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Comienza el encarcelamiento
de los dirigentes de la ACVC por Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra A las 5:55 am del lunes 6 de junio, cerca de la terminal de buses de la ciudad de Barrancabermeja, fue detenido nuevamente, esta vez por el jefe del puesto operativo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jairo Carrillo, nuestro compañero Álvaro Manzano, ex presidente de la ACVC y ex concejal del exterminado movimiento político Unión Patriótica (UP). Álvaro Manzano en el momento de su detención se encontraba acompañado por el observador y defensor de derechos humanos estadounidense Scott Nicholson, de la Red de Derechos Humanos de Montana (EU). Tres hombres de civil, armados, lo detuvieron aduciendo un requerimiento de una Fiscalía de Bucaramanga. Álvaro ya había sido capturado el pasado 24 de abril en la vereda Notepases. En esa oportunidad fue detenido ilegalmente por efectivos del Batallón Nueva Granada al mando del coronel Castillo y sometido a presiones y torturas psicológicas durante más de 15 días. Nunca se le mostró una orden judicial y el Ejército manifestó que Álvaro se encontraba voluntariamente con ellos, para burlar los procedimientos de protección, como los hábeas corpus interpuestos. Durante su detención ilegal fue obligado bajo presiones a firmar varios documentos que nunca pudo leer. El objetivo del Ejército era obligarlo a convertirse en un "reinsertado", siendo un civil, y en un miembro de la red de informantes. Mientras se encontraba en detención domiciliaria ilegal en la ciudad de Bucaramanga fue asistido por organizaciones de derechos humanos y trasladado a la ciudad de Bogotá. En esta ciudad denunció personalmente la violación de sus derechos por parte del ejército colombiano ante la Procuraduría General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia. De su situación fue igualmente enterada la cancillería colombiana, pues Álvaro debería ser protegido por el Estado colombiano al ser beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al momento de la nueva detención, Álvaro intentaba regresar a su finca y a su familia para continuar con sus quehaceres campesinos. Lo ocurrido evidencia lo siguiente: 1. Las comunicaciones ofrecidas por el Estado como medidas de protección, teléfonos celulares y avanteles, están siendo permanentemente intervenidas de manera ilegal por las mismas instituciones del Estado, como el Ejército, la Policía y el DAS. Las interceptaciones se realizan no precisamente para proteger a los beneficiarios de las medidas cautelares, más bien para perseguirlos, realizar seguimientos y encarcelarlos. 2. A los 20 años del surgimiento de la UP, continúa la persecución estatal contra sus escasos sobrevivientes. Pese al acuerdo amistoso entre las partes que busca justicia y reparación para las víctimas del exterminio de este movimiento, el genocidio y la persecución continúan. 3. Ante el fracaso de las medidas sicariales, el Estado colombiano, en cabeza del coronel del Ejército Castillo adelanta una "acción integral" que busca desestructurar a la ACVC mediante el encarcelamiento de sus dirigentes, utilizando informantes contratados y desertores de la guerrilla. En palabras del propio coronel Castillo, su objetivo es "acabar con el brazo político de las FARC". 4. Al perseguir a una organización civil como la ACVC, el Estado colombiano viola sistemáticamente todos los convenios y protocolos internacionales en materia de derechos humanos, no acoge las recomendaciones internacionales al respecto y convierte en una burla y en letra muerta las peticiones de medidas cautelares solicitadas por la CIDH. Llamamos a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con la ACVC, participando en la campaña que se inicia a partir de este momento para exigir y lograr la libertad de Álvaro y para que se respete el derecho a la organización y a la vida política y social de la ACVC. Por favor dirigir sus mensajes y manifestaciones de respaldo y solidaridad a: Álvaro Uribe Vélez Vicepresidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Procuraduría General de la Nación Programa presidencia de Derechos Humanos Fiscalía General de la Nación Defensoría del Pueblo Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones |