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Manifiesto de los desterrados Hacia la construcción de la mesa nacional de campesinos, desplazados y refugiados Marzo de 2003 Los siguientes son los criterios sobre los cuales se fundamenta la propuesta de una mesa nacional de interlocución campesina y desplazados con el gobierno nacional, con la intención de que sea discutida y alimentada en los talleres regionales y en el encuentro de víctimas del desplazamiento por la violencia en Colombia. La mesa es un mecanismo a concertar en la búsqueda de la solución a la compleja situación que atraviesan tanto campesinos como desplazados en el país hoy. 1. La violencia en Colombia tiene origen en la imposición por parte de las élites dominantes de un sistema económico y político arraigado en el latifundio, la dependencia y las alianzas estratégicas con el capital transnacional y, a partir de la década de los 80, con el narcotráfico. Estas razones estructurales condicionan la existencia del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia, que en las últimas décadas se ha dinamizado con el posicionamiento del modelo neoliberal en el país. 2. La estrategia del desplazamiento forzado por la violencia tiene su mayor impacto sobre las comunidades campesinas, indígenas y negras, que habitamos territorios con abundantes recursos naturales o que están ubicados en puntos claves para el desarrollo de megaproyectos o en donde las comunidades se encuentren organizadas en la reclamación de sus derechos. 3. Las tierras, las viviendas, los empleos y el proyecto de vida que los desterrados hemos sido obligados a abandonar, benefician y pasan a manos de terratenientes, gamonales, empresarios nacionales y transnacionales, políticos y militares. En general a los impulsores del modelo neoliberal. Sin que hasta ahora se hayan establecido mecanismos para la protección o amparo de dichos bienes. 4. La impunidad que rodea a los responsables y beneficiarios de esta estrategia es evidente, ya que no hay ninguna intención de investigar, juzgar y castigar sus crímenes quedando al descubierto que esta cuenta con el apoyo y respaldo del estado por acción u omisión. 5. La ejecución del Plan Colombia impuesto por la administración de Estados Unidos como una política de intervención en el conflicto social y armado colombiano ha fortalecido la estrategia estatal y paraestatal del desplazamiento forzado. Las fumigaciones indiscriminadas y los operativos militares de tierra arrasada que los acompañan llevan al aseguramiento de territorios estratégicos para el desarrollo de megaproyectos extractivos y de infraestructura. 6. Las leyes, decretos y normas diseñados por el estado (ley 387, decreto 2569 y decreto 2007), no pasan de ser reglamentaciones y normatividades que no se cumplen, o cínica y abiertamente se desconocen y sólo tienen como fin guardar las formalidades legales en pretendido cumplimiento de las obligaciones que contrajo en la constitución, así como mostrar la aparente voluntad de cumplir con los compromisos suscritos con la comunidad internacional en lo relativo a los derechos humanos. Una lectura desprevenida de la legislación existente da la impresión de que pretende convertir el desplazamiento forzado en fenómeno normal de la sociedad colombiana. 7. El estado, en su afán de eludir sus responsabilidades, ha tomado medidas para que el tratamiento de la problemática del desplazamiento forzado por la violencia sea de carácter asistencialista y conducente a la pauperización y promoción de la desarticulación de la comunidad desplazada. Entre estas medidas se encuentran: 7.1. La responsabilidad del cumplimiento de las políticas para nosotros los desplazados forzados está en manos de la Red de Solidaridad Social, entidad cuyas funciones se encuentran orientadas a la mitigación y que en ningún momento apuntan a la raíz estructural de los problemas, asumiendo el tema del desplazamiento como una epidemia, ignorando los componentes económicos, políticos, sociales y militares. 7.3. La Red de Solidaridad Social está profundamente permeada por la corrupción administrativa, falta de honestidad y ausencia de ética. Sus funcionarios demuestran, en su mayoría, escasa preparación técnica y falta de sensibilidad humana. Las delegaciones son botín de politiqueros y los empleos son asignados para pagar favores políticos. 7.4. Los Comités Departamentales y Locales para la Atención Integral a nosotros los desplazados forzados vienen siendo escenarios de manejos politiqueros y clientelistas, en los cuales las comunidades víctimas tienen bajo o nulo nivel de participación. Además, se han convertido en extremadamente peligrosos para los líderes que concurren a nombre de sus comunidades, pues como respuesta a sus reclamos legítimos y denuncias, son señalados, estigmatizados, perseguidos y hasta asesinados, tornando los comités en nuevas herramientas para ejecutar la guerra sucia. 7.5. Los sistemas de censo de la población desplazada forzada por la violencia carecen de confidencialidad y en multitud de ocasiones son utilizados como información de inteligencia por parte de las autoridades militares y de policía. 7.6. Los lugares de recepción y registro de la población desplazada forzada reflejan la inoperatividad del sistema de atención. Allí el cuestionamiento y la duda sobre la condición del desplazado son política cotidiana y la primera respuesta a las necesidades apremiantes es lenta y humillante. 7.7. El manejo de los albergues de desplazados carece de orientación técnica: La distribución de los alimentos es arbitraria, a los albergados se les niega la educación y atención en salud extramuros. La seguridad y protección de los albergados es crítica. 7.8. Aunque las comunidades en situación de riesgo y emergencia se vienen organizando y capacitando técnicamente para realizar una adecuada notificación y en muchos lugares se ha logrado la dotación de equipos de comunicación para garantizar una rápida transmisión de las alarmas, el Sistema de Alertas Tempranas es un fracaso, pues el extremo de la cadena, que es la respuesta adecuada del estado, no funciona por falta de voluntad política para concurrir en tiempo y forma a brindar la debida protección a las comunidades. 7.9. Las visitas de campo que realizan las entidades gubernamentales como respuesta al clamor de las comunidades, no tienen ningún impacto para prevenir las masacres anunciadas y los consiguientes desplazamientos, constatando la ausencia de voluntad política del estado. 7.10. El estado, a través del sistema nacional de atención a la población desplazada, viene desarrollando una estrategia tendiente a concluir el proceso de desarticulación del tejido social de las comunidades víctimas de la violencia. Utilizando la estigmatización de sus líderes y en algunas ocasiones la abierta amenaza sobre las consecuencias que podría traer la continuación de su liderazgo o pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias y partidarios. Esta estrategia también incluye la manipulación y cooptación de las organizaciones que crean las comunidades en situación de desplazamiento. 7.11. El retorno al hogar que se ha abandonado forzado por la guerra es el norte y el anhelo más sentido de la población desplazada, exiliada y refugiada, sin embargo el estado no tiene una política que pretenda garantizar el retorno digno y seguro de los desarraigados. En los casos en que la población regresa lo hace bajo sus propios riesgos y con escasa o nula asistencia para reconstruir su proyecto de vida. La incapacidad del estado para cumplir con su obligación constitucional de garantizar el derecho de las personas a permanecer en su hogar, obliga a miles de colombianos a aceptar reubicarse. Sin embargo, en la mayoría de los casos deben hacerlo por su propia cuenta, en forma clandestina y silenciosa, sin ningún apoyo estatal. En los casos en que se ponen en marcha proyectos de retorno, los mismos están incididos por las presiones y afectados por la corrupción de funcionarios de diferentes niveles. Los reubicados cuentan con escaso o nulo apoyo logístico para retomar su proyecto de vida. 7.12. No existe ninguna política tendiente a garantizar el retorno digno y seguro de los colombianos refugiados y exiliados a la patria. Sólo en algunas ocasiones el tema ha sido usado con carácter electoral. Se vienen presentado eventos de retorno forzoso de comunidades y personas refugiadas. 7.13. Los trabajadores que se ven forzados al desplazamiento pierden su carrera laboral, pues los ministerios correspondientes se vienen negando sistemáticamente a realizar los ajustes administrativos que garanticen la continuidad del ejercicio de su oficio o profesión. 7.14. Las personas y poblaciones forzadas al desplazamiento continúan siendo perseguidas y estigmatizadas en los lugares de recepción. Las autoridades civiles y de policía hacen caso omiso a sus obligaciones constitucionales y por el contrario adelantan labores de inteligencia y hostigamiento contra las comunidades y sus líderes. No existe ningún programa de seguridad ni protección para nosotros los desplazados. 8. No existen políticas de prevención del desplazamiento ni de preparación de las comunidades para que reduzcan su vulnerabilidad en situaciones de impacto. Los importantes recursos que asignan los diferentes despachos estatales se invierten en talleres teóricos, que se limitan a temas que no afectan la realidad, sin entregar a las comunidades elementos prácticos que les permitan fortalecer sus organizaciones de base para sobrevivir en medio de la guerra. 9. Las víctimas del desplazamiento no contamos con instancias que permitan la articulación de las diferentes expresiones regionales y sectoriales, en medio de la feroz persecución de que somos objeto los desplazados y nuestras organizaciones, porque: 9.1. Las organizaciones que han podido constituirse estamos restringidas por los espacios diseñados por el estado, los cuales en ocasiones sirven de punta de lanza para desviar y distraer los esfuerzos por reivindicaciones estructurales, así como para demostrar los supuestos a favor de la población desplazada. 9.2 El proceso acelerado y arbitrario de urbanización que vive el país a partir de la violencia y la cada vez más creciente presencia del conflicto social y armado en las ciudades vienen aumentando las franjas de población víctima del desplazamiento: estudiantes, sindicalistas y lideres sociales y populares. 9.3. La extensión del mapa de la guerra ha condicionado la salida de poblaciones, especialmente colonos, más allá de las fronteras del territorio nacional en busca de refugio. La persecución inclemente contra líderes, cada vez más y de diversos sectores, los está obligando a abandonar su patria. 9.4. A nuestras comunidades y colonos que se ven forzados a desplazarse se les niega sistemáticamente el estatuto de refugiado, condenándolos al extrañamiento y la mendicidad en tierra extranjera, negándoseles los derechos concedidos por convenciones internacionales 10. Urge unificar esfuerzos y esperanzas en un proyecto común que organice y potencie nuestra lucha por la solución estructural de nuestra problemática. La construcción de una instancia que unifique los esfuerzos y esperanzas y forje un proyecto común de lucha por los derechos legítimos de los campesinos, la población víctima del desplazamiento forzado y de los colombianos refugiados en el exterior. La construcción de este espacio tiene como horizonte el logro de la paz, con justicia social, como la única realidad que posibilitara el retorno digno y seguro de la población desplazada a su hogar y de los refugiados a nuestra patria. Tendrá como eje el respeto irrestricto a las particularidades étnicas, regionales, de género y religiosas de las comunidades. Compuesta por representantes de la comunidad campesina y desplazada que sean voceros y defensores de sus comunidades, cuyo funcionamiento, estructura y ejes de trabajo serán definidos por todos, durante este proceso que hoy nos convoca. |