Al abordar el tema de los impactos del Plan Colombia en la dinámica y el desarrollo del conflicto social y armado local y regional en el Magdalena Medio, planteamos como referente los siguientes presupuestos:

1. El Plan Colombia fortalecerá la propuesta de implementación de un modelo de desarrollo autoritario y excluyente en el Magdalena Medio que asegurará el aprovisionamiento de recursos estratégicos al capital multinacional.

2. El Plan Colombia recrudecerá las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad como el desplazamiento forzado en la región.

3. El Plan Colombia imprimirá una nueva dinámica a la guerra contrainsurgente y polarizará radicalmente el conflicto regional.

4. La intervención de los Estados Unidos en el conflicto colombiano y regional a través de la implementación del Plan Colombia, justificada con el argumento de la lucha contra las drogas, es claramente un sofisma que no obedece a la realidad del conflicto social y armado regional.

Para darle sentido estructural a estas hipótesis, es necesario contextualizar el conflicto social y armado a partir de unos antecedentes históricos y sociales, así como a partir de un análisis político de la guerra y el conflicto social en el Valle del Río Cimitarra y en el Magdalena Medio en general. Finalmente, el registro de la dinámica actual del conflicto regional en el marco de la ejecución del Plan Colombia en el Magdalena Medio nos aportará los elementos que posibilitan demostrar ampliamente las hipótesis planteadas.

1. Antecedentes

El valle del Río Cimitarra hace parte de la región de Magdalena Medio colombiano, es una zona de colonización y de "frontera agrícola interior"; se trata de una región que padece todas las consecuencias del abandono estatal y las consecuencias sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales de la práctica de un modelo impuesto que propicia la exclusión y las desigualdades regionales. La pobreza generalizada de grandes masas campesinas, la inexistencia de reales posibilidades de desarrollo económico y social, la precariedad de sectores básicos para el desarrollo como la salud, la educación, la vivienda, el empleo y los servicios básicos, la concentración de la tenencia de la tierra, la economía de enclave, entre otros fenómenos, son de por sí factores, originados en la crisis estructural, generadores de conflicto en la región.

Los campesinos del Valle del Río Cimitarra y del Magdalena Medio se han visto obligados a la movilización permanente para exigir al Estado compromisos reales para la solución de esta problemática social regional. En este sentido, los acuerdos de las marchas campesinas de mayo de 1996 y de octubre de 1998 llevaron a compromisos por parte del Estado en los planos económico, político y social. Estos compromisos, hasta ahora casi en su totalidad incumplidos, incluyen la inversión necesaria para la ejecución de un Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos identificado y formulado con la participación activa de las comunidades. [1]

Una de las organizaciones sociales de la región que ha jugado un papel de vanguardia en los procesos reivindicativos, sociales y de defensa de los derechos humanos en el Magdalena Medio ha sido la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra - ACVC, la cual retoma los antecedentes históricos de resistencia y lucha de la organización campesina ante los atropellos de la violencia política ejercida por el Estado, los grupos económicos, el latifundio y los intereses transnacionales en la región.

El conflicto en el Magdalena Medio

En la región del Magdalena Medio (en adelante MM) la implementación del modelo de acumulación capitalista ha estado asociada de manera precaria a los procesos de extracción de recursos naturales (madera, petróleo, oro), a la producción agroindustrial, a la ganadería extensiva como manifestación de la economía latifundista, al mercado de tierras propiciado por un nuevo sector terrateniente proveniente del narcotráfico y a los megaproyectos de infraestructura. Este modelo ha posibilitado el acrecentamiento de la desarticulación y desintegración regional, actuando como un dinamizador de los factores polarizantes que devienen, contradictoriamente en medio de la riqueza natural, en acelerados procesos de pauperización, militarización de lo público y conflictivización de la vida regional.

La limitada y precaria presencia del Estado fue configurando espacio - temporalmente expresiones sociales de resistencia, en el marco de una enconada y legítima lucha de clases, desde estos territorios de exclusión oponiéndose a la consolidación del modelo del Estado modernizante y de los proyectos del capital nacional y multinacional.

De tal forma los crímenes de lesa humanidad cuya comisión se da a partir de intimidaciones, amenazas, asesinatos selectivos, masacres, expropiación violenta de tierras y ejecución de grandes operativos militares contrainsurgentes y "antinarcóticos" (fumigaciones) están fundamentalmente asociados a sectores del Estado y del establecimiento que han optado por la guerra sucia y el terror como un mecanismo de aseguramiento de grandes territorios, lo que permite espacialmente la implementación de una propuesta de desarrollo que en lo social, lo económico y lo político es de corte abiertamente autoritario y excluyente.

En este sentido, es necesario aclarar que los erróneamente llamados actores (que son verdaderamente las partes) del conflicto no son solamente armados. Las organizaciones y movimientos sociales alternativos, los partidos políticos tradicionales y los de oposición, los sindicatos, los gremios y grupos económicos y las empresas multinacionales con intereses en la región son actores (parte) del conflicto. [2] Las partes del conflicto colombiano representan intereses socio - económicos, político - ideológicos y culturales en la dinámica social y atienden a relaciones de dominación y a estrategias de emancipación.

Las partes del conflicto armado regional

- "Autodefensas" o grupos paramilitares (paraestatales)

El fenómeno del paramilitarismo y su aparición actual en el MM a inicios de la década de los ochenta está relacionado con las estrategias contrainsurgentes implementadas por las Fuerzas Armadas y los Organismos de Seguridad del Estado dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional. En la región "las formas de autodefensa para oponerse a la vacuna, al secuestro de la guerrilla y los grupos propiamente paramilitares, surgieron en su mayoría, por iniciativa o con el apoyo de las fuerzas armadas y estaban directamente vinculados a los ejes de contrainsurgencia". [3]

Para esta época los grupos armados de los narcotraficantes no presentaban una vinculación directa con el accionar de los paramilitares en la región. Con el auge del narcotráfico se produce un cambio drástico en la estructura de tenencia de la tierra en el MM, pues los latifundistas tradicionales empiezan a vender sus tierras, a precios artificialmente elevados debido a la bonanza del narcotráfico, a los miembros de la clase emergente del narcocapital en el marco de un significativo proceso de lavado de dólares.

Es en esta época, con el surgimiento del MAS (grupo paramilitar "muerte a secuestradores") en el MM, que se empieza a consolidar una alianza entre sectores importantes del Ejercito Nacional (El General Faruk Yanine Díaz, por ejemplo, estuvo vinculado a numerosos procesos por conformación de grupos paramilitares en el MM, finalmente fue absuelto por la justicia penal militar), el narcotráfico, gremios económicos (agroindustriales, ganaderos, latifundistas), algunos miembros de los grupos económicos, representantes de las multinacionales con intereses en la región, esmeralderos e incluso organizaciones delincuenciales comunes con el fin de consolidar un modelo paraestatal y autoritario de desarrollo en la región.[4]

Durante 1999 el accionar de los grupos paramilitares dejó como saldo decenas de personas masacradas y un número aún no cuantificado de desplazados. En las masacres de San Pablo y Barrancabermeja, realizadas por los paramilitares en enero y febrero respectivamente fueron asesinadas 23 personas y 3 desaparecidas. Durante el año 2000 y lo corrido del presente año se da la paramilitarización total de Barrancabermeja y el casco urbano del municipio de Yondó utilizando como estrategia de miedo y terror las masacres, los asesinatos selectivos, la desaparición y el desplazamiento de miles de personas.

Desde el accionar paramilitar en la región se sigue perpetuando la práctica de la expropiación violenta de la tierra mediante la expulsión de los productores de economía campesina. En unas zonas los campesinos son obligados, después de actos de terror y barbarie, a vender o a dejar sus tierras a los narcotraficantes, ganaderos y paramilitares y como lo describe Gustavo Zárate en su estudio sobre el conflicto y el desplazamiento en el departamento de Bolívar en 1997 "esto ha significado una imposición violenta de una contrarreforma agraria, consolidada en el área de Magangué, Mompox y Carmen de Bolívar e iniciada en los municipios del sur - sur de Bolívar como San Pablo, Morales, - y sur del Cesar, - Aguachica, San Martín, La Gloria, Tamalameque, - y la implantación en el sur del Cesar de un verdadero paraestado que amenaza con extenderse a toda la región del Magdalena Medio y sur del departamento de Bolívar".

Así, el conflicto no se reduce a lo armado y militar en el contexto de una pugna territorial de poderes yuxtapuestos. El ánimo tardío de integración al modelo tendencial se manifiesta desde el Estado por la vía de la militarización de lo público y la coerción, manteniendo la impunidad y la permisividad ante el terror y la eliminación física, alimentando una lógica perversa que permita asegurar el control de lo público y la gobernabilidad [5], la solución del conflicto agrario [6] y la eliminación de propuestas sociales regionales alternativas tanto civiles como político - militares.

Dentro de esta dinámica de la compleja alianza entre el estado, el narcotráfico, gremios, latifundistas, grupos económicos y últimamente sectores considerables de los partidos políticos tradicionales en los niveles municipal, departamental y nacional, como agenciadores del paramilitarismo en el MM, el proyecto autoritario se ha ido consolidando regionalmente. Hoy en día los paramilitares hacen presencia permanente en San Martín de Loba, Rioviejo, Simití, Santa Rosa, Morales, Puerto Wilches, Yondó, San Pablo y Barrancabermeja tratando de ejercer un control permanente sobre el río Magdalena, lo que les ha garantizado una continuidad territorial desde Urabá, pasando por Córdoba y Sucre, internándose en el MM a través de la depresión Momposina y las localidades ribereñas, continuando por el sur del Cesar y la provincia de Ocaña en Norte de Santander hasta la región fronteriza del Catatumbo, Tibú y Cúcuta, territorios actualmente en guerra dónde han sido asesinadas miles de personas por parte de los paramilitares en los últimos años.

Este eje paramilitar con la consolidación de sus posiciones sobre el río estaría buscando posibilitar una continuidad geográfica y territorial con el eje paramilitar de San Vicente de Chucurí, Puerto Berrío, Puerto Boyacá, La Dorada. Continuidad obstaculizada por la presencia del Bloque del Magadalena Medio de las FARC y de los frentes Héroes de Santa Rosa y Solano Sepúlveda del ELN en la Serranía de San Lucas, lo que hace prever que los desplazamientos masivos de comunidades enteras, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de los DDHH por parte del paramilitarismo serán una constante en la región durante los próximos años.

- Las fuerzas armadas y los organismos de seguridad del Estado

El Estado colombiano, a través del accionar de sus fuerzas armadas, de sus organismos de seguridad y desde el agenciamiento premeditado del paramilitarismo por parte de un significativo sector de sus funcionarios y administradores públicos es parte del conflicto armado regional. En el MM se ha optado desde algunos sectores del Estado por una estrategia sistemática de eliminación física de opositores, por la criminalización de amplios sectores de la sociedad regional, por la práctica del asesinato político, la desaparición, la tortura, los suprapoderes de los cuerpos de seguridad, la legislación de excepción, el reconocimiento legal del paramilitarismo.

El terror que han vivido los pobladores del MM en las últimas dos décadas ha dejado una huella nefasta en la vida social regional, "en más de una década el objetivo ha sido conseguido: el terror se ha instaurado. Disentir puede significar tener que abandonar la región, luchar por reivindicaciones puede conducir a la tortura, protestar puede acarrear la muerte, y militar en la oposición lleva posiblemente a la desaparición. Nadie está a salvo, ni siquiera el juez que intenta develar el crimen. El terror se instala en cada espacio, invade toda la sociedad y reina imponiendo el silencio como única regla de convivencia humana". [7]

Como lo manifiesta el documento del Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, los movimientos que plantean alternativas distintas a los partidos tradicionales han sido arrasados de la región. Alcaldes, concejales, líderes populares que apoyaron estas propuestas alternativas de participación democrática fueron asesinados o expulsados. Durante 1997 la mayoría de las alcaldías de estos municipios fueron señaladas por las fuerzas militares de tener vínculos directos con la guerrilla, estos municipios coinciden con los territorios donde los paramilitares han ejercido mayor presión desde aquel año. [8]

En el MM, como espacio de exclusión, la resistencia a las propuestas estatales se explica en la ausencia del Estado o en su precaria presencia asociada casi siempre a la represión y a la militarización de lo público, situación que ha devenido históricamente en conflictos que se agudizan en el tiempo con el surgimiento de proyectos regionales entre los cuales se evidencia una confrontación social, política y militar. Es "en este contexto de configuración socio -espacial y de conflictos socio - territoriales, en el que se sitúa el fenómeno del desplazamiento forzado de la población, el cual se intensifica y adquiere características dramáticas, en la medida en que los conflictos socio - políticos se intensifican de manera diferenciada en el territorio nacional". [9]

En este sentido, el desplazamiento forzado es la resultante del modelo de expansión y control autoritario del Estado modernizante que al encontrar resistencias por parte de la organización social regional opta por la militarización y por "la privatización de la intervención del Estado, en materia de orden público a través de la connivencia con los llamados grupos paramilitares, que en apariencia operan de manera independiente del Estado". [10]

Como ha sido reiteradamente testimoniado y denunciado por los líderes campesinos y mineros del MM las fuerzas armadas se limitan a garantizar que los paramilitares ejecuten las masacres, lo que comprueba la relación de no agresión y cooperación entre estos. [11] Ha sido denunciada además por los mismos campesinos la ubicación exacta de los grupos paramilitares en la región y la forma como las bases de estos grupos son protegidas por la Fuerzas Armadas destacadas en el MM.

Pero tal vez uno de los casos más espeluznantes de terrorismo dirigido desde el Estado en la región del MM, fue el de la Red de Inteligencia N° 007 de la Armada Nacional, organismo que durante el año de 1992 organizó y pagó grupos sicariales, los cuales asesinaron a 68 personas (obreros, campesinos, sindicalistas, defensores de DDHH, líderes sociales y populares) en Barrancabermeja. Esta Red estaba articulada a una compleja estructura jerárquica en cabeza del Comando de las Fuerzas Militares. Estos hechos quedaron en la impunidad pues los culpables materiales e intelectuales fueron absueltos por la Justicia penal militar. [12]

El 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja fueron asesinadas 7 personas y desaparecidas otras 25 por parte de los grupos paramilitares. Debido a la impunidad en que quedó este genocidio organizaciones sociales de Colombia y de la Comunidad Internacional organizaron un Tribunal Internacional de Opinión el cual se desarrolló durante los días 14 y 15 de mayo de 1999. Este Tribunal Internacional examinó testigos, recibió testimonios, recibió documentos y practicó una inspección ocular de los lugares en que ocurrieron los hechos.

Después de estos procedimientos el Tribunal se pronunció mediante un fallo en el cual responsabiliza al Estado colombiano por acción en los acontecimientos del 16 de mayo, a los que calificó de crímenes de lesa humanidad, a causa de la participación activa de servidores de Estado en los mismos; responsabiliza al Estado colombiano por omisión dolosa o coautoría en los acontecimientos por dejación de sus deberes de protección de los ciudadanos; y responsabiliza al Estado colombiano por la impunidad en que permanecen los actores y los responsables de los actos.[13]

Este mismo tribunal dirigió 11 recomendaciones al Estado colombiano, las organizaciones sociales y a la comunidad internacional con el fin castigar a los culpables, de reparar a los familiares de las víctimas y entrar a solucionar los conflictos producto del gran impacto psicosocial que dejó esta masacre en la sociedad regional.

-Las guerrillas

En el MM en la actualidad hacen presencia continua los siguientes grupos guerrilleros: las FARC-EP, la UC-ELN, el ERP y el EPL. Las FARC hicieron su aparición en el MM hacia la década de los 60 en los municipios de Puerto Berrío y Cimitarra; el ELN por su parte surge en el MM santandereano en jurisdicción de los municipios de Simacota y San Vicente de Chucurí.

Durante la década de los 80, con el recrudecimiento del fenómeno militarista y paramilitar en municipios como Puerto Boyacá, Puerto Berrío y San Vicente de Chucurí y en los municipios del sur del departamento del Cesar, las FARC y el ELN son desplazados hacia el norte del MM a la subregión de la Serranía de San Lucas, la cual durante las últimas dos décadas ha vivido un poblamiento acelerado por parte de campesinos desplazados desde los municipios antes citados, pero también por parte de campesinos desplazados del nordeste antioqueño, de Córdoba, de Sucre, del Chocó, de Urabá y de otras regiones del país.

Durante estos años muchos de estos campesinos engrosaron las filas de la subversión como única alternativa reivindicativa después de los reiterados asesinatos, torturas y desplazamientos de los años 80. Era obvio que la guerrilla encontrara en los campesinos desplazados una nueva población afecta a su proyecto político, más aún cuando los habitantes del MM se han caracterizado históricamente por un sentido de lucha y de resistencia ante un establecimiento tradicionalmente alejado pero coercitivo en la región. En este sentido es necesario resaltar que el campesinado organizado, su lucha y sus reivindicaciones son una manifestación y parte civil de la sociedad en el marco del conflicto y de la lucha de clases regional. El campesinado organizado tiene todo el derecho de posicionarse conceptual, política e ideológicamente frente al conflicto, pues éste es un derecho constitucional y universal y por consiguiente no se le puede dar arbitrariamente el carácter de combatiente, victimizarlo y criminalizar sus actividades o acciones de protesta y reivindicación social.

El desplazamiento forzado y otros crímenes de lesa humanidad como el asesinato selectivo, la desaparición, las masacres, las torturas y los cercos alimentarios y sanitarios sobre comunidades civiles campesinas son implementados en el MM como mecanismo de expropiación violenta de tierras y de consolidación de un modelo de desarrollo autoritario desde el agenciamiento del paramilitarismo y de la guerra sucia por parte de importantes sectores del establecimiento y del Estado colombiano.

2. Dinámicas actuales del conflicto en el Magdalena Medio

Según las cifras del Cinep, Justicia y Paz y de la Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz correspondientes a las víctimas por violaciones de DDHH en el MM se observa un aumento considerable de los homicidios como resultado de las masacres efectuadas en la mayoría de los casos por grupos paramilitares. El número de asesinatos por parte del paramilitarismo sigue siendo mucho mayor que el número de muertos en combate, tendencia que se mantiene durante los últimos tres años.

De un número considerable de amenazas, 5.757 durante 1997, se pasó a la eliminación física de pobladores civiles, en su gran mayoría campesinos, durante 1998, lo que motivó los masivos desplazamientos de mediados de ese año.

Del análisis de las estadísticas sobre violaciones a los DDHH durante los últimos años en el MM se concluye que los enfrentamientos directos entre paramilitares y guerrilla no tienden a aumentarse, por el contrario a reducirse, y que el accionar militar de los paramilitares se ejerce de manera impune básicamente sobre la población civil. Lo que podría explicarse en la protección que brindan las fuerzas armadas al accionar paramilitar, y en el hecho de que los grupos paramilitares prácticamente no adelantan acciones militares directas sobre la guerrilla.

Se han incrementado los operativos y grandes avanzadas militares durante los últimos meses. Por ejemplo a raíz del secuestro del avión de Avianca efectuado por el ELN, operativo que incluyó bombardeos aéreos a partir de los cuales se produjo el desplazamiento de centenares de campesinos. En el marco del Plan Colombia las fuerzas armadas han desplegado operativos contrainsurgentes significativos como la Operación Bolívar a comienzos del 2001 que produjo el desplazamiento de comunidades campesinas como resultado de las fumigaciones, ametrallamientos y bombardeos indiscriminados. A partir del 10 de agosto del 2001, inmediatamente después del rompimiento de los diálogos entre el Gobierno y el ELN se inició el despliegue de 3.000 efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido, de la Brigada Móvil N° 2 y de la Armada hacia el Valle del Río Cimitarra y el sur de Bolívar, situación que ha obligado a desplazarse preventivamente al campesinado ante la inminencia de fumigaciones, bombardeos y ametrallamientos sobre objetivos civiles, tal y como ocurrió durante la Operación Bolívar.

La guerra como manifestación armada del conflicto social se da en el MM entre guerrilla y el Estado, con la particularidad de que la "guerra contrainsurgente" desarrollada por el paramilitarismo ha victimizado principalmente a la población civil no combatiente, que habita los territorios donde se desarrolla el conflicto armado.

La tendencia del paramilitarismo es asegurar el control sobre los cascos urbanos de los municipios, esto se evidencia con su presencia permanente en Santa Rosa, Simití, San Pablo, Cantagallo, Yondó, Puerto Wilches y Barrancabermeja.

Las masacres paramilitares en Barrancabermeja (800 habitantes asesinados, 2.000 personas desplazadas de la ciudad y 60 desaparecidos durante los últimos 20 meses) y las permanentes amenazas contra los habitantes de las comunas y los miembros de las organizaciones sociales de la ciudad, hacen ver la importancia que para este proyecto autoritario representa el poder consolidar el control total sobre un corredor que una el eje paramilitar del norte (arriba descrito) y el eje paramilitar del sur del MM.

3. Accionar del Plan Colombia en el Magdalena Medio

Desde el 2 de diciembre del 2000 sobre el Valle del Río Cimitarra se ha desarrollado una fuerte intervención militar y paramilitar, generando un grave estado de violencia y zozobra en esta región, caracterizada por el desplazamiento masivo de campesinos, los asesinatos selectivos, las masacres, la fumigación indiscriminada de cultivos, agravando la empobrecida economía campesina y aumentando la inseguridad alimentaria; así mismo, han muerto decenas de animales domésticos, víctima de los ametrallamientos y el bombardeo indiscriminado de la región. Esta misma situación se vive en las zonas rurales de los municipios del sur del departamento de Bolívar.

El recrudecimiento del accionar paramilitar se presenta en el contexto social y político, marcado por la posibilidad del establecimiento de una zona de encuentro para los diálogos entre el ELN y el gobierno nacional. Los sectores más retardatarios de las fuerzas armadas, de la iglesia, de los gremios (ganaderos, latifundistas, industriales, comerciantes, constructores, avicultores) y de los políticos clientelistas regionales, así como del narcotráfico, han optado a través de la militarización de la sociedad y de la paramilitarización, por la barbarie de las masacres, los asesinatos selectivos, el genocidio y el desplazamiento forzado de miles de personas como la posibilidad real de oponerse al proceso de paz y de paso consolidar un modelo de desarrollo altamente autoritario y excluyente.

Las elites regionales y del país, ven en la región un área estratégica para la explotación de sus riquezas, dada la posibilidad de continuar con los megaproyectos extractivos del petróleo, la madera y el oro, megaproyectos viales (fluviales y terrestres), el lavado de dólares del narcotráfico mediante la compra y concentración de tierras y el negocio del oro, la agroindustria de la palma africana y la ganadería extensiva. En síntesis se trata de un modelo de desarrollo regional extractivo y relatifundizador agroindustrial fundamentado en la expropiación violenta y la violación sistemática de todos los derechos humanos a partir de la fascistización de la vida regional.

- La Operación Bolívar del Plan Colombia en el Valle del Río Cimitarra: muerte, saqueo y destrucción

Sobre el Valle del Río Cimitarra se ha implementado un cerco militar y paramilitar mediante el establecimiento de retenes permanentes y bases paramilitares ubicadas a pocos minutos de las guarniciones y bases militares.

El bloqueo de la región que ha puesto en peligro la seguridad alimentaria y sanitaria de 25000 pobladores, se vio agravado con la implementación del operativo militar "Bolívar" adelantado por las fuerzas del Estado, bajo el supuesto de un operativo antinarcóticos y de lucha contra el paramilitarismo.

Según el informe de la comisión internacional de verificación de los hechos sucedidos durante la Operación Bolívar en el valle del río Cimitarra se evidenció el bloqueo alimentario y sanitario de las FFAA sobre 2.350 campesinos (470 familias) en 17 veredas del municipio de Remedios, el saqueo de 47 fincas por parte de los militares, la desaparición de Atiliano Rodríguez, la detención arbitraria por parte de organismos de inteligencia de 5 campesinos, la tortura de un anciano y de Arturo Castro en las veredas de La Cruz y Dosquebradas (municipio de Remedios); fue igualmente asesinada una anciana, detenido y posteriormente asesinado Carlos Ramírez, dirigente campesino miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC. Jaime Pachano, campesino de la región fue asesinado por sicarios paramilitares en la ciudad de Barrancabermeja cuando pretendía que las Fuerzas Armadas le indemnizaran las pérdidas por el envenenamiento de sus reses como resultado del paso de las tropas por su finca. Igualmente fueron robadas por el ejército decenas de cabezas de ganados y bienes y enseres del campesinado. Los proyectos comunitarios de la ACVC fueron nuevamente atacados, es el caso del saqueo de la cooperativa de Puerto Nuevo Ité, los daños causados a los trapiches e ingenios paneleros de la ACVC y a la trilladora de arroz; el proyecto de ganadería bufalina financiado por el PNUD de la ONU estuvo a punto de ser destruido por las tropas oficiales.

En las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la operación "Bolívar", que movilizó a 3500 hombres de las fuerzas armadas, están comprometidos, según los testimonios de los pobladores y de los dirigentes de la ACVC, los efectivos y comandantes de las siguientes instituciones militares: el Batallón Palagua de la Brigada XIV, el Batallón de Contraguerrillas N° 47 "Héroes de Tacines" de la Brigada XIV, el Batallón Reyes de la Brigada XIV, el Batallón de Contraguerrilla "Motilones", el Batallón de Contraguerrillas N° 45 "Héroes De Majagual" de la V Brigada, la Brigada Móvil N° 2 y la Fuerza de Despliegue Rápido.

-El Plan Colombia contra el campesinado y los proyectos de la ACVC

Los resultados de la verificación preliminar no oficial, que sumó mas de un centenar de testimonios en terreno, han dejado en claro que el operativo "Bolívar" no fue un operativo antinarcóticos, ni contra el paramilitarismo, sino que por el contrario las principales víctimas del operativo fueron inermes campesinos desplazados, torturados, asesinados y saqueados; la organización social y económica del Valle del Río Cimitarra quedó dramáticamente afectada por el accionar vandálico de las tropas oficiales; las Fuerzas del Estado atacaron y obstaculizaron el normal desempeño de proyectos comunitarios de comercialización en cooperativas, el proyecto de caña de azúcar y de trapiches paneleros, proyectos de vivienda, proyectos arroceros y de ganadería bufalina de la ACVC a sabiendas de los objetivos sociales de estos proyectos financiados por el Banco Mundial a través del PDPMM, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, el Fondo Noruego de Derechos Humanos, Consejería en Proyectos de Noruega, el proyecto ECHO de la Comunidad Económica Europea, la Cruz Roja Española, Cormagdalena, el Ministerio De Agricultura, el Banco Agrario, Fonade y el Ministerio del Interior; el Estado y el gobierno colombiano a través de sus fuerzas armadas victimizaron, vulneraron y violaron los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de los pobladores del Valle del Río Cimitarra.

-Las fumigaciones del Plan Colombia en el Magdalena Medio: la miseria fumigada de los campesinos

En el desarrollo de la operación Bolívar según las fuentes oficiales fueron fumigadas 5.000 Ha de coca en la parte baja de Valle del Río Cimitarra, según las verificaciones preliminares llevadas a cabo por la ACVC la mayoría del área fumigada corresponde a cultivos de pancoger, potreros de pequeña ganadería, terrenos baldíos y cuerpos de agua. Durante la semana del 23 al 29 de abril en la parte media del Valle del Río Cimitarra fueron fumigadas unas 270 hectáreas de las cuales sólo 70 correspondían a cultivos de coca. Entre el 5 y el 25 de agosto fueron fumigadas nuevamente 723 hectáreas de pancoger y solamente 466 hectáreas de coca según censo realizado por los mismos campesinos.

Las fumigaciones en la región se implementan no obstante las propuestas de sustitución de cultivos de coca concebidas por las comunidades en el Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los DDHH Del Magdalena Medio a cuyo financiamiento se comprometió el presidente Pastrana en los acuerdos del éxodo campesino del Magdalena Medio el 4 de octubre de 1998. Las fumigaciones indiscriminadas se dan desconociendo intencionadamente que la ACVC adelanta un proceso de sustitución concertada de cultivos de coca en la parte media del Valle del Río Cimitarra en lo que se conoce como el Proyecto de Aldea Comunitaria de Puerto Matilde, una propuesta integral de sustitución de cultivos de coca enmarcada en el Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, zona de reserva campesina que el gobierno colombiano a través del Incora se ha negado sistemáticamente a decretar oficialmente violando los acuerdos de 1998.

-La militarización - paramilitarización de Barrancabermeja en el marco del Plan Colombia

En la totalmente militarizada ciudad de Barrancabermeja, capital regional, durante el año pasado fueron ultimados selectivamente y en masacres 500 habitantes, en lo transcurrido del presente año han sido asesinadas por el paramilitarismo 300 personas, han sido desaparecidas 60 y se han visto obligados al desplazamiento forzado 10.000 habitantes de las comunas populares de la ciudad, cada 14 minutos en promedio es asesinada una persona mientras que la institucionalidad y el establecimiento justifica la barbarie, asociada a su accionar, connivencia, omisión y negligencia, vinculando sistemáticamente a la población civil victimizada ya sea con la guerrilla, ya sea con el paramilitarismo.

-La zona de encuentro, la cooperación del grupo de países amigos del proceso de paz con el ELN y las iniciativas comunitarias de desarrollo regional en el Magdalena Medio

El presidente Pastrana firmó en 1998 unos acuerdos económicos relativos a la formulación, financiación y ejecución del Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio - PDPIDHMM, para responder a la exigibilidad, por parte de las comunidades movilizadas en el Éxodo Campesino, de los derechos económicos y sociales de la región. Este plan fue formulado por las comunidades campesinas en el marco de un ejercicio sin antecedentes de planificación participativa del desarrollo y de cualificación de las reivindicaciones sociales de la región.

El incumplimiento de estos acuerdos ha tomado matices de cinismo institucional y parainstitucional a raíz del requerimiento que el gobierno colombiano le ha hecho a la Unión Europea para el financiamiento del fortalecimiento del proceso de paz con el ELN a través de procesos de inversión en los territorios de la eventual zona de encuentro.

De un lado el gobierno colombiano trata, en contravía de las propuesta comunitarias de desarrollo plasmadas en el PDPIDHMM, de que estos recursos financien su plan agroindustrial latifundista de siembra de 30.000 Ha de palma africana en el Magdalena Medio, de hecho el gobierno colombiano ha anunciado que con estos dineros ya tiene listo el financiamiento de la siembra de 9.200 Ha de palma, a través de supuestas organizaciones sociales como Asocipaz o el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

De otro lado organizaciones no gubernamentales agrupadas en un sinnúmero ya de convergencias, plataformas, asambleas, redes y programas que se han autoeregido como voceras de la "sociedad civil" colombiana hacen ingentes esfuerzos por captar la cooperación internacional especializándose fugazmente en temas como el conflicto social, la guerra, la paz, los derechos humanos, el DIH, el postconflicto, el desarrollo regional y hasta la sustitución de cultivos de coca y amapola, utilizando para ello un discurso virtual donde el campesinado, el proletariado, sus partidos y sus organizaciones son víctimas, como en un teatro, de un fuego cruzado entre una, según estos, compleja multiplicidad de actores.

En el Magdalena Medio, mientras tanto, las víctimas del paramilitarismo de Estado y de las acciones militaristas del Plan Colombia contra la paz como la Operación "Bolívar" se cuentan a diario por decenas. La realidad real de los muertos, y de los vivos que se resisten a morir, es aquella realidad de 25.000 campesinos en el Valle del Río Cimitarra que viven cada día como si fuera el último en medio de la agresión perpetua del Estado, de la zozobra del cerco alimentario y sanitario propiciado por los militares y los paramilitares con sus retenes convertidos en verdaderos mataderos de humanos, los ametrallamientos y bombardeos, las fumigaciones indiscriminadas con glifosato sobre el pancoger, los animales y el agua.

Sin duda esta realidad dista mucho de la virtualidad retórica con que el establecimiento pretende lavarse las manos y la conciencia, dista mucho esta realidad regional de la aparente complejidad del conflicto que exponen los burócratas institucionales y no gubernamentales de la paz.

4. Conclusiones

El Magdalena Medio es un escenario en el que se presentan y se resuelven conflictos asociados a las agobiantes desigualdades regionales que caracterizan al país, a la lucha de los excluidos por el control de lo público, a la lucha de los campesinos por recuperar y tener sus tierras, a la lucha de amplios sectores alternativos de la sociedad regional por el acceso a las instancias de toma de decisiones y de la administración participativa de los recursos naturales, a la lógica militar del conflicto armado. El hecho de que el MM sea una región estratégica para la confrontación hace de ésta un escenario propicio para la escalada del conflicto en un contexto en el que las tendencias igualitarias son dramáticamente reprimidas por factores polarizantes abiertamente autoritarios.

En esta medida y con la implementación del Plan Colombia se está fortaleciendo una propuesta de modelo de desarrollo basada en la contrarreforma agraria anticampesina y en el privilegio a la implementación de megaproyectos de economía extractiva y agroindustrial. Para consolidar este modelo de desarrollo excluyente se realiza el aseguramiento de territorios, necesariamente asociado a la expropiación violenta de tierras y la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad bajo el amparo de la impunidad institucionalizada.

Con el Plan Colombia en el Magdalena Medio la guerra contrainsurgente toma una nueva dinámica no solamente por la abierta posibilidad logística y financiera de implementar grandes operaciones militares como el Operativo Bolívar, sino también por la vía de la total militarización y paramilitarización de lo público, escenario propicio para penalizar la protesta social y victimizar -legalmente- las tendencias igualitarias y emancipadoras de las organizaciones y los movimientos sociales.

Los cultivos campesinos de coca en el Magdalena Medio (menos de tres hectáreas por familia) son una alternativa de sobrevivencia y resistencia campesina en zonas de colonización, a donde el campesino fue desplazado forzadamente y donde la única presencia del Estado históricamente ha sido la represiva y militar. Estos cultivos son una coyuntura y su problemática no explica de ninguna manera el conflicto regional, el cual tiene claramente unas causas de carácter estructural. De tal forma, la lucha contra las drogas, con la cual se está justificando la intervención de los Estados Unidos en el conflicto regional es solamente una máscara que oculta los reales intereses extractivos de las multinacionales y del establecimiento colombiano en la región

Barrancabermeja, septiembre 9 del 2001

Notas:

[1] Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Barrancabermeja 1999.

[2] Codhes, Unicef, "Un país que huye, desplazamiento y violencia en una nación fragmentada", Santa Fe de Bogotá, julio de 1999.

[3] Corporación Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, CREDHOS, "Hoy, como ayer, persistiendo por la vida: redes de inteligencia y exterminio en Barrancabermeja", Santa Fe de Bogotá, 1999.

[4] "Los cuerpos de seguridad, los terratenientes y narcotraficantes financian, coordinan y dirigen grupos paramilitares que buscan imponer su modelo de seguridad y desarrollo. Existe un control autoritario de la población, se ha eliminado con violencia a los disidentes y limitados todos los intentos de protesta social y política, se han realizado innovaciones tecnológicas en la actividad ganadera, se extendió el fluido de energía eléctrica, se ampliaron las redes viales y se construyó una infraestructura económica y social. Se ha perseguido y desplazado a los productores de economía campesina, bajo el pretexto de eliminar la base de apoyo a la guerrilla, se ha desarrollado y se está desarrollando una contrarreforma agraria y la consolidación de un paraestado. Con un sistema privado de seguridad, regulación económica, control político, cobro de impuestos, políticas sociales y procedimientos para dirimir los conflictos". CLEBER, CREDHOS, Derechos Humanos en el Magdalena Medio: 1999 - 2002, Barrancabermeja, enero de 1999.

[5] Según testimonios de las comunidades desplazadas algunas administraciones municipales de la región están en poder de los grupos de paramilitares. Son igualmente reiterativas las aseveraciones del campesinado sobre los nexos del ex gobernador de Bolívar Miguel Navas con el paramilitarismo. Durante el éxodo campesino de 1998 de 10.000 personas hacia Barrancabermeja este administrador público catalogó el desplazamiento como "organizado por la guerrilla" y a sus líderes como "agentes de la subversión".

[6] "En este campo del conflicto alrededor de la tenencia de la tierra, los grupos paramilitares juegan el papel de ejércitos privados del mercado de tierras, que a través del terror imponen un sistema de precios que conduce al despojo y desplazamiento de los campesinos que han valorizado la tierra a través de años de trabajo en dichos predios. El modo de funcionamiento de este "mercado" de tierras asociado al proyecto narcoparamilitar y ganadero, desarrollado en otras regiones como el caso de Puerto Boyacá, San Vicente de Chucurí, Tierra Alta en el departamento de Córdoba, muestra el desplazamiento de la población nativa y su reemplazo por una población afecta al proyecto paramilitar. De esta forma, se transporta la base social del modelo de "desarrollo" y "orden" que ofrece el proyecto de modernización agraria contrainsurgente al cual está vinculada la acción paramilitar", Zárate, Gustavo, Op. Cit., 9.

[7] OMCT, AAJ, FEDEFAM, Pax Christi International, Comission of the Churches on International Affaires, Comission Justice Et Paix, "El Terrorismo de Estado en Colombia", Ediciones NCOS, Bruselas, 1992

[8] "Las organizaciones políticas y sociales que desarrollan procesos de movilización popular por reivindicaciones políticas, económicas y sociales (servicios públicos, mejores condiciones laborales, vías, derecho a la vida, necesidades básicas insatisfechas, defensa de las empresas como Ecopetrol, Telecom, o el simple hecho de oponerse a las políticas de Estado), son estigmatizadas, señaladas y satanizadas de ser organizaciones fachada y apéndices de la guerrilla, para justificar la persecución, la represión y el aniquilamiento de los distintos procesos alternativos de los pobladores civiles de la región. Casos como el del exterminio de la UP en todo el MM, del Movimiento Obrero, Campesino y Popular de Sabana de Torres, de la Coordinadora Campesina del MM, del Partido Comunista Colombiano, del COMUN del Municipio de Vélez, del Movimiento de Acción Comunitaria de Aguachica, de la ANUC, de dirigentes de la USO, de miembros de la Corporación Regional Para la Defensa de los DDHH del MM - CREDHOS, por parte de la Red 007 de la Armada Nacional; son producto del régimen político que no permite la diferencia, las manifestaciones populares y los espacios alternativos que se desarrollarían en cualquier democracia burguesa" Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz, Op., Cit., pag. 48

[9] Zárate, Gustavo, Op., Cit., pag 6

[10] Zárate, Gustavo, Op., Cit., pag 7

[11] Ver actas del proceso de negociación del Exodo Campesino de 1998 del MM

[12] Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, CREDHOS. Op., Cit, pag. 212

[13] Tribunal Internacional de Opinión, Opinión del Tribunal Internacional, Barrancabermeja, 1999.