Javier Giraldo recorre la Colombia más sufrida para defender los derechos de los más oprimidos

por Sonia Edith Parra
5 de julio de 2004

Sus declaraciones siempre suscitan polémica en el Estado colombiano, que se siente cuestionado y «difamado» cuando Javier Giraldo, jesuita defensor de los Derechos Humanos y de las víctimas de la violencia en Colombia, habla. Este hombre de firmes convicciones llama las cosas por su nombre, lo cual le ha valido múltiples controversias, acusaciones y hasta amenazas de muerte que le obligaron a exiliarse en 1998. Merecedor del III Premio Juan María Bandrés por su ayuda a las poblaciones vulnerables, estuvo en España y habló con Focus 2004.

FOCUS2004: ¿Qué significa para usted y para su trabajo este premio?

Javier Giraldo: Cuando me mandaron la noticia de que había ganado el premio, respondí una carta muy dura rechazando el premio porque ya me he visto en otras circunstancias parecidas y mi sensación es que están reconociendo méritos construidos sobre el dolor y la tragedia de la gente. Y eso es repugnante. Es un logro que me quema las manos. Hacer méritos a partir del dolor ajeno. La Fundación de Defensa del Derecho de Asilo y la Solidaridad con los Refugiados CEAR me respondió que su objetivo era abrir un pequeño espacio para que se conociera lo que está ocurriendo, para que ese dolor no quedara sepultado en el silencio, y, bajo estas condiciones, acepté el premio. Al recibirlo lo hice en nombre de mucha gente, pero no de forma abstracta, sino en nombre de las comunidades de San José de Apartadó, Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó, Dabeiba, y la Red de Comunidades en Resistencia –esta última creada recientemente en San José de Apartadó–, que son las comunidades que he acompañado durante los últimos años.

F2004: El premio ha sido otorgado por su trabajo con los desplazados en Colombia. ¿Cómo ve la situación de estas personas?

J.G.: Muy complicada, dolorosamente complicada. El fenómeno de los desplazados es uno de los más impresionantes de la última década porque, aunque viene de más atrás, ha aumentado muchísimo a partir del año 1995. Hay muchos más desplazados que los tres millones registrados porque mi experiencia personal me ha mostrado que uno de los grandes temores que tiene el desplazado es identificarse como tal, porque cuando lo hace cree que la persecución va a continuar. Y el culpable de esta situación es la guerra interna que sufrimos en Colombia desde hace muchos años y que tiene sus raíces en la injusticia social. A pesar de que hay en marcha varios procesos de paz, no hemos conseguido llegar al fondo del problema, pues cuando se habla de injusticia social las conversaciones fracasan porque hay en juego intereses muy grandes.

El compromiso de este sacerdote jesuita, licenciado en Sociología, se remonta a la década de los 70 cuando participó en la orientación de procesos organizativos de los sectores populares. En los años 80 dirigió la Oficina de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Fue secretario ejecutivo de Justicia y Paz entre 1989 y 1999, cuando tuvo que salir temporalmente al exilio por amenazas de muerte.

F2004: Usted es muy escéptico con las cifras del gobierno colombiano, ¿por qué?

J.G.: ¿Por qué? Le voy a dar varios ejemplos del mundo informativo tan ficticio que está montando este gobierno. Cuando hablo de más de 3 millones de desplazados me baso en Codhes, quien, al fin y al cabo, es el único que ha hecho un trabajo en este sentido, el cual, aunque sea mínimo con respecto a la magnitud del problema, es muy importante porque no existen otros parámetros comparables. El gobierno nunca ha llegado a censar más de 500.000 desplazados, a lo sumo un millón y medio, pero eso es ridículo cuando usted ve el drama humano y cuando cuenta en volantas y los números no cuadran. Y todo es así. En el último informe de la ONU sobre violencia en Colombia, el balance que presentó el gobierno y que viene como anexo al informe de Naciones Unidas presenta cifras relativas a la extinción prácticamente total de la guerrilla y los paramilitares. En primer lugar, no entiendo cómo la ONU se atreve a publicar estos datos tan poco fiables y, en segundo, pregunto: ¿acaso se acabó la guerra en Colombia? Porque las cifras entre detenidos, entregados y muertos habla de 15.000 y 17.000 paramilitares y guerrilleros respectivamente.

Ahora otros casos: el año pasado, cuando la ministra de Defensa entregaba su cartera, comentó que durante el período del gobierno de Uribe –un año y unos meses– se había capturado a 125.000 personas, y esa misma semana el director de INPEC, que administra las cárceles, habló de 65.000 presos en Colombia. Entonces uno se pregunta dónde están los demás. ¿Los desaparecieron? ¿Los soltaron cinco minutos después de detenerlos o qué pasa con esas personas? Por eso sigo sosteniendo que el gobierno, aparte de todo el aparato militar y de guerra que nos impone –con el auspicio y beneplácito diario de los medios de comunicación colombianos–, está creando una realidad informativa falsa en el ámbito nacional e internacional.

F2004: ¿Cuál es su balance de Derechos Humanos en Colombia?

J.G.: Bien, la situación cada día es peor. Las masacres, asesinatos y desapariciones van en aumento. La estrategia de Uribe está fundamentada en sus simpatías hacia el paramilitarismo, tema que es largo de explicar, pero que conozco muy bien a través de procesos como el del general del ejército Rito Alejo del Río, o contra empresarios, ganaderos, etc. que muestran claramente cómo en las fincas de la familia de Uribe Vélez había estructuras paramilitares permanentes de gente que salían a matar todas las noches. Sin embargo, los fiscales leen eso y no siguen ninguna investigación penal al respecto.

El principio rector del paramilitarismo lo puso en marcha y a gran escala cuando fue gobernador de Antioquia, cuando borró las fronteras entre lo militar y lo civil, y empezó a reunir civiles para causas y tareas militares como las famosas Convivir. La exalcaldesa de Urabá, Gloria Cuartas, lo explica claramente: «todo lo que vivimos en Urabá cuando él fue gobernador, es lo que ahora vive todo el país. Urabá fue el laboratorio del paramilitarismo en Colombia». Por eso no es de extrañar que sus iniciativas –como los soldados campesinos, la red de informantes, la reestructuración de las empresas de seguridad privada, que por una ley del año pasado fueron puestas al servicio de la fuerza pública– son parte de una estrategia que incluye, claro está, el proceso de «desmovilización» de los paramilitares para irlos insertando en estos espacios legalizados.

F2004: ¿Qué opinión le merece la desmovilización de los paramilitares?

J.G.: Lo primero que me pregunto es cómo uno puede negociar con gente del mismo bando, pues, de hecho, los paramilitares los creó el propio Estado y, además, éstos siempre han dicho que apoyan al gobierno de Uribe. En sus propios estatutos está prohibido enfrentarse con las fuerzas armadas. ¿Cómo se dialoga y se negocia entre amigos? Quizá por eso mismo todo el proceso está encaminado, por donde usted lo mire, a garantizar su impunidad y la de todos los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Así, por ejemplo, en la nueva ley de alternatividad penal se establece una comisión de la verdad integrada por tres magistrados, que a su vez son designados por la Corte Suprema de Justicia a partir de la terna que le pasa el presidente de la República. ¿Qué independencia o imparcialidad hay allí? Ahora los cinco a diez años mínimos de privación de libertad no necesariamente se pasan en una cárcel, sino en colonias agrícolas que, ya lo veremos, estarán ubicadas en las zonas que ellos mismos controlan y que expropiaron a miles de campesinos. La justicia es una vergüenza en Colombia.

F2004: Usted ha sido impulsor de muchas iniciativas sociales en Colombia. Cuéntenos en qué consiste la Red recién creada.

J.G.: La Red de Comunidades en Resistencia fue conformada por varias comunidades, entre ellas los indígenas U’wa, indígenas del norte del Cauca, Tumaco, Proceso de Comunidades Negras, Asociación de Campesinos de Arauca, Asociación Campesina del Valle de del Río Cimitarra y San José de Apartadó, y las comunidades del sur de Bolívar y oriente antioqueño. Esta red nació en medio de la reunión para evaluar las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en Colombia no sirven para nada. Nos reunimos todas las comunidades que habían adoptado estas medidas y evaluamos por qué no sirven y qué podíamos hacer frente a esto.

La gran sorpresa fue que en la reunión todos hablaban de reunirnos, formar una red o algo por el estilo para defendernos mutuamente entre todos. En esos tres días de reunión se fue creando la red. Uno de los aspectos de mayor discusión y controversia fue la ruptura con la justicia, que fue ampliamente debatida, porque veíamos que casi todos los líderes de las comunidades reunidas tienen orden de captura o están bajo sospecha. Sólo había dos opciones: o someterse a la «justicia» y aceptar los arrestos, indagatorias, abogados de oficio, etc., o rebelarse totalmente a aceptar esta clase de justicia y negarse a las indagatorias, los abogados de oficio, los arrestos, etc. Las comunidades optaron por este último planteamiento porque todos conocemos y tenemos amplia experiencia en el curso que sigue la «justicia» en Colombia; por eso no tiene sentido aceptarla. Así nace la red RECORRE.

F2004: ¿Y cuáles son los planes de la Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia RECORRE?

J.G.: Declararnos en resistencia frente al conflicto armado que incluye al propio Estado y sus acciones contra miembros de organizaciones sociales. También surgió la idea de un proyecto: crear una universidad para las comunidades en resistencia. Una universidad que sea completamente diferente a la que conocemos. Está situada al aire libre, y no hay profesores ni alumnos sino un intercambio de conocimientos y enriquecimiento mutuo. Una universidad que no tiene trámites ni documentación. Aquí el único requisito es que la persona quiera avanzar en la solución a sus necesidades básicas. Esta universidad no otorga diplomas. El único título es que se lleven a cabo los proyectos que cada uno de ellos o de sus comunidades propongan. Esto es la mejor garantía de que realmente sirve para algo y no un papel o un diploma firmado. Una de las facultades es la agroalimentaria, que ayudará a desbloquear los cercos de hambre que se imponen a las comunidades. A la comunidad de Apartadó, por ejemplo, en noviembre del año pasado le mataron 5 chóferes –que eran quienes les subían la comida desde Apartadó–, pues el objetivo era matarlos de hambre ya que no han podido liquidarlos a todos por medio de las armas.

La universidad será itinerante. Un primer curso que se realizará en julio y agosto próximo será en Arena Santa, en San José de Apartadó; el segundo curso se presentará en una finquita en Timbio Cauca, que el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) le acaba de conceder a los indígenas del río Nayá después de la gran masacre de la que fueron víctimas. Ellos ya tienen un proyecto de cómo convertirla en un laboratorio de soberanía alimentaria. La idea es que en cada curso participe un delegado de las 10 comunidades para que así todos y todas aprovechen los conocimientos mutuos.

Ahora se están sumando más comunidades. Por ejemplo, unos campesinos que han salido de la cárcel recientemente y que pertenecían a las reservas campesinas aprobadas en la última reforma agraria: fueron a parar a la cárcel acusados de ser guerrilleros por haber montado un proyecto comunitario. Los indígenas kankuamos, que están siendo masacrados, también han manifestado su interés por pertenecer a la red. No pretendemos grandes proyectos de financiación, sino ir construyendo –lo que siempre decimos– otro mundo posible desde las pequeñas cosas, o incluso desde la nada.