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Trayectoria y vigencia del movimiento campesino en Colombia
Publicado en la revista Prensa Rural, No.2, marzo de 2008.
Mónica Orjuela / Lunes 31 de marzo de 2008
 

Los movimientos sociales, dentro del territorio colombiano, han desarrollado una historia permanente de acción, que ha trascendido todas las esferas, tanto políticas como sociales, económicas y culturales en el país y por fuera de él. Desde la época del bipartismo se ha presentado una expansión de la movilización social y se ha mostrado como una vertiente que rompe de alguna manera con los monopolios políticos bipartidistas que ha caracterizado la representación política de nuestra sociedad. El contexto político, económico y sociocultural de Colombia se ha mostrado en permanente crisis en cuyos elementos se presenta “el debilitamiento del Estado, la fragmentación de la sociedad y el divorcio entre el desarrollo económico y el social [1]. Los cambios sociales que se han presentado en nuestro país no han sido cambios dirigidos a la transformación de las condiciones de desigualdad; a su vez esto ha contribuido a la generación de crisis de legitimidad del Estado y de los partidos políticos tradicionales, profundizada con los fenómenos de la corrupción y el narcotráfico. Por lo tanto, los movimientos sociales en Colombia han tenido sin duda alguna implicaciones de gran trascendencia.

Si miramos la historia de los partidos políticos, podemos entender cómo los movimientos sociales se han gestado como parte de esta trayectoria. Después de la violencia de los años cincuenta, los partidos políticos se comienzan a debilitar y en consecuencia los movimientos sociales dejan de estar adscritos a estos. “Esta crisis política tiene como otra cara de la moneda la emergencia de una amplia pero dispersa movilización social y popular al margen de los partidos tradicionales [2]. Después de ello, se mantuvieron permanentes las movilizaciones sociales, sin que se presentara una transformación de la estructura como tal.

En la década de los cincuenta, empieza en furor el contexto de la guerra fría, y sin duda ésta tuvo incidencia a nivel global. Sus implicaciones estuvieron marcadas con la concepción de la lucha por la pobreza promovida por los países centrales y en particular por Estados Unidos. Pero esta “lucha contra la pobreza”, tenía sus raíces en el temor al comunismo, a su expansión, y estos países que tenían estas tendencias “maléficas” para los planes desarrollistas del capitalismo, fueron combatidas con el argumento y la legitimación de la imagen geopolítica de los países “tercer mundistas” en atraso [3]. La idea de fortalecer organizaciones en estos países, pero con la intención de excluir las orientaciones comunistas, encerró una paradoja en la idea de fortificar organizaciones, limitándolas en sus orientaciones políticas. Por lo tanto, los gobiernos querían organizaciones, pero que su virtud fuera funcional a los intereses bipartidistas y que impidieran de alguna manera el surgimiento de brotes y progresos de organizaciones de izquierda y de tendencias revolucionarias. La orientación política se orientó a aniquilar y contener el “fantasma del comunismo”.

El origen de las luchas campesinas en Colombia se sitúa en la década de 1920, cuando surgieron las ligas campesinas, al tiempo que surgían los partidos políticos de izquierda. Estas luchas estaban dirigidas en contra de las condiciones sociales en las haciendas y en las plantaciones. Las luchas campesinas también tenían factores socioeconómicos de represión que trataban de romper con las aspiraciones de una revolución, para lograr imponer en definitiva el sistema capitalista. Fenómenos como el desplazamiento a raíz de la violencia generaron la mano de obra barata demandada, como también el aumento de la movilidad de los campesinos. A lo largo de esta lucha por la tierra, ya en los años sesenta las regiones de arraigo campesino fueron denunciadas por el Partido Conservador como “repúblicas independientes”, lo que marcó el inicio en firme de la lucha anticomunista en el país [4].

La reforma agraria truncada

Para la época del gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien promovió la “reforma agraria” presionado por los brotes comunistas en América Latina, se comprometió a impulsar una organización campesina que inició sus experiencias en el Valle del Cauca y Sucre, creándose la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el año de 1970. Sin embargo, esta organización no tenía permitida la movilización bajo el argumento de que se infringía la ley. Es decir, tenía prohibido promover las tomas de tierras que estaban bajo la apropiación de los latifundistas de la época [5]. No obstante el movimiento campesino, ante la pérdida de tierras y de una reforma agraria precaria, se lanzó a invadir tierras para presionar la distribución de las mismas a las comunidades campesinas. Estas protestas, y las organizaciones que las impulsaron, fueron víctima del señalamiento. Según Suhner:

La violencia política paso de ser partidista a ser clasista y las protestas y las reivindicaciones sociales fueron interpretadas por la oligarquía gobernante como una oposición al régimen, y por ello, en lugar de haber sido tramitadas a través de canales institucionales, fueron reprimidas por la violencia o, en el mejor de los casos, tratadas marginalmente, como ocurrió con las exigencias campesinas que fueron entendidas como una reforma agraria ineficiente”. [6]

Los movimientos reivindicativos se complementaron con las protestas por el latifundio ganadero, que reclamaban el derecho a la tierra, el crédito y servicios básicos. Este intento de reforma agraria tuvo una tendencia desarrollista, con el objetivo de vencer la resistencia y por ende las reivindicaciones por la tierra. En esta medida la creación de la ANUC, la cual en principio fue creada para canalizar las aspiraciones de los campesinos, tomó otros rumbos no esperados y llevó a la división de la organización en dos líneas, una de las cuales se radicalizó y que seria la que impulsó las grandes tomas de tierras en la década de 1970: la ANUC línea Sincelejo, surgiendo a su vez una línea gobiernista: la ANUC línea Armenia.

En el Gobierno de Misael Pastrana (1970-1974), contrario al de su antecesor, se promovió una contrarreforma, con lo que buscaba el crecimiento urbano. Pastrana se sentó a una negociación con los terratenientes para concertar la nueva reorientación de la política agraria, que se convirtieron en programas asistencialitas, de crédito, pero que mantenían el problema estructural de la concentración de la tierra. Por lo tanto, el paso a seguir era frenar el proceso de organización campesina que se convirtió en un malestar político para estos intereses, lo cual motivo e impulsó la división de la ANUC.

Recuperación de tierras. Hacienda Cobaló, Cauca, 1974. Foto de Jorge Silva.

Desde entonces, el proyecto de reforma agraria sería uno de los pilares fundamentales que girarían alrededor de las organizaciones campesinas. El investigador social Alejandro Reyes [7] hace un barrido por las protestas sociales campesinas del país y muestra de manera detallada cada una de las regiones donde la lucha campesina es un factor importante en las dinámicas sociales del país. Desde la década de 1980 se configuraron importantes organizaciones campesinas en zonas de colonización como el Magdalena Medio, Bajo Cauca, Ariari-Guayabero-Guaviare, Catatumbo y Alto Sinú. También en enclaves agroindustriales o mineros con alta inmigración y conflictos por la distribución de beneficios, como Urabá, Barrancabermeja y Arauca. Y regiones dominadas por el latifundio, como Sucre, Córdoba, Sur de Bolívar, Magdalena, Cesar, centro oriente del Cauca, sur del Tolima y centro-sur del Huila.

También surgen nuevas organizaciones, unas con tendencias políticas de izquierda muy claras, y otras que defendían su autonomía frente a agrupaciones políticas, que tenían factores culturales, de género y étnicas. También en estos años fueron fundados los frentes políticos de oposición como la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar. Así mismo, las reivindicaciones sociales, además de movilizar a través de la lucha por la tierra, el desarrollo en las regiones marginales y por servicios básicos, las protestas fueron causadas por las violaciones a los derechos humanos y la defensa por la vida, en un marco de guerra sucia, paramilitarismo y persecución estatal contra la oposición.

Durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) se instauró el Estatuto de Seguridad, con el que muchas organizaciones sociales, incluidas las campesinas, fueron perseguidas. Este estatuto causó infracciones punibles, aumentó penas y otorgó atribuciones judiciales a las fuerzas armadas. Y para completar el cuadro, en 1981 se creó el grupo paramilitar Muerte A Secuestradores (MAS), que no fue otra cosa que la nueva trayectoria que tomarían los grupos paramilitares en el país, financiados por el narcotráfico, los terratenientes y ganaderos. En medio de este panorama, las organizaciones campesinas permanecieron activas en casi todo el territorio colombiano, se desarrollaron propuestas políticas como las de la Unión Patriótica, que luego, y nuevamente, serian una piedra en el zapato para la clase dirigente del país.

Crisis y permanencia del movimiento campesino

En los años noventa se presenta una crisis en las organizaciones sociales, y por otro lado se demuestra la significativa persistencia de las mismas por mantenerse. Esta crisis se manifiesta en una falta de representación nacional, es decir, en una fragmentación de los procesos sociales. Cada proceso tiene su propia dinámica y muchas veces los diversos sectores entraron en conflicto.

Esta fragmentación también tiene una explicación de acuerdo a las difíciles condiciones que enfrentaba el movimiento campesino dentro de la coyuntura política y la criminalización por parte del Estado de la protesta social, que ha estado dirigida a desarticular los procesos sociales de oposición al gobierno.

La coyuntura de 1990 plantea nuevos retos, en donde se incluye la complejidad de la misma constitución de 1991, en la cual los derechos sociales generan nuevos mecanismos de participación e imponen nuevas dinámicas a través del mercado, al igual que surgieron nuevos temas relacionados con el medio ambiente, los recursos naturales, la manipulación genética de las semillas, los cultivos ilícitos y la lucha contra las drogas. Esto demuestra que los movimientos sociales campesinos son en sí mismos procesos dinámicos, y en este sentido, hay que analizar a las comunidades campesinas, no como actores de una sociedad, en el cual ellos están aislados, sino que hacen parte de una sociedad mayor, y que está en permanente contacto y relación unos con otros. Por lo tanto, los movimientos campesinos se han ido transformando tanto endógena como exógenamente, sus reivindicaciones se correlacionan con las dinámicas del mundo, como los avances genéticos, el surgimiento y llegada de los mercados transnacionales, los cambios ecológicos, las transformaciones del uso de la energía, los cambios en el uso de la tierra como los monocultivos, entre muchas otras dinámicas que están a la orden del día, y que así mismo inciden en las problemáticas de las comunidades campesinas y en sus planteamientos reivindicativos.

Suhner afirma que “Cambios radicales se presentan a lo largo de los gobiernos, pero un cambio radical se presenta con el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) que transforma las dinámicas y estrategias que cada actor social establece. En primer lugar hay que recordar el lema presidencia de “bienvenidos al futuro” que significó la vía en definitiva del libre mercado, y de sectores protegidos y manejados desde la política de lo “neutral”, en el cual las fuerzas del mercado asignan los recursos. Lo que llamamos la apertura económica que aumento en un 700% las importaciones y provocó reducciones severas en las áreas sembradas”. [8]

Pero la crisis no fue definitiva, ya que, según Suhner “el hecho de que los campesinos sigan protestando a pesar de las condiciones adversas y la violencia muestra su gran capacidad de resistencia y su fuerte voluntad de permanecer en el campo y seguir con su rol de agentes productores”. [9]

El año de 1996 se marca por el inicio de un largo proceso de recuperación de las organizaciones de los distintos sectores populares y de su capacidad de movilización. Este año es recordado porque las luchas sociales y las acciones de protesta fueron creciendo, y en el cual hubo grandes manifestaciones que movilizaron a decenas de miles de campesinos, sobre todo del sector cocalero. Tuvieron lugar protestas contra las fumigaciones y la obtención de asistencia gubernamental en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Cauca, Huila, Norte de Santander y la región del Magdalena Medio. En este mismo año se le exigió al gobierno negociaciones de alto nivel político.

En estos últimos años el modelo neoliberal acrecentó el volumen de las condiciones socio-económicas del país. Este auge de la movilización campesina generó optimismo dentro de las organizaciones, lo cual motivó la creación de nuevas instancias de agremiación como el Consejo Nacional Campesino. Cuando Andrés Pastrana asumió la presidencia, así mismo se vio obligado a asumir los acuerdos firmados con el antecesor Ernesto Samper, quien había tenido un gobierno de deslegitimación política debido a la relación de su campaña con sectores del narcotráfico; en el gobierno de Pastrana (1998-2002) se evidenció la falta de voluntad política del gobierno, poniendo obstáculos a la hora de viabilizar los acuerdos firmados con las organizaciones y las comunidades. Este incumplimiento llevó a su vez a grandes movilizaciones, éxodos y bloqueos regionales, como en el Magdalena Medio en 1998.

Si bien se habla de una transformación en los contextos, se puede hablar también de elementos que permanecen y que han sido una constante en las luchas reivindicativas de los sectores oprimidos; se puede hablar de un constante temor al surgimiento de grupos de izquierda que tengan pretensiones reivindicativas y en consecuencia se operativiza y se movilizan fuerzas en función de su exterminio cuantas veces sea necesario y desde los mecanismos que estén a disposición. Además de ello, y en contraposición, permanece las resistencia, desde distintos ángulos, desde distintos espacios y desde distintos tiempos, pero la lucha de los sectores oprimidos sigue vigente en virtud que de la opresión también lo es. Antes se aplicó el Estatuto de Seguridad, hoy se aplica la Seguridad Democrática de “mano firme, corazón grande”.

Dentro de la dinámica interna de los movimientos sociales, muchos de los análisis sobre el movimiento campesino se refieren a la debilidad de estos mismos, cuando las organizaciones campesinas se unen a otros grupos sociales alrededor de demandas territoriales. Pero esto no necesariamente tiene que ser visto como una debilidad, sino con un reflejo de esa dinámica de transformación de las luchas sociales y su flexibilidad, y de entender que el sector campesino hace parte de una sociedad más amplia. Comprender que el sector campesino no es el único sector oprimido o dominado, y en esta medida las alianzas son estrategias que sectores que, aunque diferenciados, comparten objetivos en común frente a las condiciones impuestas por las relaciones sociales de poder.

La lucha campesina es cada vez más global y cuenta con más contactos y alianzas de sectores sociales como el obrero, salud, maestros, derechos humanos, entre otros. También se abre un espacio internacional donde las organizaciones campesinas denuncian el sistema capitalista, la intervención imperialista, al Fondo Monetario Internacional, y defienden la producción nacional y la seguridad y soberanía alimentaria. En este sentido, las organizaciones plantean no sólo críticas al modelo, sino vías alternas de desarrollo propuestas desde los sectores sociales y que apelan a sus propios intereses.

Retos y desafíos

Hay que destacar dentro de las organizaciones campesinas y de sus luchas, uno de los factores más importantes que es el fenómeno del desplazamiento, y del aumento de la violencia en los sectores rurales, en contra de la vida y bienestar del campesinado. Se entiende que el desplazamiento es un fenómeno que surge a raíz de la violencia y del conflicto social y armado del país, y que el objetivo del desplazamiento, además de la apropiación de las tierras y sus recursos, es la desestructuración del tejido social y de la organización.

En este sentido, se entiende que la guerra existe, para que exista el desplazamiento, por lo tanto, las luchas campesinas no sólo se dan dentro del marco de consecución de recursos, sino de paz, permanencia en los territorios y de salvaguardar la vida misma, como anteriormente se explicó, ya que los sectores dominantes no son los mismos de principios del siglo veinte. Ahora los mecanismos de opresión y dominación adquieren otras dimensiones, no se trata sólo de un problema de tierra, se trata también de los mecanismos utilizados para llegar a su posesión, o de las formas en las que el campesinado las posee.

Un ejemplo de ello es el problema del narcotráfico: aquí el campesino es cultivador de la coca, pero la explicación de por qué el campesino la cultiva no radica en entenderlo como un narcotraficante, implica el análisis del uso que el campesino le da a la tierra, en virtud de su relación con los otros sectores de la sociedad mayor. Los campesinos cultivan coca, porque los otros cultivos no son lo suficientemente viables en términos de valor agregado, lo cual no le permite al campesino su subsistencia, el campesinado cultiva coca, porque no están las condiciones en su relación con el la sociedad mayor, que le permitan vivir dignamente. Porque no existen las condiciones políticas, económicas y sociales que le permitan al campesino vivir de otro tipo de cultivos o de actividades.

Entre tanto, otro factor que se piensa obstaculiza la movilización, tiene que ver con la dependencia de sectores campesinos con los partidos tradicionales y el clientelismo y las organizaciones progobiernistas. No obstante, es significativo el papel de organizaciones sociales de los sectores independientes y populares, que consideran y denuncian que existen instrumentos del clientelismo y son utilizadas por los partidos tradicionales para coptar a las organizaciones y en lo posible llegar hasta su eliminación.

Otro de los factores que debilitan el movimiento campesino tiene relación con los recursos financieros que limitan el trabajo organizativo, la preparación de nuevos líderes, las comunicación entre regiones, los contactos internacionales, etc. En este sentido, la cooperación nacional e internacional es un factor primordial en el mantenimiento de los procesos sociales, pero incluso muchas veces la cooperación es aquella que frena e inmoviliza dichos procesos, con programas como los derivados del Plan Colombia. En este sentido, dicha cooperación profundiza el conflicto, generando procesos de desarticulación organizacional, y sobre los cuales las organizaciones denuncian sus implicaciones.

Capitulo aparte merece el fenómeno del paramilitarismo, cuya base legal se remonta a 1960, cuando se promueve que los civiles se armaran como apéndice de la contrainsurgencia. En los años setenta, ante la inminente invasión de tierras por parte de campesinos, los latifundistas crearon fuerzas armadas con el objetivo de asesinar a los líderes campesinos y a quienes les colaboraran, desalojando a las comunidades. Para 1982, el gobierno empezó a sustituir el Estatuto de Seguridad con grupos paramilitares, dándoles funciones de los militares para luchar contra los grupos de oposición. Por lo tanto, los territorios de los hacendados y los narcotraficantes fueron protegidos con la creación de las autodefensas.

La alianza entre gamonales y políticos, hacendados y sectores empresariales, Fuerzas Militares y narcotraficantes durante los años noventa se ha fortalecido militar y políticamente con el apoyo (o por lo menos con el visto bueno) de las esferas del Estado, y ante la acción guerrillera, cuenta cada vez con más aceptación de emporios económicos y sectores de la “alta sociedad”. Pero el paramilitarismo no es un actor independiente, sino un instrumento ilegal creado con la participación del Estado para defender y aumentar los privilegios de la clase dirigente. La clase dominante, en el ámbito rural, persigue con el paramilitarismo un proyecto con claros componentes políticos, económicos y sociales que puede ser tipificado como un vía de modernización rural autoritaria.

Todas estás realidades son las que en gran medida impulsan la creación de organizaciones sociales, en este caso los procesos organizativos campesinos que hacen resistencia a las problemáticas de la población. Como en los casos del Catatumbo, Sumapaz, Arauca, el Magdalena Medio, el Tolima, que han creado procesos organizativos campesinos, que en gran media han obstaculizado la aplicación y el desarrollo de condiciones socio-económicas y políticas de marginación y miseria. Por lo tanto estas regiones, como muchas otras, han sido escenario del conflicto. Y entre tanto, las comunidades campesinas han resistido desde hace muchos años a las masacres contra la población civil campesina, los bloqueos económicos, los desplazamientos forzados, las fumigaciones, y las diversas formas de represión armada, a través de la organización, del desarrollo de procesos colectivos que justamente buscan reivindicar su posición dentro de la sociedad colombiana.

Considerar la historia de las organizaciones sociales campesinas es considerar, concretamente, la historia de Colombia, política, económica y socioculturalmente, porque la historia de la resistencia popular se remonta a la época de la colonización. Esta historia no está desligada de los surgimientos de las primeras comunidades campesinas de América y no está desligada tampoco de todos los procesos de opresión y dominación, dos cosas que a pesar de los cambios mundiales, permanecen y son vigentes, así como la resistencia y la lucha campesina. En Colombia y el mundo, sin duda hay muchas cosas que han cambiado, como la llegada inminente de la tecnología, o los cambios ecológicos, o los mecanismos y usos del poder, pero lo que no ha cambiado son las condiciones de las relaciones sociales en las que estamos inmersos: siguen existiendo dominadores y dominados, imperios y colonias, exclusión, dictaduras en un mar de “democracias” del discurso.

Notas:

[1GONZALES, Fernán. Presentación. En: Mauricio Archila. Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas Sociales en Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Centro de Investigación y Educación Popular, 2003.

[2Ídem. Pág. 18.

[3ARCHILA, Mauricio. Idas y venidas, vueltas y revueltas. Obra citada, pág. 62.

[4Stephan Suhner. Resistiendo al olvido: Tendencias recientes del movimiento social y de las organizaciones campesinas en Colombia. Buenos Aires: Taurus. 2002. Págs. 16-19.

[5ARCHILA, Mauricio. Obra citada.

[6Stephan Suhner. Resistiendo al olvido. Obra citada. Pág. 19.

[7Alejandro Reyes. Citado por. Stephan Suhner. Resistiendo al olvido, ob. cit. Pág. 38.

[8Stephan Suhner. Resistiendo al olvido, ob. cit., pág. 27.

[9Ídem, pág. 46.