“El derecho a la protesta social ha sido una tradición histórica del movimiento indígena colombiano y, un instrumento de reivindicación de nuestros Derechos como pueblos”. Esta afirmación hace parte del comunicado con el que el pasado 12 de octubre, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) declaró el comienzo de la “Minga indígena, social y popular en defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía”.

Según Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, se calcula que aproximadamente 100.000 indígenas harán parte de esta movilización, en la que junto a sus peticiones suman al descontento de otros sectores populares, como los cafeteros, lecheros, estudiantes, paperos, paneleros, camioneros, afrocolombianos y campesinos, entre otros.

Por ello, al anuncio de esta masiva movilización acudieron los representantes del Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Congreso de los Pueblos y la Mesan Amplia Nacional Estudiantil (MANE), a la vez que se conoció el respaldo de otros procesos, como las dignidades agropecuarias.

Criminalización

Uno de los resultados del pasado Paro Nacional Agrario fue la consolidación de nuevas modalidades para quebrantar el derecho a la protesta social. Por vías de hecho y de aparente ‘derecho’, las fuerzas institucionales infiltraron, estigmatizaron y judicializaron a cientos de ciudadanos.

Consciente de esto, el consejero mayor de la ONIC señaló que la guardia indígena tiene instrucciones de capturar, sin importar el bando del que provengan, a quien pretenda deslegitimar esta minga mediante actos ajenos a la voluntad del colectivo indígena. Es así como públicamente rechazaron “cualquier intento de infiltración, cooptación y constreñimiento por parte de los agentes del Estado y de grupos armados ilegales”.

Es así como junto a las peticiones de la minga indígena y social, que abarcan temas como el territorio, la explotación minero energética, los tratados de libre comercio, los derechos humanos y la autonomía y gobernabilidad de los pueblos originarios, hay un especial énfasis en la exigencia por el respeto a la protesta y un rechazo enfático a la criminalización.

“La criminalización en contra de los líderes y miembros de los pueblos indígenas afecta de forma significativa nuestros derechos colectivos, el ejercicio del derecho propio, o derecho mayor, y pone en riesgo nuestra pervivencia como pueblos. Esta política de violación y de represión se realiza a través de discursos estigmatizadores, señalamientos, represiones policivas, judicialización, enjuiciamiento y leyes que legitiman su accionar”.

Bajo el anterior argumento, el movimiento indígena exige la reforma al Código Penal en su Artículo 353 (A) y el retiro inmediato del Proyecto de Ley 091 de 2013, presentado por el Gobierno Nacional a través de su ministro de Defensa, y la cesación de todas las formas de criminalización. Es necesario recordar que ese proyecto de ley penaliza a quien en el desarrollo de protestas obstaculice vías públicas y que, además, no permita su fácil identificación, mediante el uso de capuchas, por ejemplo.

Luego de constantes incumplimientos y desplantes, esta jornada de movilización marca un nuevo capítulo en el pulso entre la sociedad civil y el gobierno. El país observó la capacidad de acción del campesinado. Ahora, es el turno de campesinos, indígenas y estudiantes, unidos en torno a los reclamos por una mayor equidad y respeto por los derechos fundamentales.