Notas para la lectura del conflicto político, social y armado en el Magdalena Medio

por Rigoberto Rueda Santos
Agencia Prensa Rural

Ponencia presentada en el Encuentro nacional e internacional. Coca, derechos humanos y conflicto en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Vereda Puerto Matilde, 29 de julio a 1 de agosto de 2004

Como otras regiones del país, el Magdalena Medio, de constituir una región marginal --caracterizada por economías de enclave junto a otras actividades extractivas, y en las que el Estado fue un absoluto desconocido--, ha pasado a constituirse en los últimos años en una zona en la que el Estado tiene una definida pretensión de recuperar el monopolio de las armas y el control del territorio en función de articular este espacio regional a las necesidades del capital nacional y extranjero y a las demandas del modelo de desarrollo adoptado desde fines de los años 80.

Un medio básico en ese propósito, que incumbe tanto a los poderosos locales como al Estado, lo constituye el paramilitarismo como un recurso eficiente ante la ausencia del monopolio estatal de la fuerza organizada y de la inhabilidad del propio Estado para imponer orden en la jurisdicción que reclama; los empresarios de la coerción --como define un investigador a los paramilitares--, "surgen en este vacío de control"; su papel es el ayudar en el establecimiento del orden social y, paradójicamente, mantener los medios de violencia bajo el control del Estado.

La construcción de un Estado nacional único y legitimo sigue siendo hoy en nuestro país apenas una pretensión. El Estado colombiano no ha logrado nunca una clara y definitiva centralización que le reserve para sí la organización exclusiva de la administración y uso de las armas y del conjunto de la coerción.

El problema que la política estatal insiste en desconocer es el hecho de que el control que se propone no se pretende sobre territorios vacíos sino sobre espacios construidos a través de sucesivos poblamientos hacia estas zonas marginales, construidos por fuerzas insurgentes que en este país han acompañado procesos de colonización campesina y garantizando condiciones de vida para los expulsados, y en fin, configurando soberanías al constituirse en poderes locales periféricos.

Y estas soberanías periféricas, Estados en ciernes, que han connotado procesos de colonización campesina y establecimiento de las guerrillas, son anteriores a los designios e intereses actuales de la acumulación capitalista, así como le es previa la crisis de las economías campesinas que determinaron la acogida de los cultivos llamados ilícitos en estas zonas; dos aspectos que se ignoran por parte de quienes quieren explicar el conflicto armado como una disputa por el control de recursos económicos.

Así por ejemplo, se pretende explicar el conflicto entre paramilitares e insurgencias en el Sur de Bolívar como una lucha por el control de los cultivos de coca en San Pablo, Simití y Cantagallo, a lo que se agrega el control de la Serranía de San Lucas, no sólo por sus explotaciones de oro sino por su ubicación estratégica que facilita las incursiones a varios departamentos, para con dicha explicación ocultar las operaciones conjuntas entre tropa regular y paramilitares --tantas veces denunciadas y por todos conocidas-- y su finalidad real de eliminar la supuesta o real base social de la guerrilla, controlar los mercados y procesamiento de coca, concentrar la propiedad rural, controlar los mercados de víveres, extinguir el movimiento social reivindicativo y expulsar a la insurgencia de la zona.

Muchos otros afirman reiteradamente que el paramilitarismo surgió como respuesta a los abusos y excesos indiscriminados (chantaje, boleteo, vacuna, etc.) de la guerrilla en el municipio de Puerto Boyacá, a pesar de que está profusamente documentada su creación a partir de una alianza con los ganaderos, hacendados, narcotraficantes y grandes inversionistas como parte del desarrollo y concreción de su estrategia económica y de seguridad.

En las perspectivas alternativas a la postura oficial el paramilitarismo se analiza como una reacción política y armada que ha constituido un factor decisivo para malograr los intentos de negociación del enfrentamiento armado entre el Gobierno y los movimientos guerrilleros, pues las iniciativas de negociación política del conflicto han sido interpretadas como ventajosas para la guerrilla y sus aliados y simpatizantes. Esta perspectiva se ha percibido como amenaza para los equilibrios de poder regionales. En ese sentido, los objetivos fundamentales del paramilitarismo han buscado “la restauración y en algunos casos una nueva definición de regímenes políticos locales y regionales amenazados por las políticas de paz del gobierno central”, dado que las políticas de negociación han ofrecido a los grupos insurgentes oportunidades de lograr mayor influencia y visibilidad políticas y han dado, además, a los sectores sociales excluidos la oportunidad de hacer conocer sus propuestas y proyectos sociales.

Es por ello que el análisis del conflicto armado en la región del Magdalena Medio no puede disolverse en el desciframiento de las "lógicas de los actores" o reducirlo a un registro de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y mucho menos sustraerlo del conflicto social con el que está ligado. Por ello, las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos, las amenazas, torturas y desplazamientos que no cesan y, antes bien, se agravan con la implementación de los bloqueos alimentarios y sanitarios impuestos en la zona, resultan --en lo que se constata hoy para la región como Crisis humanitaria--, de la configuración de determinadas formas de control político, social, económico y militar por parte del paramilitarismo en los cascos urbanos y algunas zonas rurales de la región sobre las que éstos despliegan tributación, códigos de policía, reclutamientos, etc., constituyendo verdaderos paraestados.

Paralelamente, el Estado mantiene las fumigaciones indiscriminadas, insertas en los objetivos trazados por la estrategia de "seguridad democrática": atacar las fuentes de financiación de la guerrilla y recuperar los territorios en los que su soberanía está disputada por el control de las mismas organizaciones insurgentes. Las fumigaciones traducen el primer objetivo y la arremetida militar, acompañada de la operación irregular del paramilitarismo, busca concretar el segundo.

Tal y como es ampliamente percibido por las organizaciones sociales y de derechos humanos asentadas en la región, el paramilitarismo en esta zona se ha institucionalizado. En su papel de grupos auxiliadores de la seguridad del Estado, parecen hoy afianzarse buscando capitalizar en lo político lo que han ganado con la guerra y parece no tener discusión que han recuperado para el orden institucional estatal el territorio de Barrancabermeja y el Magdalena Medio. En efecto, el control territorial que hoy ejercen y el "orden social" que imponen da lugar a una suerte de ejercicio de soberanía, así se trate de un dominio eventual. Este ejercicio de violencia organizada implica la definición de límites, regulación de comportamientos y de la actividad económica, dinámicas de autoridad y obediencia, en últimas, de un orden, que por supuesto no implica estabilidad ni justicia.

Lo que debe aclararse es que, si bien en su nueva situación el paramilitarismo pretende configurar un orden social especifico, no se trata de una ruptura absoluta con el orden institucional precedente. El orden que surge es producto de transacciones políticas, negociaciones con agentes estatales en algunos casos, élites locales, algunas organizaciones sociales, políticos tradicionales, etc. Así se explica por ejemplo, la iniciativa del presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, ante la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, de crear cooperativas de seguridad para la vigilancia del poliducto que transporta el combustible, cuando es de dominio público que son los paramilitares quienes controlan y se benefician de su explotación ilegal, y en medio de unas negociaciones que hacen previsible "de ladrones del tubo pasen a ser sus vigilantes", como una de las posibilidades de reinserción que se busca para algunos de ellos.

Ahora bien, si en efecto la cantidad de crímenes cometidos en los años 2002 y 2003 ha descendido respecto a las cifras registradas en los años 2000 y 2001, la idea de que Barrancabermeja ha recobrado la tranquilidad, como también ha sido advertido por las organizaciones sociales y de derechos humanos, es engañosa. Se ha argumentado que la disminución se debe a que ya no se presentan enfrentamientos entre grupos armados pues la guerrilla fue expulsada y entre la fuerza pública y los paramilitares no se producen combates; porque las AUC ya terminaron la etapa más dura de represión; y finalmente, porque se ha presentado un cambio de táctica que reduce la práctica de asesinatos selectivos y masacres para dar paso a las desapariciones y el desplazamiento forzado como formas principales de operatividad. Estas apreciaciones son correctas. La ciudad ha pasado de escenario de disputa por parte del Estado y la insurgencia a constituir una zona de control. Evidentemente, se constata el presupuesto de que un actor político aplica la violencia de modo limitado donde es mayor su soberanía. Esto se explica porque el terror al que han recurrido los paramilitares no es una función directa de su control. En su nueva situación sólo recurrirán a la violencia selectiva o indiscriminada según circunstancias precisas. La utilización de la violencia indiscriminada es característica de los momentos en que un actor político no tiene dominio o soberanía y está en disputa de ese control. Lo que se disputa no es, pues, simplemente un territorio sino la soberanía.

Sin embargo, reconocer que el control social que hoy se impone en el Magdalena Medio es derivado del control militar previo, no puede hacer perder de vista otro aspecto del papel político del paramilitarismo: su acción violenta se ha desatado en un área rica en conflictos políticos y de intensa movilización social por derechos y reconocimiento; no sólo han recuperado el control de áreas con problemas de seguridad para el Estado, los propietarios locales y las inversiones de capital, sino que su acción violenta está garantizando la implementación de las políticas de flexibilización laboral acordes con el modelo neoliberal en las empresas más significativas de la actividad industrial de la región como ocurre en el caso de las palmeras, la producción de gaseosas y la empresa estatal de petróleos, donde se han venido introduciendo cambios drásticos en los sistemas de organización del trabajo y en las formas de contratación laboral acordes con la desregularización laboral.

Sin duda, el proceso descrito vuelve a dejar sobre el tapete la discusión acerca del valor de la política Uribe Vélez de insistir en la guerra y obcecarse con ella prolongando aún más la situación actual y de esa manera continuar por el viejo y conocido rumbo de cerrar cualquier opción a la negociación política del conflicto, con lo cual se deja sin lugar el ejercicio de la política, pues es el ejercicio de la guerra y no el de la política el que termina imponiéndose; y de otro, la trayectoria militar y política del paramilitarismo ha resultado invirtiendo con éxito la formulación clásica, pues hoy es la política la que se hace como continuidad de la guerra, de manera que las coaliciones y pactos que los paramilitares han venido haciendo en las regiones del país simplemente aseguran el poder logrado mediante el ejercicio de la guerra.