Iniciando el presente año, el ex-ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo respaldado por el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón catalogaron a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como “republiquetas” en las cuales militantes de las FARC tendrían libertad para gobernar en dichas zonas. Tal estigmatización puso en vilo el reconocimiento de las ZRC que ya han realizado los debidos trámites para su constitución y mantiene al mínimo la participación gubernamental en el reconocimiento y aplicación de los Planes de Desarrollo Sostenible construidos por las mismas comunidades que convergen en las 6 ZRC ya constituidas.

El desarrollo rural, económico, productivo, ambiental y cultural es de vital importancia para el beneficio de la pequeña familia campesina y la población colonizadora que ha sido, a lo largo de más de 65 años, víctima del conflicto social y armado, del despojo de la tierra, del desplazamiento forzado y de los planes nacionales de apertura económica que han resultado en latifundios minero-energéticos, ganaderos y monocultivos. Lamentablemente el gobierno colombiano se niega a reconocer al campesinado como actor e interlocutor político capaz de construir su propia propuesta de ordenamiento y desarrollo territorial, de crear alternativas agrarias que busquen garantizar la vida digna, la reivindicación de los derechos campesinos, la conservación del medio ambiente y la construcción de la paz con justicia social.

A esto se suma hoy la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Edwar Álvarez Vacca, quien se ha fungido como activista defensor de los derechos indígenas y se destacó por su trabajo mancomunado con el delfín conservador Luis Eduardo Hoyos, en especial cuando fue designado como “Gerente del Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Acción Social”, periodo en el que comunidades indígenas de la zona aprobaron el adelanto de un ambicioso proyecto que comprendía la construcción de lujosos complejos hoteleros.

Álvarez, quien además fuera un reconocido uribista, demandó a las ZRC por supuestos incumplimientos con la figura de consulta previa en los territorios de las comunidades indígenas, a quienes el Estado les ha invadido y también les ha negado su territorio de manera histórica. Lo preocupante de esta acción es que los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley 160 de 1994, que han dado vida jurídica a las ZRC, se encuentran en riesgo de ser declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional, lo cual desencadenaría en una abierta acumulación de baldíos que finalmente tampoco cobijarían las demandas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de gobernabilidad y soberanía en sus territorios.

Para la población campesina del país, esta demanda representa un obstáculo más a sus históricas exigencias, ya que como se ha establecido en varios espacios de intercambio cultural con pueblos indígenas y afro descendientes a lo largo y ancho del país, es el despojo de la tierra, trazado por exterminio, muerte y desplazamiento, el enemigo directo que ataca la soberanía de las comunidades étnicas y campesinas en los territorios. La imposición del modelo neoliberal ha atestado los territorios de desigualdad, hambre y conflicto en el cual las comunidades, hijas y protectoras de la madre tierra, son las más afectadas.

Es por esto que la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), de la mano de los más de 50 procesos campesinos y comunitarios que la conforman, hace una invitación pública a defender la única figura que actualmente podría ser el primer paso para resolver el histórico problema de la tierra que ha vivido el pueblo marginado.

Extendemos esta invitación a:

Los pueblos, comunidades, organizaciones y dirigentes indígenas, para que no reproduzcamos la división a favor de los terratenientes, al fin y al cabo, indígenas y campesinos hemos sido y seremos guardianes de la soberanía alimentaria de la nación, de la conservación ambiental de los territorios y de la diversidad económica y cultural de nuestra América. Hermanémonos en nuestras luchas contra el latifundismo unidimensional capitalista, hermanémonos en la construcción de múltiples modelos de territorialidad intercultural, hermanémonos en la resistencia.

A los campesinos, campesinas y simpatizantes de la figura de las ZRC, para que nos demos cita en la defensa de la ley 160 y construyamos caminos de unidad intercultural.

A la Corte Constitucional, para que reconozca, respete y coadyuve los distintos procesos de construcción de paz desde el campesinado, se sume a la defensa de los principios constitucionales de la diversidad cultural y a que reconozca que esta acción crea conflictos en los territorios donde antes habían lazos de hermandad intercultural.

A colombianos y colombianas a manifestarse y debatir en contra de la demanda de inconstitucionalidad de las ZRC, presentada por Edwar Álvarez Vacca, aliado del uribismo.

Y al gobierno colombiano, en cabeza del Presidente de la República Juan Manuel Santos, al Vicepresidente, al Ministro del Interior, al Ministro de Agricultura, al Ministro de Minas y Energía, al Ministro de Medio Ambiente y a la gerente del INCODER para que, a través de la concertación y el diálogo, se pueda resolver la situación actual de las ZRC en todo el territorio nacional que están paralizadas.

Por la reivindicación de los derechos campesinos, por la defensa de la tierra y la permanencia en el territorio convergeremos todos los viernes frente al Palacio de Justicia, en la ciudad de Bogotá, para alzar nuestras voces por la construcción de la paz con justicia social.