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Paz, reformas democráticas y participación política
Horacio Duque Giraldo / Miércoles 27 de marzo de 2013
 

Las conversaciones de paz en La Habana ingresarán, en los días posteriores a Semana Santa, a los debates sobre el tema de la participación política y la democracia como condición esencial de la paz.

Será necesario establecer con rigor en qué consiste la democracia como categoría política y como forma de organización del Estado y el régimen político. La sociedad colombiana es ajena al funcionamiento pleno de la democracia, no obstante que algunos insisten en su antigüedad y vigencia, reconociéndole solo algunas aristas negativas, susceptibles de ser corregidas en el debate político con sus instrumentos principales como los procesos electorales y la escogencia de los dirigentes estatales. Argumentos ideológicos que no resisten el contraste con los hechos y las realidades palpables de la sociedad.

A la luz de los supuestos básicos de un sistema democrático, es evidente que en Colombia no existe uno que pueda designarse como tal. Parte del problema de la violencia y de la guerra civil radica en el tipo de poder político existente caracterizado por la arbitrariedad, el despotismo y la negación de los derechos políticos fundamentales.

Un régimen democrático implica: 1) un origen democrático, o sea , que la génesis de las normas institucionales, plasmadas por lo general en una Constitución política, haya sido generada democráticamente a través de un acto constituyente democrático; 2) competencia política y existencia de oposición; 3) sufragio universal y otras formas de participación; 4) elecciones libres, competitivas y a intervalos de tiempos regulares; 5) efectividad de todos los cargos más relevantes; 6) partidos en competencia; 7) fuentes de información diversas y alternativas; 8) duración legal en los cargos electos; 9) sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil; y 10) un pueblo votante claramente establecido.

En las conversaciones de paz será necesario examinar cada uno de estas exigencias para acordar acciones y reformas puntuales que permitan hacer efectiva la democracia como base de la paz que se busca.

Adicionalmente hay otros ámbitos que ameritan tratamientos más específicos para hacer efectiva la participación ciudadana en la organización del poder público estatal.

Ya hemos aludido al Estatuto de la oposición y las garantías a los nuevos movimientos que surjan con acuerdos futuros de paz.

Sin embargo, se hace necesario profundizar la descentralización y fortalecer los poderes locales, municipales, departamentales y regionales, mediante ajustes a las instituciones vigentes desde 1986, año en que como fruto de las conversaciones con las FARC, se aprobó la elección de alcaldes, que posteriormente se complementó con la elección de gobernadores y la constitución de regiones autónomas.

Igualmente es preciso adelantar una reforma electoral para eliminar el cohecho y la manipulación del sistema, mediante el voto electrónico, los capta huellas y la configuración de sistemas mixtos de cómputo que incluyan los métodos proporcional, mayoritario y de asignación de curules con "acciones afirmativas" que favorezcan grupos políticamente vulnerables.

Los sistemas y medios públicos de comunicación deben ser objeto de una amplia reestructuración para dar cabida equitativa a todos los sectores y matices de la opinión política nacional y regional. Radio, televisión, prensa, editoriales, internet, deben ser objeto de una radical democratización dado su valor estratégico en la configuración de la conciencia, la voluntad y a decisión del ciudadano.

Es inaplazable establecer un nuevo "régimen ciudadano" para la paz, con el fin de otorgar y hacer efectivos los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales centrales de todas las personas que integran la sociedad.

La paz requiere de un Estatuto para separar el Estado de los gobiernos de turno, mediante la adopción de una servicio civil independiente, competente y profesional que evite la manipulación clientelista y electoral de los funcionarios estatales por los caciques y gamonales.

Es imprescindible abordar el presidencialismo autoritario que impera en la organización del Estado para explorar formas de una república parlamentaria como una vía para socializar el poder.

La reforma del sistema judicial es un asunto de la mayor trascendencia a fin de dar garantías de una justicia objetiva, imparcial y democrática.

Bien puede ser que los puntos aquí sugeridos amplíen el horizonte de temas que la Mesa de Conversaciones de La Habana abordará en las rondas que se han previsto para los siguientes días con el fin de tratar el asunto de la participación política, incluyendo el foro que se adelantará al finalizar el mes de abril organizado por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas, en Bogotá.