Miguel padre (al centro, de camisa verde) junto a Miguel hijo (de camiseta blanca) en Puerto Nuevo Ité durante la asamblea de la junta de acción comunal momentos antes de la detención del primero.

Que es deplorable la arremetida de los medios de comunicación en la promoción de la marcha del 4 de febrero –afortunadamente- muchos lo saben y son conscientes de ello. Qué la embestida emprendida por los representantes más rancios de la oligarquía en contra del gobierno bolivariano de Venezuela no causa menos que repulsión... eso también lo sabemos. Lo que parece que nadie quiere ver en el país por estos días es, precisamente, que el objetivo de la marcha no estriba solamente en la reafirmación político-ideológica del establecimiento, con miras, incluso, a agredir militarmente el territorio venezolano, abriendo un corredor para la entrada y consolidación de las mafias paramilitares y sus ejércitos. Esta es la razón por la que el general Bonnet se rasga las vestiduras en los foros de Semana y “alerta patrióticamente” acerca de una posible agresión con la excusa de detener el contrabando que, como el mismo lo señaló: “ha existido desde siempre”. ¡Que viva la ineptitud de la seguridad democrática!

Sin embargo, allende el balance geoestratégico, existe un segundo objetivo, que aunque más plausible, parece un poco menos visible. El “bombardeo en contra de las FARC” se ha valido muy inescrupulosamente de Caracol y el “doctor Arizmendi”, “la cosa política de RCN”, los “analistas políticos” de la casa editorial El Tiempo y City TV que sin ningún reparo se asumen como portavoces de la jornada, sin contar a don Vicente Torrijos, un “profesional” de la ciencia política, el mismo que por Caracol Noticias alertó el carácter expansionista de la revolución bolivariana. El asunto es muy sencillo, mientras se genera toda una cortina de humo –parece que nos tienen intoxicados- en contra de las FARC y por la pretendida liberación de los retenidos, el estado colombiano libra una ofensiva militar en contra de los movimientos y organizaciones sociales y populares. Cuando se asesina y se encarcela a luchadores sociales de todo tipo, no se necesita de cámaras ni reporteros. Ellos están bien donde están, haciendo su parte. Que la prensa siga disparando opiniones porque el ejército y los paramilitares continúan disparando más que eso.

Colombia es un triste paraíso para el periodismo; los ejemplos nunca van a faltar, menos aún cuando se trata de denunciar el carácter terrorista y criminal de un estado como el que “vivimos y morimos”. El movimiento campesino, sin lugar a dudas, no solamente constituye uno de los sectores que con mayor ahínco le ha dado la batalla por la tierra y la dignidad a las mafias paramilitares, sino que también continua siendo uno de los más fuertemente criminalizados. Desde luego que existen territorios en donde se ha consolidado una resistencia bastante sólida: la zona del valle del río Cimitarra y el nordeste antioqueño, desafortunadamente, estratégicas para el capital transnacional, y por supuesto, la economía de pillaje sobre la que descansa el establecimiento.

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) son dos de las organizaciones dedicadas al fortalecimiento de la organización campesina y la consecución de demandas para el bienestar de la población y la reconstrucción del tejido social, destruido por la guerra sucia. La gestión Uribe, si por algo se ha caracterizado, es tanto por la intransigencia en la resolución de las reivindicaciones mínimas para el pueblo campesino, como por la saña con la que persigue y asesina hombres, mujeres y niños, valiéndose de sus bandas paramilitares y las fuerzas militares, dependiendo de sus propias necesidades. Durante el gobierno de Uribe se echaron para atrás algunos avances conseguidos a partir de las movilizaciones durante la segunda mitad de la década de los 90, quizá, el más importante, el reconocimiento de la Zona de Reserva Campesina (ZRC).

El pasado 19 de enero fueron detenidos los compañeros Miguel González Huepa y Ramiro Ortega, dos dirigentes de la ACVC, quienes se suman a otros cuatro compañeros privados de la libertad desde el 29 de septiembre. Los efectivos del Batallón Calibío llegaron hasta zona rural del municipio de Remedios (Antioquia) y luego de esperar la terminación de la reunión con algunos campesinos de la región procedieron a detener a los dirigentes de la ACVC, justo en momentos en que se llevaba a cabo un homenaje a la memoria de Manuel Gustavo Chacón en la ciudad de Barrancabermeja, y justo en momentos en que el país se ahoga en un derroche inmundo de patriotería y fascismo, valiéndose del dolor de las familias de los retenidos por las FARC. ¿Cuántos de los monopolios de la información le dedicaron un par de segundos para contarle al país siquiera que habían sido detenidos, por lo menos para que el general Freddy Padilla de León y el ministro Santos sigan mostrando resultados?

La infamia no termina con la detención de los dos compañeros que, al parecer, van a ser trasladados a la cárcel de Puerto Berrío (Antioquia), un verdadero santuario paramilitar. En precisos momento en que era detenido Miguel González Huepa, su hijo, también llamado Miguel Ángel, enfrentó la situación denunciando las constantes violaciones y atropellos a los derechos más fundamentales por parte del Ejército Nacional y, concretamente, la unidad militar citada (Batallón Calibio, perteneciente a la Brigada 14 de la Séptima División). Su cédula le es retenida y el 27 de enero, en momentos en que se desplazaba hacia la vereda Puerto Nuevo Ité (La Cooperativa) del municipio de Remedios, unidades militares acompañadas de un civil que portaba vestimenta e insignias del Ejército Nacional que responde al nombre de Jesúa María Piñeres alias “Chucho” y de un desertor conocido como “Tulio”, cobardemente simulan un enfrentamiento en el que es “dado de baja” un supuesto guerrillero de la cuadrilla Raúl Eduardo Mahecha de las FARC. Así registró la Séptima división en su página web:

“La vereda Dos Quebradas ubicada en el municipio de Remedios (Antioquia), fue el lugar en donde tropas del Batallón Calibío adscritos a la 14a. Brigada del Ejército Nacional dieron muerte en combate al guerrillero “alias Julián” quien hacía parte de las filas insurgentes de la cuadrilla Raúl Eduardo Mahecha de las FARC.

Prensa BR14, lunes 28 de enero de 2008”

Galo –como solían llamarle cariñosamente sus amigos- era un joven campesino de 23 años miembro de Cahucopana, desplazado de la zona de La Macarena (Meta) que, al igual que su padre, hoy afronta las consecuencias de exigir el respeto por los derechos del pueblo campesino, en un país manejado por gamonales de mediana monta. El objetivo es claro: minar los procesos organizativos que cuentan con mayor base social a como de lugar.

Las empresas se detendrán, los empleados oficiales se detendrán, los colegios harán lo propio... harán un alto para marchar al ritmo de la máquina de muerte de la oligarquía y el imperialismo. El compromiso de los medios alternativos es claro: no podemos mantenernos al ritmo de la agenda antiterrorista, el compromiso es con comunidades como la del compañero Miguel que siguen siendo asesinadas sin que nadie diga nada. La llamada oposición tendría que estar denunciando este tipo de situaciones en lugar de proponer mediocres concentraciones que para lo único que servirán es para llenar una plaza que ya no parece “de Bolívar”.

A los compañeros que se van a los umbrales de la memoria combatiente... un digno hasta siempre, a sus comunidades y al pueblo campesino un ¡ahora!

“Van a volver... las balas que disparaste van a volver, la sangre que derramaste la pagarás, los hombres que asesinaste no morirán”

¡Las calles son del pueblo... nadie a marchar el 4 de febrero!