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FARC acusa a ministro de Defensa de sabotear el proceso de paz
Agencia Prensa Rural / Martes 8 de octubre de 2013
 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) acusaron hoy aquí al ministro de Defensa de ese país, Juan Carlos Pinzón, de ser un “obstinado francotirador” contra el proceso de paz en La Habana.

Según el jefe de la delegación guerrillera que participa desde noviembre en las pláticas, Iván Márquez, el titular colombiano busca “estallar en pedazos los diálogos”, al tiempo que dispara contra el proceso negando a la insurgencia la condición de opositor político.

Vuelve -dijo Márquez refiriéndose a Pinzón- a la manida práctica de estigmatizar a quienes asumen posiciones de cuestionamientos a los desafueros del poder.

Además, el representante de las FARC opinó que el ministro no habla en la línea discursiva del gobierno, sino subordinado a la de quien consideró el enemigo público número uno de la paz, el ex presidente Álvaro Uribe.

Las declaraciones del comandante de las FARC surgen a raíz de las acusaciones del ministro en el taller internacional sobre Derecho Internacional Humanitario, en Cartagena, donde culpó a la guerrilla de urdir denuncias contra el general Freddy Padilla.

Este último, quien fuera embajador en Austria luego de ocupar altos cargos militares durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue acusado por el Centro Europeo de la Constitucionalidad y Derechos Humanos ante la Corte Penal Internacional por ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos y otros crímenes.

Márquez declaró que esta situación se debe a la inoperancia y el descrédito de la justicia de la nación suramericana, a la que se suman las desconfianzas que suscita la imposición de un instrumento de impunidad, como es el fuero militar.

Para el logro de la paz, agregó, es imperativo hacer prevalecer la soberanía jurídica sobre la inadmisible injerencia de jurisdicciones internacionales.

En opinión de las FARC, para lograr la seguridad jurídica de los eventuales acuerdos que se logren en la mesa para la terminación del conflicto es una necesidad la soberanía jurídica.

Sin embargo, adujeron que esta solo es posible tras un saneamiento a fondo del sistema judicial de ese país y construyendo una transicionalidad que mane del acuerdo de las partes.

Deberá entenderse, agregaron, que más allá de los militares que participaron o participan en el conflicto, las élites de poder son las máximas responsables de la violencia.

Ambas partes discuten el segundo punto de la agenda referido a la participación política luego de que a finales de mayo lograran un primer acuerdo parcial en el tema agrario.

A su llegada al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de la conversaciones, la delegación insurgente rindió homenaje a Ernesto Che Guevara “y a todos los guerrilleros de Nuestra América” que luchan por una patria justa y por el socialismo, dijeron.

Este 8 de octubre se conmemora el 46 aniversario de que Guevara fuera apresado en una emboscada en Bolivia. Fue asesinado al día siguiente. Por su parte, la representación gubernamental no dio declaraciones a los medios.

El siguiente es el texto de la declaración de la delegación insurgente:

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, octubre 8 de 2013

Hace un par de días, presentamos al país algunas reflexiones a propósito de las opiniones emitidas por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, sobre decisiones de la Corte Constitucional en torno a los considerados “máximos responsables” del conflicto interno colombiano.

Ahora se presenta el caso en que vuelve a jugar el tema del señor General Freddy Padilla de León (embajador de Colombia en Austria luego de ocupar los más altos cargos militares durante los gobiernos de Álvaro UribeVélez), a quien el Centro Europeo de la Constitucionalidad y Derechos Humanos ha acusado ante la Corte Penal Internacional por ejecuciones extrajudiciales, “falsos positivos”, y graves violaciones a los derechos humanos, todas ellas consideradas como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Es la inoperancia y el descrédito de la justicia Colombiana lo que genera esta situación, a la que se le suman todas las desconfianzas que suscita la imposición de un instrumento de impunidad, como es el fuero militar.

Decíamos que para el logro de la paz en Colombia es imperativo hacer prevalecer la soberanía jurídica sobre la inadmisible injerencia de jurisdicciones internacionales.

Desde las FARC se piensa que la seguridad jurídica de los eventuales acuerdos para la terminación del conflicto, es una necesidad, y ella debe ser producto de esa soberanía jurídica. Pero tal circunstancia solo puede darse haciendo un saneamiento a fondo del sistema judicial colombiano, construyendo una trancisionalidad que mane del acuerdo de las partesy restableciendo toda la verdad histórica, lo cual solamente será logrado por la fuerza de un verdadero tratado de paz, si se refrenda con el poder creador del constituyente primario. Deberá entenderse que más allá de los militares que participaron y participan directamente en la guerra, son las élites en el poder las máximas responsables de la violencia y el desangre nacional.
Aunque nuestras palabras han sido diáfanas respecto a esta temática, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, desde el taller internacional sobre Derecho Internacional Humanitario que se desarrolla en Cartagena, nuevamente arremete contra las FARC acusándonos de urdir con el Centro Europeo de Constitucionalidad y Derechos humanos, las acusaciones que pesan contra el General Padilla de León.
Se equivoca nuevamente el ministro de la guerra.
Pinzón es un obstinado francotirador disparando contra la santabárbara, buscando siempre hacer estallar en pedazos los diálogos de La Habana. Al tiempo que dispara contra el proceso de paz, negándonos la condición de opositor político que ha sido reconocida por el hecho mismo de haberse entablado las conversaciones entre partes iguales, vuelve a la manida práctica de estigmatizar a quienes asuman posiciones de cuestionamiento a los desafueros del poder.

Lo que ocurre con la mencionada organización defensora de derechos humanos, es lo que cotidianamente se da contra personalidades y organizaciones del orden nacional, que luego son perseguidas, criminalizadas, encarceladas, y hasta eliminadas.

Nos da la impresión que el ministro de marras no está hablando en la línea discursiva del gobierno, sino subordinado a la línea anti-paz del enemigo público número uno de la solución política, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP