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“El tal Paro Nacional Agrario no existe”… “estamos atravesando una tormenta”
Santos y el Dilema del Dictador
Jorge Mantilla / Sábado 31 de agosto de 2013
 

En los últimos meses se han venido presentado en el país una serie de protestas sociales que configuran un desafío importante para la gobernabilidad del presidente Juan Manuel Santos. Aunque la coyuntura ha suscitado una de serie de debates en torno a la política económica del país, no es sino hasta estos últimos días que ha surgido una discusión sobre la situación de Derechos Humanos en el paro. En efecto, uno de los alcances de estas protestas, entre las que resaltan la crisis del Catatumbo, Paro Minero y Paro Nacional Agrario, es el desenlace violento de la protesta social.

Con respecto al Paro Nacional Agrario, el balance es preocupante si se tiene en cuenta que en los primeros diez días que lleva, se han producido más heridos que en todas la protestas realizadas en el país durante junio, julio y la mitad de agosto. Esto, lejos de ser una excepcionalidad política en el manejo de la protesta social dado un contexto de crisis, constituye una tendencia de la movilización social en el país cuya continuidad está aún por determinarse.

El incremento de la violencia en el paro puede estar relacionado con dos factores. En primer lugar, la dispersión geografía de las manifestaciones que conlleva a que los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes se den más seguido. En segundo lugar, la diversificación de las formas de violencia en las que han incurrido tanto los manifestantes como la Fuerza Pública, particularmente el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Frente al primero es preciso señalar que el Paro Nacional Agrario afecta a 15 departamentos y 45 vías se han bloqueado. Sobre el segundo factor, trata este texto.

El Dilema del Dictador.

Desde la teoría política podemos definir el momento por el que atraviesa el presidente Santos a manera de un punto conocido como el "dilema del dictador". El dilema del dictador es momento de la represión en donde el gobernante debe obligatoriamente escoger entre concertar o continuar reprimiendo, toda vez que la represión puede llegar a generar una reacción en su contra bajo la forma de violencia generalizada. En otras palabras, este concepto - desarrollado por Ronald A. Francisco[1] - está caracterizado por una pregunta, a saber: ¿Cuánta represión es suficiente o necesaria sin que esta cause una reacción masiva y violenta?

Lo que se pretende discutir no es si Santos es un dictador, ni legitimar la violencia, sino entender como una protesta social cuyas demandas son un sentir nacional – como la reducción del precio de los combustibles- se ha degradado en asonadas, saqueos, brutalidad policial y asesinatos de ciudadanos del común.

En términos políticos, no es posible explicar la violencia del paro, sin detenerse en la desafortunada estrategia inicial utilizada por el gobierno nacional para deslegitimar la protesta campesina al negar su existencia. Más allá del perdón que pidió posteriormente a los campesinos en Tunja, estas desafortunadas declaraciones ya eran un primer indicio del desenlace violento del Paro Agrario en tanto implicaba que los manifestantes debían acudir a formas más contundentes para hacerse notar. Contrario a los planes del Gobierno Nacional, el paro agrario cuenta hoy con una legitimidad ante la opinión pública que ha llevado a diversos sectores a sumarse a algunas de sus reivindicaciones, pero también a manifestaciones de solidaridad que no tenían precedentes en el país como lo son los “cacerolazos” que se han registrado en varias ciudades. Esto, se traduce en un capital político para los manifestantes en la mesa de negociación que les permitirá ser más rígidos en sus posturas de lo cual puede esperarse un incremento de la violencia sobre todo cuando se estén definiendo los detalles del acuerdo. En tanto los acuerdos a los que se han llegado para levantar parcialmente los bloqueos no resuelven el conflicto que ha dado lugar al paro, la tensión política se mantiene.

Ya una vez reconocida la tormenta por la que atraviesa el país, el gobierno opta por evitar una negociación unificada y plantea la negociación con representantes agropecuarios de tres de los quince departamentos en donde se registran protestas: Cundinamarca, Nariño y Boyacá; lugares donde los bloqueos han sido permanentes y masivos. De esta negociación podría esperarse igualmente un incremento en la violencia en los demás departamentos o sectores sociales que no se sientan incluidos en un eventual acuerdo para levantar el paro.

Lo anteriormente mencionado, condiciona la estructura de oportunidad del gobierno de cara al Paro Nacional Agrario y lo obliga a tomar decisiones importantes en el corto plazo. Por ello, una de las derrotas más importantes sufridas por el Gobierno Nacional en la presente coyuntura es la deslegitimación de la Policía Nacional tras una serie de denuncias debidamente documentas sobre los atropellos cometidos por el ESMAD.

Brutalidad Policial.

Más que un cuerpo policial, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios es un dispositivo de contención social basado en el ejercicio de una violencia profesionalizada y “no letal”. Esta violencia, no sólo acontece en el espacio público, sino que pretende determinarlo bajo unos nuevos códigos de participación política guiados por una lógica de indefensión de los manifestantes que reproduce una estructura particular de poder. No acompaña, castiga la protesta social.

Los atropellos, la mutilación y la muerte de manifestantes en presuntas actuaciones del ESMAD, han generado preocupación por parte de organismos humanitarios y organizaciones de derechos humanos. Algunas de estas últimas plantean un debate frente a la necesidad de disolver este cuerpo policial, que está relacionado con lo que podría ser una reforma al sector de seguridad y defensa en una eventual terminación del conflicto. Dar lugar al debate de la intervención o la disolución del ESMAD sería un indicio importante de que el Presidente Santos realmente cree que la protesta es un pilar de la democracia.

En conclusión el desafío analítico del Gobierno Nacional frente a la toma de decisiones, está en entender porque la represión del Paro Agrario no ha generado una dinámica de disuasión de la protesta como se supone debería suceder. Por el contrario, el punto de inflexión del dilema frente al uso de la fuerza por parte del Estado, se precipita a media que la violencia aparece en las principales capitales del país. La gente ha visto las imágenes de heridos y muertos llegar desde el Catatumbo y otros rincones hasta sus barrios a través de estos tres meses.

Por su parte, las organizaciones sociales y la sociedad civil tienen el desafío de construir una política pública de la protesta social en Colombia que esté en función de los Derechos Humanos y la libre deliberación ciudadana. Una política pública de la protesta en donde la Fuerza Pública sea objeto de un control crítico y riguroso por parte de la sociedad como lo exigen los estándares internacionales.

[1] Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Kansas. Veasé Ronadl Franciso “Dictator´s Dilemma” en Christian Davenport “ Repression and Mobilization” UM 2005 Minnesota.