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El crimen de Adelinda Gómez y las tensiones por la minería en el Cauca
Moritz Tenthoff / Martes 17 de diciembre de 2013
 

“Aquí estaba acostada la cabeza de mi mamá cuando la mataron”. El 30 de septiembre de 2013 dos hombres desconocidos asesinaron a Adelinda Goméz Gaviria en Almaguer, Cauca. Adelinda era integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano y había impulsado una audiencia pública en Almaguer en febrero para denunciar los impactos sociales y ambientales de la minería. Su hijo de diez años explica como encontró a su mamá esa noche sobre el camino delgado que recorre la loma hacía la casa. Durante el día se distinguen desde este lugar las matas de café en las laderas y abajo en el valle del río se ven las retroexcavadoras.

América Latina es la despensa más importante de agua dulce del planeta. El Macizo Colombiano, ubicado en el suroriente del departamento de Cauca y norte del Nariño es fuente de los principales ríos que recorren el país, entre estos el Cauca, el Magdalena, el Caquetá, el Putumayo y el Patía. Las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas asentadas en este territorio de ríos, nacimientos de agua y selva húmeda fueron olvidadas durante décadas por los distintos gobiernos colombianos. A partir de 2000 el Bloque Calima de las autodefensas hizo su entrada al Cauca. Dejó a su paso un recorrido de masacres y asesinatos en el Norte y Centro del departamento para luego expandirse en 2001 hacía la cuenca del Río Patía. Luego de su proceso de desmovilización en diciembre de 2004, los paramilitares siguieron operando como Rastrojos y Águilas Negras. Por parte del gobierno, en el Norte del Cauca se implementó la estrategia de los Centros de Consolidación de Acción Integral y a la vez incrementaron las bases militares en el Centro y Sur del departamento. Como sucedió en otras regiones (como en el Urabá con la palma, y en los Montes de María con la teca) después de los paramilitares llegaron al Macizo empresas nacionales y extranjeras en busca de recursos naturales; en el caso del Macizo, de oro y otros metales preciosos.

Varios municipios de la zona, entre estos Almaguer, recibieron durante los últimos siete años solicitudes de títulos mineros que llegaron a sobrepasar el tamaño del mismo municipio. Según la Agencia Nacional de Minería (Actualización del Catastro Minero del Cauca, abril 15 de 2013, Hoja de reporte RT-0176-13), en abril de 2012 había nueve títulos vigentes para un total de 1730 hectáreas o 5% del área del municipio y otras 18 solicitudes que comprendían 134% del área del municipio (es más del 100% porque hay títulos cuyos territorios están superpuestos). AngloGold Ashanti, Carboandes y Continental Gold son de las empresas que más concesiones han pedido. Según un informe de la Colombia Solidarity Campaign, seis de las siete empresas más grandes de oro que operan en el país, entre estas Anglo Gold Ashanti y Continental Gold, tienen vínculos financieros, operativos, o técnicos, hasta tal punto que el informe habla de un Cartel de la Minería de Oro. Anglo Gold Ashanti y Continental Gold llegaron al Macizo de la mano de retros y dragas de individuales y pequeñas empresas mineras nacionales, sobre todo de Antioquia. Entre estas Antioquia S.O.M., La Palma S.O.M y Negocios Mineros S.A.

Según la Agencia Nacional de Minería, la empresa Negocios Mineros S.A. tiene desde 2009 dos contratos de concesión para la exploración de un área de 1089 hectáreas en los municipios de Almaguer, Sucre y La Vega. La empresa forma parte del Grupo de Bullet, que en el pasado ha cedido sus proyectos a Anglo Gold Ashanti y cuyo directivo principal es Robert Allen, también director ejecutivo de Continental Gold. Según la Directora de Operaciones de Negocios Mineros S.A., María Pérez, se realizó un trabajo de prospección el año pasado en los municipios de Almaguer, Sucre y La Vega para constatar que hay potencial minero en la zona. Sin embargo por la situación de orden público y la oposición de las comunidades no se ha podido seguir a la etapa de exploración: "la minería ilegal ha estigmatizado la actividad minera en general y ha generado una oposición de las comunidades a la actividad nuestra”, dice. Según Pérez, frente a la oposición de las comunidades a la minería la empresa tiene que realizar procesos de concientización y socialización con la comunidad. Afirma además que “la afectación de la minería formal al suelo es casi mínima y operamos lejos de los cascos urbanos”.

Según el informe Oro Sostenible 2010 de Anglo Gold Ashanti, la empresa realizaba labores de exploración en el Cerro Gordo del municipio de La Sierra en el Macizo Colombiano, además de procesos de exploración en Santander de Quilichao y la Salvajina. La gerente de comunicaciones de Anglo Gold Ashanti, Margarita Arango, afirma que la empresa en este momento no está realizando los trabajos de exploración en las áreas que la han sido concedidas en el Cauca. Según Arango, es probable sin embargo que en el Macizo haya minería ilegal en las zonas donde la empresa tiene sus concesiones: “en todo el país hay minería ilegal en áreas donde nosotros tenemos concesiones, pero esto un tema que le corresponde al Estado no a la empresa. Nosotros sí tenemos algunos mecanismos para cuidar la propiedad privada”.

A principios de noviembre de 2013, las comunidades organizadas del Macizo hicieron la Caravana por la Defensa de la Vida, el Territorio y la Dignidad Maciceña en conmemoración a Adelinda Goméz Gaviria. Adelinda había recibido ofertas de trabajo por parte de los mineros que están explotando en el municipio. Según la Red por la Vida y los Derechos Humanos, un mes antes de su asesinato recibió una llamada en la que le dijeron: “deje de joder con esa cosa de la minería, eso es riesgoso y se va a hacer matar”. La Fiscalía seccional de Almaguer tiene el caso del asesinato de Adelinda, que se encuentra en estado de investigación sin que se haya establecido aun ninguna responsabilidad individual.

En Cortaderas, donde Adelinda fue asesinada, se celebraron una misa y un homenaje. Al día siguiente del crimen, en la cabecera municipal de Almaguer se realizó una audiencia pública con autoridades públicas de la región y más de dos mil asistentes. Las comunidades de Santa Rosa, Almaguer, La Sierra y Bolívar que asistieron a la Caravana reiteraron su rechazo total a la minería por parte de empresas nacionales y multinacionales en el Macizo Colombiano. Un campesino de Almaguer dijo ante la multitud: “antes nuestro municipio era de los más pobres del país y ahora somos de los más ricos, porque tenemos oro. Que se nos lleven todo que quieran, pero que no nos quiten la vida, la vida de nuestras mujeres”.

En el municipio vecino de La Vega, por los mismos días se celebró la IV Convención Popular del Agua - Cuenca del Río Patía, convocada por el Proceso Campesino y Popular de La Vega, como un ejercicio comunitario para defender las fuentes de agua frente a la amenaza minera. La cuenca del río Patía, que desemboca en el Pacífico y es fuente de vida de las comunidades campesinas, afros e indígenas que viven en sus riveras, está amenazada por alrededor de 130 retroexcavadoras, además de las concesiones concedidas a las empresas mineras antes mencionadas.

“Cuando hablan de desarrollo significa que nos quieren expropiar de algo” dice uno de los campesinos de La Vega. Participantes de las distintas comunidades sostienen que la minería, a pesar de sus promesas de desarrollo y trabajo, ha traído prostitución, deserción escolar entre los jóvenes, y conflictos al interior de las comunidades entre los que se oponen y los que piensan poderse beneficiar de la explotación de oro. “Estamos haciendo cosas ajenas a las que hacíamos antes”, dice una campesina. La minería ha afectado las aguas y suelos por la tala de bosques y el uso indiscriminado de metales pesados cómo el mercurio y cianuro. A este contexto se suma el incremento de la Fuerza Pública y la militarización del territorio.

En el marco de la Convención Popular del Agua se realizó una Asamblea Constituyente por la Paz alrededor de la amenaza minera. Las comunidades desde un proceso propio y colectivo legislaron y dieron sus aportes para una posible Asamblea Nacional de Constituyentes por la Paz con Justicia Social, que ha sido impulsado este año por el movimiento Marcha Patriótica. Revocando artículos de la Constitución Colombiana y añadiendo nuevos, acordaron que el oro no beneficia a las comunidades y que hay metal suficiente guardado en los bancos para suplir las necesidades industriales de este metal por varios siglos. Concluye la Asamblea que “el oro se tiene que quedar donde está, en nuestra tierra.” Inspirados por las constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela resaltaron además la importancia de no permitir la instalación de tropas y bases militares en territorio nacional. Llevar la discusión política hasta una Asamblea Constituyente es puede sin embargo significar retrocesos en materia legislativa. Sin embargo, así lo resume un participante de la Convención: “estamos en una pelea y en una pelea le pueden dar en la cara. Sin embargo una pelea que no se hace es una pelea perdida de antemano”.