Valle del río Cimitarra: entre el veneno, el fuego y la perseverancia
Situación de la comunidad campesina de la región

por Silvia Becerra
Politóloga, Universidad Nacional de Colombia
7 de enero de 2005

El valle del río Cimitarra vivió a lo largo del año 2004 la realización del operativo militar Sol de Oriente III, llevado a cabo desde junio por cerca de tres mil soldados pertenecientes a la V y XIV brigadas del Ejército Nacional. Un fuerte accionar militar, seguido de fumigaciones han tenido lugar en esta zona. ¿Cuál es la situación actual del valle del río Cimitarra? ¿En qué condiciones se encuentra esta comunidad?

En la zona central de la región del valle del río Cimitarra se encuentra Puerto Matilde, una aldea comunitaria al borde del río Cimitarra que nace como un proyecto integral de granjas comunitarias como mecanismo para la sustitución de los cultivos de coca, que incluye: un plan de vivienda (en ejecución), un proyecto de acueducto comunal (ejecutado), un proyecto de seguridad alimentaria y diversos proyectos productivos para la comunidad. Este proyecto es fruto de los éxodos campesinos en el Magdalena Medio en 1996 y 1998, que pese al incumplimiento de la mayoría de compromisos pactados por el Gobierno Nacional, se sigue realizando con el esfuerzo de la comunidad campesina.

En general, las condiciones de vida de los pobladores de la región son deficientes. Los niveles de pobreza son elevados, masificados y se caracterizan por recrudecerse a causa del desempleo y las paupérrimas condiciones de salud y educación. En la mayoría de sitios las casas son hechas de bahareque y palobravo, con barro y palma o zinc, en algunos casos, y los servicios públicos se limitan a energía eléctrica, la mayoría de veces proveniente de plantas de energía cuyo mantenimiento depende de la comunidad. Los acueductos son comunales e improvisados y el alcantarillado casi inexistente. En la mayoría de hogares se cocina con leña. La población ha aprendido a ser autogestionaria y a colocar su mano de obra como aporte para el financiamiento de proyectos que ellos mismos han liderado.

A Puerto Matilde arriba una comisión de dos enfermeros y dos veterinarios --enviados por la administración de Yondó--, que además tienen que cubrir las veredas El Jabonal y San Francisco. Ellos hacen una visita cada mes para atender a toda la población, que en su mayoría padece de paludismo, dado que por estar ubicada al margen del río, en una zona húmeda y con diferentes fuentes de agua (diversidad de caños y pozos, de donde se saca el agua "potable") se presta para ser nacimiento de mosquitos portadores de esta enfermedad.

Dora, llamada cariñosamente por los pobladores de Puerto Matilde Dorita, la enfermera que lleva más tiempo en esta labor (que ha padecido 12 veces de paludismo), entiende el sufrimiento de la población. Dorita afirma que hay sitios peores que otros: "La Poza es el puro nido de los mosquitos". El caso más significativo que conocimos fue el de una niña de cinco años a quien le ha dado paludismo en ocho oportunidades. La prueba de paludismo tomada por Dorita a la población arrojó el resultado de ocho casos positivos de 15 registrados. (Hubiera sido mayor si otros campesinos hubiesen arribado, pues no llegaron a causa de que están cercados por el operativo militar en ejecución). Esta enfermedad se relaciona también con los niveles de defensas que tenga el organismo, y en la pobreza en que vive la gente, eso no es ningún alivio. La situación se pone más grave, pues el medicamento para combatir la enfermedad no se consigue fácilmente (es restringido porque según las autoridades, puede llegar a las tropas guerrilleras). Hay que esperar por lo menos un mes a que Dorita vuelva, pues si los campesinos intentan conseguir el medicamento son señalados de auxiliadores de la guerrilla, ya que en el "monte" es donde más da esta enfermedad. La labor de Dorita se ve limitada ya que en este año no ha recibido sus sueldos de parte de la alcaldía de Yondó.

En la región sólo está cubierta la educación primaria. En Puerto Matilde había una escuela hecha por el municipio para cubrir todos los cursos, la cual constaba de un salón. La población gestionó un proyecto para hacer una nueva escuela. Ésta se construiría con la mano de obra de la comunidad y la financiación externa. (Ya está en funcionamiento). El profesor es pagado por el municipio, pero se ha presionado el cambio de éste en varias oportunidades, dado que la calidad, la capacidad y dedicación del educador que "mandan" es deficiente. Esta situación social, además de ir en contra de cualquier derecho, es el caldo de cultivo del clientelismo y las economías ilegales. Y en el caso particular de las zonas rurales, es la razón principal para que las guerrillas hayan encontrado allí su lugar de resistencia a la arremetida militar y paramilitar y tengan base social, ya que el Estado en muchas ocasiones se presenta como un enemigo para el campesino.

De la misma manera, la poca o nula educación de los pobladores hace que los administradores o bien sean poco cualificados (con baja capacidad de gestión y administración y en general con deficiente experiencia) o sean forasteros que no conocen la población ni sus problemáticas.

Otra característica de esta población es su recurrencia a solucionar las cosas por vías de hecho (movilizaciones, tomas, etcétera), acostumbrados a la nula presencia estatal en materias como la administración de justicia (aunque ahora los paramilitares pretendan establecer un forma de administrarla). Dada la arremetida paramilitar, el discurso de las organizaciones sociales ha cambiado un poco. Al discurso de la dignidad y el derecho a mejores condiciones, se le agrega el discurso del derecho a la vida. Es recurrente escuchar la referencia a los derechos humanos integrales, donde la vida ocupa el primer puesto.

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son el modo de organización que la gente utiliza mayoritariamente. La legitimidad y el compromiso son mayores en el campo, ya que los miembros de las JAC son los encargados de solucionar los problemas físicos, emocionales, materiales, etc. de los que viven en la zona. En cambio, en los centros urbanos, estas juntas se caracterizan por figurar al lado de los administradores públicos, por hacer parte de la burocracia y por contribuir al clientelismo. Las cooperativas son la manera de asociación de los campesinos y la forma de sobrevivir con una menospreciada economía campesina. Sin embargo, éstas han sido perseguidas por militares y paramilitares por considerarlas apoyo para la insurgencia. La historia de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra es la historia de la conformación, quema, reconstrucción, saqueo… de cooperativas campesinas.

Ahora la fórmula que está implementando la ACVC es la consolidación de la Zona de Reserva Campesina, para lograr un margen de autonomía frente a las decisiones estatales (por ejemplo de fumigaciones y uso de la tierra). Sin embargo, en varias ocasiones este proceso ha sido señalado en discursos presidenciales como mecanismo de ayuda para la insurgencia y declarado como ilegal. Los campesinos ven con preocupación las anteriores afirmaciones: "...pero si nosotros hicimos una audiencia pública y se aprobó. Se invitaron los alcaldes de la zona, pero no vinieron, y ahora dizque eso no es legal...".

La precaria presencia del Estado ha contribuido a que la calidad de vida de los pobladores sea mínima. El desempleo (y sus consecuencias) es el común denominador de la región, que ha llevado a legitimar las economías ilícitas, las cuales son para los pobladores economías de supervivencia, frente a las que se pierden los "escrúpulos". El narcotráfico y el cartel de la gasolina son las mayores manifestaciones de estas economías en la región.

La relación entre la guerrilla y el narcotráfico es igual que en las demás regiones del país. Ésta se apodera de excedentes económicos que recauda, básicamente con el gramaje o impuesto sobre la venta de la base o pasta de coca a intermediarios que llegan a la región. También se relaciona con la población campesina que cultiva la coca, a la cual le exige que acompañe estos cultivos con los de pancoger. Y en general, establece una regulación que se orienta al mantenimiento económico de la población campesina que se relaciona con ellos y a la restricción de esta producción en relación con su nexo con el paramilitarismo, el cual tiene el control de los insumos para el procesamiento de la coca (este proceso se relaciona además con su trabajo en el cartel de la gasolina) y, en general, del resto de la cadena productiva del narcotráfico (que es donde está la principal ganancia), ya que la cristalización de la coca se hace en los cascos urbanos, donde ellos tienen presencia. Además, dentro de las regulaciones internas de los campesinos está solamente el "derecho" a cultivar pocas hectáreas.

Una de las problemáticas generadas por los cultivos de coca ha sido la ejecución de las políticas de erradicación realizadas con base en las fumigaciones con glifosato. En el 2003 se llevó a cabo una fumigación en una zona del sur de Bolívar, la cual produjo que en Puerto Matilde, relativamente lejos de allí, las gallinas se murieran por el aire contaminado. Uno de los temores por la amenaza de la ejecución de fumigaciones es el de la contaminación de los nacimientos de agua de los cuales la comunidad se nutre, pues esto acarrearía la llegada de enfermedades e infecciones producidas por los químicos que traen los aviones que llegan a la región.

En el Magdalena Medio, como en muchas regiones de Colombia, la presencia estatal es precaria. En las ocasiones en que no hay una ausencia total del Estado, su presencia se limita a su faceta policiva (de represión), empresarial (de extracción económica) y de recaudación. Es por eso que al Estado se lo relaciona con las Fuerzas Militares, y en menor medida con Ecopetrol.

La institucionalidad tiene algún grado de funcionamiento en los cascos urbanos de los municipios, aunque las alcaldías y concejos como los de San Pablo (Bolívar) y Yondó (Antioquia) tienen poco margen de movilidad para efectuar sus políticas autónomamente, pues están presionados por las organizaciones armadas (básicamente paramilitares). Sumado a esto, hay poca voluntad política para ejercer la administración local integralmente. Los gobernantes en general no han buscado rodearse de la población para poder hacer efectivo un plan de desarrollo conjunto, sino que finalmente terminan siendo absorbidos por la lógica militar.

Hay una presencia de lo civil muy débil, muy espuria en algunos de los casos, sobre todo en municipios del sur del Bolívar y municipios aledaños a Barrancabermeja, con figuras decorativas de los concejales y de las organizaciones de control del Estado. Cada vez hay más una declinación de ese poder civil y de organismos de control. Salvo el papel que juega la Defensoría del Pueblo, el resto tienen un papel muy pálido. La única relación que tiene la administración pública local con la población son las prácticas clientelistas, volviendo el clientelismo una forma de vida. Sin embargo, en los últimos años, la imposibilidad de las alcaldías para "pagar" los favores y los servicios en general, ha hecho que la desconfianza ante las administraciones locales aumente. La actividad política legal es limitada y restringida en las zonas rurales. Los movimientos políticos existentes se relacionan con clientelas y grupos de personas determinadas, a manera de "rosca" que puede permitir "palancas" o beneficios para intereses privados.

Las administraciones locales también han perdido legitimidad en la población, ya que son cada vez más evidentes sus nexos con los paramilitares, negándole la oportunidad a la población de concursar en alguna vacante o en algún contrato, pues los puestos ya están comprados. Además no hay dónde denunciar, pues en la mayoría de los casos se evidencia la misma relación con la Personería, la Contraloría, los concejos municipales... El caso de San Pablo es conocido, pues sólo las vías de hecho fueron efectivas. La relación de las autoridades locales con el Estado central es escasa, y la coordinación casi inexistente. En el caso de los municipios que reciben regalías, se piensa que la presencia de Ecopetrol suple esta relación. Entonces el nivel de gestión, coordinación y, en general, administración, es poco. Para otros corregimientos, donde incluso las autoridades locales tienen una escasa presencia, el Estado central es ajeno.

En el campo, se le teme a los operativos militares. En Puerto Matilde, por ejemplo, en meses pasados se realizó un operativo militar donde las Fuerzas Militares llegaron al caserío en persecución de la guerrilla. Los campesinos se meten en sus casas debajo de sus camas y un soldado le dispara a una casa, hecho por el cual es regañado por un superior: "A la gente no le dispare", al cual éste le responde: "¿Entonces a quién más?". Sin embargo, a los paramilitares se les teme más, pues la gente sabe que llegan directamente a matar pobladores, a saquear casas, a violar mujeres... ya que están libres de las limitaciones legales y constitucionales.

Otra práctica de los paramilitares que es muy común en la zona y que al parecer cuenta con la complicidad de las Fuerzas Militares es el bloqueo. Éste consiste principalmente en restringir la entrada de mercado y víveres en general de los campesinos, con la finalidad de cercarle los recursos a la guerrilla. En la mayoría de veces los campesinos son obligados a llevar una lista para ser sellada por los paramilitares, autorizando a que se despache lo que ellos consideran necesario. En ocasiones el mercado se restringe a la mitad. Lo mismo pasa con la gasolina, el cemento (para los planes de vivienda que los campesinos lideran se han tenido que hacer grandes esfuerzos para realizar un acompañamiento de varias organizaciones para los materiales, ya que los paramilitares los decomisan). También hay bloqueo de personas, medicamentos, etc. En nuestra visita a la región pudimos encontrar un completo cerco sobre las zonas de presencia guerrillera, el cual perjudica fundamentalmente a la población, pues la guerrilla no se ve afectada, ya que "si les cierran por acá, ellos encontrarán otra parte para entrar lo que necesitan", porque cuentan con una infraestructura militar que se los permite.

El bloqueo es complementado con operativos militares de diverso carácter ("legal", "combinado", o "paraco"). En el operativo militar Sol de Oriente III, los comentarios de las implicaciones de éste se sustentan en su carácter: "es un operativo legal", por lo cual se considera que no se va a recurrir al paramilitarismo, y que los "paras" van a ser recogidos de la zona. En el transcurso del viaje de Barrancabermeja a la región del río Cimitarra, pasamos por tres sitios donde se nos informó que funcionan habitualmente "retenes paras". La explicación fue que "están recogidos por el operativo". Sin embargo, se reflexiona en torno a experiencias anteriores, donde los militares avanzaban conjuntamente con tropas paramilitares. O en otros casos, los militares recurrían al brazalete. "Venían soldados, pero cargaban el brazalete negro..." en referencia a la identificación como miembros de las AUC.

En reiteradas ocasiones se mencionaba que los paramilitares no tenían la capacidad militar para entrar a la zona solos. Por eso recurrían al "acompañamiento" de las Fuerzas Militares (Armada o Ejército) para poder entrar. Se nos comentó la experiencia de la implantación de los paramilitares en un sitio de la región del río Cimitarra. Éstos hablaban de forma intimidatoria de su llegada triunfal a la zona y de su plan para desplegarse de ahí a otros lugares. Sin embargo, la guerrilla a los pocos días los atacó, y los "sacó corriendo a punta de cilindro". El sitio es conocido hoy en día como Cerrocilindro.

En la región donde hay presencia de las dos fuerzas guerrilleras, las FARC-EP y el ELN, y se han establecido acuerdos entre éstas organizaciones. Como producto de la ofensiva paramilitar y de los operativos como la Operación Bolívar en el año 2001, se ha constituido una alianza que ha permitido la conformación de un bloque mixto en la Serranía de San Lucas, compuesto por el 24 frente de las FARC y las unidades del Área Darío Ramírez Castro del ELN. Las dos guerrillas han actuado juntas como en los conocidos casos de los ataques a las bases paramilitares del Bloque Central Bolívar, en la zona del sur de Bolívar, como en Pozo Azul en diciembre de 2003, donde según los insurgentes se dió de baja un centenar de paramilitares. (La cifra oficial habla de entre 30 y 40 combatientes muertos).

La estructuración particular del conflicto armado en el Magdalena Medio ha generado una configuración espacial que determina ciertos factores a nivel social, que se pueden evidenciar en las referencias a determinados territorios y sus implicaciones. Anteriormente, se hablaba de dos Barrancas: la Barranca de la refinería y los barrios centrales, y la Barranca "del puente para allá", es decir, la periferia, las comunas o barrios populares, donde tenían asiento las milicias de las FARC-EP y el ELN. Posteriormente se trató de "incluir" a estos sectores en el funcionamiento del status quo, luego de la entrada del paramilitarismo. Los cascos urbanos son relacionados con la institucionalidad, que es complementada con la presencia paramilitar, mientras que la mayoría de zonas rurales son relacionadas con la guerrilla.

La relación que establece el paramilitarismo con el territorio es de ocupación. Su base social es construida sobre una legitimidad puramente económica, más específicamente de subsistencia. Este proceso se debe, entre otras cosas, a que los paramilitares no ven una amenaza real a su seguridad en los cascos urbanos y a que el discurso paramilitar de la seguridad es para amplios sectores empresariales o ganaderos o gente pudiente, que en esta región es escasa.

La guerrilla tiene una relación telúrica con el territorio donde se sitúa. Su planteamiento es rodearse de ella, en una relación de complicidad. En las zonas rurales, cuando se presentan abusos por parte de las guerrillas, éstas son llamadas a explicar sus actuaciones y a buscar posibles acuerdos con las juntas. De igual manera la guerrilla informa sobre posibles ataques que hagan las Fuerzas Militares, sobre cómo pueden protegerse y defenderse. Además su nivel de politización es mayor.

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), a partir de la organización y la movilización, ha propuesto la construcción de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) para solucionar el problema de la tenencia de la tierra, generar procesos de desarrollo regional, y mejorar así la situación actual de sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos. Desafortunadamente, Uribe Vélez decidió suspender jurídicamente la implementación de la ZRC atendiendo a las presiones de sectores ganaderos y latifundistas del Magdalena Medio, dejando en la incertidumbre una propuesta que aliviaría los altos niveles de conflicto en la región. Sin embargo, a pesar de la difícil situación en la que se encuentran, los campesinos mantienen una actitud de perseverancia frente a las adversidades, y continúan unidos y organizados en torno a la ACVC, que continúa al frente de la demanda del cumplimiento de los derechos humanos de los pobladores de esta región. Con mucha esperanza, los campesinos de Puerto Matilde y todo el valle del río Cimitarra siguen anhelando una sociedad mejor.