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Colombia Nunca Más: crímenes de lesa humanidad en la zona quinta
Proyecto Colombia Nunca Más / Martes 4 de marzo de 2008
 

El 6 de marzo de 2008 a las 6 pm en la transversal 48 No. 63-65 (Parque deportivo El Salitre- diagonal a la plazoleta de los artesanos), en el marco del cuarto encuentro de víctimas de crímenes de Estado, se realizará la entrega del informe "Colombia Nunca Más: crímenes de lesa humanidad en la zona quinta".

Este informe presenta los crímenes cometidos por el Estado colombiano en los departamentos de Santander, Norte de Santander y las regiones de Sur de Bolívar y Sur del Cesar durante los años que van de 1966 a 1998.

En total se registraron 5.003 ejecuciones extrajudiciales, 885 desapariciones forzadas y 1.810 torturas, 470 atentados, 1.049 amenazas de muerte, 3.389 detenciones arbitrarias o sin el cumplimiento de mínimas garantías procesales, 481 allanamientos y 579 sindicaciones de delitos penales contra personas pertenecientes a sectores sociales de oposición política.

El contexto en el cual se cometieron estos crímenes superpone o articula tres grandes dinámicas: un modelo de acumulación de capital que se ha venido implementando y pasa por la articulación de regiones específicas en función de los proyectos del capital nacional e internacional; la expansión del Estado para superar su limitada y precaria presencia con proyectos modernizadores, pero que a la final logran poco más que militarizar lo público; y, la reacción a los avances democratizadores impulsados por las organizaciones sociales alternativas y de oposición política que, en momentos y lugares dados, pudieron convertirse en amenaza a las relaciones de poder constituidas.

Así, encontramos que los sectores sociales atacados fueron:

SECTOR SOCIAL / ASESINATO / DESAPARICION / TORTURA

Defensores Derechos Humanos: 16 / 1 / 2

Dirigentes Cívicos: 58 / 6 / 27

Educadores: 37 / 11 / 18

Estudiantes: 53 / 20 / 76

Funcionarios Públicos: 102 / 10 / 6

Líder Campesino: 66 / 15 / 24

Militante Partido Político: 257 / 56 / 57

Obreros y trabajadores: 165 / 22 / 79

Organización guerrillera: 23 / 3 / 1

Población Rural: 2.166 / 461 / 849

Población Urbana:

- Comerciante: 166 / 32 / 28

- Conductor: 34 / 6 / 7

- Profesional: 30 / 4 / 17

- Religioso: 5 / 0 / 10

- Sector Marginado: 405 / 27 / 66

- Sector Popular: 449 / 55 / 121

- Sin Dato: 657 / 99 / 343

Trabajador Informal: 82 / 17 / 7

Sindicalistas: 168 / 36 / 66

Funcionario Judicial: 25 / 1 / 3

Inspector de Policía: 39 / 3 / 3

Total: 5.003 / 885 / 1.810

Los casos registrados permitieron determinar los cambios en la estrategia represiva utilizada por el Estado colombiano durante los años que van de 1966 a 1998. Así se estableció que de 1965 a 1981 en el marco de la doctrina de Seguridad Nacional es el ejército el principal victimario actuando de manera directa o implementando acciones encubiertas para cometer asesinatos y desapariciones forzadas.

A partir de 1982 se presenta una inflexión que marca el inicio del segundo modelo represivo y que consiste en la implementación en las zonas rurales de grupos de civiles armados que colaborarían con el ejército en la lucha contrainsurgente. Esta nueva forma de operar se acompaña del incremento de los asesinatos y de las desapariciones forzadas así como de las amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos y el desplazamiento forzado de miles de campesinos.

El tercer modelo de represión va de 1985 a 1990 y se caracteriza por el incremento desmesurado de asesinatos en medio de un auge de las movilizaciones populares y de la participación de partidos políticos de oposición en el debate democrático. Hacia el final de este periodo se inicia la expansión del paramilitarismo en el Magdalena Medio santandereano por medio de las operaciones militares del Batallón Luciano D’Elhuyar y el Nueva Granada que abrieron el camino para la instauración de bases paramilitares permanentes en la zona donde permanecían ejércitos de más de cien hombres que en poco tiempo y por medio del terror y el desplazamiento forzado lograron controlar la zona.

El cuarto modelo de represión va de 1991 a 1994 y presenta un incremento importante de los crímenes cometidos por el ejército y por los organismos de inteligencia, coincidiendo con el fortalecimiento del estamento militar en el gobierno de César Gaviria, reflejado en la creación de las Brigadas Móviles y de organismos de inteligencia como la red de inteligencia No. 7 de la Armada, responsables de numerosos asesinatos y de otras graves violaciones a los derechos humanos. También se incrementa en este periodo la represión en los barrios populares de las principales ciudades, donde los jóvenes fueron asesinados al ser acusados de colaboradores de las milicias urbanas de las guerrillas o por pertenecer a grupos sociales marginados social o económicamente como los indigentes, los delincuentes, las trabajadoras sexuales, los drogadictos, etc. Es importante resaltar que en este periodo se impuso la mal llamada “limpieza social” como forma de ingreso del paramilitarismo a los cascos urbanos, pues a través de esta actitud buscaron el apoyo de la población que se sentía amenazada por sectores marginados considerados perjudiciales o indeseables para la sociedad.

Finalmente, encontramos el quinto modelo de represión que va de 1994 a 1998, y que presenta el proceso de legalización y consolidación del paramilitarismo por medio de las Asociaciones de Vigilancia Rural CONVIVIR, la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia y la expansión de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá al Sur del Cesar, al Sur de Bolívar y al Norte de Santander.

Qué es Colombia Nunca Más

El 10 de abril de 1995, un grupo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos llegamos a un primer acuerdo para diseñar y realizar el proyecto Nunca Más en Colombia. Muchas reuniones se sucederían a partir de entonces hasta lograr poner en marcha un primer equipo de trabajo en agosto de 1996.

Desde ese año se han documentado más de 41.000 víctimas de torturas, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, amenazas, atentados, allanamientos, detenciones arbitrarias y otras formas de agresión.

Entre las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociales, que impulsan el proyecto se encuentra:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia –ASFADDES-, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo", Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –CPDH-, Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación, Comité Regional de Derechos Humanos de Santander –CREDHOS-, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad –CODEHSEL-, Corporación Jurídica Libertad, Comunidades Eclesiales de Base y Grupos Cristianos de Colombia –CEBS-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Fundación Manuel Cepeda, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción –ANUC UR-, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria –ANDAS-.

Objetivos

* Dar consistencia y confiabilidad a la información sobre los crímenes de lesa humanidad con que cuentan las Organizaciones Sociales, Familiares de víctimas, Víctimas y las Organizaciones de Derechos Humanos, en especial aquellas que la pongan a disposición del PNM;

* Contribuir al análisis global sobre la realización de Crímenes de Lesa Humanidad en Colombia, mediante la documentación de contextos, procesos jurídicos y vivencias de las mismas víctimas y organizaciones victimizadas; y,

* Estimular a las Organizaciones Sociales, Víctimas, Familiares de Víctimas y Organizaciones de Derechos Humanos de Colombia a la creación de un movimiento social de lucha en contra y por la superación de la impunidad en que se encuentran los Crímenes de Lesa Humanidad en el país.

Metodología utilizada

El método que se ha seguido, en general, incluye varios momentos:

En el primero se ha tratado de acceder a diversos órdenes de memorias escritas ya existentes, que han recogido y sistematizado en diversas épocas informaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Toda esa información se traduce a una base de datos común, luego de un trabajo de homologación en una misma ficha.

En un segundo momento el trabajo se enfoca hacia una zona determinada, y se procura entrar en contacto con fuentes más cercanas a los hechos: archivos regionales y locales, testigos e investigadores de la región, organizaciones a las cuales pertenecían las víctimas, familiares y comunidades que constituían el entorno de las víctimas, organismos judiciales y disciplinarios que eventualmente desarrollaron investigaciones sobre los hechos, publicaciones e historiadores de la región. En esta etapa se registran testimonios en medios magnéticos; se trabaja sobre una bibliografía acerca de la zona; se realizan reuniones de análisis con testigos cualificados; se solicitan informes judiciales y disciplinarios, haciendo uso del derecho constitucional de petición, y se promueven reuniones con las familias de las víctimas.

Un tercer momento lo constituye la sistematización y el análisis de todo lo que ha sido posible reunir, así como la redacción de un informe que le devuelva a la región, al país y al mundo, una visión de conjunto sobre la dinámica desarrollada por los crímenes de Estado en la zona bajo enfoque. Ha sido una preocupación fundamental de los equipos de trabajo, reunir los elementos posibles para que los crímenes puedan ser mirados en su contexto, o sea, en el desarrollo diacrónico de formas de injusticia, formas de resistencia, formas de represión, formas de impunidad y efectos de los crímenes sobre los tejidos sociales.

Logros

En el año 2000 se publicaron dos informes regionales correspondientes a las zonas 7 que comprende los departamentos de Meta, Guaviare, parte de Boyacá y Cundinamarca y a la zona 14 que corresponde a Antioquia parte de Boyacá y parte de Santander.

Desde abril de 2006 se adelantó un proceso de documentación en los departamentos de Valle y Nariño, y desde noviembre del mismo año en el departamento del Cauca. De este trabajo se publicó e mayo de 2007 el resultado en seis trabajos de recuperación de memoria histórica entre los que se encuentran:

- Crímenes de lesa humanidad en el resguardo de Túquerres.

- Lucha por la tierra y crímenes de lesa humanidad en el departamento del Cauca

- Persecución contra el movimiento estudiantil en el departamento de Nariño

- Estado y narcotráfico en el centro del Valle

- Crímenes de lesa humanidad contra “A Luchar” en el Valle del Cauca.

El proceso metodológico se sistematizó en una cartilla pedagógica llamada “La estrategia de la Memoria” que se publicó en mayo de 2007

Los esperamos para seguir resistiendo y luchando contra la impunidad.