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Un Estado incumplido con los campesinos
Pedro Arenas / Jueves 26 de septiembre de 2013
 

Distintas protestas culminan en acuerdos que luego deben reclamarse otra vez protestando. Los campesinos e indígenas se vieron obligados a especializarse en realizar jornadas que obligan a representantes del Estado a sentarse con ellos y a firmar acuerdos con los que se desbloquean vías, se levantan paros y se suspenden protestas. Por ejemplo los indígenas del Cauca cada tanto bloquean la Panamericana para recordarle al Estado y a la desmemoriada sociedad urbana que otro pacto anterior no se ha cumplido todavía.

Paros y marchas

Al final de los años 80 diversas regiones fueron escenario de movimientos cívicos que realizaron paros y marchas. Para 1986, el poblado de San José del Guaviare fue testigo de la llegada de miles de colonos campesinos que en éxodo vinieron de la cuenca media del río Guayabero. Manifestaban que habían llegado a esa región como consecuencia de la concentración de la tierra en el centro del país, que desposeídos por la violencia habían sido empujados hasta los confines de la frontera agrícola convirtiéndose en colonos al interior de las selvas de la Macarena, el Meta, Guaviare y Caquetá.

Le reclamaban al Estado, la construcción de una vía que comunicara a estos dos últimos departamentos, pedían también la construcción de puestos de salud, escuelas y apoyos para la producción agrícola, pues advertían que el abandono los había convertido en cultivadores de coca y querían que se les ayudara a dejarlos atrás.

Los gobiernos de Betancur y Barco acordaron con los campesinos la mayoría de los pliegos, se crearon la Consejería Presidencial de Normalización y el Plan Nacional de Rehabilitación. Grandes anuncios fueron hechos antes del fin de la tregua de La Uribe, pero el gobierno solo construyó algunas escuelas y abrió una trocha con solo el 30% de lo pactado, mientras que nunca resolvió el tema de salud y menos el apoyo a los agricultores.

Esto se agravó cuando el gobierno Gaviria liquidó el Idema. No obstante, la 7ª brigada del Ejército sí llegó en toda su fuerza, adelantando la “operación rastrillo” por todo el Guayabero, convirtiendo en objetivo a comunistas reales y supuestos, acusándolos de colaborar con la guerrilla, dislocando las organizaciones campesinas y desplazando gran parte de la población que había salido antes al “éxodo”.

Por esa época una coordinadora de movimientos cívicos agrupó en una publicación el conjunto de pactos firmados por el gobierno para levantar las protestas, en donde se observa cómo la mayoría de dichas tareas fue incumplida. Pero la violencia contra el movimiento popular ejecutada por el MAS dio al traste con muchas organizaciones, y cientos de líderes y activistas fueron asesinados. Mientras tanto, el discurso oficial propagó la idea de que “los conflictos se resuelven en paz”, la nueva constitución dio paso al lenguaje de la conciliación y se dejó a los campesinos por fuera de la nueva legislación.

Plan de fumigaciones

En 1994, los colonos de Miraflores y del río Inírida fueron los primeros en reaccionar ante el plan de fumigaciones que autorizó el presidente Samper. Él había dicho que en menos de seis meses se acabaría con todos los cultivos de coca. Aviones Turbo Thrush y OV-10 asperjaban con glifosato y otros aditivos, no solo sobre coca, sino además el pancoger campesino, lo que desató un fuerte rechazo de la población. Los pilotos nunca pudieron cumplir recomendaciones de manejo ambiental, tales como fumigar a menos de diez metros de altura, considerar el efecto derivado por los vientos o las condiciones de la selva tropical, a lo que se sumaron riesgos por el conflicto armado.

Miles de cultivadores de coca marcharon entonces a San José del Guaviare y tomaron su aeropuerto donde se ubica la gran base de policía antinarcóticos, apoyada por EE.UU. El gobierno comisionó a José Noé Ríos, quien pactó con los campesinos una diferenciación entre “cultivos industriales” y “cultivos de subsistencia”. Se aceptaba que predios menores a tres hectáreas eran economía campesina de subsistencia y por tanto no serían fumigados. Con ellos se concertaría un plan de sustitución voluntaria, mientras que las grandes extensiones, por estar ligadas directamente a traficantes, sí serían fumigadas y erradicadas de manera forzosa por las autoridades.

Pequeños cultivos

Aquel acuerdo fue rechazado por la embajada norteamericana, y el Fiscal y el Presidente dieron marcha atrás autorizando el reinicio de las fumigaciones sobre los pequeños cultivos tan pronto los campesinos levantaron su protesta. Antes de un año, tras el homicidio de Álvaro Gómez en Bogotá, el gobierno decretó un estado de conmoción interior y creó unas zonas especiales de orden público, curiosamente sobre zonas cocaleras.

Los abusos de la Fuerza Pública en la zona, la vulneración de los derechos humanos de la población y la destrucción del sustento de la comunidad desataron nuevas protestas, esta vez desde Calamar y el Retorno. Otra vez se pedía el reconocimiento de los derechos campesinos, la construcción de carreteras, escuelas, médicos, mejoras institucionales y apoyo estatal a planes de sustitución voluntaria.

Por causas similares, la protesta se esparció en el Meta, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Cauca y Magdalena Medio. Se dieron marchas reclamando suspender la fumigación y pidiendo planes de desarrollo rural. Después de dos meses de bloqueos y respuesta oficial por la vía militar y policiva, el gobierno envió delegados que lograron “negociar” en Putumayo, Caquetá y Catatumbo. En Guaviare no hubo acuerdo, pues los campesinos analizaron que el gobierno solo ofrecía generalidades e inversiones ya incluidas en los programas rutinarios de la Administración.

Al tiempo, los paramilitares de las AUC anunciaban su “ofensiva hacia el Sur”, inaugurada con la matanza de Mapiripán, en julio de 1997. En el Caquetá, la casi totalidad de voceros de las marchas cocaleras que habían sido negociadores fueron asesinados. En Putumayo, al no cumplirse el acuerdo rural, se pasó a la estrategia de pactos sociales de erradicación temprana, mientras que en Catatumbo, 16 años después, se sabe que de tales acuerdos ni siquiera se cumplió con la vía que se reclamaba de primera necesidad. Por su parte, los paramilitares del Bloque Norte exterminaron organizaciones campesinas enteras de esa región, al tiempo que en la frontera con Ecuador sucedía lo mismo.

Lenguaje de sustitución

Al lenguaje “erradicador” del gobierno central se le antepuso un lenguaje de sustitución desde las regiones, así pareciera que solo ha faltado voluntad para dejar atrás el uso de la fuerza y poder aplicar planes concertados para erradicar por las buenas las matas de coca. En esto puede estar cayendo este foro nacional convocado en el marco del proceso de paz, en una especie de voluntarismo. Lo único que faltaría para asegurar que bajo la lógica del lenguaje de la sustitución se acabaran los cultivos de coca en Colombia.

Así se eluden los demás factores socioeconómicos que influyen en esta actividad, los elementos globales del negocio, las situaciones denunciadas estos días por los sectores agrarios que protestan en medio de la implementación del desigual libre comercio, y la historia de incumplimientos aquí relatada.