El Consejo de Estado colombiano condenó a la nación a indemnizar a las víctimas del desplazamiento forzado de campesinos, ocurrido en 1996 en el norteño departamento de Cesar. De acuerdo con el dictamen difundido hoy, el 14 de febrero de ese año un grupo de 40 paramilitares obligaron a 280 familias a abandonar sus parcelas, tras darles un plazo de cinco días para desalojar el lugar, donde se habían trazado incluso varias veredas reconocidas por la Secretaría de Gobernación.

Los miembros de la banda armada ilegal destruyeron las viviendas y arrasaron con los cultivos de los jornaleros -asentados pacíficamente en varios lotes de la hacienda Bellacruz en 1989- y sembraron el terror entre ellos.

Tras analizar las pruebas testimoniales, el tribunal de lo contencioso administrativo, que avaluó el caso, juzgó responsables de lo acaecido a los ministerios del Interior y Defensa y al Ejército y la Policía Nacional, por las fallas en la protección de los campesinos que habitaban la zona.

Pese a existir una base militar muy cerca de la hacienda, los uniformados no adoptaron las medidas para prevenir o contrarrestar la ofensiva del grupo paramilitar aun cuando los campesinos denunciaron la situación, precisa el fallo.

"Según el oficio remitido al proceso, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional contaban con un número superior a 130 efectivos en esa región; de manera que, a pesar de tratarse de un hecho previsible, no se adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o contrarrestar la ofensiva" señala la sentencia, en uno de sus apartes.

Las acciones del grupo armado ilegal fueron conocidas por el Estado, subraya, pues el grupo paramilitar, además de haber hecho pública la amenaza de apoderarse de los predios, atentó contra la vida e integridad de los campesinos.

En todo momento, añade el dictamen, las familias desplazadas se mantuvieron "informando de los hechos a las autoridades civiles, militares y policiales que operaban en esas localidades -así como a los organismos e instituciones nacionales- y pidiéndoles protección efectiva para sus vidas y bienes".

La Corporación judicial hizo un fuerte llamado al Estado ante "la magnitud del ataque, el número de familias desplazadas, la gravedad de los delitos cometidos, y el número de integrantes de la organización delincuencial".

Todos estos elementos ameritaban medidas estatales serias que, de modo contundente y eficaz, hubieren impedido o confrontado la incursión paramilitar en la región, concluye el fallo.

Los detalles del fallo

El Consejo de Estado colombiano ratificó la condena contra la nación por no dotar de seguridad a 280 familias que en 1996 fueron obligadas a abandonar sus tierras bajo amenaza de muerte por parte de los paramilitares en el departamento del Cesar (noreste del país), informó hoy ese organismo.

El Estado deberá así pagar indemnizaciones por hasta 1,196 millones de pesos ($679,162) a las víctimas reclamantes, según la decisión de este organismo, que responsabilizó a los Ministerios de Interior y Defensa, así como al Ejército y a la Policía Nacional.

Según el Consejo de Estado, máximo tribunal de la justicia contencioso administrativa de Colombia, estas instituciones no cumplieron el deber de “protección, vigilancia y cuidado de los habitantes de una zona que se encontraba asediada por grupos paramilitares, lo que permitió que estos amenazaran a los demandantes y los obligaron a abandonar los predios que ocupaban”.

Según constató el juez instructor del caso, entre el 14 y el 19 de febrero de 1996, 40 paramilitares acompañados del administrador de la hacienda Bellacruz, ubicada en el municipio de La Gloria, se presentaron en cada una de las parcelas y dieron un plazo de cinco días a sus ocupantes para desalojar el lugar, bajo amenaza de muerte.

El fallo ratificado por el Consejo de Estado admite que “en dicha actuación el grupo ilegal sembró el terror entre las cerca de 280 familias campesinas que ocupaban algunos predios de dicho inmueble, las amenazó para que abandonaran los predios ocupados, quemó y destruyó sus viviendas, cultivos, animales, etc”, actuación que las condujo al “desplazamiento forzado”.

El órgano de justicia determinó que “las acciones del grupo armado ilegal fueron conocidas por el Estado, pues el grupo paramilitar además de haber hecho pública la amenaza, atentó contra la vida e integridad de los campesinos”

Además, “en todo momento, las familias desplazadas estuvieron solicitando de las autoridades civiles, militares y policiales que operaban en esas localidades y de los organismos nacionales, la protección efectiva para su vida y bienes”.

Asimismo, expone que “el Ejército Nacional contaba con una unidad militar dentro de la hacienda y otras dos en cercanías de la misma” pero no hizo nada para impedirlo.

La demanda se admitió a trámite el 4 de marzo de 1998 por el Tribunal Administrativo de Santander, en esa zona del noroeste colombiano, que emitió una sentencia condenatoria el 30 de marzo de 2001, a la que la Policía Nacional interpuso un recurso de apelación que hoy el Consejo de Estado desestimó.