Justo cuando el país ha sido aceptado como miembro de la OCDE[1] y el Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos reafirma su compromiso con los campesinos reclamantes de tierras y las víctimas, la realidad muestra todo lo contrario para las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas quienes continúan padeciendo todo el rigor de la guerra y de la imposición violenta de un modelo de desarrollo excluyente e inequitativo.

Este es el caso de la comunidad de ASOCAB en la hacienda Las Pavas, ubicada en el Municipio del Peñón, al sur del departamento de Bolívar, que luego de su retorno en abril de 2011, y a pesar de estar amparados por una sentencia de la Corte Constitucional, T-267 de 2011, y dos Resoluciones del INCODER que afirman que estos territorios son baldíos del Estado[2]; continúan siendo víctimas de agresiones, hostigamientos y amenazas permanentes, poniendo en riesgo la vida y la integridad de campesinos y campesinas de esta comunidad.

Desde el pasado viernes 25 de mayo, la comunidad entró en Minga permanente, es decir siembra colectiva en sus territorios. A partir de ese momento las intimidaciornes y amenazas se han incrementado hasta el punto de atentar contra la vida de uno de los de los miembros de ASOCAB:

HECHOS

· El 28 de mayo, en horas de la mañana, alrededor de 50 campesinos de ASOCAB, entre los cuales iban mujeres, hombres, adultos mayores y niños, se movilizaban del corregimiento de Buenos Aires hacia el asentamiento en Las Pavas, unos a pie y otros en el tractor de la comunidad, cuando fueron hostigados por varios hombres armados del departamento de seguridad de la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S. a quienes la comunidad identificó como FRANCISCO FLOREZ MARMOL, MARIO MARMOL MONTERO y CARLOS “El Calvo”, quienes dispararon en dos oportunidades contra la población, logrando impactar las llantas del tractor. Estos hechos fueron denunciados por la comunidad ante la Fiscalía General de la Nación.

· El día 30 de mayo, también en horas de la mañana, un campesino joven que se dirigía a sembrar en su parcela, fue insultado y agredido por los miembros de dicho Departamento de Seguridad, quienes además le quitaron el bulto de semillas que llevaba.

· El mismo día, 30 de mayo, en horas de la tarde, otro campesino miembro de ASOCAB, Tito Alvear Pérez, padre de dos hijos, y quien iba de camino del predio Las Pavas hacia la hacienda El Oasis, fue interceptado por tres hombres de la empresa San Isidro S.A.S, entre ellos MARIO MARMOL MONTERO[3], quienes agredieron de manera física y verbal al señor ALVEAR PÉREZ, propinándole varias heridas con machete, patadas y puños en todo el cuerpo. Mientras le golpeaban y herían, le decían que le dijera a Misael, [Representante Legal de ASOCAB], “que esto iban a hacer con todos los campesinos de ASOCAB que permanecieran en los terrenos de La Hacienda Las Pavas”.

Es importante anotar que dos de los campesinos dirigentes de ASOCAB son beneficiarios de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección - UNP, ante quien se ha solicitado de manera reiterada la necesidad de establecer mecanismos colectivos de protección y adelantar los procesos de investigaciones y sanciones de manera urgente sobre las denuncias interpuestas por ASOCAB contra la empresa palmera Aportes San Isidro S.A.S y Trabajadores de su Departamento de Seguridad. Sin embargo, pese a la situación de riesgo inminente de toda la comunidad, solo se cuenta con dos chalecos antibalas, un vehículo y dos escoltas, que también han sido amenazados en reiteradas oportunidades por estos mismos hombres[4].

Pese al informe de riesgo de inminencia No. 023-12 emitido por la Defensoría del Pueblo el pasado 3 de octubre de 2012, “debido al riesgo inminente que se cierne sobre los habitantes del Corregimiento de Buenos Aires, y sobre la comunidad sentada en el predio denominado Las Pavas”, en el que además se afirma “(…) estas personas que portan armas largas tipo “changon” le han manifestado a la comunidad que son integrantes de una empresa de seguridad con sede en Barranquilla contratada por la empresa palmera Aportes San Isidro S.A.S. Adicionalmente, se ha conocido la presencia de hombres que usan pistolas, quienes dicen ser empleados de la empresa palmera, pero que algunas personas reconocen como desmovilizados de las AUC y en otros casos como integrantes de los grupos pos desmovilización (…)”[5]. A la fecha no se han tomado las medidas necesarias y suficientes para garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la permanencia de esta comunidad en el territorio.

También es importante resaltar que la policía municipal tanto de Regidor como del Peñón, Departamento de Bolívar, no han tomado las medidas necesarias ni han actuado con independencia y conforme a su deber de prevenir este tipo de hechos, máxime cuando estas autoridades han sido concernidas en repetidas ocasiones por el Ministerio Público. Corrobora lo expuesto el hecho que la policía se desplaza en vehículos de la empresa San Isidro.

Los campesinos y campesinas de ASOCAB continúan en el territorio que reclaman como suyo, esperando que las autoridades colombianas garanticen sus derechos, empezando por la vida y la integridad de todos sus miembros.

Notas:

[1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

[2] El día 14 de noviembre de 2012 el INCODER decidió extinguir el dominio total de los predios denominados Las Pavas, SI Dios Quiere y Peñaloza, para un total de 1.338 hectáreas. En: INCODER, Boletín de prensa No. 133 del 15 de diciembre de 2012 y Boletín de prensa No. 31, abril de 2013.

[3] Ante quien cursan varias investigaciones penales en la Fiscalía General de Nación por presuntos vínculos con el paramilitarismo.

[4] “Las amenazas de muerte también han recaído contra uno de los escoltas asignados por el Ministerio del Interior para la protección del señor Misael Payares (…)” Informe de riesgo No. 023-12, de Inminencia. Defensoría del Pueblo. 03 de octubre de 2012

[5] Defensoría del Pueblo. Informe de riesgo No. 023-12; de Inminencia. 03 de octubre de 2012