A propósito de la nota publicada por El Tiempo, el pasado 24 de abril, titulada "Escándalo de ’farcopolítica’ sería más grande que el de la ’parapolítica’, según Mindefensa", en la cual Juan Manuel Santos afirmó ante la Cámara de Representates que: "La información encontrada en los computadores de alias ’Raúl Reyes’ revelan nexos de políticos con ese grupo armado", es preciso hacer algunas advertencias del orden jurídico, previendo que esta amenaza que hace el Mindefensa, podría llevar a una arremetida de detenciones, amenazas, persecuciones, hostigamientos y hasta muertes de dirigentes populares de oposición.

Estas previsiones jurídicas, las hago, teniendo como insignia que es deber preparar a los luchadores del pueblo, por lo menos en lo que respecta a esta reflexión, sobre los alcances de lo que podría ’armar’ el régimen espurio de Álvaro Uribe Vélez, en su contra, derivado de la "información" de las computadoras, supuestamente pertenecientes al comandante Raúl Reyes, sustraídas de territorio ecuatoriano y que podrían utilizarse como "prueba" para criminalizar a opositores.

Cada Estado controla las conductas calificadas como contrarias al derecho, en una de sus formas, a través de la aplicación de sanciones penales. Es decir, convierte en delito, comportamientos que, a su juicio, escapan a su orbita de control social o individual.

Las sanciones penales se aplican a todas las personas que cometen delitos, dentro del territorio del Estado, salvo las excepciones que consagre el derecho mismo o la extensión que se haga fuera de los límites de su alcance, en el exterior. Esto se conoce como la territorialidad de la Ley penal y es un instituto propio del mecanismo conocido como el derecho penal.

Para efectos de investigar, juzgar y sancionar a quienes contradicen la Ley penal, el Estado debe iniciar la Acción Penal, por intermedio de sus agentes adscritos al poder judicial, dentro de un conjunto de reglas preestablecidas. Esto quiere decir que cada Fiscal, Juez o Magistrado, debe seguir un procedimiento o debido proceso.

A su vez, las reglas que gobiernan la Investigación o el Juicio Penal, deben garantizar que la persona investigada o juzgada pueda defenderse de la manera más eficaz.

La imputación, acusación, juicio y sanción debe estar sostenida en Pruebas. Y estas pruebas deben haberse obtenido legalmente, además de poder ser contradichas por la defensa y la propia persona procesada o investigada. Estas pruebas deben ser conocidas por la persona respecto de la cual se tratan.

En esta secuencia, las "pruebas" que provengan del computador que dice el gobierno colombiano pertenecía al comandante Raúl Reyes, tal vez sirvan para alimentar la imaginación de los grandes medios de comunicación, en su tarea de afirmar la ideología que predica el establecimiento, que como elementos de convicción que pueden usarse en contra de persona alguna, en cualquier tipo de investigación o juicio.

En un video revelado públicamente, se muestra a la "Policía Judicial", tomando en custodia el o los computadores, dicho por el gobierno nacional colombiano, como pertenecientes a Raúl Reyes. Luego, se ha afirmado que el contenido del o de los computadores estaba siendo analizado por la Fiscalía. A granel, se ha ido publicando "partes" de lo "encontrado", de acuerdo a las necesidades de la coyuntura, bien sea para atacar a los presidentes Correa y Chávez o para decir que las FARC EP tenían uranio en su poder. Lo que no puede ocultar el gobierno nacional ni sus áulicos, es que el o los computadores farianizados fueron obtenidos en forma ilegal, ya que fueron arrebatados de territorio ecuatoriano, donde la Ley Penal colombiana no opera.

Toda "prueba" obtenida de ese o esos computadores es ilegal, ya que fue recaudada por personas que dejaron de ser policías colombianos, cuando traspasaron la frontera e invadieron Ecuador.

El gobierno nacional tendrá que revelar el contenido de lo "hallado" en ese o esos computadores, ya que al dejar de ser "pruebas" son documentos que se convierten en públicos, al caer cualquier reserva de los mismos. Esta debe ser una exigencia antes que los datos arrojados por los computadores terminen en datos sobre muertos, desparecidos o detenidos arbitrariamente.