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Paro nacional agrario y popular
Mandato agrario popular de las comunidades agrarias del Meta
Paro Nacional Agrario y Popular / Martes 17 de septiembre de 2013
 

Las comunidades campesinas de los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa, Mesetas, Uribe, Puerto Lleras, Mapiripán y el Castillo del departamento del Meta, que desde el día 19 de agosto de 2013 nos hemos concentrado en clara desobediencia civil y pacífica por la exigencia legítima de nuestros derechos en la vereda La Nohora en la vía entre Acacias y Villavicencio.

Somos nosotros, hombres y mujeres campesinos, trabajadores rurales de Colombia, quienes comprendiendo nuestro papel como constituyente originario, emitimos para el conocimiento del pueblo colombiano y muy especialmente en respaldo y solidaridad con el movimiento campesino en general, el siguiente mandato agrario y popular.

Que ante la clara e inminente crisis agropecuaria y alimentaria agudizada por los TLC.

Que ante el despojo, robo y saqueo de nuestros bienes naturales y energéticos provocados por las multinacionales.

Que frente a la ausencia estatal, representada en la escasa o nula inversión en educación, salud, vivienda digna y vías de acceso, pero cuando se trata de preparar la guerra y la represión encontramos al Estado hasta en la última vereda de nuestros territorios, desatando la zozobra, el terror y el miedo en nuestras comunidades.

Ante la urgencia de cerrar el ciclo de violencia que por más de 50 años ha desolado los campos de nuestra patria, es necesario construir una paz con justicia social, estable y duradera.

Así pues, mandatamos estas propuestas construidas en medio de la más intensa represión, pero con la esperanza de transformar de raíz el rumbo desacertado que lleva nuestro país.

Para que nuestra región tenga una agricultura que fortalezca las economías campesinas y a la vez supla el mercado interno de alimentos de la población colombiana, es necesario implementar subsidios a la siembra y cosecha, tierras aptas, asistencia técnica, ganadería intensiva que responda a las necesidades alimentarias, así como formas organizativas propias expresadas en cooperativas de trabajo y comercio solidario.

Todas estas propuestas se refuerzan con la figura de Zonas de Reserva Campesina, que garantiza la permanencia del campesino en el territorio, la práctica de una agricultura sustentable con semillas propias y abonos orgánicos que garantice la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro país y no dejar este importante aspecto a los tratados internacionales y los TLC.

Con esto ratificamos la importancia de la Zona de Reserva Campesina como primer paso para adelantar una reforma agraria integral y popular que permita una redistribución democrática de la tierra que ponga fin al latifundio improductivo.

Para garantizar un real ejercicio de una democracia popular, es indispensable que el hombre y la mujer campesina sean reconocidos, así como sus organizaciones que los representan, como sujetos e interlocutores legítimos en la toma de decisiones que afectan la vida campesina.

Como habitantes históricos de esta región debemos tener el derecho a la participación, consulta previa y decisión de dónde y cómo se van realizar los estudios, exploraciones y explotaciones de minerales e hidrocarburos.

Para el caso de los bienes que ya están siendo explotados, exigimos la reinversión de la riqueza extraída en el mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado, que esta inversión esté destinada a la recuperación y restablecimiento de un ambiente sano.

Nada de esto podrá ser alcanzado mientras sean empresas extranjeras las que usufructúan nuestros bienes comunes, es por eso que se hace necesario la recuperación, nacionalización y democratización de dichas empresas.

Históricamente, hemos visto como nuestros derechos a la educación, salud, vivienda y trabajo digno, incluso la libertad y la vida misma, nos han sido negados y violentados, a pesar de estar consignados en la Constitución Política.

De tal manera que para la construcción de una Colombia en Paz, todos los colombianos incluidos nosotros los campesinos, debemos tener garantizados efectivamente la totalidad de estos derechos ya que el incumplimiento y la violación de estos, es lo que ha dado origen al levantamiento en armas y la prolongación de la guerra por más de 50 años.

Por esto manifestamos nuestro apoyo a los diálogos de La Habana con las FARC - EP y los diálogos que se aproximan con la insurgencia del ELN.

Estamos convencidos que el diálogo es la ruta y rechazamos las manifestaciones guerreristas que ejercen sectores de la ultraderecha colombiana, buscando con ello mantener y perpetuar esta guerra.

La actual doctrina militar y su lógica del enemigo interno, ha convertido las comunidades campesinas en objetivo militar. Es por eso que proponemos, una reestructuración de las Fuerzas Armadas y el Ejército Nacional; una restructuración centrada en la formación y defensa de los Derechos Humanos, una restructuración y recuperación de las fuerzas para la defensa de los excluidos y explotados.

Con este ideal pretendemos terminar con la lógica fratricida de guerra entre pobres, entre explotados; para esto es indispensable la eliminación del servicio militar obligatorio y la eliminación del fuero penal militar, recientemente aprobado por el establecimiento, señalando con esto el interés de continuar con este escenario violento y de criminalización a la protesta social.

Proponemos la ante la pérdida de legitimidad de las FF.MM y los aparatos judiciales corruptos e inoperantes, que se impulse la creación de sistemas de justicia comunitaria que encuentra legitimidad y apoyo entre los habitantes de territorios comunes y responde a las verdaderas necesidades del pueblo campesino y en general de las comunidades rurales.

De la misma manera, la construcción de la paz tiene que partir por el reconocimiento del múltiple universo de victimas que ha dejado el conflicto armado. Proponemos para ello, la realización de un nuevo censo que permita identificar el estado actual de las víctimas y de las nuevas que sigue generando el conflicto, así como su situación de vulnerabilidad por la persistencia en la violación de los derechos humanos.

Las medidas que se emprendan en este sentido deben superar la mirada asistencialista que ha asumido el Estado, deben propender por empoderar a las víctimas, dando prioridad a restablecer su dignidad a través de la verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición y retorno en paz a los campos.

Finalmente, concluimos este mandato con un llamamiento a la unidad del pueblo y el campesinado colombiano, ya que solo con la lucha consiente, politizada y organizada de nuestras fuerzas, podremos dar pasos hacia una Colombia Nueva, en paz, soberana y digna.

La Nohora, Vía entre Villavicencio y Acacias - Meta, Septiembre 11, 12 y 13 de 2103. Día 26 del Paro Nacional, Agrario y Popular