I

El día 8 de agosto de 2013 la Mesa de Interlocución Agraria (MIA), en la que convergen numerosas organizaciones campesinas, dio a conocer en acto público en la puerta del Ministerio de Agricultura la convocatoria al Paro Nacional Agrario y Popular y presentó el pliego de seis puntos reivindicado por el movimiento social.

Las demandas formuladas no fueron atendidas por parte del Ministro de Agricultura, en cambio, hubo una fuerte reacción de los grupos paramilitares. El paramilitarismo que en Colombia tiene nombre propio, como lo aseguró recientemente Pablo Hernán Sierra[1], profirió vía correo electrónico numerosas amenazas de muerte a quienes liderarán o participarán en el movimiento de protesta. Tales amenazas estuvieron acompañadas con las estigmatizaciones gubernamentales, que suelen asimilar toda expresión de inconformidad con la insurgencia armada.

A pesar de todo ello el paro agrario y popular comenzó el día 19 de agosto.

II

Las más nutridas movilizaciones campesinas tuvieron lugar en Segovia (Antioquia), Buga (Valle), Tunja (Boyacá) e Ipiales y Túquerres (Nariño). Después de 20 años de aplicación de políticas neoliberales el campesinado salió a decirle al gobierno que no aguanta más. Los problemas agrarios del país van desde la concentración y subutilización de la tierra, y la ausencia de institucionalidad y apoyo estatal para los pequeños productores (asistencia técnica, créditos, precios, infraestructuras) hasta la pérdida de la soberanía alimentaria, la entrega del mercado interno a las trasnacionales y la desaparición del campesinado como resultado de los tratados de Libre Comercio.

Después del primer día de la protesta el presidente Santos aseguró: “El paro no ha sido de la magnitud que se esperaba”.

III

Desde el primer día el multitudinario movimiento social fue reprimido con saña y crudeza y los atropellos ejercidos por la policía fueron de tal magnitud que el Arzobispo de Tunja Luis Augusto Castro catalogó la política del gobierno como una “traición de patria”.

Al observar en los vídeos, circulados en las redes sociales, a la policía robando víveres, orinado sobre la comida de los manifestantes, destruyendo ventanales y viviendas, golpeando y humillando a la gente en sus propias casas, hiriendo niños, mujeres y ancianos, infiltrando las marchas, sembrando explosivos al paso de las marchas, golpeando con sevicia a jóvenes detenidos, en síntesis masacrando la protesta social, el país entero se puso en favor del movimiento popular.

El domingo 25 de agosto, con base en montajes (los computadores mágicos de Reyes) fue ilegalmente detenido el dirigente de Fensuagro Huber Ballesteros.

En la noche, al escuchar al presidente Juan Manuel Santos afirmar ante los grandes medios privados de comunicación que “El tal paro nacional no existe” la indignación nacional se acrecentó. La aseveración gubernamental se contradecía con la feroz represión ejercida y las apresuradas maniobras de ministros y funcionarios dirigidas a buscar mezquinos arreglos sectoriales para desmovilizar la protesta.

IV

El lunes 26 de agosto, la brutalidad policial cobró su primera víctima en el municipio de Fusagasugá, allí el joven Juan Camilo León Acosta fue asesinado por el Esmad al recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en el pecho. La muerte del joven León fue una demostración del desproporcionado uso de la fuerza que hace el gobierno. El asesinato de Juan Camilo debe sumarse al extenso prontuario del Esmad, en el que son representativas las vidas segadas de Nicolás Neira, Diego Felipe Becerra y decenas de estudiantes caídos por las balas asesinas del Estado.

El movimiento de protesta continuó recibiendo represión y descalificaciones de parte del gobierno e igualmente la rotunda deslegitimación por parte de los grandes medios de comunicación (RCN, Caracol, El Tiempo, El Colombiano, El País, CMI).

Han sido los medios alternativos de prensa (Confidencial Colombia, Red de Medios Alternativos y Populares de Colombia (Remap), Prensa Rural, Contagio Radio, Comunicaciones Marcha patriótica, Desde Abajo, Anncol y la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, entre otros, -que se espera no sean amordazados-) los que han permitido al país conocer la verdad de lo que está aconteciendo, por ello, desde el primer día de la protesta la acción policial se ha dirigido a silenciar a los periodistas independientes, así aconteció en el corregimiento de Presidente entre Buga y Tuluá, donde la policía hurtó los equipos y golpeó a los comunicadores de Remap.

En las ciudades, la solidaridad con el paro agrario irrumpió durante los días siguientes con espontáneos y masivos “Cacerolazos”.

V

Entre el 28 y el 30 de agosto el paro se fortaleció, extendiéndose a las ciudades. A las concentraciones en las carreteras de los departamentos de Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Meta, Magdalena Medio, Boyacá, Caquetá, Nariño Antioquía, Santander, Arauca, Quindío, Caldas y Cundinamarca, se sumaron las marchas en las principales ciudades del país: Cali, Bogotá, Bucaramanga, Popayán, Ibagué, Manizales y Medellín. En la capital del país, la provocación y la sevicia policial propiciaron intensos enfrentamientos con los manifestantes en el centro de la ciudad, en horas de la tarde el alcalde de Bogotá Gustavo Petro decretó el toque de queda en cuatro localidades (Ciudad Bolívar, Engativá, Suba y Bosa), y el presidente Santos abandonó la Casa de Nariño para desplazarse a la sede de la Policía Nacional encargando el manejo del conflicto social al ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, quien como siempre amenazó con la judicialización de quienes continuarán en las manifestaciones.

En todo el país el gobierno empleo a fondo la represión en los distintos lugares de concentración, en Barbosa (Antioquía), Florencia (Caquetá), Pipiral (Meta), Barrancabermeja, Cajamarca (Tolima), Castilla (Tolima), en este último caso el campesino Heiner Mosquera, oriundo de la vereda Morras de Ataco (Tolima), cayó por las balas oficiales. El número de heridos durante la primera semana del paro supera las doscientas personas lo mismo que los detenidos. A pesar de todo ello el pueblo colombiano persiste en su gesto heroico.

VI

El viernes 30 de agosto, a primera hora de la mañana, la postura represiva frente a la protesta fue ratificada. En alocución nacional, el presidente Santos sostuvo que daría el control del “orden público” al ejército, incrementando con 50.000 hombres el número de militares en las carreteras y entregando recompensas de 5 y 10 millones a quien denuncié a los gestores y participantes en las protestas. A la vez, dio un insólito bandazo al decir que retiraba sus negociadores de la Mesa -regional y sectorial- instalada en Tunja y expresar una hora más tarde que estos volvían a la Mesa. El bandazo presidencial es comprensible a la luz de los numerosos desatinos gubernamentales en materia de política agraria, a los que se suma la intención de fragmentar y deslegitimar el movimiento campesino desconociendo la vocería y capacidad de interlocución a la MIA.

La apertura de la Mesa regional y sectorial en Tunja hace parte de la estrategia encaminada a restar fuerza al movimiento agrario desconociendo su carácter nacional, es decir su unidad y sus alcances, y político, de ser un movimiento que va más allá de reclamar subsidios y compensaciones situando la discusión sobre la política agraria en el lugar que corresponde.

El gobierno Santos elude sentarse a dialogar con la MIA porque esta reclama una salida estructural frente a la crítica situación que enfrenta el campo colombiano, para el gobierno son más funcionales los arreglos coyunturales (tecnocráticos, asistenciales y transitorios) que mantienen al campesinado en una perpetúa agonía. Para la clase dominante el campesinado no debe pasar de ser un dócil redil que cada cuatro años se conduce a las urnas para ahondar su miseria.

Con la militarización del conflicto agrario el gobierno acentúa el histórico carácter antidemocrático del régimen político, en el cual la oposición y la protesta son criminalizadas, primando el ejercicio de la fuerza y la violencia oficial en el tratamiento de los conflictos sociales. Las soluciones a las exigencias planteadas por el campesinado son fundamentalmente políticas y van más allá de las soluciones mendicantes como la compra de la leche represada por parte de Alquería, Colanta, Alpina y Nestlé, o el absurdo desmonte de aranceles a 19 fertilizantes.

VII

El gobierno se encuentra perplejo, no acaba de comprender la fortaleza con la que el campesinado ha rotó el largo silencio de la dominación, para las clases dominantes resulta inverosímil que los débiles puedan impugnar, resistir y rebelarse, para el poder siempre será difícil entender las razones y las esperanzas de "los de abajo". La dilación oficial en atender el legítimo pliego demandas presentado por la MIA va en contra del propio gobierno, el tratamiento militarista y de guerra en contra del movimiento social sólo acrecentará la furia popular, este día “El tiempo está a favor de los pequeños de los desnudos, de los olvidados”.