Tal como estaba avisado y previsto, este nueve de abril de 2013 se celebró en las principales ciudades colombianas, a iniciativa del nuevo Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, una movilización ciudadana que hiciera de pronunciamiento incontestable a la manera de un mandato popular del pueblo soberano, para llevar a buen puerto las negociaciones de paz que el gobierno del presidente Juan Manual Santos adelanta con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba.

Lo cierto es que la Marcha por la Paz como se la conoció, superó en mucho las más optimistas expectativas. Y para frustración de los pequeños pero muy poderosos círculos de la ultraderecha nacional encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en sólo Bogotá y partiendo de cálculos matemáticos serios, más de un millón de personas se volcaron a las calles en el más apoteósico pronunciamiento ciudadano que haya habido nunca en el país: más de un millón marchando todo el día, muchos después de haber cubierto largas y fatigosas jornadas desde las más distantes regiones. Todos, dando un lapidario ¡No! al mencionado ex presidente, que había agitado personalmente y a través de su influyente círculo de aduladores, la consigna dada al pueblo de “no ratificar” con su presencia ese acto por tratarse de una –como siempre- iniciativa del terrorismo en interés exclusivo suyo.

Hablando como analista política, el apoteósico acto de este nueve de abril es un indicador que debería significar el entierro político de Uribe Vélez como oráculo de una parte significativa del país, el fin de sus pretensiones de caudillo. No otra cosa lo impone tan abismal divorcio con el sin discusión principal interés popular del momento: el éxito de la negociación de paz con la guerrilla, una paz hay que acotarlo porque lo demanda la multitud en todas partes, “con justicia social”.

Fue grandioso lo vivido el martes 9 de abril hay que reiterarlo. Por motivos muy significativos. Esa abigarrada y tenaz muchedumbre que marchó en claro apoyo al proceso de paz con las FARC., agitó mediante las más originales y expresivas formas –dramatizaciones, danza, fotografía, escritos, poesía, canto y música- sus más sentidas aflicciones. Hubo una ética y una estética profunda y dolorida, que desde el arte y la vida expresó la verdad del sufrimiento. Del que se ha victimizado a millones con excusa de la confrontación.

Vida, verdad y arte fueron entonces los marchantes principales. Y no puede dejarse escamotear el dato cardinal que ellas referían: que los oprobios denunciados aludían fatalmente a algo que es baldón para el gobierno y el poder militar dominante, el relato de los hijos desparecidos, los hijos torturados, los hijos muertos, los masacrados. Pero no a manos de la fatalidad ni del acaso, sino del Estado; ejército y policía principalmente. Ninguna expresión vimos denunciando agravios similares por parte de la guerrilla y clamando justicia. Al contrario, esos indignados pendones de “Sin perdón ni olvido” remitían a espantables crímenes de Estado.

Por eso, la inequívoca lectura de la marcha de este 9 de abril no permite fraudes ni falsificaciones como ya desde el mismo momento de su realización lo estamos viendo tanto por parte de los medios de comunicación como del mismo presidente de la república -entusiasta marchante cuando vio que el hecho devenía arrollador- y del mando militar y policial. Y esta farsa no puede dejarse prosperar. Ella implica una distorsión histórica y mutilar de su proyección un suceso de la mayor relevancia para el futuro inmediato del país y para el bien común. Estamos hablando de que precisamente el 9 de abril, cuando de manera oficial se celebra en Colombia el día de las víctimas, se pretende escamotear por los mencionados poderes la queja y el drama de los victimizados –torpe pleonasmo decir que del Estado-, para presentarlo como día de las víctimas sí, pero las causadas por la insurgencia. Absolviendo así, de una parte al Estado por miles de documentados crímenes de lesa humanidad, y de otra, más irritante aún, convirtiendo esta gran marcha y este día en acto de solidaridad con la fuerza pública causante de las violaciones por las que cientos de miles clamaron.

Entonces este magnífico nueve de abril no fue como burdamente lo quiere presentar el gobierno, homenaje a una nueva categoría de victimas que quieren acuñar para desaparecer a las verdaderas. Esas son aquellas que en razón de su pertenencia a la fuerza pública y del riesgo ínsito en ello, resultan no víctimas porque esta categoría es privativa de la población civil no contendiente agredida por los armados, sino afectados en su vida o integridad por una contingencia del oficio escogido y libremente asumida. Y esta afirmación no es ideológica. Es elementalmente conceptual. ¿Acaso el Estado reconoce como víctimas a los rebeldes muertos, mutilados, ciegos, parapléjicos? He ahí entonces la razón esclarecedora.

Esa espuria lectura oficial, como una burla de la apoteósica manifestación de este nueve de abril, fue lo que hizo el presidente Juan Manual Santos cuando centró su “participación” en homenajear y honrar a las únicas víctimas que reconoce: no los dos mil jóvenes asesinados en los infames falsos positivos del ejército bajo su mando cuando se desempeñó como ministro de defensa, sino los militares y policías heridos o “caídos en combate”. A quienes es forzoso decirlo, se prodiga toda suerte de reconocimientos y toda clase de indemnizaciones y prestaciones como “víctimas del conflicto”. De los miles de campesinos asesinados por la fuerza pública en sus operaciones “génesis”, “centauro”, “cóndor”, “orión”, “espada de honor”, etc., nada; de los treinta mil detenidos desaparecidos, nada; de los cientos que reposan en las fosas comunes a resultas de esas operaciones en el Ariari –La Macarena, Granada, San Martín, Vista Hermosa, etc.-, nada. Sólo olvido y más olvido.