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El Procurador inhabilitó por 10 años a la exsubgerente de tierras del Incoder, Jhenifer Mojica
Una víctima más del Torquemada colombiano
Agencia Prensa Rural / Miércoles 2 de octubre de 2013
 

El procurador general "sancionó" ayer con inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos, a la exsubgerente de tierrras rurales del Incoder, Jhenifer Mojica. Su delito: recuperar baldíos de la nación apropiados ilegalmente por politiqueros, agronegociantes, exembajadores, propietarios de Avianca, acaparadores de tierras, rentistas y mafiosos. Y haber impulsado el proceso de constitución de Zonas de Reserva Campesina en el país.

Jhenifer Mojica fue una de las pocas funcionarias del Incoder que cumplía el mandato misional de esa entidad que implicaba recuperar las tierras de la nación apropiadas ilegalmente, violando la ley 160. Llevaba los casos emblemáticos de recuperación de baldíos en Las Pavas y Bellacruz.

En Las Pavas se enfrentó a los palmeros de "Aportes San Isidro", un predio disputado por empresarios con presuntos nexos con el paramilitarismo y los campesinos que habitaban estas tierras.

En Bellacruz la recuperación de tierras para los campesinos la llevó a enfrentarse con el poderoso magnate ebreo Germán Efremovich, propietario de Avianca.

Efremovich compró estas tierras al exembajador de Colombia ante la Unión Europea, Carlos Arturo Marulanda, quien estuvo encarcelado en España.

Precisamente "Aportes San Isidro" y Efremovich han elevado las denuncias contra Mojica. El empresario multinacional dice que adquirió los baldíos de la nación apropiados ilegalmente por Marulanda, de "buena fe". Pero es practicamente imposible que Efremovich no supiera de los líos legales y criminales en que estaba inmerso Marulanda.

Carlos Arturo Marulanda fue detenido el 16 de julio de 2001, luego de que la Fiscalía colombiana presentara una de las dos reclamaciones conocidas contra el exembajador colombiano en la Unión Europea.

En esta reclamación la justicia colombiana acusaba al ex embajador ordenar a los paramilitares obligar a campesinos a abandonar la hacienda "Bella Cruz", concretamente en los predios de "Trocadero", "Palo Alto", "Canta Monos", "El Atrato", "Vista Hermosa" y "20 de noviembre", en 1996.

Entre el 11 y el 25 de febrero de 1996, cerca de 40 personas fueron asesinadas y entre 170 a 280 familias fueron desalojadas de la Hacienda Bellacruz. El desalojo fue comandado por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Los paramilitares quemaron por lo menos 250 ranchos y dieron un plazo de cinco días para desocupar "la propiedad" de Marulanda. Posterior a estos hechos, numerosas personas relacionadas con el desalojo fueron amenzadas, desaparecidas o asesinadas.

Marulanda fue capturado en España, debido a que el Fiscal General de la Nación en Colombia, Alfonso Gomez Mendez lo requirió con la Interpol. Luego de pasar un año y tres meses en la cárcel española de alta seguridad de Soto del Real, fue extraditado a Colombia.

Marulanda fue liberado después por el fiscal Luis Camilo Osorio, quien ahora está acusado por varios de sus subordinados de la época por sus nexos con los paramilitares. Por su parte, la fiscal Lucia Luna que estaba encargada del caso Marulanda tuvo que salir al exilio.

El caso Bellacruz, es un caso emblemático de acaparamiento indebido e ilegal de tierras por parte de gamonales y paramilitares, la acción indebida buscó ser legalizada y legitimada mediante la venta a un "magnate empresarial". Mojica, que ahora es presentada por los medios oficiales como una tramposa y mentirosa, se enfrentó a estas irregularidades y ahora afronta el castigo del Torquemada colombiano y de un empresario que llegó al país a enriquecerse más con la mortal tragedia de los campesinos de Bellacruz.