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Derechos humanos amenazados en Tolima por multinacionales
Nelson Lombana Silva / Jueves 14 de noviembre de 2013
 

La Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) del orden departamental se reunió ayer con el gobernador Luis Carlos Delgado Peñón, con el fin de seguir desarrollando las propuestas planteadas en el reciente paro agropecuario y popular.

Dos temas centrales ocuparon las deliberaciones en esta oportunidad: los derechos humanos y la agenda pendiente del 12 de octubre de 2012, cuando el Gobierno firmó unos acuerdos, los cuales hasta el momento no se han desarrollado, en lo que bien se constituye en clásico mamagallismo contra los intereses de los campesinos e indígenas tolimenses.

Acerca de los derechos humanos, los miembros de la MIA expresaron sus preocupaciones por la forma como se vienen violando en esta parte de la patria. Los campesinos no tienen acceso a la educación, la salud, la vivienda, los servicios públicos medianamente decentes, etc.

Adicionalmente, en los últimos días se ha disparado la proliferación de panfletos amenazantes contra los líderes campesinos de supuestos comandos paramilitares. Sin embargo, al parecer estas amenazas podrían provenir de las multinacionales y transnacionales que se quieren apoderar del territorio a las buenas o las malas, entre ellas, AngloGold Ashanti, según señala el dirigente popular Danilo López Carrero.

Danilo López Carrero, líder comunitario. Foto Nelosi

Al decir del líder campesino existe toda una campaña para atemorizar a los campesinos y a los tolimenses con el fin que no reclamen la soberanía, el respeto a los derechos ambientales y humanos. Según Danilo López Carrero, el gobernador Luis Carlos Delgado Peñón se comprometió a tratar el tema en el consejo de gobierno que presidirá el mandatario de los tolimenses hoy en la ciudad de Ibagué.

Denunció el dirigente campesino –igualmente– que la Federación de Cafeteros vendría haciendo politiquería barata con cinco mil millones de pesos que supuestamente el gobernador giró en convenio para hacer beneficiaderos ecológicos pero que al parecer la entidad vendría entregando solamente tejitas de zinc y algunos bultos de cemento.

A pesar de las dificultades para cumplir lo prometido por parte del Gobierno departamental, Danilo López Carrero se declara optimista.

Fue entrevistado por la página web www.pacocol.org y esto dijo:

—La comisión de la MIA del Tolima se reunió con el gobernador en una nueva jornada. En esta oportunidad se trataba los derechos humanos y la agenda pendiente de 2012. ¿Cuáles son las principales conclusiones?

—Se logró dar inicio a un balance sobre el compromiso del gobernador con el paro campesino y popular e indígena que se hizo en el 2012, la movilización de los comités indígenas y de sectores campesinos de 12 municipios donde adquirió un compromiso con el gobierno departamental que no se ha cumplido.

Hoy (ayer) se hizo el balance y se dio origen a la materialización de esos compromisos en algunos aspectos; se logró establecer tiempos y fechas de convocatorias para continuar este desarrollo de ese pliego de peticiones, incluyendo algunos insumos que han resultado producto del paro agrario de este año.

Por eso la MIA se hizo presente y desde ahí la MIA se hace vocera de esos acuerdos que se realizaron el año pasado e igualmente los que tienen que ver con lo departamental surgido del paro de este año.

Inicialmente se debatió también en el sector agrario el tema del café. Se planteó la necesidad de que se materialicen y se concreten unas obras para los caficultores en el tema de los beneficiaderos ecológicos que tienen un costo aproximado de 12 millones de pesos. Se concretaron 15 para el departamento y así iniciar y eso tendrá un desarrollo a futuro producto de lo que serán las discusiones con la MIA y con una comisión que se va a nombrar el día de mañana (hoy) que será la que llevará el control para que se cumpla con esa promesa del gobierno departamental.

Se hicieron varios compromisos con el gobierno departamental: en el tema cafetero, en el tema de la democratización de la Federación Nacional de Cafeteros, de los comités municipales de cafeteros y, especialmente, se remarcó y se acordó tener en cuenta las organizaciones sociales en todos los aspectos de los proyectos y programas que desde la Gobernación y desde este acuerdo se inicie en cualquier parte del Tolima. Tener como fundamento de base de materialización de estos programas a las comunidades organizadas y como elemento fundamental, pues, a la organización MIA departamental que será la garante de todos estos programas que se discutieron hoy (ayer).

—El tema central de discusión eran los derechos humanos en el Tolima. ¿Qué discusión se hizo sobre el particular?

—Bastante amenazados los derechos humanos desde todos los órdenes. Usted sabe que el solo hecho de estar los campesinos en una profunda crisis económica y social, por falta de proyectos y programas que busquen reivindicar y solucionar los problemas económicos de la comunidad, pues, desde ahí se están violando los derechos humanos, porque los derechos humanos son integrales en el ser humano, son integrales en todos los aspectos: educación, salud, vivienda, tranquilidad, paz, en lo económico.

No existe una infraestructura departamental que garantice a nivel del campo la producción y comercialización de los productos de los campesinos que tienen que venir a los centros urbanos donde el campesino es indefenso frente a los comercializadores e intermediarios, que son los que se alzan con las ganancias del campesino.

Sobre eso debatimos mucho desde el punto de vista de los derechos humanos, la necesidad de desarrollar los programas sociales que en el fondo son programas humanitarios que permitan salvar nuestro producción agropecuaria, además, defender porque desde ahí se están violando los derechos humanos, defender nuestras semillas ancestrales y desarrollar proyectos de comercialización donde el campesino no quede indefenso frente a todo lo que conocemos en las plazas de mercado, por ejemplo. Incluso, hay carteles que amenazan al sector campesino cuando trae los productos para que los tenga que regalar prácticamente.

Desde ese punto de vista los derechos humanos están totalmente amenazados. Además, en lo que es el respeto a nuestras acciones de reclamación y aparecieron y siguen apareciendo amenazas de carteles que dejan muchas dudas en el tema de que son organizaciones al margen de la ley como las bacrim u organizaciones criminales, propiamente dichas para nosotros no existen, lo que hay a través de estos panfletos son las amenazas de las multinacionales de los proyectos mineroenergéticos que hay en todas las regiones.

Se hizo el balance de las masacres que se han dado desde 2008-2010, cuando se inició la persecución a los campesinos en el municipio de Cajamarca, a partir de ahí apareció AngloGold Ashanti con su proyecto de explotación de la mina de oro y que hace 15 días dio con el resultado de asesinar un compañero, precisamente, de los que vienen impulsando la defensa del territorio, de la producción agraria y denunciando las violaciones que viene haciendo esta multinacional al intentar comprarle la conciencia a la gente, a amenazarla, asustarla y aterrorizarla para que le venda y le entregue sus territorios.

Desde ese punto de vista estamos desprotegidos. Hay una violación fragante de los derechos humanos. Ahí se denunció y el Gobierno departamental se comprometió que en el consejo de gobierno que tendrán mañana (hoy) con las autoridades militares y civiles del departamento, él se apersonaría de denunciar estos panfletos que vienen con nombres propios donde se amenaza a las organizaciones sociales como la Marcha Patriótica en el departamento, Astracatol, los compañeros de las organizaciones que vienen impulsando la organización de nuestro campesinado en el sentido de la reclamación que se ha hecho a través del pliego de peticiones.

Entonces, ahí prohíben en esos panfletos que se sigan haciendo peticiones, que se sigan impulsando paros, que se sigan reclamando derechos para los campesinos y dizque ellos vienen a defender el bienestar, desde luego, que no explican de quién pero para nosotros es solamente bienestar para las multinacionales del gran capital y la aplicación aterrorizada a través de esas armas y de ese mecanismo de intimidación de los TLC que los quiere el Gobierno imponer a la brava.

Eso es lo que nosotros denunciamos y esperamos que el Gobierno comience a tomar cartas en el asunto y que se empiece a demostrar si en verdad hay garantías en este país para empezar a construir la paz y la justicia social. Necesitamos garantías.

—¿Por qué no se ha desarrollado la agenda de compromiso del 12 de octubre de 2012, según el Gobierno departamental?

—El Gobierno explicó que ya lo viene haciendo.

Lo viene haciendo con un presupuesto de cinco mil millones de pesos que le entregó a la Federación de Cafeteros para que desde allí se desarrollen unos programas que se han convertido en engaños, porque están llegando a algunas regiones (que entre otras cosas no fueron las que participaron en el paro) con ambiente politiquero, a hacer politiquería con lo que nosotros hemos luchado, ofreciendo unas pequeñas cosas que más o menos tienen un valor de $1’200.000: unas tejitas, un bulto de cemento, unas cuestiones electoreras absurdas que no se puede decir que se estén invirtiendo correctamente y en su totalidad los cinco mil millones de pesos que el Gobierno departamental, supuestamente en un convenio con la Federación, colocó para desde ahí desarrollar y cumplir con el pliego petitorio donde hay unos convenios de hacer unos beneficiaderos ecológicos que tienen un valor más o menos entre 10 y 12 millones de pesos.

Esa es la propuesta de los campesinos que participaron en el paro cafetero. Pero les salieron con unas tejitas y unos bultos de cemento. Le demostramos al Gobierno que hasta ahora no se está cumpliendo con nada y que ahora debe concretarse unos compromisos y realizarse sin más dilaciones. Se concretó para 19 municipios, avalados por las organizaciones que participaron en los paros de 2012 y 2013.