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Comunidades en resistencia en Colombia Comunidades se organizan para resistir violencia y sobrevivir económicamente. por
John Ludwick Javier Sánchez dice que está vivo de milagro. El 8 de julio del 2000, cuando volvía de trabajar en el campo, 15 paramilitares fuertemente armados y encapuchados ingresaron en La Unión, estratégica aldea de 500 personas en la región noroccidental del Urabá, fronteriza con Panamá. Recuerda que vio un pequeño helicóptero del Ejército dando vueltas por encima del poblado antes de escuchar el fuego de fusiles automáticos. Regresando a toda prisa, Sánchez, de 32 años, encontró los restos de seis hombres, todos líderes de la comunidad, tendidos en la plaza central de la localidad. "Fue un milagro porque si yo hubiera estado, seguro que también me habrían fusilado", dijo Sánchez. Los líderes locales -Sánchez es uno de ellos- son el blanco frecuente de ataques militares o paramilitares. Muchas de tales aldeas salpican el mapa de la historia colombiana contemporánea : poblados acosados por la violencia política y el temor. Lo que distingue esta masacre es que La Unión forma parte de la Comunidad de Paz San José Apartadó, una de las decenas en todo el país que han elegido organizarse y resistir a las fuerzas oscuras de la guerra civil que ya lleva décadas. Varias de estas comunidades se congregaron recientemente en San José Apartadó para compartir experiencias, mostrar solidaridad y desarrollar estrategias que esperan los ayudarán a enfrentar la violencia política. Después que la localidad fuera devastada por ataques en 1997, sus habitantes organizaron y reunieron apoyo internacional para que se les concediera estatus especial como comunidad de paz. Hay numerosas formas de resistencia no violenta organizada en Colombia, dijo Diego Pérez, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, pero lo que las une es el deseo de seguir siendo partes neutrales en el conflicto y no tener contacto con ningún grupo armado, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado (NA, Ene. 24, 2000). Pérez dijo que parte de esta resistencia significa defender sus territorios contra intereses económicos porque "el conflicto no sólo tiene que ver con los actores armados que atacan a las comunidades sino el deseo de algunos de explotar los recursos naturales y la rica biodiversidad que se encuentran en sus tierras". La población indígena de Colombia ha tenido más éxito en mantenerse firme ante los grupos armados que los campesinos o los afrocolombianos, gracias en parte a su capacidad de organización, dijo Pérez. Sin embargo, los indígenas colombianos han pagado caro su oposición. El pueblo nasa de la cuenca alta del río Naya, en el suroccidental departamento de Cauca, es un ejemplo. El 11 de abril del 2001, un centenar de hombres armados identificados como paramilitares ingresaron a la remota zona y mataron y desaparecieron a unos 50 indígenas. Pese a este y otros sangrientos reveses, la comunidad nasa se las ha arreglado para obtener importantes logros, entre ellos su reconocimiento como jurisdicción especial indígena por la cual disfrutan de cierta autonomía política y controlan su propio sistema de justicia. El líder nasa José Enrique Güetio, sostiene que el fortalecimiento de los modos de vida tradicionales y el rechazo de muchas costumbres que pretendía imponerles el mundo exterior han sido cruciales para alcanzar estos logros. "Hemos realizado un proceso organizativo en el que hemos formado los resguardos [reservas], los cabildos, y estamos rescatando la educación propia, el lenguaje propio", dice. "Esto nos ha servido bien, más que las cosas de la cultura occidental". En cada caso, la resistencia ha implicado encontrar formas creativas y prácticas de enfrentar diferentes tácticas usadas para intimidar y en último término someter o desplazar a los habitantes locales. Además de amenazas, matanzas y asesinatos selectivos, una estrategia común empleada por todos los bandos son los bloqueos económicos dirigidos a causar el hambre en una población, impidiéndole vender sus productos en el mercado y con ello dejarla aislada y vulnerable. Para contrarrestar estas acciones, muchos grupos han priorizado "economías de resistencia", que incluyen asegurar la autosuficiencia alimentaria y establecer lazos comerciales con poblaciones vecinas. Las comunidades del Bajo Caguán, situadas en la ex zona desmilitarizada en el centro sur de Colombia, cedida a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1998 para empezar un proceso de paz han tenido que adoptar tales medidas para garantizar su supervivencia en la región. Desde febrero del 2002, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) anunció que el proceso de paz había fracasado y que el Ejército retomaría el control de la zona (NA, Mar. 11, 2002), paramilitares y oficiales del Ejército por igual han tildado a los habitantes de colaboradores de la guerrilla. El resultado han sido docenas de asesinatos, arrestos masivos arbitrarios y el desplazamiento forzado de más de 5,000 personas, impulsado en gran parte por el embargo económico impuesto por el Ejército y los paramilitares. Edilberto Chávez, de la zona de Peñas Coloradas en el Bajo Caguán, dice que las comunidades de su región han aprendido duras lecciones de sus vecinos y se han preparado para contrarrestar los bloqueos económicos. Además de promover cultivos alimenticios básicos como arroz y otros cereales, han priorizado la producción de derivados de la caña de azúcar y la elaboración comercial de mermeladas hechas con frutas regionales. "En el caso de un bloqueo no nos quedamos aislados, y no estamos obligados a aguantar hambre y abandonar nuestras tierras por hambre, porque esta es una de las estrategias que ellos usan", dijo Chávez. Cuatro comunidades campesinas rompen con el sistema judicial En un hecho sin precedentes, el 9 diciembre del 2003, en el marco del Dia Internacional de los Derechos Humanos, cuatro Comunidades campesinas colombianas decidieron de de dejar de reconocer la legitimidad del sistema judiciario colombiano, se declarando en total ruptura con la administración judiciaria, que la califican de "corrupta" y de "degradada". Elles se basan en el articulo 18 de la Constitución colombiana que afirma que "nadie puede ser obligado a actuar contra su consciencia ". Estas comunidades campesinas constituyeron en septiembre ultimo una red llamada "Comunidades en resistencia y ruptura" (RECORRE)en la cual adhieren : - San José de Apartadó Esta red tiende a desarrollar la solidaridad entre las comunidades, el intercambio de información sobre las violaciones de Derechos Humanos y sobre sus respectivas resistencias. |