Con intención o sin ella, el paro agrario que vive el país hace tres semanas trasladó el corazón de los diálogos de La Habana a todo el territorio nacional y eso es una buena noticia para la paz, para el futuro del proceso con las Farc y para Colombia.

Sin ir más lejos, el 12 de septiembre la Presidencia de la República convocó a una mesa amplia nacional para iniciar lo que ellos denominan un Pacto por el Agro y el Desarrollo Rural. Participamos la Asociación de Mandatarios de Ciudades Capitales, gobernadores, líderes campesinos, gremios, asociaciones agrarias, agremiaciones sindicales y el Gobierno Nacional en pleno.

La pregunta que se sigue a un evento de tal transcendencia es: ¿estamos frente a una reunión más de tantas que se han hecho sobre este tema o, por el contrario, estamos frente a la oportunidad de configurar un pacto vinculante que va a transformar la ley, incluida la del presupuesto, y a crear y reformar instituciones capaces de honrar los acuerdos?

El segundo interrogante que de golpe aparece es si el pacto que se propone es como el Pacto de Chicoral o, por el contrario, un acuerdo para volver a tener una política pública alrededor del campesino. Desde 1970 no ha habido un solo gobierno que haya construido política pública alrededor del campesinado. En 1971, el Pacto de Chicoral, hecho alrededor del empresario agrario, fue precisamente el punto de no retorno hacia una política pública en ese sentido. Y luego fue el narcoterrateniente quien se tomó el Congreso de la República y, por lo tanto, hizo la ley.

El Gobierno Nacional, los entes territoriales desde su autonomía y su liderazgo en un tema trascendental y la sociedad en general debemos definir desde ya si la opción es ‘relegitimar’ la ley hecha por el narcotráfico o definitivamente pasar la página de la historia y volver a reconstruir una política seria alrededor del campesinado y la producción de alimentos en el país para el siglo XXI.

Construir por primera vez desde 1970 una política alrededor del fortalecimiento del campesino y la campesina como ciudadanos, y, por lo tanto, de la producción de alimentos en Colombia y su industrialización, es la cuota inicial de la paz. Pero el tercer interrogante es: ¿qué modelo económico va a salir de aquí? De este lugar, de este momento histórico concreto de discusión.

El Gobierno Nacional y el país en su conjunto debemos aceptar que asumir y tomar decisiones alrededor de esta discusión traerá una reformulación del modelo económico. Se trata ni más ni menos de decidir quién va a usar la tierra fértil y el agua. ¿Recuperamos la tierra usurpada para ponerla en manos de los campesinos como base e insumo fundamental en la producción de alimentos y para que el empresariado con su empuje y su capital pueda ayudar a recuperar las tierras que no son las fértiles? ¿Pasará por un pacto nacional la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el subsidio a la producción de alimentos, puede ser este tema parte de esta política agraria? ¿Se puede pensar en derogar el TLC o en mantenerlo y subsidiar la producción de alimentos para que sea posible competir? Subsidiar significa disponer de importantes recursos del presupuesto nacional, algo así como un Plan Marshall en el agro colombiano. Decidir sobre este tema es pieza clave en la consecución de la paz y constituye un cambio de modelo.

Hoy el proceso de esa paz tan anhelada por todos los colombianos se desarrolla en La Habana y en cada rincón de la geografía nacional. Hoy la sociedad en pleno reclama de sus dirigentes la certeza de una paz firme y duradera, porque se habrá construido alrededor de la transformación de las raíces profundas de nuestro conflicto.

Bogotá es determinante y activa en la construcción de la paz y está lista para continuar trabajando en el camino de no perpetuar la deuda histórica con nuestro campesinado. Tenemos que ser capaces de derogar el Pacto de Chicoral que condenó al país a la guerra y a la violencia.