Recientes acontecimientos están estrechamente relacionados. Las amenazas contra personas y organizaciones representativas de la posibilidad real de cambios democráticos en Colombia, así como el descubrimiento de operaciones encubiertas de organismos de inteligencia estatal contra el proceso de paz, ponen de presente que el país asiste al despliegue de una conspiración contra los vientos de transformación representados en las movilizaciones campesinas y populares, la presencia unitaria de la UP en la lucha electoral, y el horizonte de un tratado de paz duradero que se diseña en La Habana.

Esta conspiración está agenciada por la expresión de extrema derecha del establecimiento, a través de estrategias de terrorismo de estado, que frente al empuje de las movilizaciones sociales, la presencia electoral de la UP y otras fuerzas democráticas, y ante el precario respaldo ciudadano a tres opciones de derecha en las elecciones presidenciales (Oscar I Zuluaga, Marta L. Ramírez y Enrique Peñaloza), ven amenazados sus intereses y privilegios, por los cuales están dispuestos a apostarle a la guerra como medio de conservar el poder político, económico y militar que hoy ostentan.

Ante esta amenaza contra una paz democrática con justicia social, que respaldan y exigen la gran mayoría de colombianas y colombianos, el país necesita de la acción gubernamental que demuestre quién realmente gobierna a la nación. Frente a esta situación de conspiración contra la paz, el gobierno está en la obligación de destituir al Ministro de Defensa y al alto mando militar, así como a entregar resultados prontos sobre los verdaderos responsables de las amenazas contra representantes de las esperanzas de un futuro mejor para todas y todos en Colombia. Estas son acciones requeridas como medidas de protección y garantías a la candidata de la paz, Aida Abella Esquivel, a la UP, la Marcha Patriótica, la MIA, el alcalde Gustavo Petro y demás ciudadanos amenazados.

Unión Patriótica

Comité Ejecutivo Nacional

AÍDA AVELLA ESQUIVEL

Candidata Presidencial

OMER CALDERON

Presidente

FELIPE SANTOS DE FRANCISCO

Secretario General

Bogotá, D.C. 6 de febrero de 2014