El movimiento campesino que se ha desplegado durante más de quince días ha conmocionado al país poniendo a reflexionar a millones de personas en las ciudades sobre la crisis del sector rural y los problemas estructurales de la producción de alimentos en Colombia. Desde los años setenta no se registraba una acción tan amplia de reivindicaciones de los productores rurales pequeños y medianos, ni tanta solidaridad bulliciosa, al estilo de los estudiantes, o silenciosa desde la casa o la empresa.

Se ha estimado que cerca de 250 mil campesinos se han movilizado en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Cauca, Nariño, Valle, Antioquia, Caldas, Meta, Arauca, Putumayo, Choco, Cesar, Santanderes. Las expresiones de apoyo de los estudiantes se han sentido en no menos de 30 universidades. Y con el paro y movilización rural confluyen acciones sectoriales de los docentes agrupados en FECODE y de la alianza en defensa de la salud. Además, para completar el cuadro, se habla de 20.000 camiones paralizados al lado de las vías y de miles de mineros en Antioquia y Magdalena Medio.

El gobierno ha reconocidos la justeza de algunas demandas contenidas en los pliegos más conocidos que son promovidos por tres centros de coordinación diferentes: la Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria (Dignidades cafetera, papera, cacaotera, panelera y arrocera), la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Acuerdo e Interlocución– MIA y el Coordinador Nacional Agrario – CNA.

La respuesta del gobierno se dirige en especial a “Las dignidades” que reclaman políticas de sustentación de precios, abaratamiento de insumos, control al contrabando, refinanciación de créditos y rectificaciones a los TLC que han impuesto una competencia ruinosa para los pequeños y medianos productores. http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5992-el-19-de-agosto-todos-a-la-movilizacion-nacional-cafetera-y-agropecuaria

Frente a estos problemas los Ministros de Hacienda y Agricultura han hablado de un fondo de 1,2 billones de pesos para cumplir acuerdos anteriores y extender su financiación hacia el 2014. La mesa de dialogo que ha comenzado a reunirse en Boyacá atiende en especial este tipo de demandas y mantiene diferencias sobre el cumplimiento y verificación de los subsidios y medidas; los lideres agrarios han dicho que aunque se cumpliera con los subsidios el problema puede volverse a presentar por oscilaciones en los preciso de mercado que impliquen costos de producción más altos que el precio de venta o sin margen de utilidad al productor. De este modo, para la MNUA las ofertas del gobierno son inciertas y no atienden a los problemas estructurales, sobrecostos de abonos o fungicidas o amenazas de los TLC.

Frente al pliego del Paro Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares presentado por la MIA, el gobierno se queda en los temas de mitigación propuestos a las Dignidades pero no anuncia alternativas a las exigencias de cambio en políticas centrales de las locomotoras agraria o minera. Las demandas de la MIA incluyen medidas de acceso a la tierra, trámite de solicitudes en curso sobre Zonas de Reserva Campesina, sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, contención a la extranjerización de la tierra y al acaparamiento en la altillanura, moratoria de títulos mineros y protección a la minería tradicional, participación campesina en toma de decisiones y derecho a la consulta y planes rurales sociales en salud, vivienda y educación. El CNA, en un pliego de enunciados generales, parece coincidir con lo anterior y le agrega la exigencia de solución negociada del conflicto armado como sello de identidad política[1].

El núcleo de esas demandas de la MIA es una rectificación de las políticas de desarrollo agropecuario y coinciden con el proyecto de reforma agraria y rural concertado por decenas de organizaciones durante los últimos cinco años. Aunque sus propuestas se sustentan en muchos estudios presentados por la academia e incluso por el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, el gobierno no ha aceptado crear un escenario de diálogo social sobre lo que significa alternativas o variaciones al modelo plasmado en el Plan de las locomotoras para un desarrollo basado principalmente en macroproyectos agroindustriales[2].

LA HORA DE NEGOCIAR

La evolución de la movilización y del paro agrario indican que ha llegado la hora de negociar y ello exige del gobierno el reconocimiento a todos los interlocutores y no solo a los dirigidos por la MNUA que esta calificando de auténticos campesinos. La acusación a los otros sectores de que son agentes de las guerrillas, está llevando a justificar el tratamiento militar y de contraguerrilla a las protestas rurales e incluso en las ciudades. Las consecuencias están a la vista y llevan a recordar las épocas del Estatuto de Seguridad, con detenciones arbitrarias, judicialización masiva de lideres, respuesta con el Ejército a la protesta civil, Estado de Sitio no declarado en algunas regiones.

Este movimiento que ha mostrado su fuerza y la potencialidad de ir a acciones mayores, también requiere propiciar espacios a la concertación de procedimientos y de algunos acuerdos parciales.

Pero para que sea más propicio el ambiente al dialogo y a la negociación, la hora reclama cortar la dinámica de guerra que le está dando el gobierno a las demandas del MIA y del CNA y, del otro lado mantener el movimiento pero controlar de manera estricta cualquier manifestación violenta, espacio para provocadores e incluso suspender los bloqueos en aras de ir a una mesa de negociación.

RECONOCER A LA MIA COMO LEGITIMO INTERLOCUTOR

Las declaraciones del Ministro de Defensa, del Fiscal y de otros funcionarios que asimilan la MIA a la Marcha Patriótica y todos a las FARC, son un mal augurio y llevan a políticas nocivas para la democracia con efectos perversos contra el mismo gobierno y para los campesinos. La MIA está integrada por organizaciones rurales legalmente reconocidas como FENSUAGRO, Mesa Nacional Cacaotera, la Asociación Campesina del Guaviare (ASCALG), la Asociación Campesina de Arauca (ACA), la Mesa de Unidad Cívica y Popular del Oriente Colombiano (MUCAPOC), ANZORC, ASCAMCAT y otras organizaciones con presencia en 16 departamentos. También la apoyan la CUT, FECODE y la CGTD. Algunas de esas organizaciones coinciden con los planteamientos y convocatorias de la Marcha Patriótica pero mantienen sus direcciones autónomas y expresan bases campesinas reales que no pueden asimilarse a modalidades organizativas de la guerrilla ni tratarse como si fueran combatientes.

Como justificación a la militarización en contra del Paro Nacional campesino el FISCAL ha insinuado que se trata de una “combinación de las formas de lucha” armada con la social. Este tipo de descalificaciones han sido utilizadas en el pasado para los peores crímenes e inducen a la no distinción entre combatientes y civiles. Y es un retroceso frente al tratamiento dado por el gobierno a las protestas en los paros anteriores o en el Catatumbo, en donde después de la masacre cometida con asesinato de cuatro campesinos, orientó para que se distinguiera a los civiles de los armados, independientemente de ideologías, demandas o programas.

Bajo la denominación de terrorismo o incitación al terrorismo se sindica a personas que protestan sin armas o se equipara tirar una piedra con disparar un fusil. En otros casos ha sido frecuente la intervención de provocadores que generan incidentes para dar pretexto a la confrontación y aprovechar el desorden. En la mayoría de estos insucesos la organización de las marchas o protestas se encargan de controlar la situación; pero no faltan cálculos perturbadores de bandas criminales que deben ser focalizados por los que tienen el deber de proteger el derecho a la protesta.

En cualquier caso, el solo hecho de enviar soldados con fusiles de asalto a desbloquear una vía es una provocación y una incitación al uso desproporcionado de la fuerza y que puede llevar al homicidio de persona protegida por las normas del Derecho Internacional Humanitario. En esta misma categoría cae la acción combinada del ESMAD y Ejército para responder a protestas ciudadanas o disturbios que deben ser asunto de garantía de derechos por parte de la policía.

Informaciones de inteligencia militar, e incluso declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, han dado cuenta de presiones de la guerrilla para que campesinos se vinculen a las movilizaciones o al Paro Nacional. Se trata de presiones de armados para que civiles hagan acciones desarmadas. El Arzobispo de Tunja, Monseñor Castro ha llamado a no generalizar y niega este tipo de hechos en su región. En todo caso hay que señalar que semejantes practicas han merecido el rechazo por violación de los derechos de los campesinos a decidir libremente, y por militarizar las luchas sociales poniendo en riesgo la integridad física de la población, la existencia y autonomía de las organizaciones. Pero ni las manifestaciones públicas de respaldo de ilegales a acciones civiles, ni la indebida presión, puede llevar a descalificar las movilizaciones campesinas o tomar hechos violatorios del DIH para criminalizar la protesta ciudadana. Y en igual terreno resulta absurdo que con el argumento de infiltración de provocadores y delincuentes en las protestas estudiantiles o campesinas, se autorice a reprimir y militarizar el manejo del orden público.

Con estos silogismos y sofismas los saboteadores se convierten en instrumentos de la criminalización y judicialización de lideres y de organizaciones que se asimilan a aparatos camuflados de guerra o de criminalidad organizada. Esa ha sido la historia de la antidemocracia en Colombia que ha permitido identificar protesta civil con subversión o terrorismo, y destruir las bases sociales y redes que permiten la democracia participativa, la critica o la oposición a medidas gubernamentales. Militarizar el control de orden público ha sido el lenguaje de los guerreros y confundir a civiles opositores con “guerrilleros camuflados” o “sapos”, es parte de la historia de 180.000 homicidios en la larga historia de violencia y conflictos armados en Colombia.

EL DIALOGO SOCIAL AYUDA A LA PAZ

No han faltado argumentos en contra del Paro Campesino por considerarlo contrario a las negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas. El Senador Roy Barrera, en un programa de TV de la revista Semana, reclamaba sensatez a quienes a su juicio con esas protestas radicales y los bloqueos debilitan al Presidente Juan Manuel Santos y le restan capacidad al gobierno para la búsqueda de un acuerdo final al conflicto armado. En esa misma línea se menciona la concurrencia del uribismo en el apoyo a reivindicaciones de productores rurales, ganaderos o agricultores. Y para completar la confusión no faltan quienes advierten que el paro es una presión en las calles para que las FARC mejoren su capacidad de negociar puntos difíciles que han quedado en el capitulo de pendientes en materia de desarrollo rural.

Pedirle a los campesinos movilizados que declinen sus aspiraciones porque se acerca el debate electoral o porque están buscando un acuerdo de paz en La Habana es un absurdo y una demanda inconveniente para la perspectiva de la paz ahora, en la transición y en el post conflicto. Las políticas de desarrollo rural son tan importantes que inevitablemente forman parte de la controversia electoral y de la contraposición de programas de los partidos o de las organizaciones sociales o gremiales. Y el asunto clave no es silenciar a los movimientos sociales porque se avecinan elecciones o están negociando guerrillas y gobierno, sino por el contrario, reconocer que es de la esencia de la democracia y del trámite no violento de los conflictos sociales y económicos, que se les garantice los derechos a la movilización, protesta, diferencia, autonomía y oposición.

Gente tan seria como Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y los otros negociadores que están en La Habana, entienden que una cosa es la agenda limitada y la posibilidad de pacto con la guerrilla y otra cosa son los diálogos sociales y negociaciones reivindicativas en el juego democrático de la vida política colombiana: no se espera que el pacto de terminación del conflicto agote en la mesa todos los temas de la ruralidad y, menos aún, que en la controversia de la sociedad civil se renuncie a buscar cambios o a concertar políticas porque se deben subordinar a lo que pueda pasar en La Habana.

El gobierno de Santos no se debilitará por la existencia de movimientos sociales sino por la incapacidad de responder a los problemas que agobian a la población; lo que más lo puede debilitar es la sustitución de gobernabilidad por medidas de orden público. En sentido contrario, como ha ocurrido tantas veces con gobernantes que se crecen en las crisis, la adecuada respuesta a las demandas sociales puede convertirse en una palanca para el fortalecimiento de quienes logren soluciones. La encrucijada no es entonces desmovilización de la protesta social o paz, sino dialogo social y concertación como muestra de que existen alternativas democráticas que deslegitiman la violencia armada.

Se ha hablado de Pacto Nacional por el Agro y el gobierno ha convocado a una mesa nacional de diálogo el 12 de septiembre. Esta puede ser una oportunidad para avanzar en el camino de respuestas a los pliegos y a los problemas del campo. Es posible que muchos de los problemas que son estructurales sigan en litigio, pero también en este caso no hay mejor opción que el diálogo.

camilogonzalezposso@gmail.com

Notas:

[1] Pliego del CNA: http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/49-ultimas-noticias/346-el-cna-convoca-al-paro-nacional-agrario-del-19-de-agosto; Pliego de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo MIA: http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5145:pliego-nacional-de-peticiones-agropecuarias-y-populares&catid=34:comunicados&Itemid=190

[2] Sobre la agenda del MIA ver estudios: PNUD (2012) Informe; Garay, et al(2013); Indepaz- UPTP, Acción Social (2011); FAO, Extranjerización en Colombia (2012); FEDESARROLLO, Leivovitz, et al (2013).