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Santos y su política de seguridad hacia las organizaciones sociales y sindicales
Agencia Prensa Rural / Viernes 18 de enero de 2013
 

El presidente Santos, en su intervención de ayer en la academia de cadetes de la Policía Nacional, afirmaba que “hay demasiados policías protegiendo a gente que no lo necesita”, continuaba su intervención diciendo que “quizás deberíamos sacar esos policías (esquemas armados) y ponerlos al servicio de los ciudadanos de a pie”.

Hoy mismo la USO denunciaba que “acudir al derecho constitucional de presentar pliegos de peticiones se ha convertido en un peligro para los trabajadores. Los dueños de las empresas extranjeras o nacionales se niegan a recibir formalmente los pliegos y al contrario “aparecen” los pistoleros de turno para amenazar a quienes lideran estas mejoras laborales.

Escuchando al presidente, y como desde que llegó al poder, el discurso de la normalización y pacificación del país se mantiene, aunque ya está entrando en la fase de un accionar coherente.

No es que el esquema armado o “duro” sea lo mejor que se pueda ofrecer, pero sí es lo poco que queda cuando no hay garantías.

La lógica para el gobierno podría ser la siguiente: como ya no existe amenaza alguna para las organizaciones sociales, al menos en lo que a atentados con armas de fuego se refiere, ya no hacen falta los esquemas armados que el propio estado se vio obligado a ofrecer, tras las continuas condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo y a pesar del optimismo del presidente y el gobierno, la CSI, en su informe anual señaló que Colombia fue el país más peligroso para ejercer el sindicalismo ya que fueron asesinados en 2011 29 personas en Colombia de los 76 asesinatos que se cometieron en el mundo. En 2012 asistíamos a una leve mejora de esas cifras pero aún así eran 13 los asesinados a Julio de 2012, solo en la primera mitad del año.

Hasta esa misma fecha de 2012 se habían contabilizado 146 amenazas de muerte contra trabajadores por la defensa de sus derechos en Colombia, según la CUT. Todo esto hace escasamente 6 meses.

Fue motivo de júbilo para el gobierno y un indicador de mejora de la calidad democrática que no fueran 29 los asesinados sino alguno menos.

Atrás queda la ley del más rápido con la que el estado armaba a sindicalistas para que ellos mismos defendieran su vida, si es que tenían el chance.

La utilización de esa fuerza pública para hacer inteligencia a sectores sociales al interior, desconocemos si quedó atrás.

Se fueron, también, las aproximadamente 20 amenazas vía telefónica, a través de panfletos o por medio de hombres armados, contra organizaciones de Derechos Humanos, solo en el Magdalena Medio.

Efectivamente las organizaciones sociales no son ciudadanos de a pie al uso, como dejó entrever el presidente.