Asociación Campesina del Catatumbo
:: Norte de Santander, Colombia ::
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Resistencia en el Catumbo,una lucha histórica por la vida digna
La Mochila Ambulante / Martes 16 de julio de 2013
 

En las recientes semanas se ha escuchado nombrar constantemente por medios de comunicación y en los pasillos de las instituciones gubernamentales y organismos internacionales una palabra poco conocida. Se trata de Catatumbo, aquella región de Colombia, ubicada al nororiente del territorio, en jurisdicción del departamento de Norte de Santander y en donde nace el río que lleva su nombre y que corre por las montañas de la cordillera oriental colombiana y desemboca en el lago de Maracaibo en Venezuela.

Se dice que el origen de la palabra Catatumbo proviene de la lengua Catatumbari que significa Constante Luz del Cielo, mientras otra sugiere que viene del nombre de un árbol que crece en sus orillas el catatú. Pero ¿por qué la importancia de este territorio? ¿porqué ha estado en el centro del debate en el país en el último mes?

La respuesta es una, aunque no es sencilla. Los campesinos de estas montañas adelantan un paro que está próximo a cumplir un mes. Los labriegos se han movilizado por la desesperación, por el hambre, y el señalamiento y la violencia que los persiguen desde hace más de cincuenta años, cuando a estas montañas y bosques cálidos llegaron cientos de campesinos colonos provenientes de regiones aledañas y otras zonas del país.

Sin embargo a estas tierras las explotan desde mucho antes. Durante la primera invasión europea los Barí, pueblo originario de estas tierras, sostuvieron una férrea resistencia contra los españoles, resistencia que duró alrededor de dos siglos, hasta que la invasión ideológica y mental logró agruparlos en centros poblados coloniales que procuraron la evangelización de los indígenas, lo cual fue destruyendo su tejido social, diezmando su población y reduciendo sus tradiciones culturales.

Pero fue en el siglo XX cuando el Catatumbo se vio realmente invadido. El General Rafael Reyes, presidente de Colombia, concedió al General Virgilio Barco Martinez las tierras del Catatumbo que se suponían “Baldíos Nacionales” bajo la figura que luego se conoció como “Concesión Barco”. Pero esa concesión no llegó con flores y regalos, o sí algunos. Regalaron bombas y bala a los indígenas Barí que resistían con flechas y dardos, mientras sus poblados y comunidades eran bombardeadas y ametralladas por los aviones del “progreso”.

Llegaron pues las exploraciones petroleras, las explotaciones del crudo y el infierno para los pobladores del Catatumbo. A la fecha han transucrrido 83 años de explotación sin que se vea un centímetro de mejora en la vida de los catatumberos y catatumberas.

Con la explotación petrolera llegó la colonización, y cientos de familias campesinas empezaron a abrir monte, levantar fincas y establecer sus vidas en estas montañas y selvas. Es así que la población campesina se empieza a radicar en este territorio, labran la tierra, cultivan yuca, plátano, maíz y frutas que apenas les alcanzan para su subsistencia, pues a pesar de las grandes “riquezas” que se encuentran en este territorio sus habitantes no han visto sino contaminación y olvido por parte del Estado y sus empresas explotadoras.

Ya en los años ochenta llegaron los movimientos insurgentes a la región, históricamente relacionados a las zonas de colonización y a las economías ilegalizadas por el establecimiento. Presencia que se arraigó en las montañas y selvas del Catatumbo por parte de las guerrillas de las FARC, ELN y en donde según se dice queda una disidencia del EPL, desmovilizado a principios de los años noventa.

Con éstas el cultivo de coca se generalizó, sobre todo en los municipios montañosos, donde hay grandes sembrados de la planta y de la cual subsisten miles de campesinos, ya que la producción de cultivos de pancoger y otros productos agrícolas son difícilmente comercializados debido a que el precio a los productos los pone el intermediario o comerciante, aprovechando que las vías y la infraestructura en general de la zona es verdaderamente precaria. Una muestra más de que la explotación de la tierra por multinacionales y grandes empresas capitalistas no deja sino pobreza para los oriundos de las tierras explotadas y riqueza y “prosperidad” para los terratenientes e industriales.

Es así como décadas de explotación solo han dejado pobreza y violencia para sus habitantes. Una región en donde los ríos y aguas abundan pero de las que no pueden beber con confianza pues se encuentran contaminadas por la explotación petrolera, a esto se suma la contaminación y desertificación de la tierra que genera el agro-negocio del monocultivo de Palma Aceitera que llegó tras las masacres e incursiones paramilitares de los años noventa y dos mil.

Porque fue en estos años cuando llegó el terror desmedido y la motosierra neoliberal a expropiar y desocupar el Catatumbo de campesinos, para darle paso al monocultivo de palma aceitera de los que el mayor beneficiario ha sido el señor Carlos Murgas, ministro de agricultura de Pastrana y que se enriquece con las tierras que otrora habitaron los más de 11 mil campsinos asesinados en las más de 60 masacres y asesinatos selectivos además de los cientos de miles de desterrados que tuvieron que huir despavoridos de sus parcelas por la sevicia y crueldad con la que fueron despojados de sus tierras para darle espacio al gran capital. Toda esta ola de violencia y despojo comenzó a finales de los noventa, cuando el Bloque Catatumbo de las AUC ingresó a la región al mando de Salvatore Mancuso, quien en versión libre admitió y habló sobre los crímenes anteriormente mencionados.

Precisamente, una vez establecido el paramilitarismo en el Catatumbo, la feria de tierras a bajos precios comenzó y los negocios agroindustriales empezaron a expandirse vertiginosamente. La vieja estrategia del capitalismo de la generación de riqueza a través del despojo de terceros, la llamada acumulación por desposesión abría un nuevo capítulo en el Catatumbo.

Pero esto no es un caso aislado. Debido al accionar de grupos paramilitares, particularmente en el norte y oriente del país, los monocultivos se han extendido, creando una especie de cinturón compuesto principalmente por palma aceitera que va desde el Urabá al occidente y llega hasta el Catatumbo en la frontera con Venezuela, pasando por el Magdalena Medio, los Montes de María y el Sur de Bolívar, lugares que se han visto particularmente afectados por el la violencia contra los movimientos sociales y campesinos, que les abrió campo y dio vìa libre a la instauración de dichos monocultivos, y otros tantos, de extremo a extremo del país.

EL PARO

Como en 1985, 1986, 1996 y 1998, los campesinos se volvieron a organizar, volvieron a llamar la atención y hacerse sentir por las vías de hecho tras decenas de años de abandono estatal. Nuevamente la única manera de garantizar que su voz se escuchara fue el bloqueo de carreteras y el paro. Más de 13 mil labriegos se empezaron a movilizar en dos lugares del Norte de Santander, Ocaña y Tibú. El uno un municipio por el que hay paso obligado desde el interior del país hacia la costa Caribe, y el segundo una de los más cercanos a la República Bolivariana de Venezuela.

En los primeros días del paro las carreteras de acceso y salida a estos municipios fueron bloqueadas por los campesinos, quienes exigen la declaración de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, el detenimiento inmediato e indefinido de las erradicaciones forzadas y violentas de los cultivos de coca por parte de la fuerza pública y la adecuada inversión social en la región, además del cese del señalamiento, persecución y judicialización de los campesinos que cultivan y recolectan la hoja de coca.

Miles de hombres han caminado y mantienen bloqueadas las vías en esta zona del país, en su mayoría jóvenes huérfanos de la guerra desatada por los grupos armados en la región, en especial víctimas de las decenas de masacres y miles de asesinados y desaparecidos por el paramilitarismo que le abrió el espacio al gran capital en aquel rincón del país.

El sentir del campesinado encontró una vía de comunicación y de acción política, se trata de ASCAMCAT, la Asociación Campesina del Catatumbo, que agrupa de manera organizada a las doscientas veredas de los siete municipios que componen el territorio catatumbero (El Tarra, San Calixto, Tibú, Hacarí. Teorama, El Carmen y Convención). ASCAMCAT nació en el año 2005 “Como una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social con el fin de generar condiciones de vida digna para los Catatumberos, quienes nos hemos vuelto a encontrar e integrar en torno a la defensa y permanencia en el territorio; el respeto a las comunidades indígenas, los adultos mayores, los niños y la erradicación de los actores socioeconómicos que dieron origen a la siembra de hoja de coca; la defensa de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente; el rescate de nuestras tradiciones culturales, la participación en la toma de decisiones que involucren al campo, el respeto a la vida y en general a la defensa de los derechos fundamentales de los habitantes del Catatumbo.”1 ASCAMCAT surgió para canalizar la lucha por la tierra y la permanencia en los territorios de los campesinos y campesinas del Catatumbo.

Ha sido un duro y complejo proceso, ya que tras la arremetida paramilitar el tejido social del campesinado de la región, como en muchas partes del país, fue prácticamente destruido, el miedo y la inacción política y social se convirtieron en el común denominador de los campos colombianos, aun de muchas ciudades.

Luego de la “desmovilización” de los grupos paramilitares del Catatumbo en el 2004, la violencia mermó y se volvió a dar un respiro a los campesinos para re organizarse, sin embargo muchas de las tierras que ocupaban sus fincas ahora son inmensas plantaciones de palma aceitera, miles de hectáreas que se miran hacia el horizonte como ejércitos que forman linealmente como aquellos que llegaron a masacrar al campesinado catatumbero y colombiano durante muchos años.

La palma aceitera llegó como punta de lanza de los nuevos negocios de las clases poderosas de diferentes regiones del país, y claro está, el Catatumbo no fue la excepción. Las miles de hectáreas que los paras le arrebataron a los campesinos a sangre, fuego, tortura, motosierra y hornos crematorios, para luego llenar los bolsillos de la “gente de bien” “emprendedora” y que hace del país “Colombia es pasión”,

¿Cómo inicia el paro? Tras la arremetida militar llamada “Plan Consolidación” los labriegos se convierten en objetivos de las fuerzas armadas que los ven como delincuentes y “terroristas” por el hecho de cultivar coca, trabajar y vivir de ella. Esto generó, en el marco de las erradicaciones forzosas y violentas emprendidas por la fuerza pública, como aspersiones con glifosato y erradicación manual, judicializaciones a los campesinos bajo el pretexto de narcotráfico y Ley 30 a lo que se suman montajes judiciales que los sindican de Rebelión.
Pero esto es solo el pretexto para desalojar a los campesinos de sus tierras y dejar el Catatumbo despoblado para darle vía libre a la locomotora minera del gobierno Santos, ya que además de ser un territorio en el que se ha explotado por más de ocho décadas petróleo que solo ha dejado miseria, se le quiere sumar la explotación minera a gran escala, en particular de Carbón, pues según se dice, tiene reservas para crear una mina mucho más grande que el Cerrejón, es decir dejar un hueco en la tierra que contamine todo a su alrededor y acaba con toda forma de vida pero que llene de miles de millones los bolsillos de los “empresarios” colombianos y extranjeros en pro del “crecimiento económico” y el “desarrollo” del país.

El campo sin campesinos es el objetivo del capitalismo nacional y transnacional, por eso la guerra desatada durante tanto tiempo en este territorio. Pero por eso también la justeza del paro y la lucha del campesinado. A muchos tal vez les asombrará ver sobre todo a jóvenes, muchachos, que bloquean las vías, prenden neumáticos y arrojan piedras y pelean con garrotes contra la policía antimotines ESMAD.

Un mes llevan en paro los habitantes de estas tierras que solo piden un tratamiento digno, como habitantes de un territorio que le puede brindar mucho a la sociedad, pero con respeto a su cultura, a sus formas de ser y existir. Sin embargo el Gobierno colombiano solo ve estos territorios como despensa de riquezas para llenar los bolsillos de los empresarios que hacen crecer la economía del país, según ellos, y a sus gentes como obstáculos para desarrollar a cabalidad los proyectos y negocios que tienen en mira sobre el Catatumbo. Por eso les dan un trato criminal y militar, en donde el campesinado simplemente es objeto de señalamiento, persecución y judicialización. El campesino catatumbero es estigmatizado por cultivar y trabajar con la coca, pero el Estado nada le brinda, ya que la poca presencia que hace es a través de las armas y la violencia que los despoja de sus tierras y lleva a la cárcel.

Por eso el campesinado se levantó, porque la necesidad apremia y obliga a manifestarse de la forma que sea posible. Pero la manifestación no es vacía, al principio se expuso un pliego de exigencias que contenía diez puntos y que más adelante se agruparon en cuatro puntos claves para los campesinos.

En primer lugar la constitución de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Catatumbo. Ésta figura territorial que se encuentra enmarcada en la ley 160 de 1994 establece la creación de dichas zonas como forma de contención del latifundio y de estabilización de la colonización campesina y la frontera agraria, es decir, frenar la expansión de la misma hacia los territorios protegidos como Parques Naturales y Reservas Forestales y mantener el acceso a la tierra a campesinos empobrecidos y excluidos, que en muchas zonas del país, además, son aquellos colonos que se han desplazado por causa de la violencia que se ha ensañado durante décadas contra el campesinado colombiano.

En segundo lugar, la puesta en marcha y adecuada financiación del Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC del Catatumbo. Documento construido por los campesinos e incluso financiado por el mismo Gobierno Nacional por intermedio del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. En este plan, el campesinado expone su situación social, económica y política y con base a ellas construye la forma como quieren vivir y permanecer en el territorio en el que han trabajado y habitado por generaciones y con esto garantizar la vida digna de sus hijos y nietos en el futuro.

El tercer punto trata el tema de la erradicación de los cultivos de coca. Los campesinos exigen que el gobierno subsidie con un monto de 1’500.000 mensuales y por dos años a las familias que se han visto afectadas por la política que ha irrumpido violentamente en sus parcelas, dejándolos entre otras cosas sin el sustento , generando una crisis alimentaria y la criminalización, persecución y judicialización de varios labriegos, a quienes se les imputan cargos por narcotráfico y rebelión.

Toda esta política está enmarcada en el llamado Plan Consolidación. Para el Catatumbo, una de las siete zonas estratégicas para la explotación de los llamados recursos naturales que sirven al gran capital, se define en el documento CONPES 3906 que establece la política y la ruta de financiación para dicho plan. Éste tiene dos componentes fundamentales, el militar que está enfocado al aumento del pie de fuerza en la región con la construcción de nuevas bases bajo la asesoría de militares estadounidenses provenientes de Irak y Afganistán para desarrollar la guerra en la región y asegurar los territorios que serán objeto de explotaciones minero energéticas, los monocultivos y la adecuación de infraestructura que está bajo la batuta del Ejército Nacional de Colombia. De hecho se dice que en el Catatumbo existen reservas de carbón y otros minerales que permitirían la explotación de una mina a cielo abierto más grande y productiva que el Cerrejón. Mientras el componente social, que también será ejecutado por las Fuerzas Armadas, comprende la construcción de mega colegios, centros culturales y deportivos, telecomunicaciones y carreteras.

Finalmente, como los problemas del Catatumbo no son exclusivos del campesinado, sino en general de toda la población catatumbera, se exponen las necesidades de los habitantes del casco urbano de Tibú, donde las condiciones de vida de los mismos es muy compleja. Se propone priorizar ciertos proyectos en varios sectores como la infraestructura, la salud y educación. Esta propuesta incluye la construcción de un hospital de tercer nivel, la adecuación, pavimentación y ampliación de las vías de acceso a Tibú por La Gabarra.

Todo esto es expuesto en el borrador de acuerdo propuesto por el movimiento campesino del Catatumbo. Sin embargo el Gobierno, en voz de sus viceministros y altos consejeros ha hecho oídos sordos durante un mes a las exigencias del campesinado, respondiendo con violencia y bala a los manifestantes; estigmatización y persecución a los voceros del campesinado. Dejando así cuatro labriegos asesinados por la fuerza pública en el muncipio de Ocaña, y la persecución mediática y política, que busca deslegitimar la lucha y judicializar a los líderes de la movilización, particularmente al compañero César Jeréz, vocero de los campesinos y miembro de ANZORC, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina a quien han acusado sin pruebas y justificación alguna de miembro de la guerrilla. Poniendo en duda además su legitimidad como vocero por el hecho de ser profesional de la geología que estududió en la antigua Unión Soviética, entregando su formación y conocimientos al servicio de quienes más lo necesitan.

La guerra política es atizada y mantenida por el establecimiento que no acepta otras formas de ser y de vivir distitnas a las impuestas por el capitalismo a nivel global, por eso quienes se oponen a su dictadura son objeto de persecución y encarcelamiento. Es momento de acompañar al pueblo catatumbero que por tantos años ha sido excluido y violentado. Es hora de reivindicar los derechos de los campesinos que solo piden vivir en paz y en condiciones dignas, con justicia social.