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Las Farc rechazan ultimátum del gobierno
Agencia Prensa Rural / Domingo 26 de mayo de 2013
 

Por medio de un comunicado de la delegación de paz de las Farc, la guerrilla rechaza las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien afirmó que no se puede conceder una "lista de regalos" a la insurgencia.

A continuación reproducimos el comunicado leído en La Habana:

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, mayo 25 de 2013

El nuevo ultimátum del Ministro Fernando Carrillo, pareciera revelar una falta de compromiso frente al proceso de diálogos, que ante todo expresa desconfianza respecto a las mismas capacidades que la Delegación gubernamental tiene para hacer posible el propósito de la reconciliación.

Sus desafortunadas comparaciones “navideñas”, que trivializan las propuestas que las FARC-EP han hecho a la Mesa de la Habana interpretando los intereses de las mayorías, en nada se sintonizan con el ambiente de optimismo que reina entre los colombianos que le apuestan y tratan de aportarle ideas positivas al objetivo de encontrar una salida incruenta al conflicto político, social y armado que padece Colombia.

Nuestras formulaciones recogiendo las reivindicaciones populares, no son una “lista de regalos” sino el registro de los derechos que le han sido conculcados al pueblo y es deber del Estado garantizarlos sin más demora. Al gobierno es a quien corresponde abrir los espacios políticos y devolver lo despojado a las víctimas de su terrorismo secular, para que el soberano pueda expresarse en un escenario de democracia verdadera.

Con esperanza, Ad portas de un acuerdo parcial sobre el primer punto de la Agenda del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, con enfoque territorial, la Delegación de Paz de las FARC-EP reitera su invitación a la organización y la lucha de los sectores populares en función de una Reforma Agraria estructural que se sume a la realización de los cambios profundos que requiere el país para lograr el establecimiento de la verdadera democracia y de la justicia social.

Nuestro propósito de potenciar al máximo la producción campesina y de las comunidades rurales, en función de la soberanía alimentaria y el mejoramiento pleno de las condiciones de vida de la empobrecida población del campo y de los desplazados como consecuencia del conflicto impuesto por las élites en el poder, puede ser ahora una realidad, si entre todos logramos que la restitución de la tierra se dé en favorecimiento de los verdaderos despojados, la formalización para quienes la poseen de manera precaria o insuficiente, -tal como ocurre con los hombres y mujeres que con sacrificios adelantan los procesos de construcción de Zonas de Reserva Campesina- y, en fin, la redistribución se produzca en el sentido de superar el latifundio, limitar la propiedad y entregar la tierra de manera equitativa, justa y en fortalecimiento de la economía interna y la soberanía.

El cierre de la frontera agrícola deberá implementarse pensando en la sostenibilidad socio-ambiental, la preservación de nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad y nuestras fuentes hídricas, considerando que cualquier sustracción que se haga para poner límites a la depredación de nuestras áreas y conservar así los cerca de 89 millones de hectáreas de bosques que sobreviven, deberá ser para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, y no para llenar las arcas de las transnacionales de la explotación minero-energética o de la extracción agroindustrial y de los agro-combustibles.

Urgente y necesario será que, aun teniendo Colombia una relación potencialmente favorable en la ecuación “tierra-población”, acabemos ya con la gran concentración de la propiedad territorial que se ha traducido en la profundización de una desigualdad extrema, expresa en un coeficiente de Gini superior al 0.89, el más escandaloso e injusto del continente.

Colombia debe asistir sin más demora a la cesación del sometimiento respecto a las comunidades por parte de las élites, sobre las que se aplican métodos de explotación, de extracción de rentas o de violencia para el despojo, que potencian la acumulación y se establecen como causa fundamental de la historia de los conflictos agrarios desde los orígenes de la república; una historia en que la apropiación de los baldíos, para el Estado ha significado su principal fuente de activos fiscales, para los comerciantes y latifundistas fuente de sus principales rentas, pero para las comunidades agrarias ya sean campesinas, indígenas, afros-descendientes o raizales y palenqueros empobrecidos, era y sigue siendo su fuente esencial de supervivencia.

No hay mejor medio para alcanzar la paz que luchar por ella.

Delegación de Paz FARC-EP