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Negociaciones en La Habana
Lo que realmente no sería poca cosa…
José Antonio Gutiérrez Dantón / Sábado 16 de noviembre de 2013
 

El día 6 de noviembre se ha anunciado desde La Habana un acuerdo fundamental -aunque provisional- en torno a la cuestión de la participación política, un tema espinoso en los diálogos de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano [1]. Falta mucho que cortar, clarificar, concretar, pero la mesa de negociaciones puede mostrar algunos avances. Aunque, como todos sabemos, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Cada vez la caverna uribista queda más aislada. Desde sus obscuras profundidades, gruñen y amenazan, con mucha violencia y poca inteligencia, para excitar los miedos, complejos, inseguridades y prejuicios en el subconsciente de las clases medias urbanas. No tienen absolutamente nada más que ofrecer al pueblo colombiano que promesas de más circo romano: tripas, cabezas rodando, cadáveres sanguinolentos en los horarios estelares de la televisión.

Por diversas razones, casi todo el resto del espectro político muestra optimismo. Con aires de sapiencia, nos dice un opinólogo que con este acuerdo “un grupo armado marxista-leninista acepta los principios de la democracia liberal. No es poca cosa” [2]. ¡Qué poco sabe del marxismo-leninismo este doctor en ciencias políticas! La valoración de la democracia liberal tiene una larga tradición en el marxismo-leninismo, desde las diversas teorías de la “fase de transición” hasta los “frentes populares” para derrotar al fascismo [3].

Lo que realmente no es poca cosa es que la oligarquía colombiana, tan acostumbrada a dominar mediante el uso y abuso de la fuerza, del estado de excepción o ahora de la emergencia social, del terrorismo estatal y la guerra sucia, de la eliminación física de la oposición, adhiera a un concepto de democracia liberal. Eso sí que es novedoso. No es casual que el modelo político colombiano, formalmente sea tan difícil de describir. El padre Javier Giraldo, que no tiene pelos en la lengua, la ha definido como una “democradura” o, de manera más exacta, como “esta democracia genocida” [4]... Con perspectiva sociológica, Antonio García la ha descrito con sobrada elocuencia:

“La experiencia histórica de Colombia rectifica la generalizada creencia de que el absolutismo político sólo existe en aquellos países donde se han instalado cínicamente gobiernos de fuerza y no puede funcionar en un sistema de legalidad. En realidad, el absolutismo político nunca ha aparecido en la historia como una carencia absoluta de legalidad, sino como un sistema que es capaz de crear, a su arbitrio, su propia y acomodaticia legalidad” [5].

El quid de las negociaciones no es si la insurgencia cambia votos por fusiles, sino si la oligarquía colombiana renuncia a la guerra sucia contra el pueblo. Promesas son promesas, empero. Lo realmente importante no es lo que se acuerde en La Habana, sino lo que ocurra sobre el terreno de los hechos en Colombia. Hasta el momento, no hay muchas razones para pensar que la oligarquía va a abandonar, así de buenas, sus viejos hábitos. Ahí siguen los ministros de guerra y despojo agrario (Molano dixit [6]) torpedeando las negociaciones. Avanza la militarización del sur colombiano, de Caquetá, de Putumayo, los ametrallamientos y los bombardeos, mientras el gobierno mezquina un cese al fuego bilateral. Ahí está intacto el despojo violento, ejemplificado con la re-victimización de la comunidad reclamante de tierras de Pitalito, en el Cesar. Sigue la práctica de dar plomo a quienes piden pan, como lo demuestran las decenas de muertos durante los paros agrarios de este año. Prosigue el sistemático exterminio de dirigentes populares, como lo atestiguan los cobardes asesinatos recientes de César García en el Tolima, de Edier Otero y de Ana Isabel Valencia en el Quindío. Y se sigue blindando el terrorismo de Estado con dispositivos como la mal llamada ley de seguridad ciudadana y la insistencia del gobierno de Santos en sacar adelante una versión modificada de la ampliación del fuero militar que fuera tumbada por la Corte Constitucional.

De momento, pareciera que el gobierno de Santos estaría dispuesto a aceptar en el papel algunas reformas nada despreciables del sistema político y social colombiano. En lo concreto, pareciera empeñado en aniquilar a las fuerzas vivas de la sociedad que podrían exigir que estos acuerdos se implementen en la práctica. Por eso prosigue y hasta se incrementa la represión masiva y el asesinato selectivo hacia los movimientos populares a medida que se avanza en el ansiado acuerdo de paz. En eso consiste la democracia colombiana: en una fachada hermosa en la cual albergar un repelente matadero. Esto no es original del sistema colombiano. Como Poulantzas lo explica en su análisis del fascismo clásico, cuando el pueblo alcanza ciertas conquistas económicas o políticas, "la burguesía se dedica en primer lugar a modificar la relación real de las fuerzas sobre las cuales se han fundado estas conquistas, y sólo después pasa al ataque directo de las conquistas mismas. Y esto por una razón sencilla (...): con el fin de engañar al adversario y adormecerlo, ocultándole el lugar real de la lucha de clases” [7].

Aunque el acuerdo, potencialmente, vaya más allá de la democracia liberal en un sentido estricto [8], sería ya gran cosa que la oligarquía comandada por Santos se comprometiera a respetar el marco democrático en la interpretación más estrecha del término. Pero, ¿podemos carecer tanto de sentido histórico como para creer en las promesas de la oligarquía más mentirosa y violenta del hemisferio?

La paz con justicia social es indisociable de transformaciones estructurales; habrá que luchar por ellas, sin falsas ilusiones y sin amilanarse. El desmonte del paramilitarismo y del Estado terrorista no pasa por declaraciones de buena fe, sino por una profunda reforma agraria que les ataque en sus raíces. El derecho a la participación política de la oposición no pasa solamente por que, ahora sí, la oligarquía se comprometa a respetar las reglas del juego democrático, sino que pasa por la derrota política de esa oligarquía mediante la movilización de masas, la construcción de expresiones de poder popular y el desarrollo de un potente movimiento que unifique, desde abajo y en la lucha, las diversas expresiones sociales que hoy claman transformaciones de fondo.

Los gérmenes de ese movimiento ya se han echado con las movilizaciones populares que agitan a Colombia: falta un poco más de voluntad política para seguir avanzando. Si la oligarquía ha demostrado haber perdido todo impulso histórico, es la hora de que el pueblo se gobierne a sí mismo. Este proceso revelará nuevamente el terreno real en el que se está librando la lucha por Colombia, el cual la oligarquía trata por todos los medios a su alcance de ocultar.

Notas:

[1] Puede consultarse el comunicado conjunto de La Habana en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176504&titular=acuerdo-entre-el-gobierno-colombiano-y-las-farc-sobre-la-participaci%F3n-pol%EDtica-de-la-oposici%F3n-
[2] http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/7185-el-acuerdo-con-las-farc-%C2%BFfase-final-de-la-transici%C3%B3n-pol%C3%ADtica-colombiana.html

[3] O al uribismo, en el actual contexto colombiano…

[4] Ver su importante documento “Colombia, esta democracia genocida”, 1994, Ed. Cristianisme i Justícia.

[5] “América Latina, Historia de Medio Siglo", Ed. Siglo XXI,1977, p.224

[6] http://www.elespectador.com/opinion/acento-regional-columna-457520

[7] “Fascismo y Dictadura”, Nicos Poulantzas, Ed. Siglo XXI, 2005, p.158.

[8] Algo ya ha sido escrito por Alfredo Molano en su columna habitual en El Espectador http://www.elespectador.com/opinion/acento-regional-columna-457520