Aldea Comunitaria de Puerto Matilde. - Desarrollar una propuesta de atención y acompañamiento nacional e internacional permanente a las comunidades víctimas de las fumigaciones del Plan Colombia y del bloqueo paramilitar. |