Nos reencontramos hoy en memoria de todas nuestras mujeres y hombres que dieron su vida por un país con paz democrática y justicia social

Reunimos este V Congreso Nacional de la UP, con el esfuerzo y empuje dado por la Coordinación Nacional de Victimas, familiares y sobrevivientes del genocidio contra la UP; con el impulso dado por la Corporación REINICIAR a esta coordinación y como resultado de la persistente labor que por 20 años ha llevado la demanda ante la CIDH, contra el estado colombiano por su responsabilidad en el genocidio contra la UP. Nos reunimos con el concurso de millares de upeistas reunidos en las Asambleas de Reencuentro por la Esperanza, realizadas a lo largo y ancho del país. Nos reencontramos con el aporte orgánico dado por el Partido y la Juventud Comunista colombiana, con el apoyo de multiplicidad de organizaciones de la Marcha Patriótica, con el aporte de fuerzas políticas fundantes de la UP, y con el entusiasmo de nuestros compañeros y compañeras en el exilio.

Vamos de deliberar haciendo una mirada al horizonte político desde la experiencia histórica de la UP

El momento en que reunimos este histórico congreso, está caracterizado por el auge de las luchas sociales contra los efectos del modelo económico dominante, el proceso de paz cuyo eje es la lucha por una apertura democrática, la contienda electoral para conformar el Congreso de la República y elegir presidente de la República. Nos volvemos a abrazar fraternalmente en medio de un contexto internacional determinado por las crisis de las grandes potencias y los cambios progresistas en varios gobiernos latinoamericanos.

Analizaremos este panorama desde la experiencia del accionar político de la UP, para que a partir de allí tracemos el horizonte del quehacer de la UP en la vía de lograr los cambios de fondo que el país necesita para alcanzar condiciones de vida y participación digna para todas y todos.

Los rasgos más destacados de la UP como experiencia de participación política popular, están signados por su origen en el proceso de paz de mediados de los años 80; por el hecho que de la UP se desplegó como expresión política unitaria del auge de las luchas cívicas y sociales; por la práctica de gobierno en función del interés público, cuando la agenda gubernativa era privatizadora, en regiones estratégicas de la geografía nacional; por entrar en la escena política afrontando la reacción del establecimiento contra las perspectivas de cambio en el poder que representó la UP. De conjunto, la UP se ha caracterizado por ser una fuerza social que sin reticencias se la jugó toda por una paz democrática con justicia social.

El proceso de paz que dio origen a la UP, durante el gobierno de Belisario Betancur, fue resultado de la movilización nacional por alcanzar lograr una apertura democrática, levantando como bandera la búsqueda de una solución política al conflicto armado. Ante el cerramiento del régimen político a cualquier opción de signo popular y democrático, se fue abriendo paso la convergencias de fuerzas democráticas en pos de cambios en el régimen político, que abriera espacios a la participación decisoria de expresiones sociales y políticas diferentes a los dos partidos tradicionales que tienen atrapado al aparato de estado, en beneficio de los intereses de los grupos financieros y las elites terratenientes. La convergencia por la apertura democrática tomo forma en la lucha por una solución política al conflicto social y armado.

La confluencia de posiciones de diverso signo, en favor de un tratado de paz duradero, con reformas a las estructuras de poder predominantes, se materializaron en los Acuerdos de la Uribe (1984), suscritos entre el Estado, representado en el gobierno de Belisario Betancur, y las guerrillas de las FARC-UP, sintonizadas con las fuerzas impulsoras de la apertura democrática. El resultado fue un tratado de paz que contempló el impulso a una serie de reformas y la creación de espacios de participación política a todas las fuerzas sociales y políticas alternativas al régimen bipartidista. Se trazó así un camino de intervención política popular, con la obligación estatal de dar garantías al ejercicio de los derechos políticos, que se concretó en el surgimiento del movimiento amplio, democrático y pluralista, que tomó por nombre el de la tradición patriótica de la lucha por la independentista, denominándose Unión Patriótica.

La idea con la que iniciamos en la UP, fue de la participar en los escenarios de representación política, con el propósito de cimentar con el respaldo popular las transformaciones democráticas que dieran solidez y perspectiva cierta de desarrollo de una paz estable y duradera. Asumimos entonces las banderas de la paz. La irrupción de la UP como fuerza de paz contó con un amplio respaldo popular en las urnas. La bandera de la paz se fue transformando de una aspiración a una concreción en los escenarios de poder.

Hoy de nuevo la aspiración de lograr una solución política al conflicto social y armado, está en el centro de la agenda pública, con las conversaciones que entre en representación del Estado adelanta el actual gobierno, con las FARC-EP sintonizadas con las fuerzas democráticas que luchan por conquistar una verdadera democracia en el país. El proceso de paz de la Habana es el resultado de la presión de un amplio espectro de fuerzas convergentes en propiciar cambios democráticos a través de la forma de un tratado de paz que potencie un proceso de cambios que cimenten la paz.

El proceso de la Habana fue antecedido por tres intentos de llegar a acuerdos: los diálogos gobierno - FARC-EP de Caracas (1991), Tlaxcala (1992) y San Vicente del Caguan (1998). Todos infructuosos por la renuencia del establecimiento a pactar cambios institucionales que significasen posibilidades reales para lograr cambios en las estructuras de poder por vías democráticas.

Se asistía en esos años a una ola de medidas oficiales dirigidas a recortar derechos laborales, a la mercantilización de los servicios de salud y despojo de las tierras del campesinado, todo encubierto con la ideología de la eficiencia del mercado y la exaltación al individualismo. Se vivía en el país los efectos de la ofensiva de exterminio contra las fuerzas populares, que tuvo en el genocidio contra la UP su expresión más elaborada.

En ese contexto de sometimiento por la fuerza de sectores democráticos, se logró la promulgación de la nueva constitución de 1991, resultado de un relativo equilibrio de fuerzas, expresada en una carta política que consagra el reconocimiento de los derechos humanos, al tiempo que contiene todos los dispositivos para las políticas de privatización y de beneficios para las grandes empresas y el capital extranjero.

De esta forma, la nueva constitución avanzó en preceptos democráticos, pero quedó incompleta en cuanto a las garantías para que el país todo tenga condiciones de vida digna. Por eso, hoy esta al orden del día avanzar en el desarrollo del ordenamiento constitucional dirigido a garantizar condiciones de vida dignas para todas y todos, contando para ello con la participación de todas las fuerzas hasta hoy discriminadas y excluidas de las decisiones nacionales.

Con el surgimiento de la UP se desató una política de exterminio contra las fuerzas populares, como reacción del establecimiento a los avances de las fuerzas progresistas en el ejercicio de gobierno. La UP significo un viraje en el modo de dirigir los asuntos públicos de los gobiernos municipales. Fue expresión de la insurgencia de nuevos gobiernos de origen popular, que significaron un nuevo rasgo del régimen político: la apertura al gobierno local de nuevas fuerzas ajenas a las prácticas corruptas que han prevalecido en las alcaldías. Fue así como los gobiernos locales de la UP y en coalición con otras fuerzas democráticas, pusieron de presente dos importantes experiencias de nuevo poder:

En primer lugar, la UP alcanzó a dirigir gobiernos locales en territorios de importancia estratégica para el país. Gobernamos la mayoría de los municipios de la región de Urabá, donde existe un enclave de empresas extranjeras explotadoras del cultivo de banano. Gobernamos en municipios del departamento de Arauca, donde se extrae importantes cantidades de petróleo. Gobernamos en Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, en una región de gran explotación de oro. Gobernamos en la despensa agrícola del país, representada en los llanos orientales. También gobernamos en otros municipios de vocación agrícola marginados de los centros de producción e intercambio mercantil. En todos estos gobiernos locales, se administró en coalición con otras fuerzas con las cuales se compartía la idea de administrar los bienes públicos en función del bienestar de la población.

Así, el país asistió a la presencia de nuevos gobernantes, con alcaldes venidos de las entrañas del pueblo, con profesionales vinculados a las luchas populares, y con gente interesada en dirigir bien para el beneficio de todos. Se demostró que la gente del pueblo si sabe administrar los asuntos públicos. Fuimos ejemplo de gobiernos eficaces y sin corrupción. Por eso el establecimiento reacción asesinando alcaldes, forzándolos a abandonar sus cargos, y propiciando el terror contra el electorado, a través de asesinatos selectivos y masacres con sevicia y crueldad.

Hoy asistimos a la recomposición de los gobiernos locales. Los intereses de las elites gobernantes, con la financiación de los empresarios del narcotráfico, con el soporte operativo de estructuras de la fuerza pública, han impuesto el despojo de las tierras del campesinado, y han implantado gobiernos locales bajo su control, desplegando una estrategia paramilitar amparada en la impunidad sistémica que impera en el país. Así, lo que surgió como una esperanza de nuevos gobiernos de signo popular, representados en las alcaldías de la UP y en coalición, se transformó en la extensión del control político de fuerzas de derecha representativa de los intereses del latifundio, de los grandes grupos financieros y del capital extranjero. Este poder soportado en la estrategia paramilitar llegó a dominar casi la mitad del congreso de la República. Puso en la presidencia de la República a uno de sus exponentes y aseguró la lealtad de la fuerza pública con el aumento desmedido del presupuesto de guerra y los recursos provenientes del imperio a través del plan Colombia.

Esta situación pone de presente la necesidad de revisar las reglas electorales, desmontar las estructuras de la estrategia paramilitar del establecimiento, fortalecer las formas de participación directa y decisoria de las comunidades locales, para de conjunto recuperar condiciones que garanticen la posibilidad de lograr gobiernos locales distintos a los de gamonales hoy gobernantes, contando para ello con las garantías para la libre expresión del electorado. Nuestra experiencia en esta materia será un buen aporte a los escenarios de discusión con partidos y movimientos sociales, surgidos del punto 2 de la agenda de la Habana.

En segundo término, la experiencia de gobierno en las alcaldías de la UP, puso de presente las realizaciones en materia de inversión social. Nuestros gobiernos locales se caracterizaron por gobernar con planes de desarrollo realistas dirigidos a garantizar las inversiones en las principales necesidades de la población. También tuvieron una política fiscal enfocada en logar que las grandes empresas ancladas en sus territorios, tributaran como les correspondía y no evadieran más impuestos. Así mismo, las experiencias deliberativas propias de la UP, donde la elección de candidatos y directivas del partido, se sometía a un amplio escrutinio en asambleas populares, se extendió a la discusión con las organizaciones sociales de las prioridades en los presupuestos municipales.

Por esta razón las administraciones municipales de la UP tienen aún hoy en día, mucho que mostrar en cuanto a sus realizaciones. Se construyeron escuelas, puestos de salud, parques, casas de la cultura, escenarios deportivos, y se desarrollaron proyectos culturales, recreativos y de diversa índole con el concurso de la gente, entre otras muchas realizaciones. Los problemas de desviaciones en la conducción de los asuntos públicos fueron controlados con el impulso de la transparencia en las decisiones gubernativa y el control ciudadano, a través de asambleas populares, o en las instancias de control de la UP. En términos generales, se implementó un modo distinto de gobierno local.

De esta forma, gobernando bien y en función de los intereses populares, y en zonas estratégicas de la geografía nacional, se configuró para las elites gobernantes una amenaza a su permanencia en el poder. Los poderes predominantes en el orden local impulsaron entonces el exterminio de nuestros dirigentes, militantes y simpatizantes, y el terror hacia el conjunto de la ciudadanía. Estos poderes se articularon con estructuras de la fuerza pública, signadas por la lucha contra el enemigo interno que veía en los ciudadanos que optaban por una perspectiva política distinta a la dominante, con el financiamiento de los empresarios del narcotráfico, y la presencia oculta de las agencias militares extranjeras, ejecutando varios planes para colocar las armas contra las urnas. Para sacar del ambiente político a las fuerzas disidentes que ejercieron gobierno con una agenta social y disidente de la impulsada por el gobierno nacional.

Hoy estos poderes locales reaccionarios se conservan en amplios territorios de la geografía nacional. Hoy las operaciones encubiertas de estructuras de la fuerza pública se mantienen en acción. Hoy los dineros del narcotráfico continúan circulando por el sistema financiero. Pero también hoy las relaciones de fuerza en las luchas sociales giran en favor de las fuerzas populares, lo que ha permitido contener la ofensiva explotadora y represiva de las clases dominantes, y lograr en la movilización diversos escenarios de solución política a los conflictos sociales: están las mesas de interlocución entre el movimiento agrario y popular, las negociaciones de pliegos de peticiones del sindicalismo estatal, y los diálogos de paz en la Habana.

Esto nos lleva a considerar el carácter amplio y de convergencia social de la UP, como una expresión política del nivel de unidad y movilización alcanzado por las fuerzas sociales a mediados de la década de los años 80. En efecto, por aquellos años el movimiento sindical avanzo en la construcción de la Central Unitaria de Trabajadores, los movimientos sociales se agruparon en la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, el estudiantado juntó todas sus tendencias en el Comité de Unidad Estudiantil, y el Movimiento Insurgente Armado constituyó la Coordinadora Simón Bolívar. De esta forma, confluía el auge unitario de las luchas sociales y su expresión el plano político a través del surgimiento de la UP con significativos resultados electorales.

En los actuales momentos, la movilización social recupera su vitalidad a través de masivas y firmes protestas de trabajadores y propietarios de la producción agrícola, junto con las manifestaciones populares, y el creciente respaldo ciudadano a estas luchas. Se presenta así, un auge de las luchas que convergen en sus reivindicaciones y se movilizan unitariamente. Pero hoy estamos ante la paradoja que estas expresiones populares carecen de un referente político unitario en los partidos y movimientos que programáticamente los representan.

El PDA, luego de importantes avances electores, fruto de la unidad de diversas expresiones de izquierda, se divide por el predominio de enfoques de corto plazo en el quehacer político, y porque discriminan a fuerzas como el partido comunista, por participar de la construcción de Marcha Patriótica, que, según manifestaron, la asimilan a la UP como un problema por su origen, con lo cual atribuyen la responsabilidad de los victimarios a las víctimas.

Por su parte el movimiento Progresistas construye con el Partido Verde la Alianza Verde, con un programa político que reivindica intereses populares, pero con una táctica electoral enfocada en superar el umbral y proponer una candidatura presidencial alternativa, a través de una consulta donde participará el uribismo representado en la precandidatura de Enrique Peñaloza, al tiempo que desde la presidencia de la Alianza Verde se anuncia desde ya su probable apoyo a la reelección del presidente.

Así las cosas, cuando el país necesita sensatez en las fuerzas alternativas, han primado los cálculos de corto plazo, y los intereses particulares de los sectores sociales que representan.

De otro lado, otras expresiones políticas de la lucha social buscan con la UP procesos de coordinación y unidad. Marcha Patriótica, que es una fuerza hermana, que por su composición, sus banderas y su lucha por la paz democrática, es una expresión histórica de la UP, está un momento de consolidación que define sus prioridades. En similar proceso se encuentra el movimiento Congreso de los Pueblos, y la Coalición popular. Con estos sectores políticos, al tiempo que vamos hombro a hombro en las protestas populares, mantenemos un diálogo fraternal trazando derroteros políticos compartidos.

Es por esto, que la UP, siendo una experiencia unitaria con la autoridad que le confiere el habérsela jugado a fondo, arriesgando la vida de sus dirigentes y militantes, por alcanzar una paz verdadera, convoca desde este congreso a persistir en el empeño de lograr mecanismos de entendimiento y coordinación programática y política, en la perspectiva de formar un sólido piso a los desarrollos económicos, políticos y culturales que la movilización por la paz demanda.

La división de las fuerzas democráticas y populares es resultado parcial de los efectos de la ofensiva ideológica contra la UP. El establecimiento impuso en el imaginario de la gente, la idea de que la UP es una extensión de las guerrillas, y que a su vez, la UP tenía relaciones de ordeno y mando con las FARC-EP. Ambas falacias ha servido de argumentos para justificar el genocidio contra la UP y a su vez han impactado en la percepción que de la realidad tienen las dirigencias de las fuerzas democráticas y populares, así como en los medios académicos.

Han aceptado con diversos matices, que el origen del exterminio radica en el origen de la UP, por lo cual la solidaridad con nuestra lucha por que se haga justicia con las víctimas del genocidio contra la UP, ha estado ausente de los procesos de convergencia del Frente Social y Político, del Polo Democrático Independiente y del Polo Democrático Alternativo. Así mismo en los medios académicos se ha dado cierta complicidad con la persecución contra la UP al desconocerse que la UP es objeto de una política de extermino en razón a nuestras posiciones políticas y a que representamos una opción real de poder.

Este ambiente ideológico adverso a los derechos de las víctimas, y contrario a la lucha por el derecho a la participación política en la vida nacional, pone de presente la necesidad de posicionar en la agenda de unidad por la que trabajamos todas las fuerzas democráticas y populares, el respaldo a la lucha por lograr para la UP que se establezca la verdad sobre el genocidio, que se haga justicia castigando a los responsables, y que el Estado proceda a tomar medidas de reparación integral a las víctimas y al colectivo del movimiento UP. Esta lucha por la reparación integral a la UP, compartida con otros partidos y movimientos expresa a su vez la lucha contra todas las formas de segregación política de son objeto comunidades afrodescendientes, indígenas, LGTBI, los movimientos por los derechos de la mujer, y multiplicidad de movimientos sociales y políticos del orden local. Esta bandera no es exclusiva de la UP, sino del país todo, en tanto la lucha por la reparación integral a la UP y la lucha por la apertura democrática, es la lucha por la transformación del régimen político excluyente que amenaza la existencia de opciones de poder.

De esta forma, desde la acumulado de lucha de la UP, nos disponemos a construir una plataforma política compartida que desarrolle el llamado a todas las fuerzas populares a Apoyar y fortalecer las movilizaciones populares por condiciones de vida digna,

Desplegar la lucha por el derecho de todos y todas a la participación política, respaldando la reivindicación de verdad, justicia y reparación integral para la UP,

Impulsar un frente amplio por la paz democrática con justicia social

Propiciar la participación amplia y de convergencia en las próximas elecciones parlamentarias, y propender por la escogencia de una candidatura de unidad por la paz para la presidencia de la república.

Nuestra participación en la presente campaña electoral, se perfila en el marco de la lucha por garantías políticas, para lo cual exigimos del estado medidas legales que permitan nuestra participación teniendo en cuenta la situación de desventaja en que nos encontramos como resultado de la política de exterminio en nuestra contra. También con medidas dirigidas a superar la estigmatización de que somos objeto por parte del establecimiento, así como condiciones de igualdad material para impulsar candidaturas de convergencia.

Estas garantías mínimas que reclamamos, tendrán en la mesa de garantías electorales para la UP, concertada con el gobierno nacional, un escenario de interlocución con el propósito de avanzar en la materialización de estas garantías.

Finalmente, el Congreso de la UP deberá perfilar el carácter amplio y convergente de la UP, en las actuales condiciones, que distan de aquellas cuando se fundó la UP. Por eso proponemos una estructura organizativa que dé cuenta de una metodología de trabajo unitaria, a través de Asambleas Patrióticas como forma básica de organización y acción de la UP.