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¿Qué hacer con los desacuerdos en La Habana?
Camilo González Posso / Miércoles 17 de abril de 2013
 

Se han destacado los acuerdos o acercamientos que han mostrado el gobierno y las FARC en lo que han tratado sobre tierras y desarrollo rural, el primer punto de la agenda que se tramita en La Habana. Pero menos se ha hablado de los desacuerdos y de las opciones que existen para manejarlos y pasar al segundo punto que se refiere a la participación política y democratización.

Son cinco documentos con 47 propuestas de fondo y 120 subtemas los que ha entregado la delegación de las FARC en lo relativo al desarrollo rural. Una evaluación general realizada en la Unidad de Investigación de INDEPAZ permite especular sobre la existencia de convergencias o posibilidades de acuerdos en 32 de esas propuestas, el 68%, que se refieren a “justicia social territorial”, “dignificación del trabajo asalariado rural”, “derecho a la tierra y al territorio de comunidades étnicas”, “catastro para la soberanía alimentaria” y “buen vivir”. (ver cuadro comparativo MPTostón en www.indepaz.org.co ).

Los desacuerdos mayores pueden adivinarse en la pretensión de las FARC de que se instituya y constitucionalice la soberanía alimentaria y nuevas figuras de tenencia de la tierra como las zonas inter étnicas, zonas de reserva campesina con gran autonomía en 9 millones de hectáreas, zonas campesinas de producción agrícola con 7 millones de hectáreas. Al Fondo de Tierras le ponen una meta de 20 millones de hectáreas y solo la idea de asignar mínimo lo equivalente a una UAF a 2,5 millones de familias microfundistas requiere que se les entregue en forma gratuita 7,6 millones de hectáreas.

Tampoco parece fácil que se acuerde la formación del “Fondo extraordinario para la justicia territorial” con una asignación por 10 años de mínimo el 5% del PIB y por lo tanto del 20% del presupuesto de la nación. A eso se añade la adopción de la Renta Básica Rural con 1% del PIB destinado a los asalariados rurales y las medidas tributarias que incluyen doble tributación de grandes contribuyentes, la renta presuntiva a los predios rurales y aumento de las regalías hasta el 30% del producto minero o petrolero. Y en la lista de temas difíciles se incluye la idea de reducir el presupuesto de las fuerzas armadas al promedio latinoamericano, lo que implica por lo menos un 60% de recorte en el post conflicto. Menos problemático pero de pronóstico reservado es la pretensión de garantía universal de salud y pensiones en el campo, formalización de todo trabajo asalariado, sindicalización masiva y establecimiento de una circunscripción electoral para campesinos similar a la existente para indígenas.

Los puntos en los cuales hay acuerdos seguramente están siendo objeto de redacción aceptable por las partes que incluye compromisos administrativos y normativos de aplicación inmediata y otros que exigen un trámite en el Congreso de la República, como leyes o reformas constitucionales.
Pero ¿Qué hacer con los desacuerdos? Allí las opciones son dejarlos para el juego político en el post conflicto o proyectar un escenario excepcional para someterlo a la decisión popular o del constituyente primario. Eso implicaría evaluar la conveniencia de alguna de las formas de participación previstas en la Constitución, no solo pensando en la refrendación de acuerdos sino también en la decisión democrática sobre los desacuerdos. Es un asunto que volverá a ponerse sobre la mesa cuando se aborden los otros contenidos de la agenda, como por ejemplo los que vienen sobre participación política y medios de comunicación o los relacionados con justicia transicional y opciones en materia penal.

Cada una de las alternativas de escenario pactado para ratificar acuerdos y tramitar diferencias tiene sus incertidumbres. La ventaja de remitir a un referendo o constituyente limitada, esa fase 3 los desacuerdos, está en que se abre la posibilidad de incorporar al proceso de solución definitiva a otros sectores que no se sienten representados en la mesa bilateral de La Habana. Por ahora, mientras se crean mejores condiciones para esa opción de apelación al constituyente primario, lo importante es que se vaya haciendo el inventario de un posible temario de acuerdos y desacuerdos.

Citas de subtemas agrarios y de desarrollo rural que son más difíciles en la mesa de La Habana – documentos de las FARC

Nueve propuestas mínimas de Justicia social territorial y política macroeconómica para la paz:

- Durante los siguientes 10 años recursos extraordinarios adicionales, equivalentes al menos al cinco por ciento del producto interno bruto anual. Con tales recursos se conformará un “Fondo extraordinario para la justicia social territorial”. (…) tendrá un valor mínimo de 300 billones de pesos (base 1995)

- Impuestos y financiación: a) Impuesto a la gran propiedad latifundista, basado en el reavalúo catastral y la renta presuntiva.
b) Establecimiento de la doble tributación para grandes contribuyentes. (…) d) Recursos correspondientes a la reducción programada anual del gasto en seguridad y defensa hasta situarlo en el promedio de América Latina.
e) Aumento del impuesto a las regalías a las transnacionales minero-energéticas a un mínimo del treinta por ciento.

- Se organizará un sistema de transferencias específicas del gobierno central en la forma de una bolsa de recursos que permita financiar la organización territorial basada en el reconocimiento de los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como en un relacionamiento equitativo entre la ciudad y el campo.

- Participación política de las comunidades campesinas mediante circunscripciones especiales similares a las de indígenas y afros.

Diez propuestas mínimas para la dignificación del trabajo y del trabajo asalariado en el campo

. - La RBR se garantizará con cargo a recursos extraordinarios del presupuesto equivalentes al uno por ciento del PIB, producto de una reducción del gasto en seguridad y defensa en la misma proporción.

. - Dotación con tierra suficiente a campesinos minifundistas y campesinos sin tierra, incluidas las mujeres de manera especial, de tal forma que se garantice un nivel de ingresos que supere el umbral de pobreza rural y anule la obligación de buscar ingresos de supervivencia a través del trabajo por jornal

. - Todo trabajo asalariado en el campo se laborizará.

. - El régimen de salud será de carácter público y gratuito. Se pondrá en marcha un régimen especial de pensiones rurales, público, de carácter solidario y de prima media

Ocho propuestas mínimas para el reconocimiento del derecho a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras y de los territorios interétnicos e interculturales.

. - Constitucionalización de los territorios interétnicos e interculturales.

. - Autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural.

Diez propuestas mínimas para un catastro al servicio de la soberanía alimentaria

Diez propuestas mínimas para garantizar la soberanía alimentaria y el buen vivir de la población

- Constitucionalización del derecho a la soberanía alimentaria y definición del derecho a la alimentación como un 
derecho fundamental.

- Rechazo a: 1. La imposición de paquetes tecnológicos y de patrones de consumo por parte de las corporaciones transnacionales de la alimentación, incluidas las patentes sobre semillas, razas de animales y genes. 2. La extranjerización de la tierra para megaproyectos de producción de agrocombustibles.
f) Las aspersiones aéreas con glifosato y otras sustancias químicas que afectan los productos de pancoger.