Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

El traslado de los sembrados y la adaptación a la política antidrogas dificultan objetivos del gobierno
Las consecuencias de la aspersión de cultivos ilícitos
Pese a haber fumigado 1,5 millones de hectáreas de cultivos ilícitos en los últimos trece años, el problema se mantiene. ¿A qué se debe dicho fenómeno?
Daniel Mejía / Sábado 7 de diciembre de 2013
 

Desde que arrancó el Plan Colombia en el año 2000, las principales estrategias en la guerra contra la producción y tráfico de cocaína han estado enfocadas en el primer eslabón de la cadena: los cultivos de hoja de coca. La intuición detrás de esta estrategia es sencilla: si se logra interrumpir el primer eslabón de la cadena de producción, no habría materia prima (hoja de coca) para producir cocaína. Del dicho al hecho, sin embargo, hay mucho trecho. Existen tres estrategias para disminuir los cultivos ilícitos: la aspersión aérea con herbicidas, la erradicación manual y los programas de desarrollo alternativo. Mientras que las dos primeras son estrategias forzosas, la tercera requiere que los cultivadores de hoja de coca tengan incentivos para abandonar los cultivos ilícitos.

Gran parte de los esfuerzos del gobierno colombiano en los últimos doce años han estado enfocados en las campañas de aspersión aérea de herbicidas, como el glifosato, sobre los cultivos ilícitos. En este período se han asperjado con herbicidas en promedio 128 mil hectáreas anuales, distribuidas en diferentes zonas del país. La aspersión aérea alcanzó su pico máximo en el año 2006, cuando se fumigaron cerca de 170 mil hectáreas, más del doble del territorio que en ese año se calculaba que tenía cultivos de coca. Las campañas de aspersión aérea con herbicidas son generalmente ejecutadas por contratistas estadounidenses que trabajan para compañías como DynCorp. Estas compañías utilizan pequeños aviones para fumigar los cultivos de coca con Roundup, el nombre comercial del herbicida producido por la compañía americana Monsanto, que desarrolló y patentó la molécula de glifosato en 1970 y comenzó a comercializarla en 1973. El glifosato es el principio activo de este herbicida, que además contiene un surfactante, POEA, que ayuda a que el glifosato penetre la planta y la destruya. El objetivo de la fumigación con glifosato es inhibir la enzima encargada de la síntesis de aminoácidos aromáticos, impidiendo así que la planta permanezca viva. Esta sustancia se absorbe a través del follaje de la planta, y sólo es efectiva si las plantas están en crecimiento (es decir, la fumigación no es efectiva para impedir que las semillas geminen). Cabe anotar que en la actualidad Colombia es el único país del mundo que permite la aspersión aérea de cultivos de drogas.

Existen varios estudios que evalúan los efectos directos y colaterales de la aspersión aérea con glifosato sobre los cultivos de coca. A pesar de que existe evidencia en situaciones controlad++as de laboratorio que muestra que la aspersión de glifosato es capaz de destruir los cultivos de coca, varios estudios recientes han mostrado que en la práctica esta estrategia no es efectiva (Rozo, 2012; Abadie et al., 2013; y Mejía et al., 2013). A pesar de utilizar metodologías empíricas muy diferentes para estimar el impacto causal de la aspersión con glifosato sobre los cultivos ilícitos, los tres estudios encuentran resultados muy parecidos: por cada hectárea asperjada con glifosato, los cultivos ilícitos se reducen entre 0.1 y 0.15 hectáreas. En otras palabras, para destruir la hoja de coca sembrada en una hectárea, ésta debe ser fumigada, en promedio, entre 7 y 10 veces. Las razones por las cuales la aspersión con glifosato no tiene los efectos esperados en términos de reducción de los cultivos de coca son múltiples. La más importante de ellas es que los cultivadores de hoja de coca utilizan mecanismos para mitigar el impacto de las aspersiones, como intercalar cultivos lícitos con cultivos ilícitos para evitar ser detectados por las fotos satelitales y los sobrevuelos de las autoridades, o rociar con molasas los arbustos de coca para evitar que el ingrediente activo del herbicida penetre las hojas y las destruya. Otro mecanismo utilizado por los cultivadores es la resiembra y el desplazamiento de los cultivos de coca hacia zonas en donde no se permite la aspersión con glifosato, como parques naturales o reservas indígenas. Por último, los cultivadores se han adaptado a la política antidroga, adoptando mejoras sustanciales en las técnicas de cultivo, las variedades de hoja de coca cultivadas y los agros insumos utilizados. Mientras que en el año 2000, al comienzo del Plan Colombia, por cada hectárea cultivada con hoja de coca se podían producir aproximadamente 4.3 kilos de cocaína, en 2010 se podían producir más de 6 kilos de cocaína por hectárea cultivada con hoja de coca (casi 40% más que en el año 2000).

Además de la baja efectividad de las campañas de aspersión aérea en reducir los cultivos de coca, existe un cuerpo de evidencia científica muy sólido que muestra que esta estrategia tiene unos costos colaterales muy altos para el país. En primer lugar, un trabajo reciente elaborado conjuntamente con Adriana Camacho, de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, demostró que en las zonas en donde se llevan a cabo estas campañas de fumigación con glifosato se presentan mayores tasas de aborto y mayor prevalencia de enfermedades dermatológicas. Otro trabajo reciente de Sandra Rozo, de la Universidad de California en los Ángeles (UCLA), muestra que la aspersión con glifosato lleva a mayores tasas de mortalidad infantil. Este mismo trabajo muestra también que en aquellos municipios con mayores niveles de aspersión se presentan mayores tasas de deserción escolar.

Además de los efectos colaterales negativos que la aspersión aérea de cultivos ilícitos tiene sobre la salud y los niveles de violencia, otros trabajos han documentado efectos negativos sobre el medio ambiente (deforestación, contaminación de las fuentes de agua y afectación de la población de anfibios) y pérdida de confianza en las instituciones del estado por parte de los pobladores de las zonas en donde estas campañas son implementadas.

Tras más de 1.5 millones de hectáreas fumigadas en los últimos trece años y de varios billones de dólares gastados en esta estrategia, la evidencia académica e independiente ha demostrado que esta estrategia antidroga no resiste la más mínima y benévola prueba de costo efectividad. Como bien lo dijo el Presidente Santos hace unos años, en materia de política de drogas parece que estuviéramos montados en una bicicleta estática. ¿Será que cuando dijo esto estaba pensando en la aspersión aérea de cultivos de coca?