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El derecho a la verdad corre el riesgo de desaparecer Aportes de los medios alternativos de comunicación al relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 28 de abril de 2005
Si esta es la manera que se expresa un vicepresidente de la República sobre los medios de comunicación masivos, que de una u otra manera se ha demostrado están al servicio del Estado, imagínese la forma en que se refiere el mismo gobierno sobre quienes pertenecen a algún medio alternativo de comunicación. En una nación sumida desde hace más de cuatro décadas en un conflicto social y político de expresión armada, es evidente que la peor parte de esa política de satanización de los medios corre por cuenta del eslabón más débil de la cadena: los medios alternativos o independientes, no comerciales, étnicos o comunitarios. El panorama no puede ser más desalentador. En vísperas de la aprobación en el Congreso de la República del proyecto de "justicia y paz", producto de la negociación que adelanta el Gobierno Nacional y los paramilitares, el derecho a la verdad corre el riesgo de desaparecer ante medios y periodistas amordazados y constreñidos en su capacidad de informar, favoreciendo el clima de impunidad y limitando el derecho de estar informados. Algunos elementos de contexto 1. La ausencia de una política pública de comunicación que reconozca en los sectores sociales populares, étnicos, organizaciones no gubernamentales y demás expresiones de la sociedad civil, sujetos capaces de emitir e intercambiar información, con el derecho a trascender los espacios locales y acceder a la comunicación global de sus intereses y representaciones culturales. Dicha politica debe promover estrategias de acceso, posicionamiento y desarrollo de experiencias de comunicación e información desde una perspectiva de discriminación positiva para la reivindicación de lo público (lo de todos), que les permita competir por las preferencias del público en igualdad de condiciones con los grandes medios comerciales y de vocación privada. 2. Las dificultades para acceder a los recursos de la cooperación a nivel gubernamental o de cooperación internacional. De un lado, por las políticas de cooperación del actual gobierno, pero de otro, por las prioridades de la cooperación internacional que dedica escasos recursos al desarrollo del derecho a la comunicación, a la información y la libre expresión. Dichos derechos han sido erroneamente entendidos más ligados al campo de los derechos individuales y no al campo de los derechos colectivos de los pueblos o conglomerados sociales en situación de desventaja en los regímenes democráticos. 3. Espacios restringidos de participación para el intercambio y construcción de redes sociales de información y comunicación. 4. Escasez de investigaciones de impacto y pertinencia de los medios independientes que permitan replicar experiencias. 5. La subvaloración social y el desconocimiento institucional de los medios independientes, pequeños, locales o comunitarios, y su aporte a la construcción de la democracia. 6. La discriminacion salarial de los comunicadores con respecto de otras profesiones, y más aun de los comunicadores comunitarios, así como las dificultades para acceder a la protección y seguridad social del Estado. 7. Existe una tendencia deliberada y evidente en la legislación colombiana de medios para favorecer los intereses económicos de los grandes monopolios de la información y el entretenimiento, y mantener a los medios comunitarios o independientes en una situación de subdesarrollo con respecto de sus posibilidades de acceso al espacio electromagnético, a áreas de cobertura de sus medios y posibilidades de autosostenimiento. 8. Los grupos paramilitares vienen dándole singular importancia a la intimidacion de los medios y periodistas alternativos, pues los medios comerciales son regulados por otras vías, incluida la autocensura. Los medios se abstienen (por directrices de sus directores, propietarios, o de otras fuerzas de poder) de registrar la realidad que viven y sufren las comunidades, una realidad sólo registrada por los medios que transitan por circuitos alternativos, con todos los riesgos y consecuencias que ello significa. 9. Hace poco el diario El Tiempo dio cuenta de la manera como el paramilitarismo, a través de empresas fantasmas y de testaferros, se ha venido haciendo al control de las televisoras locales o por parabólicas, hasta el extremo de trabajar por incidir en la composición de la Comisión Nacional de Televisión. 10. Muchos de los comunicadores alternativos víctimas de la intolerancia ni siquiera alcanzan a ser reseñados por los grandes medios cuando caen en desgracia, debido a que no son reconocidos como tales. Su rol de comunicadores alternativos no se encuentra inscrito en los pomposos manuales de estilo que se ofertan en las librerías, tampoco en el vademécum de los funcionarios del Estado. 11. Caso Inravisión: El derecho consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión, difusión de pensamiento y opinión, de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, teniendo en el Instituo Nacional de Radio y Televisión (Inravisión), tal vez una sus más importantes expresiones como Estado social de derecho. Sin embargo, el 28 de octubre de 2004 fue clausurado luego de varias décadas de registro histórico y trabajo en bien de la patria mediante un decreto gubernamental bajo argumentos fiscales y presupuestales. Si bien Inravisión no era un medio como tal, contribuyó a generar importantes y significativos espacios de y para la comunidad, incentivando el pensamiento independiente y crítico gracias a la emisión de una docena de programas ya institucionalizados o espacios abiertos a todas las corrientes del pensamiento, tanto en radio como en televisión. 12. En provincias y regiones se cuentan por decenas los espacios de las organizaciones sociales que han sido cerrados expresamente por separarse de la filosofía de la actual administración, tanto de manera taxativa como velada. Es decir, por asfixia económica, pese a que constitucionalmente todos los medios tienen los mismos derechos de acceder a la pauta publicitaria de las entidades públicas o comerciales del Estado. Algunos hechos ilustrativos de la violación a la libertad de prensa - El 7 de abril de 2003 fue asesinado en el municipio de Barrancabermeja (Santander) José Emeterio Rivas, director del programa radial Las Fuerzas Vivas, de la emisora comunitaria Calor Estéreo, quien tenía medidas cautelares de protección por las amenazas recibidas. El único implicado en el hecho fue Julio César Ardila, alcalde de Barrarncabermeja, quien luego fue absuelto. - Pablo Emilio Parra y Carlos Restrepo, en los municipios de Planadas y Ataco, departamento del Tolima, hacen parte de la larga lista de comunicadores comunitarios y alternativos que han sido asesinados por su labor periodística e informativa. - La red de radios comunitarias e indígenas es objeto de persecución y hostigamiento por parte de los grupos armados en zonas conflicto armado. - Luis Alberto Castaño, director del informativo periodístico de la Emisora Comunitaria Café 93.5 Estéreo, del municipio de Líbano, denunció que el 26 de agosto de 2004 logró salvar su vida de un atentado por parte de grupos paramilitares, por dar cuenta de una serie de asesinatos selectivos en su municipalidad. - Gilberto Martínez Prado, periodista presidente de la asociación gremial Anpress y director del noticiero de Colmundo Radio, hace dos días (abril 26), recibió amenazas, al parecer por denunciar malos manejos financieros que comprometen a la clase política de la región. - El periódico virtual Actualidad Étnica, órgano nacional dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos de los grupos étnicos y a la documentación de las violaciones e infracciones a sus derechos y al DIH, con casi cuatro años de circulación, ha recibido tres amenazas por correo electrónico, sin procedencia determinada. - El Semanario Voz, medio de comunicación del Partido Comunista Colombiano, en los últimos tres años ha visto restringida su circulación en vastas zonas del territorio nacional por presión de grupos paramilitares y algunas entidades estatales y militares. En los deparatamentos de Caquetá, Putumayo, Meta, Huila, Córdoba, Bolívar, entre otros, su circulación es prácticamente nula. En Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, actualmente bajo el dominio de grupos paramilitares, las personas que portan el semanario son inmediatamente estigmatizadas y amenazadas. Su director, Carlos Lozano Guillén, ha sufrido seguimientos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, inclusive fuera del país. Lo mismo ha sucedido con varios de los periodistas de este medio. En este sentido, los medios alternativos de comunicación consideramos importante propender en el país por: 1. El diseño concertado de una política pública de promoción de la participación social para la comunicación y información, que destine un porcentaje del PIB para el desarrollo de sus estrategias y programas. 2. Una iniciativa legislativa que elimine todas las cortapisas al desarrollo de los medios de vocación social locales, comunitarios, étnicos, y las restricciones a las emisoras y televisiones comunitarias e indígenas. 3. Que se solicite a los organismos estatales y de cooperación internacional una revisión de sus políticas de subvenciones, donaciones o apoyos. 4. La promoción de espacios de debate para la construcción de redes sociales de información y comunicación. 5. La documentación de las violaciones a este derecho pero también de experiencias positivas que estimulen el desarrollo de nuevas experiencias y promuevan la comunicación como un campo importante del quehacer y del desarrollo social. 6. Que se habiliten mecanismos de apoyo nacional e internacional para la creación de una agrupación de medios independientes que convoque y coordine las estrategias de desarrollo para este campo y haga seguimiento a las infracciones de los derechos de expresión e información en el país, en medio del conflicto. 7. Implementar mecanismos de defensa de los derechos del ciudadano contra los abusos de los monopolios de la información y la comunicación. 8. Capacitar y formar a los periodistas de las organizaciones sociales y medios independientes en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Solitudes al Sr. Relator 1. Que se nombre una misión de investigacion sobre la libertad de expresión y garantías para el ejercicio de la profesión en los medios alternativos y organizaciones sociales en Colombia, que enfatice su estudio en zonas de conflicto armado. 2. Que se prepare regularmente un informe especial sobre Colombia. 3. Que la Comision Interamericana de Derechos Humanos nombre una mision de acompañamiento permanente en Colombia. 4. Instar al gobierno colombiano para que cumpla las recomendaciones de la alta comisionada para los Derechos Humanos y del relator especial, sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Cordialmente, Acotv |
Si
bien el mismo presidente de la República, Álvaro Uribe, ha reafirmado
su compromiso por defender la libertad de prensa en Colombia, y su decisión
de no censurar ni coartar la libertad de expresión de ningún periodista
ni de ningún colombiano, como parte de su política de gobierno, la realidad
es otra. Su mismo vicepresidente, Francisco Santos, el 23 de febrero,
durante la instalación del II Congreso Mundial de Víctimas del Terrorismo,
dijo que los medios de comunicación