Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
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Un breve recuento de la resistencia de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra en el Magdalena Medio
"Somos una asociación que flota"
César Jerez / Viernes 3 de noviembre de 2006
 

Fundador y redactor de la Agencia Prensa Rural. Geólogo de la Academia Estatal Azerbaijana de Petróleos (exURSS). En Bakú obtuvo una maestría en geología industrial de petróleo y gas. Es profesor y traductor de idioma ruso. Realizó estudios de gestión y planificacion del desarrollo urbano y regional en la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP de Bogotá. Desde 1998 es miembro de la ACVC. Actualmente coordina el equipo nacional dinamizador de Anzorc. Investiga y escribe para diversos medios de comunicación alternativa.

Orlando Triana Moncada, dirigente campesino de la ACVC asesinado por el paramilitarismo de Estado. Foto ACVC

Hace 10 años se fundó la ACVC, al fragor de las movilizaciones campesinas, las marchas de 1996, como llaman en el campo el salir a la ciudad a manifestarse exigiendo derechos. Antes hubo otras marchas, otras organizaciones que fueron aniquiladas paulatinamente por la guerra sucia como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos o la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio. Las exigencias eran y siguen siendo las mismas: salud, educación, servicios, apoyo gubernamental a la economía campesina, vías y sobre todo vida. Porque "aquí vivir mata, pero de aquí no nos vamos", fatídica paradoja o antítesis, no importa, son las palabras de un campesino para prologar los inicios del paramilitarismo a comienzos de los años 80 en el Magdalena Medio.

Era un momento en que se planteaba el "qué hacer", pues también había sido exterminada en la región la Unión Patriótica, la opción electoral surgida en el marco del proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur en 1985, movimiento que había sido acogido con esperanza por el campesinado. La posibilidad de esa salida negociada al conflicto terminó en un genocidio político que le cerró las puertas a la participación electoral en la región.

Se propuso entonces construir un organización de juntas de acción comunal (una especie de gobierno local rural en las veredas) y de otras iniciativas de base campesina con el objetivo de luchar por la tierra, de la cual anteriormente habían sido expropiados en Puerto Boyacá, Puerto Berrío y en muchas otras regiones del país. Este objetivo central implicaba la defensa integral de derechos civiles, políticos, económicos y sociales en una región construida por perseguidos políticos, precisamente por exigir estos derechos en sus lugares de origen.

Después de constituida la ACVC se vive en la región una fuerte presión del paramilitarismo que obligó en 1998 a una nueva movilización denominada "Éxodo Campesino del Magdalena Medio". 10 mil hombres y mujeres del sur de Bolívar y del valle del río Cimitarra se tomaron la ciudad de Barrancabermeja durante tres meses exigiendo el derecho a vivir. Por primera vez en la historia del país una masiva movilización popular le exigía al estado colombiano el desmonte del paramilitarismo.

Una caravana de canoas llegaba todos los días al puerto fluvial de la calurosa ciudad con yuca, plátano, pescado y carne para alimentar a los campesinos que se habían tomado prácticamente todas las instituciones educativas de Barrancabermeja. Los barranqueños y sus organizaciones sociales se solidarizaron y también apoyaron a los manifestantes. Finalmente el gobierno tuvo que negociar con los marchantes durante 45 días. Se logró, en un hecho sin precedentes, que mediante un documento oficial Andrés Pastrana, entonces presidente, reconociera la resposibilidad de funcionarios estatales en el agenciamiento del paramilitarismo.

Los acuerdos firmados por Pastrana el 4 de octubre de 1998 incluyeron dos ejes fundamentales: derechos humanos y desarrollo regional. En el primero, Pastrana se comprometía a crear un "bloque de búsqueda" para capturar y judicializar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad del paramilitarismo, incluidos funcionarios públicos y militares. En el segundo, se acordó el financiamiento estatal a un plan de desarrollo regional formulado por las comunidades que tuviera como eje transversal los derechos humanos.

Sobra decir que ninguno de los acuerdos fue cumplido por el gobierno. El "plan de desarrollo y de protección integral de los derechos humanos", formulado participativamente, representa tal vez el más importante ejercicio de cualificación de la exigibilidad y la reivindicación social en el Magdalena Medio y el país, pero ni una sola de sus iniciativas fue financiada, como era el compromiso gubernamental. En su preparación, la ACVC realizó a finales de 1998, durante tres días, un taller de planificación en el municipio de Cantagallo al que acudieron 700 representantes campesinos de la región.

Frente al incumplimiento, la ACVC decide promover la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del valle del río Cimitarra, en las zonas rurales de los municipios de Yondó, Remedios (Antioquia), Cantagallo y San Pablo, (Bolívar), figura contemplada en los acuerdos de 1998, una propuesta institucional de la Ley de Reforma Agraria que buscaba preservar las tierras campesinas de las presiones del latifundio, del narcoparamilitarismo y de las empresas multinacionales con intereses en la región, así como reactivar la economía campesina, sustituir los cultivos de coca y prevenir el desplazamiento forzado mediante la inversión social en el campo a través de su plan de desarrollo sostenible.

Después de un largo proceso de gestión, planificación y formulación, la ZRC fue decretada en diciembre de 2002, durante el gobierno de Uribe, para ser posteriormente "congelada" ilegalmente por esta misma administración atendiendo a las presiones de sectores vinculados al paramilitarismo que aducían que la ZRC generaba conflicto en la región. En la actualidad, la ACVC desarrolla la ZRC de hecho, con una cobertura territorial que incluye el nordeste antioqueño, el valle del río Cimitarra, y Cantagallo y San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar, realizando inversiones desde la exigibilidad del dinero público de la cooperación internacional, principalmente proveniente de la Unión Europea.

Algunos, dentro y fuera de Colombia, han criticado la relación que la ACVC mantiene, en medio de un fuerte debate político, con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y con el Laboratorio de Paz. Lo cierto es que estas dos instancias captan la mayoría de los recursos de la cooperación internacional en la región sin que se prevea por ahora una alternativa de cooperación y solidaridad realmente internacionalista. La ACVC siempre ha considerado que estos dineros son públicos y que son sujeto de exigibilidad, por lo cual ha asumido una actitud pragmática y crítica frente a un evidente proceso de cooperación condicionada al desarrollo (ver: El PDPMM según la ACVC).

Durante todo el proceso de construcción de la ACVC, el contexto ha sido el de militarización y paramilitarización de la vida regional. La versión actual del paramilitarismo surge a comienzos de la década de 1980 en Puerto Boyacá como un maridaje entre poderes económicos y políticos regionales, militares y narcotraficantes que se nutren ideológicamente de la doctrina de la seguridad nacional, confeccionada e implementada por los Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas en Latinoamérica.

Desde el 2001 se da igualmente la intervención de los Estados Unidos en el conflicto político, social y armado regional con la introducción del Plan Colombia. Su forma operativa la constituyó la Operación Bolívar del ejército y las fumigaciones indiscriminadas con glifosato que se realizan desde aquel año.

Los cultivos de coca y cómo sustituirlos estructuralmente ha sido una de las problemáticas más abordadas por la ACVC. Antes del inicio de las fumigaciones, ya se desarrollaba el proyecto de "aldea comunitaria de Puerto Matilde" para demostrar que sólo con inversión social, alternativas de economía campesina y condiciones de vida digna se puede hacer frente a la proliferación de la coca en las zonas de colonización. En Puerto Matilde, actualmente se construye un plan de viviendas campesinas, se cuenta con un acueducto veredal, servicio de electrificación comunitaria, telefonía pública, una panadería, una casa comunitaria y una escuela rural. Alrededor del caserío continúa el establecimiento de proyectos productivos: búfalos, trapiche de caña de azúcar y trilladora de arroz.

La ACVC promovió un pacto regional para evitar que los cultivos de coca se trasladaran al nordeste antioqueño. Allí también se están introduciendo proyectos productivos de seguridad alimentaria para contrarrestar el bloqueo económico ejercido por militares y paramilitares: los cañadulzales y trilladoras de Ojos Claros y Cañonegrito, la trilladora de arroz de Dosquebradas, búfalos campesinos y la ganadería campesina de doble propósito en la vereda La Cristalina.

En el sur de Bolívar, donde se multiplicaron los cultivos de coca con la llegada de las fumigaciones, la ACVC promovió la creación de la Zona de Desarrollo Integral (ZDI), en las zonas rurales de Cantagallo, San Pablo y Simití, buscando mejorar la seguridad alimentaria precarizada por las fumigaciones y el bloqueo. En las fincas comunitarias de Alto San Juan, Alto Cañabraval y algunas veredas se están llevando a cabo proyectos piloto de recría de especies menores y huertas comunitarias.

La resistencia de la ACVC se da en diferentes territorios y con diferentes matices, sin caer en la supuesta complejidad que se pretende otorgar al conflicto desde afuera de nuestra realidad. Lo que ocurre en el Magdalena Medio es sencillo: exclusión política, distribución inequitativa de la riqueza (aquí se explota oro y petróleo y se encuentra la más grande refinería del país), problemáticas socioeconómicas irresueltas y la guerra que deviene de los anteriores factores.

En la búsqueda del cumplimiento de los acuerdos con el gobierno y de la solución de las causas estructurales del conflicto regional, la ACVC ha realizado numerosas acciones políticas y de hecho en la exigibilidad de los derechos del campesinado:

1. Las marchas de 1996.

2. El éxodo campesino de 1998.

3. La asamblea popular de Cantagallo.

4. La toma de la alcaldía de Yondó.

5. El cabildo abierto de Yondó (primer y único ejercicio regional de plan participativo de inversiones y presupuesto municipal).

6. La toma de la alcaldía de Barrancabermeja.

7. La toma de la alcaldía de Bucaramanga.

8. La toma de la Red de Solidaridad Social de Medellín.

9. La toma de la oficina nacional de la Defensoría del Pueblo, en Bogotá.

Partiendo de este recuento breve es muy importante enumerar lo que se ha construido y realizado hasta el momento:

1. Una organización democrática y con capacidad de interlocución con las partes del conflicto. La ACVC ha realizado tres asambleas generales y sus miembros pueden elegir o ser elegidos como dirigentes en la junta directiva. La ACVC ha interlocutado con las guerrillas y con el estado colombiano para lograr acuerdos que posibiliten su proyecto de vida y desarrollo en la región.

2. La ACVC ha logrado construir equipos humanos que le han dado operatividad a su proyecto. Una junta directiva, seccionales en el nordeste antioqueño, el medio Cimitarra y el sur de Bolívar, un equipo de campo constituido por 16 líderes campesinos, un proceso de mujeres, un equipo técnico, una estrategia de comunicación.

3. La ACVC toma decisiones de manera rápida y consultada con sus bases. Cuenta con un mecanismo de seguimiento y evaluación, con balances periódicos, con un espacio de crítica y autocrítica de sus dirigentes.

4. La ACVC ha logrado construir mecanismos de comunicación para hacer le frente a la censura mediática que invisibiliza la realidad regional: un programa radial, una revista, un portal de internet.

5. La ACVC ha logrado realizar alianzas comunitarias e interinstitucionales: convenios con las universidades públicas (Universidad de la Paz, Universidad Industrial de Santander, Universidad Pedagógica Nacional) y hace parte de coordinaciones nacionales políticas, de derechos humanos y desarrollo.

6. La ACVC mantiene relaciones internacionales que han generado espacios de denuncia y presión política sobre el estado colombiano.

7. La ACVC ha llevado al sistema interamericano, la comisión interamericana de derechos humanos de la OEA, todo los casos documentados de violaciones y crímenes de lesa humanidad contra sus miembros. La impunidad no es eterna, la justicia llegará tarde o temprano.

8. La ACVC ha exigido a las FARC y al ELN, presentes en la región, el acatamiento de las normas del derecho internacional humanitario y ha denunciado las infracciones de estas organizaciones cuando han victimizado a pobladores civiles.

Finalmente, la ACVC es una organización que tiene, como todo proceso, limitaciones y problemas que se van corrigiendo en el día a día, pero que resiste y sueña permanentemente, que recrea propuestas y utopías de manera permanente: producir aceites esenciales como una manera de sustituir la coca, hacer que los ciegos vean con la "Misión Milagro", gracias a un convenio con los gobiernos de Cuba y Venezuela, llevar a unos muchachos campesinos a que conozcan la universidad en estos países, alfabetizar al campesinado, recuperar las cooperativas, arreglar las carreteras y los caminos, cuidar, además de los hombres y las mujeres, a las tortugas y las babillas.

Construir una región desde cero, con el viento en contra, contra corriente, como una tortuga que pese al temporal sabe llegar a donde le toca, así es la Asociación.

Recuerdo cómo Orlando Triana Moncada me llevó una vez a conocer "una cooperativa que flota, profesor". Era una larga canoa llena de insumos y alimentos, que salía todas las semanas desde el puerto de Barrancabermeja, río Magdalena arriba, hasta meterse en el río y la ciénaga del Opón, por entre una nube negra de zancudos sedientos, parando de finca en finca, desde cuyos cacaotales fracasados salían los campesinos, muchas veces sin dinero, con la sola sonrisa.

Regresando a Barrancabermeja, le pregunté sobre lo que sucedería si se hundía la canoa esa, inédita en el mundo de la economía solidaria, cooperativa flotante. Me devolvió la pregunta con ese acento enmarañado y con la voz desgastada por el humo del tabaco: "¿Ha visto alguna vez a una cooperativa hundirse en el agua, profesor?". No, le respondí. "Pues se hunden las canoas, las cooperativas no. Nosotros somos una cooperativa que no se hunde, somos una asociación que no se hunde, que flota". Moncada sería asesinado dos años después en un retén paramilitar, a cinco minutos de la base militar de Yondó.