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Embarazos no deseados y la no presencia del Estado
Agencia Prensa Rural / Jueves 17 de enero de 2013
 

En el día de hoy podemos leer en la versión web del diario santista “El Tiempo”, al hilo de la alarma social creada alrededor del caso del embarazo de Catherine Gallego de 14 años de edad por parte de un joven de 27, un par de noticias que nos pueden invitar a la reflexión: En entrevista a Jorge Armando Otálora el diario destaca “Cada dos minutos hay una tutela para exigir derecho a la salud”. Por otro lado también podemos leer “Anticonceptivos gratis desde los 14 años son un derecho”.

En primer lugar, conociendo la realidad sociológica colombiana y las costumbres sexuales en este país, podríamos llegar a varias conclusiones, sin darle muchas vueltas: 1. El caso de Catherine Gallego no es en absoluto un caso aislado y toda la opinión pública lo sabe. 2. El embarazo, en menores de edad, es una problemática de hace muchos años. 3. En el caso de que el caso hubiese ocurrido en el medio rural muy seguramente no hubiésemos tenido conocimiento de esos hechos 4. Si las élites gubernamentales y sociales se han dado cuenta del problema de la falta de libertad sexual femenina en el año 2012, es que viven una realidad paralela (como ya sospechábamos). 5. Las relaciones sexuales en algunos (no pocos) casos son moneda cambio para las mujeres mas empobrecidas de Colombia, que se ven obligadas a entrar en una dinámica sexual sobre la que no tienen control. 6 Que las relaciones sexuales, en este y en la gran mayoría de países del mundo, vienen mediadas por un machismo más o menos evidente.

Sabiendo, como se afirma hoy en El Tiempo, que los anticonceptivos son gratuitos para menores de edad desde los 14 años (edad legal para poder mantener relaciones sexuales) y hasta los 19 años, y sabiendo también que cada dos minutos un o una ciudadana colombiana se ve obligada poner una tutela para que le reconozcan sus derechos en materia de salud, según el defensor del pueblo, el panorama es preocupante.

Si una persona que padece cáncer tiene que presentar tutela para que lo atiendan, en esa penosa situación, podemos imaginar cual sería la situación para una menor que acude a cualquier hospital a recibir información sobre prevención y protección sexual. Podemos imaginar la escena en la que una menor pida entrar a una clínica cualquiera de Colombia a pedir esa atención y nos resulta fácil imaginar que ni de la puerta pase porque el celador ni se lo permita. Ni siquiera con la tarjeta del Sisben.

¿Cuántos casos de embarazo no deseado en el sur de Bogotá por no poder planificar?. ¿Cuántos casos de embarazo no deseado en los barrios populares de Cartagena por no poder asumir el coste de la planificación?, ¿Por no conocerlos?, ¿por no tener la posibilidad de exigirlos a la pareja?. ¿Cuántas embarazadas menores de edad en las veredas rurales del Cauca?, ¿Los vecinos lo ven como un problema?, ¿Cuantas niñas de 15 años con hombres de 50 años?

Las herramientas constitucionales para garantizar la salud, supuestamente existen, pero nadie las cumple. El problema es que el estado no hace presencia donde no hay plata y sobre todo, no se está reflejando la realidad sociocultural del país a través de ese estado.

Lo que aquí se discute es como llega el estado a los lugares donde no se mantiene de manera permanente y donde es que ese estado no llega y porqué. El debate sobre el desgraciado embarazo no deseado de una menor, es superficial y creado y orientado de manera anecdótica para desviar la atención y que el debate no vaya al fondo de la cuestión, aprovechando para estigmatizar a las mujeres responsabilizándolas de una coyuntura que las oprime.

Los ajustes en sanidad o en cualquier otro derecho fundamental, deben ser apuntalados con las columnas de la educación. Mientras tanto, se seguirá legislando desde el desconocimiento de unas altas esferas libres de la gran mayoría de problemas que deben gestionar y elaborando constituciones con supuestas buenas intenciones pero sin capacidad de imponerse a los que gobiernan donde no llega el estado.