Para el próximo 19 de agosto ha sido anunciado un paro cívico nacional de campesinos, ciudadanos y trabajadores que eleva un pliego de solicitudes y reivindicaciones agrarias, educativas, de salud, de salarios y derechos fundamentales denegados 1.

Dicha acción colectiva coloca en un peldaño superior el creciente auge de la protesta y movilización social que se ha expresado en los levantamientos indígenas del Cauca (2012); en las huelgas cafeteras, arroceras, paperas y cacaoteras contra el neoliberalismo y los TLCs (primer semestre del 2013); en el explosivo paro campesino del Catatumbo (junio y julio del 2013); y en la huelga minera vigente contra la Locomotora el modelo extractivista.

La comprensión de dicha fenomenología social y el apalancamiento de sus potenciales políticos, recomienda una aproximación rigurosa, que trascienda las meras intuiciones y las puras elucubraciones de liderazgos afectados por el personalismo y el caudillismo rural, enquistados en estructuras sindicales burocratizadas y cooptadas por el turismo sindical internacional , que, por lo demás, está acompañado de una retórica dogmática, sectaria y sin sentido crítico, que contrarresta el caudal transformador de los movimientos sociales y lo coloca en posiciones de infantilismo político cuando no de conciliación con el régimen señorial agrario.

Señalemos, en primer lugar, que los procesos socio políticos en desarrollo como los diálogos de paz de La Habana y sus acuerdos agrarios, la proyectada reelección del Presidente Santos, los cambios recientes en las Fuerzas Armadas (con nuevos oficiales que dicen ser mediadores de conflictos), la recomposición de las relaciones con Venezuela y la influencia Norteamericana, se convierten en el marco de referencia para el abordaje de los movimientos sociales que se visibilizaran desde el 19 de agosto. (Tilly, Melucci, 1999, en Zegada, 2011).

De manera concomitante agreguemos que en el análisis de las protestas y movimientos sociales hay tres ejes de reflexión básicos.

Desde la literatura contemporánea de las ciencias sociales, sobre el tema (Mc Adam, Mc Carthy, Tilly, Tarrow, Touraine y otros) se establecen al menos tres factores necesarios para el estudio de los movimientos sociales: i) las oportunidades políticas ii) las estructuras de movilización (formales e informales) iii) y los procesos enmarcadores o de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción (Mc Adam et. al., 1999, en Zegada, 2011).

Las oportunidades políticas dan cuenta de los procesos políticos que se materializan en la relación de los movimientos sociales con las estructuras institucionales. La hipótesis es que “los movimientos sociales y la revoluciones adoptan una u otra forma, dependiendo de la amplia gama de oportunidades y constricciones políticas propias del contexto nacional en que se inscriben” (Mc Adam et. al., 1999). Sin duda la estructura de oportunidades políticas, es decir, el entorno político o el sistema político influyen o catalizan la acción colectiva, interactúan con ella y abarcan al menos las siguientes dimensiones: el grado de apertura del sistema político institucionalizado (acá es oportuno ver los efectos de La Mesa de La Habana), los cambios que se producen en el sistema electoral; la estabilidad en las alienaciones de las elites que defienden determinadas líneas políticas (acá no hay que pasar desapercibida la reyerta Uribe/Santos), la posibilidad o no de contar con el apoyo de las elites, la capacidad estatal para reprimir o la tendencia a hacerlo (Mc Adam recogiendo los aportes de Krieski y Tarrow, 1999).

En cambio, las estructuras de movilización se refieren a “los canales colectivos tanto formales como informales a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva” (Mc Adam et. al., 1999). En este marco, se inscriben dos tendencias, en primer lugar la teoría de movilización de recursos (Mc Carthy y Zald) que se centra en los procesos de movilización equiparando movimientos sociales con organizaciones formales y; en segundo lugar, la estrictamente centrada en los procesos políticos históricos (Tilly y otros).

Ambas corrientes dieron lugar al estudio de las dinámicas organizacionales de los movimientos sociales y su aplicación a estudios comparados. En relación con las estructuras de movilización, interesa conocer el perfil organizacional (el número de organizaciones y su densidad institucional), y las tácticas disruptivas e innovadoras que estos emplean (bloqueos, paros, huelgas, batallas), y que están en estrecha relación con los recursos que disponen -económicos, simbólicos, y otros- por lo que el desarrollo de un movimiento social depende no solo de la estructura de oportunidades sino de sus propias acciones organizadas (Mc Adam et. al., 1999).

Pero, el cemento que une las oportunidades políticas y las estructuras de movilización son los denominados procesos enmarcadores que son los significados compartidos, los conceptos que movilizan y generan acción colectiva (las ideas o la cultura traducidos en los pliegos de peticiones agitados), la construcción de identidades socialmente compartidas, definidas como “los esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva” (en Mc Adam, 1999). Se refieren al bagaje cultural, las estrategias, las luchas que se generan entre grupos y el proceso que estos sufren en el desarrollo del movimiento, desde los que aparecen como menos conscientes, hasta aquellos en que se monopolizan el debate y el posicionamiento del mensaje en la gente que a veces implica verdaderas batallas discursivas y simbólicas entre los actores que participan en el movimiento, por ejemplo, a través de los medios de comunicación.

Estas acciones colectivas suelen visibilizar las carencias, las necesidades irresueltas, las demandas de participación o el cuestionamiento al Estado, y cuya consecución se busca y conquista precisamente a través de la movilización social. En realidades abigarradas, estas prácticas políticas son resultado de la combinación de varios referentes que devienen de su configuración socio histórica y le otorgan una densidad distinta al movimiento social, porque a las demandas vinculadas a la pobreza y la desigualdad que provienen de los códigos de una modernidad inacabada se añade el cuestionamiento a los modos de reproducción de la desigualdad entre pueblos y culturas, a la exclusión socio cultural, al colonialismo y a la defensa de sus territorios. Dichas demandas incursionan en la política para exigir al gobierno un reconocimiento y espacios en el escenario de desicisió, como lo hemos podido constatar en la huelga cafetera y en el alzamiento del Catatumbo.

Para explicar mejor, la poderosa movilización social que se inicia el 19 de agosto del año en curso, que ciertos “líderes izquierdistas de escritorio y de papel”, momias envejecidas en salones y con dogmas partidistas, quieren desactivar mediante métodos autoritarios, hay que considerar otros elementos importantes.

Me refiero a la crisis actual de mediación de los Partidos políticos en sus funciones de representatividad y de canalización de las demandas sociales, la cual forma parte de la denominada “crisis institucional de la democracia, que ha generado un vacío en el espacio público democrático, y es asumido de manera directa por la acción colectiva de los movimientos sociales. Así, el (re)surgimiento de la acción colectiva en forma de (nuevos) movimientos sociales construye sujetos político ideológicos antagónicos con capacidad de generar propuestas alternativas al modelo hegemónico económico y político marcado por el neoliberalismo y la democracia representativa. En este sentido, García afirma que “los movimientos sociales pueden ser entendidos como un desborde democrático de la sociedad sobre las instituciones de exclusión y dominio prevalecientes” (García et.al., 2004: 19; y García, 2001).

Ahora bien, adicionalmente agrego la idea central de que una acción colectiva se convierte en movimiento social cuando incursiona en el campo político, interpela a otros actores, se extiende a otros ámbitos de la vida social, trasciende las meras reivindicaciones particularistas y toca las aristas del Estado y del orden político. De esta manera, los movimientos sociales se inscriben en un campo de conflicto estructural y generan una opción contra hegemónica. “Un movimiento social es un tipo de acción colectiva que intencionalmente busca modificar los sistemas sociales establecidos o defender algún interés material, para lo cual se organiza y coopera para desplegar acciones públicas en función de esas metas o reivindicaciones” (García, 2004:4-5, citado por Zegada, 2011).

La característica de un movimiento social es que no tiene un lugar específico para hacer política sino que, a partir de un núcleo de constitución de sujetos, organización y acción colectiva, empieza a transitar y politizar los espacios sociales con sus críticas, demandas, discursos, prácticas, proyectos.

En este sentido, un movimiento social es como una ola de agitación y desorden a través de las formas tradicionales e institucionalizadas de la política. Una acción colectiva que no circula e irrumpe en otros lugares de la política no es un movimiento social (Tapia, en Zegada, 2011).

Por otra parte, los movimientos sociales, devienen de campos de conflictividades diversas y de calidades distintas, fundados en la construcción simbólica de identidades. Su efecto se produce a dos niveles: en primer lugar, a nivel institucional en el que producen cambios visibles mediante la incorporación de innovaciones organizativas, la conformación de nuevas elites más receptivas a las formas de acción y de construcción de demandas. En segundo lugar, y lo más importante desde la perspectiva de Melucci, operan como signos, es decir, traducen su acción en desafíos simbólicos que rechazan los códigos culturales dominantes en esa medida son proféticos, anuncian las limitaciones del poder estatal, son paradójicos cuando revelan la irracionalidad de los códigos culturales dominantes llevando a la práctica dichos códigos culturales, y generando nuevas representaciones simbólicas a través del lenguaje (Melucci, 1999).

Otro elemento importante de discusión alrededor de los movimientos sociales es el hecho de que la política involucra también la disputa sobre un conjunto de significaciones culturales, esta disputa lleva a una ampliación del campo de lo político hacia la (re)significación de las prácticas sociales; de esta manera, los movimientos sociales están insertos en movilizaciones por la ampliación del campo político, por la transformación de las prácticas dominantes, por el aumento de la ciudadanía y por la inclusión social. En otras palabras están ligados a la construcción de una gramática social capaz de cambiar las relaciones de género, raza, etnia y apropiación de los recursos públicos; todo ello involucra una nueva interfase entre Estado y sociedad civil. (De Souza Santos, 2004:59-74, en Zegada, 2011).

Otro aspecto importante y complementario para pensar los movimientos sociales revelado por Melucci, es la constatación de redes subterráneas, en las que se experimentan nuevos códigos culturales, nuevas formas de relación, percepción y significación de la realidad y se revelan como señal de posibilidades alternativas al orden establecido, a la racionalidad instrumental de la sociedad dominante e inducen a pensar en órdenes sociales alternativas (Melucci, 1989 citado por el mismo 1999).

Estos movimientos subterráneos en determinadas condiciones irrumpen a la realidad constituyendo el nuevo topo (Sader, 2009), con nuevas fuerzas hegemónicas, portadoras de nuevas propuestas y discursos alternativos. Lo hemos visto con la presencia multitudinaria de los campesinos en la irrupción de Marcha Patriótica en la Plaza de Bolívar de Bogota, un verdadero movimiento social y político que antagoniza el poder hegemónico de la oligarquía.

García y otros (2004:18) afirman que como resultado de las movilizaciones, los movimientos sociales transforman varios aspectos del campo político, modificando el espacio legítimo de producción de la política, rediseñando la condición socioeconómica y étnica de los actores políticos, innovando nuevas técnicas sociales para hacer política, además de mutar los fines y sentido de la misma. De acuerdo a esta lectura, la irrupción de la plebe indígena, campesina y afro trabajadora en el campo político incorpora a la sociedad excluida en un hecho eminentemente democrático y de igualación sustantiva, pues los movimientos sociales permiten el acceso a prerrogativas políticas y el acceso a recursos.

Es necesario considerar también que los movimientos sociales no son formas colectivas de carácter y presencia permanente en el campo político, surgen en determinados campos de conflictividad, se articulan, movilizan, agregan demandas e irrumpen en la política; pero, luego, retornan a sus formatos organizacionales y a campos de conflicto de carácter corporativo ligados a sus demandas inmediatas o en su caso, se mantienen presentes en el campo político ligados a una articulación hegemónico específica. Por eso es equivocado forzar acciones indefinidas que son a todas luces muy contraproducentes. Hay que sopesar correlaciones de fuerza y visualizar nuevos escenarios de protagonismo político, como muy acertadamente lo han hecho los líderes del Catatumbo que organizaron La Mesa correspondiente con el gobierno nacional.

A partir de estas (re)lecturas conceptuales se pueden comprender mejor las características que asume la acción colectiva en Colombia y el protagonismo de los movimientos sociales en desmedro de las formas políticas tradicionales.

El 19 de agosto se inicia un nuevo capítulo de las luchas populares y los movimientos sociales. Vamos con toda al paro.