Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
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Saboteo gubernamental al refugio humanitario en Barbosa, Antioquia
 

La Coordinación Agrominera del Noroccidente y Magdalena Medio, espacio que reúne diferentes organizaciones campesinas y mineras que se encuentran en paro nacional agrario minero y popular desde el 19 de agosto de 2013, Comunica, Denuncia y Exige:

Los campesinos colonos que llegamos a tumbar monte en la región del Magdalena Medio con ocasión de lograr un pedazo de tierra para vivir dignamente con nuestros hijos, partimos de la necesidad de organizarnos bajo principios como la solidaridad y la defensa del territorio como consecuencia de las experiencias ya vividas de persecución y represión en nuestros lugares de origen. De esto ya hace más de 30 años.

Esta misma región que acoge al trabajador incansable de la tierra, es la delimitada por la fuerza pública como “zona roja” o “zona de orden público” para los años 80´s. partiendo de la existencia de guerrillas en este mismo territorio. Lo anterior, sin mencionar el furor del paramilitarismo promovido por agentes del estado miembros de la quinta y la decimocuarta brigada de ejército nacional, además de lo que se conoció como “la red de inteligencia N°07 de la armada nacional” en Barrancabermeja.

En los años finales de los 90´s y principios del nuevo siglo, la penetración de paramilitarismo acompañado por el ejército nacional produjo en la región del valle del río Cimitarra una serie de masacres, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, atentados, amenazas, torturas, acciones todas comunes en campos y ciudades de un país que veía como mediante la sangre se imponía el modelo de estado paramilitar.

Estos campesinos organizados decidimos resistir al despojo de nuestra identidad y de nuestro territorio con diferentes figuras civiles de protección, entre ellas se encuentran los campamentos de refugio humanitario.

Esta figura nace del sentir que tenemos los campesinos como defensores de derechos humanos, de que estos son conquistas a exigir y defender. Por ello el campamento de refugio humanitario es una herramienta eminentemente civil que reclama su respeto y garantía al estado y sus agentes y el respeto a los demás actores armados.

Estos campamentos de refugio humanitario se han declarado tanto en zonas rurales como en zonas urbanas del nororiente colombiano y tienen un carácter de temporales, es decir, que su duración y ubicación depende del cese de las causas que llevaron a las comunidades a declararse en dicha figura

El campamento de refugio humanitario es declarado por un conjunto de comunidades que se encuentran en medio de una crisis humanitaria producida por el riesgo o la grave violación de sus derechos fundamentales y legales.

La causa de su declaratoria es la exigencia de garantías y el respeto de sus derechos, consagrados todos en la constitución y el bloque de constitucionalidad.

La connotación de refugio no se refiere a la figura del desplazamiento forzado, sino a la de autoprotección y amparo del derecho internacional de los derechos humanos.

Las comunidades del nordeste antioqueño, primero en Segovia, luego en Barbosa, en donde nos congregamos con comunidades campesinas de muchas más subregiones de Antioquia. Ejerciendo nuestro derecho legítimo a la protesta dentro del paro nacional agrario minero y popular y ante la represión y los desmanes de la fuerza pública nos hemos declarado en Campamento de Refugio humanitario.

Denunciamos:

Hoy vemos con las acciones registradas, como de manera descarada y con un trato de guerra el gobierno nacional con su policía junto con la administración municipal de Barbosa Antioquia, viola descaradamente su obligación de respeto a los derechos humanos de los protestantes que nos hemos asentado en el polideportivo del municipio de Barbosa e incumple su deber de garantía para el ejercicio de los derechos humanos de las comunidades campesinas.

Mientras el secretario de gobierno departamental Santiago Londoño, nos manifiesta que el campamento de refugio humanitario “genera riesgos innecesarios” y hay que desmontarlo para instalar la mesa de diálogos en Antioquia; El secretario de gobierno del municipio de Barbosa Edgar Augusto Gallego Arias, el subsecretario de espacio público Rogelio Cardona y el señor Nanino Hernández quien dijo ser integrante de la Asociación de Víctimas de Barbosa fueron sorprendidos por los manifestantes cuando pagaban a las personas para que abandonaran el Refugio humanitario, infiltrando gente a su interior, luego llevando a las personas a la glorieta por donde transitan los buses intermunicipales para detener dichos vehículos y obligarlos a llevar a las personas engañadas. Estos sujetos se encontraban acompañados por más integrantes de la administración pública y sujetos sospechosos de civil.

Observando que esta actuación de los funcionarios públicos es irregular desde todos los puntos de vista y que merece ser investigada, miembros de la guardia campesina condujeron a los mismos al interior del campamento de refugio, para denunciar públicamente sus actos y de manera inmediata comunicar al defensor regional del pueblo la situación y hacerle entrega de los mismos con el respeto de los derechos de los funcionarios infractores. Esto se dio de manera inmediata a la llegada del Defensor a eso de las 6:30 pm de ayer 2 de septiembre.

Como colombianos repugnamos estas actuaciones que constituyen clara violación a la obligación que tiene el estado colombiano de respetar los derechos humanos de todos sus habitantes. Y nos preguntamos en qué se está gastando la administración municipal de Barbosa los impuestos y contribuciones de sus habitantes?.

Es pues que solicitamos:

Nuevamente a la Defensoría del Pueblo su acompañamiento e intervención en favor del respeto y la garantía de la totalidad de los derechos de los campesinos y mineros que nos encontramos asentados en el campamento de refugio humanitario. Esto con el fin de evitar más agresiones y atropellos al derecho a la protesta por parte de funcionarios con armas o con dinero del Estado Colombiano.

Y Exigimos:

A la Fiscalía general de la nación que inicie investigación penal por el delito de peculado en contra de los funcionarios de la alcaldía del municipio de Barbosa envueltos en los sobornos realizados miembros del campamento del refugio humanitario.

A la Procuraduría Regional que inicie acciones disciplinarias en contra de los mismos funcionarios, teniendo en cuenta que estas actuaciones son propias de dinámicas de corrupción reprochables a todas luces en el ordenamiento legal y constitucional colombiano.

A la contraloría general de la república inicie actuaciones enfiladas a ejercer su control fiscal sobre los recursos que dispuso el secretario de gobierno del municipio de Barbosa para el soborno de campesinos y mineros protestantes que se encontraban concentrados en el campamento de refugio humanitario.

EXIGIMOS CON ÍMPETU SE NOS RESPETE Y SE CUMPLA LO QUE EN EL PAPEL APARECE DESCRITO COMO ESTADO SOCIAL DE DERECHO.