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La situación de derechos humanos en Barrancabermeja y el Magdalena Medio Informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - OEA, el 28 de febrero de 2001, por parte de la Corporación Reiniciar. Ante la evidencia de los nexos de la Fuerza Pública de Barrancabermeja con los grupos paramilitares, dados con el desconocimiento de las denuncias de los pobladores cuando señalan a los miembros de las AUC, dejándolos en libertad días despúes de su detención y sin judicializarlos, prestándoles apoyo logístico con tanquetas y patrullas para transportarlos o llevarles agua y alimentos, o practicando retenes para permitir la entrada de los paracos a los barrios momentos después de su retirada, una de las habitantes del sector nororiental de la ciudad y quien asistió a la "Cumbre por el derecho a la Vida" en Barrancabermeja, el pasado 24 de Febrero, donde asistieron personalidades del Gobierno Nacional, interrogando al Vicepresidente de la República, Gustavo Bell Lemus así: "Señor Vicepresidente, nosotros queremos que nos diga si es que el Gobierno mandó paramilitarizar a Barrancabermeja, porque si es así, díganoslo para saber a que atenernos y entonces conversemos cómo vamos a hacer". Honorables comisionados: El proyecto paramilitar en alianza con los organismos de seguridad del Estado Colombiano, iniciado en el Magdalena Medio en el municipio de Puerto Boyacá, en 1982, ha permitido el control político y militar de por lo menos 45 cabeceras municipales de la región, en las cuales existen megaproyectos donde están en juego, intereses nacionales e internacionales del gran capital y que hoy intenta tomarse el eje de la región: la ciudad de Barrancabermeja. El Magdalena medio y su eje central, Barranca, como una de las zonas geográficas designadas por el Estado Colombiano, desde hace 20 años, como área estratégica para la planeación y el desarrollo de éste país, no sólo ha tenido que soportar la implementación de un proyecto, desde lo político, de gobernabilidad autoritaria y excluyente, sino también desde lo militar con una política contrainsurgente, instrumentada por la extrema derecha con la creación del proyecto paramilitar. Para la región, este modelo de gobernabilidad es ajeno a los anhelos de paz y negociación del conflicto armado, contrario a la democracia, la convivencia y la tolerancia, al respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que sólo ha significado para las organizaciones sociales de la región, su desarticulación, dispersión y debilitamiento, sobre todo en Barrancabermeja, ciudad símbolo de la resistencia civil y último bastión para la civilidad. El Estado colombiano, a través de sus fuerzas armadas y con el apoyo internacional de Estados Unidos (a través de los dineros del Plan Colombia, la asesoría militar y armamento) y del sector financiero, de gremios de empresarios, latifundistas y ganaderos nacionales de ultraderecha, ha implementado en la región, con toda su fuerza y rigor la vía militar (paramilitarismo) de su modelo de desarrollo, en procura de una correlación de fuerzas favorable que le permita actuar frente al conflicto armado que sostiene desde hace décadas con las guerrillas de las FARC y el ELN. Con la implementación del proyecto paramilitar en la región, que ha tenido varias denominaciones en el transcurso del tiempo, el MAS, Los Tiznados, Mano Negra, etc., han sido asesinados, miles y miles de campesinos, que aún el mundo no conoce. Solamente la ciudad de Barrancabermeja pudo resistir a los embates del paramilitarismo durante casi 20 años. Sin embargo, desde el pasado diciembre, la ciudad ha venido sucumbiendo progresivamente a los ataques de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia AUC. En Barrancabermeja todo comenzó con la incursión paramilitar dada en mayo del 98 en el cerro de Burgos en Simití, al sur del departamento de Bolívar. A partir de entonces, se afianza el proyecto paramilitar en el sector norte del Magdalena Medio (sur de Bolívar y sur del Cesar), donde construyen bases con presencia militar abierta ante toda la población. Este proyecto fue avanzando progresivamente con la complicidad y connivencia de la fuerza pública de la región, hasta llegar a Barranca como una de las aspiraciones máximas de los paramilitares, que en sus reuniones o "cumbres" lo tenían como objetivo estratégico. Allí no hubo batallas entre ese proyecto contrainsurgente y el proyecto subversivo que había tenido asiento por años en esa zona, como lo quiere mostrar el gobierno de Pastrana y en el que supuestamente el Estado es una víctima más del choque entre fuerzas ilegales, o donde los muertos son producto de tal confrontación. Lo que se presentó en San Pablo, Morales y otros municipios del sur del departamento de Bolívar hace dos años (y hoy en Barrancabermeja), fue la realización de masacres contra la población civil por parte del proyecto contrainsurgente que es muy fuerte y tiene diferentes actores como se anotaba anteriormente. Por un lado un brazo militar, que es el relacionando con las autodefensas, con Carlos Castaño y con el narcotráfico; otro, es el brazo político, el financiero, el relacionado con la acumulación de capital, con el poder político y que hoy se expresa a través de Asociaciones de civiles como la Asociación Civil para la Paz, Asocipaz, los gremios del departamento de Antioquia como las asociaciones de ganaderos y lecheros en Puerto Berrío y el departamento de Santander al nororiente colombiano, que no quieren la zona de encuentro entre gobierno y ELN. También ayudó a la situación que vive en el momento Barranca, las masacres realizadas por los paras, en el puerto petrolero, entre ellas la del 16 de mayo de 1998 en el sector suroriental, la del 28 de febrero de 1999, la del 1 de agosto del mismo año y las de noviembre 4 y diciembre 1 del año pasado, permitieron a los paramilitares tener asiento en los barrios del suroriente y norte de la ciudad, actuando como "fuerza pública" ante los ojos de todo el mundo. La negativa del gobierno nacional y de las autoridades militares de adoptar medidas contra las incursiones y posterior asentamiento de las AUC en los sectores más deprimidos de Barranca como es el nororiental y el suroriental, en los que además históricamente hacen presencia las milicias de los grupos guerrilleros, ha sido no solamente clara, sino bien intencionada respecto de sus intereses, cada vez más, dirigida a la desarticulación de las organizaciones sociales del Magdalena Medio y Barranca y a la eliminación física de sus dirigentes. La fuerza pública
no ha actuado frente a los ataques de los paramilitares contra la poblacion
civil y las organizaciones sociales barranqueñas y, en los pocos
casos en donde los paramilitares se han enfrentado con la guerrilla,
la fuerza pública se ha unido en la lucha contra la subversión,
prestando ayuda logística y militar a los paramilitares y permitiendo
su avance en la ciudad. 1. La incertidumbre ante la continuidad de la zona de distención y el proceso de paz con las FARC que ha producido en las zonas de conflicto armado, inestabilidad política, agudizándose la confrontación entre las fuerzas militares y la subversión, fuera de la zona de distensión. 2.La ofensiva política y militar de la ultraderecha en connivencia con la fuerza pública, que no quiere abrirse a la posibilidad de una zona de despeje y Convención Nacional en el sur de Bolívar con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. 3.La puesta en marcha del Plan Colombia en las diferentes regiones de Colombia, que no sólo ha profundizado los niveles de degradación del conflicto armado, sino que ha escalonado los niveles de violaciones a los derechos humanos; concretamente en la región del Magdalena Medio y, especialmente, en Barrancabermeja, va a afectar a sus pobladores mediante la imposición de una contrarreforma agraria y la desarticulación de espacios democráticos de la población civil e institucional. Población civil de Barrancabermeja en la mira Hoy, dichos factores han provocado que el blanco principal del paramilitarismo como proyecto militar de la ultraderecha del país, sea la población civil, las organizaciones sociales y de derechos humanos; tan sólo en los dos primeros meses del presente año, las víctimas de este proyecto de muerte en Barrancabermeja, ascienden ya a más de cien muertos. El hostigamiento, la agresión y la falta de garantías para la vida de los líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos, que realizan la noble labor de la acción humanitaria por las víctimas de la violencia paramilitar en Barrancabermeja, continúa ante la complacencia de autoridades civiles, policiales y militares, locales y nacionales. Desde el pasado 22 de diciembre, los paramilitares se vienen asentando progresivamente en varios barrios (a la fecha ya son 18 barrios), principalmente en los del sur y nororiente de Barranca, lugares que tradicionalmente han sido sectores populares con tradición de luchas y a los cuales los paracos han querido humillar y doblegar, reteniendo famílias enteras, usándolas como escudos humanos y obligándolas a pagar impuestos ya sea en dinero o en especie para las AUC. Pese a que el propio Pastrana convocó en la Casa de Nariño el 10 de enero pasado un Consejo de Seguridad para tomar medidas contra los paramilitares que estaban aterrorizando a Barranca, éstas no solamente fueron antidemocráticas, pues no fueron concertadas con la comunidad barranqueña (que nunca pidió aumento del pie de fuerza sino sanción a los miembros de la fuerza pública que tienen nexos con los paramilitares), sino ineficientes y en contravía de las necesidades reales para acabar con el flagelo pues sólo se tomaron medidas de choque con más pie de fuerza . Sin embargo, muchas de las organizaciones sociales de la región y especialmente de Barrancabermeja, no alcanzamos a dimensionar todo lo que se estaba fraguando dentro de ese proyecto paramilitar. Las organizaciones sociales no tuvimos tiempo sino de denunciar, porque la dinámica del ataque paramilitar y estatal no dio tiempo a reflexiones más allá de la coyuntura, ni de actuar rápidamente. Cuando se dan las incursiones de las AUC, sobre todo en Barranca, por la coyuntura del despeje, se sabía que para la ultraderecha de este país, mientras más rápido se tomaran la ciudad, más pronto ellos estarían posicionados, no sólo por los bloqueos de vías en importantes puntos del territorio nacional, por parte de ASOCIPAZ y de los defensores de la guerra, sino porque el avance contrainsurgente no es simplemente toma de territorio, es ante todo un modelo de desarrollo en el que se plantea ya no la lucha insurgente vs. contrainsurgente, sino de ésta última contra la población civil. Muchas de las organizaciones hermanas no alcanzamos a despegarnos de ese esquema tradicional de zona de conflicto armado, de lucha contrainsurgencia militar vs. insurgencia, ni alcanzaron a entender que la ciudad ya no era la misma de hace treinta años. Aunque sigue siendo ciudad región, Barrancabermeja hoy debe ser entendida por las organizaciones sociales desde otra perspectiva, y lo que está sucediendo en ella debe tener una mirada muy concreta que trascienda los hechos, superando la casuística y ubicándola en los ejes fundamentales que hoy están en juego como son: adelantar el proceso de paz con el ELN; dar una salida política negociada al conflicto social y armado en la región; adelantar un modelo de desarrollo económico alternativo; pensar la construcción de un país, la unidad nacional, desde la pluralidad y la diferencia; propender por un Estado de Derecho y finalmente superar la crisis humanitaria que hoy lesiona la conciencia de la humanidad, para así poder proyectar estrategias de mediano y largo plazo que toquen lo estructural. Quizás, la población civil y sus organizaciones sociales sólo nos quedamos en la denuncia, sin mirar estrategias que traspasaran lo militar de ese tipo de proyecto que cuenta con la complacencia y respaldo de carácter jurídico y político por parte del Estado y el Gobierno, donde la sociedad no solamente ha tenido que ver arrasadas sus historias e identidades por un actor militar, controlada a través de un proyecto de carácter económico que tiene que ver con imponer un modelo que arrasa la economía campesina, que depreda el medio ambiente y que posiciona el capital privado estatal tanto nacional como de carácter internacional. Este proyecto económico no cuenta mucho con la participación de la población como actor que lo lidere, sino que la utiliza o en su defecto, como ya se está viendo, la está desapareciendo, desplazando y aniquilando porque les estorba y por ello se da la implementación de la vía paramilitar. Lo que quieren los sectores democráticos, organizaciones sociales, Iglesia Católica, organizaciones de DDHH, es la posibilidad de implementar propuestas alternativas reales de convivencia, justicia social y democracia que tengan la capacidad de promover, en primer orden el respeto y la protección de la vida, del desarrollo integral de los derechos humanos, creando códigos de convivencia y tolerancia, sin condicionamientos de ningún actor armado y con las instituciones del Estado, marchando en beneficio de los ciudadanos. También, la posibilidad de construir una salida política y negociada al conflicto social y armado, y construirla en una región y en una ciudad que tiene un acumulado de mucha experiencia de luchas sociales, populares y políticas, que tiene mucho que aportarle a este tipo de procesos, por lo que ha vivido (el desplazamiento forzado, la violación sistemática de los derechos humanos, los asesinatos y desapariciones, etc.). A Barrancabermeja le asiste el derecho a jugar un papel en los procesos de paz y eso está en juego, especialmente, porque por ser una ciudad región, eje de una zona inmensamente rica donde se hallan muchos intereses, es el punto central para que cualquier decisión sobre el proceso de paz con el ELN, la afecte o no. Es decir, para la ciudad y el resto de la región del Magdalena Medio, es vital que se dé una solución política negociada, es lo mejor que les puede pasar ya que la salida violenta al conflicto armado va a provocar más violencia, más muertes, más destrucción, máxime cuando éste se generaliza y se degrada, cortando las aspiraciones de paz que tienen sus pobladores. En efecto, está en juego la PAZ y la DIGNIDAD de los habitantes de la región, especialmente los barranqueños, pues esas aspiraciones de paz pueden llevar a que se imponga cualquier tipo de paz. ¿Qué tipo de paz esperan los pobladores de Barrancabermeja, en su mayoría pobres, olvidados, que han vivido en carne propia el irrespeto a todos sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales? ¿Quizás la paz de Puerto Berrío o de los 45 municipios del Magdalena Medio que viven bajo el control de las autodefensas? Mucha gente dice que allí hay paz y de pronto sea así, la paz del silenciamiento de los fusiles pero no la paz con justicia social. Barranca quiere la paz sin intimidación de los fusiles y de la violencia contra el que disienta en público sobre el modelo paramilitar, es decir, a no criminalizar la opinión política de sus pobladores, con plenas garantías al disfrute de la vigencia de los derechos humanos, pero no la paz sin tierras, la paz de siervos de los latifundios. Pero también otro punto que está en juego es el modelo de desarrollo que se viene dando y que muchas de las comunidades campesinas y urbanas exigen que se les tenga en cuenta, con un modelo de desarrollo alternativo, que ponga al servicio de la vida y de la dignidad humana, lo económico y no al contrario. Eso también se lo está jugando la región, la construcción de modelos alternativos, tanto de carácter político, social, económico y cultural. Otro elemento que se halla en juego es el punto de la unidad nacional. En ningún otro lugar de Colombia se puede pensar la construcción de país, de nación y de Estado como en Barranca y en el Magdalena Medio. Ésta es una región que es inminentemente plural, que ha aprendido a vivir en la diversidad y la diferencia, en la construcción de un sentido común; en esta región, se encuentra la representación de las diferentes regiones del país: el costeño, santandereano, el tolimense, el llanero, etc y han convivido muy bien las diferentes expresiones politicas tradicionales y de oposicion no armada al Estado. Alrededor del 80 por ciento de la gente que llegó a la ciudad, desplazada por lo económico pero especialmente huyendo de la violencia política que ha vivido el país en sus diferentes etapas, acudió a las posibilidades de mantener y de recrear su vida en Barranca y la región, pudiendo echar raíces con sus hijos por la hospitalidad y solidaridad que Barranca les brindó y los que nacieron en ella, son concientes de defender su lucha por construir la vida, con justicia y con dignidad. De la misma manera, Barrancabermeja tiene el interés de los actores armados de la región, unos que han tomado la decisión de alzarse en armas para contribuír a una transformación social, económica y política y otra, la paramilitar, lógicamente como punta de lanza de un proyecto que el establecimiento se está jugando. Indudablemente, los problemas de Barrancabermeja no son los problemas de Barranca, sino del país. Lo otro que se juega en la región, es la posibilidad de que exista en Colombia lo mínimo del Estado social de Derecho. El grado de desinstitucionalización que se presenta en Barranca pone en juego ese Estado de derecho en la región. El problema de la gobernabilidad, no solamente como problema de autoridad, implica la legitimidad social, donde la población se reconozca como parte de un proceso político en el cual todos tengan acceso y derechos, así como la capacidad y oportunidad de decidir. Finalmente, hoy en Barranca se juega la conciencia y la sensibilidad de la humanidad, es decir las cosas que están sucediendo (como los crímenes de lesa humanidad: masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, muertes selectivas) en Barranca y la región, lesionan profundamente la conciencia de la humanidad: La ciudad con apenas 250 mil habitantes tuvo el año pasado, 567 asesinatos, cuando el promedio de muertes violentas en el país era de 74 por cada 100 mil habitantes. Es decir, Barranca tiene el índice más alto de muertes en el país, en un grado de casi 9 veces más que en otra parte del territorio nacional. A la fecha, se han tenido situaciones muy críticas donde diplomáticos y organizaciones internacionales han sido amenazadas y se les ha prohibido que realicen acciones en pro de la paz y los diálogos, o de denuncia, acompañamiento y defensa de la vida tanto de las organizaciones sociales como de las personas, en el sur de Bolívar y en Barranca. Dos casos para mencionar, son las amenazas de los paramilitares contra la embajada de Cuba que se ha ofrecido como facilitadora para los diálogos con el ELN. También lo sucedido con uno de los miembros de Brigadas Internacionales de Paz, Lars Helmersson, a quien las AUC que operan en Barranca, procedieron a expropiarlo de su celular y a quitarle su pasaporte, declarándolo objetivo militar, cuando acompañaba a las integrantes de la Organización Femenina Popular. Pese a paramilitarización, Barranca vive Desde el 1 de diciembre del año pasado, alrededor de 200 paramilitares llegaron al casco urbano del municipio de Yondó y por su corregimiento de San Luis del Tigre, ubicado frente a la base militar del Batallón Héroes de Majagual en Barranca, sin que éste hiciera nada por enfrentarlos. Luego, el 10 de diciembre y como desafío al día universal de los derechos humanos, más de mil paramilitares ingresaron por el río y por tierra, cumpliendo así la amenaza de Carlos Castaño de que para diciembre ellos se tomarían a Barrancabermeja. Efectivamente así sucedió, pues desde el 22 de diciembre hicieron su aparición tanto en los barrios del nor y suroriente de la ciudad, primero, en su acostumbrada actitud de fuerza y horror y más tarde, tratando de coptar a la gente mediante amenazas sutiles, el ofrecimiento de dinero o la ley de la delación. Así, día tras día se fueron extendiendo por todos estos barrios, obligando a los líderes populares a firmar comunicados en contra de las organizaciones sociales y de los defensores de derechos humanos, hostigando, amenazando a la población en general y asesinando selectivamente a aquellas personas que se resisten a "colaborar" con ellos. De igual forma, han amenazado a la comunidad internacional que acompaña a las organizaciones sociales en sus luchas diarias y cada vez más han venido desarticulando a las organizaciones sociales y espacios de trabajadores por los derechos humanos que trabajan en la ciudad, todo ello con la connivencia, apoyo logístico y declaraciones de la fuerza pública de Barranca, apoyándolos. En los barrios, como en el caso de la Comuna 7 al suroriente del puerto petrolero, han presionado tanto a la comunidad, que sus líderes han sido obligados a salir ante la opinión pública a llevar sus banderas, como en las marchas de apoyo al No al Despeje, propiciadas por los paramilitares en toda la región. Aunque la presencia de las AUC en estos barrios es fuerte, todavía no se ha dado un control total de los paramilitares en la ciudad y pese a la situación que viven muchos de los líderes populares de Barranca, como el caso de la Comuna 7, el acumulado que tiene el pueblo de Barrancabermeja de resistencia, de estar creando y luchando por lograr mantenerse en su perspectiva de lucha cívica y popular ha hecho que se plantee toda una campaña de solidaridad con la ciudad, desde diferentes espacios y organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Ésta pretende parar de alguna manera el horror que hoy vive la ciudad en disputa, pero ante todo defenderla como un deber moral y un compromiso político de quienes hoy, la asedian, la maltratan y bañan en sangre. Esta valerosa determinación de muchos tiene como objetivo reconstruír el tejido social y su espíritu de lucha uniendo esfuerzos no de resistencia estoica porque ello es hablar de una acción frágil, dogmática, sino de esfuerzos alternativos de la población civil que restituyan los distintos espacios de convivencia universal, como son las campañas de denuncia nacional e internacional, las campañas de solidaridad y presencial con el pueblo barranqueño y especialmente el señalamiento y escarnio público contra los miembros de la fuerza pública que trabajan en connivencia con los grupos paramilitares, dado el alto nivel de impunidad en la zona. Cerco paramilitar en el Valle del Río Cimitarra En la zona rural del Magdalena Medio, especialmente en el Valle del río Cimitarra y sur de Bolívar, se desarrolla también un plan sistemático de exterminio contra el campesinado, las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos, como ya se ha dicho, dentro del proyecto de desarrollo estratégico que adelanta el gobierno nacional, a través de la implementación de un cerco militar - paramilitar agenciado por sectores de ultraderecha de esa región. Durante el último semestre, la barbarie del paramilitarismo no ha tenido límites y se ha visto reflejada en hechos como la arremetida sobre veinte veredas en límites de los municipios de San Pablo y Simití, al sur del departamento de Bolivar, donde fueron asesinados decenas de campesinos y desplazados por lo menos 300. Posteriormente, el asesinato de 23 campesinos y 3 desaparecidos y aproximadamente unas 350 familias desplazadas en zona rural del municipio de Yondó a mediados de octubre; el asalto y saqueo por parte de 300 paramilitares de la sede de la cooperativa de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, ACVC en el municipio de Cuatrobocas, donde además fueron asesinados dos campesinos en diciembre del año pasado. También se ha presentado el ataque directo de las Fuerzas Armadas del Estado sobre la población civil en las veredas de San Lorenzo, Yanacué, Coroncoro y Cuatro Bocas, como lo corroboró la Comisión Interinstitucional del gobierno que verificó los hechos; el asesinato de 4 campesinos en San Juan del Ité; la masacre de 8 campesinos en San Luis Beltrán; la desaparición y el asesinato de NECTALY OYOLA, administrador de la Tienda Cooperativa de la vereda Alto San Juan en pleno casco urbano del Municipio de San Pablo, así como los asesinatos selectivos que a diario cometen los paramilitares en este pueblo. Los permanentes
hostigamientos y amenazas de las AUC contra los habitantes de los cascos
urbanos de Yondó y Cantagallo; el establecimiento de retenes
paramilitares a escasos 10 minutos de la de la Armada Nacional en Barrancabermeja,
en el sitio conocido como La Rompida y la permanente amenaza sobre el
campesinado y líderes de la ACVC, quienes tuvieron que solicitar
medidas cautelares ante la Comision Interamericana. Muy por el contrario, después del retorno, la respuesta del gobierno y sus fuerzas estatales y paraestatales, fue la de la arremetida paramilitar contra la población campesina y minera donde han sido masacrados más de 500 campesinos y desplazados unos 3 mil habitantes rurales después de los acuerdos, que implicó para los pobladores entrar a engrosar los cordones de miseria de los cascos urbanos de la región. Ante esta crítica situación, los campesinos de la zona decidieron no volverse a desplazar y se declararon "comunidades en resistencia civil". Esto significa, mantenerse como comunidad en la zona y confrontar a los paramilitares, pese a que ello les ha significado que sus pueblos y caseríos sean quemados y asediados constantemente, teniendo que refugiarse en la montaña, para volver, cuando las condiciones lo permiten, a reconstruír, no sólo sus casas, sino su vida. De esta manera, los campesinos de la región, especialmente del Valle del río Cimitarra se declaran en autonomia y resistencia civil, como es el caso del poblado del Vallecito, al sur de Bolivar, quienes sufrieron a finales del año pasado 3 incursiones paramilitares, teniendo que huír hacia el monte, con todas las privaciones, sin alimentos, agua y cercados tanto por el ejército y las autodefensas, por más de un mes. Por lo tanto, pese a que muchos de los pobladores rurales del sur de Bolívar y el resto de la región del Magdalena Medio han tenido que salir a apoyar las marchas por el No al Despeje (ante la presión, el terror e intimidación permanente de los paramilitares que les retienen a sus familias en sus veredas bajo la amenaza de matarlos si no van a dichas movilizaciones), ellos ven en la posible "Zona de Encuentro" (para las conversaciones del ELN y el Gobierno), una posibilidad de que la región, al estar en observación de la comunidad nacional e internacional, se pueda cumplir su sueño de quedarse en su terruño y no al servicio de cualquier actor armado que los presione. Cabe recordar que en la primera semana de febrero del 2000, descaradamente altos funcionarios del Estado, entre ellos un Ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez y el propio comandante de las Fuerzas Armadas, respaldaron abiertamente estas movilizaciones impulsadas por paramilitares, dejando ver una vez más, los nexos del Estado con el paramilitarismo. Este tipo de movilizaciones impulsadas por administraciones municipales, autoridades civiles, con la participación directa e indirecta de la fuerza pública se siguen presentando cada vez que el Gobierno anuncia la creación de una zona de encuentro en los municipios de San Pablo, Cantagallo y Yondó para dialogar con el ELN, secuestrando a miles de campesinos y pobladores de la región y manteniendo incomunicado al Magdalena Medio con el resto del país, sin que el Gobierno y el Estado colombianos hayan asumido responsabilidad y acción alguna. Por otro lado el gobierno ha incumplido todos los acuerdos y las expectativas de inversión plasmadas en el Plan de Desarrollo y de Protección integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, formulado por las comunidades campesinas y mineras. Por el contrario, la dura realidad que diariamente sufre el campesinado y los pobladores del Magdalena Medio se torna cada vez más oscura ante la anunciada "ayuda" de los Estados Unidos, de 1.600 millones de dólares para la ejecución del Plan Colombia; los labriegos temen que con dicho plan vendrán días peores, pues tal como está plasmado en la "Estrategia para el Desarrollo Alternativo", la escasa "inversión social" del plan en la región, se verá reflejada en miles de hectáreas sembradas de palma africana, donde el campesino será de nuevamente un siervo de los señores narcolatifundistas del Magdalena Medio y donde la sustitución de cultivos ilícitos por palma se hará mediante la fumigación aérea. Aunque el presidente Pastrana ha vendido al mundo este proyecto como su proyecto estrella y el momento de convertir al campo colombiano en un negocio productivo para todos, impulsando proyectos de inversión descentralizados, especialmente en áreas de conflicto armado, de hecho las fumigaciones de los cultivos de uso ilegal con herbicidas químicos y hongos, complementadas con el sistema de las denominadas "alianzas estratégicas" entre empresarios y campesinos, significan no sólo el deterioro ambiental de la región, sino el continuar con el sistema histórico de dominación de la tierra por parte de unos pocos y donde el gran empresario o el terrateniente tendrían el 80 por ciento y el campesino el 20 por ciento de las ganancias. El cultivo de palma africana en el Magdalena Medio significará para la inmensa mayoría de campesinos pobres de la región, la perdida de la producción agropecuaria tradicional y cultural, así como su seguridad alimentaria, que además no toma en cuenta el conocimiento de la realidad y las perspectivas del tipo de desarrollo que quieren los labriegos de la zona. La palma africana pensada como monocultivo afecta la sostenibilidad del proyecto pues no se contabilizan los costos posteriores a la finalización de la vida útil de las palmas. Reutilizar un suelo poblado por palmas que ya no se pueden cosechar por su altura, es muy costoso y puede valer más tumbar las palmas, que comprar otra tierra. Por eso en Malasia e Indonesia los palmeros quemaron y quemaron más selva y contaminaron masivamente el aire con él, sin preocuparse por la tierra, pues las leyes y la represión ponen más y más selva a disposición de los empresarios. El proyecto de palma africana permite que los campesinos produzcan el fruto y éste sea vendido a los grandes emporios de transformación en aceite, quienes son los que ponen el precio y obtienen toda la ganancia. Treinta mil nuevas hectáreas de palma africana aumentarán la producción del fruto en la región y de hecho la oferta, pero reduciendo el precio de compra a los campesinos cultivadores. Vale decir, además, que mercados como el de palma africana no tienen un futuro seguro, pues por ejemplo en el primer trimestre del 99 la producción aumentó 24 % y las exportaciones en 12 %, pero los precios internacionales disminuyeron simultáneamente en 25 % y los precios internos bajaron 31 % durante el mismo período. Como lo afirma el investigador Hector Mondragón, "para que mejore la calidad de vida, las comunidades rurales deben poder decidir y gestionar los proyectos. Pueden hacer convenios, contratos y hasta alianzas, pero primero deben poder tener el 100 por ciento de la propiedad y capacidad para entrar en diferentes fases de la producción, el mercadeo, la política, la cultura y la gestión, y sobre esa base sí podrán hablar y negociar con otros intereses, en condiciones más equitativas. Esto es la reforma agraria: un nuevo ordenamiento social, económico y cultural de la propiedad, la planificación y la gestión en el campo". Realmente para el gobierno nacional, más que la sustitución de los cultivos lo que importa del "éxito" del Plan Colombia en la región, es la sustitución de los campesinos propietarios de la tierra a través del desplazamiento forzado y del dominio de éstas por parte de los terratenientes de la Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC, de Fedelpalma, Augura y Fedegan. Citando nuevamente al investigador Mondragón, "A los latifundistas no les interesa la rentabilidad de la palma africana, el caucho, el cacao o la ganadería, les interesa que las tierras situadas cerca de grandes proyectos de inversión, de las cuales se están apoderando aprovechando la violencia y el Plan Colombia pueden obtenerlas baratas de campesinos desplazados o de "socios" arruinados de las "alianzas estratégicas" y en unos años valdrán miles de millones gracias a los megaproyectos y petroleras cercanos". A la fecha, las comunidades campesinas asociadas en la ACVC o que pertenecen al espacio de la "Mesa Campesina del Magdalena Medio", vienen adelantando acciones de reconstrucción de sus pueblos y de implementación de proyectos productivos alternativos, entre ellos, el de caña de azúcar, la industrialización de la panela, arroz, trillado de arroz, búfalos, etc, que a través de sus cooperativas, intentan posicionar y consolidar, al igual que expresiones organizativas a través de su trabajo con la tierra. Estas comunidades le han propuesto al gobierno nacional, la sustitución de cultivos ilícitos de manera manual en pos de generación de empleo y de la sustitución de éstos por cultivos legales que les garantice la comercialización de la producción. Sin embargo, pese a toda la gama de propuestas del campesinado del Magdalena Medio, hechas al gobierno nacional, éste les ha respondido con más pie de fuerza en sus veredas como viene sucediendo desde diciembre pasado hasta hoy, con la llamada "operación Bolívar", que supuestamente se implementaría en la región con un objetivo específico como era el de luchar contra el paramilitarismo, a raíz de la situación que vivía Barrancabermeja. Sin embargo, los más de 3 mil hombres del ejército que llegaron a la zona, sólo se han limitado a perseguir, bombardear y amenazar a los líderes campesinos, como sucedió la semana pasada, cuando varios miembros de los batallones que operan allí y que conforman la fuerza que adelanta dicho operativo, amenazaron de muerte a toda la junta directiva de la ACVC. Por todos los hechos, situaciones y políticas de Estado relatados en este informe, hacemos un vehemente llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta audiencia, para que le exija al Estado colombiano y al gobierno de Andrés Pastrana, resultados en la lucha contra los paramilitares y se investigue a la fuerza pública de la región, policía y ejército nacional, por su connivencia con el actuar paramilitar. Atentamente, Jahel Quiroga
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