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El Uribe calumniador se reencarna en otros agentes del Estado
Comunidad de Paz de San José de Apartadó / Sábado 8 de febrero de 2014
 

Muchos de nuestros amigos y comunidades solidarias nos han preguntado si el “perdón” solicitado a nuestra Comunidad de Paz por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 10 de diciembre, por las calumnias proferidas años antes por su predecesor en la jefatura del Estado, sancionadas por su carácter delictivo por la Corte Constitucional, habían tenido o podrían tener un efecto de no repetición.

Lamentablemente el presidente Santos no cumplió con la segunda parte de la orden dada por la Corte, a saber, la presentación “de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma (comunidad), tal como el establecimiento de un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza”. Esta omisión, no sabemos si premeditada o no, ha invalidado en la práctica los efectos del “perdón” presidencial, pues otros agentes del Estado, y en especial un subordinado directo del señor Presidente como lo es el comandante de la Brigada XVII del Ejército, ha relevado al ex presidente Uribe en su papel delictivo, integrándose así al crimen sistemático de persecución y calumnia contra nuestra Comunidad, expresado en ya varios millares de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que obran en tribunales internacionales.

Frente a un nuevo episodio bélico que tuvo lugar en el centro urbano de San José de Apartadó el pasado 5 de febrero, el cual al parecer dejó un saldo de víctimas militares, el Comandante de la Brigada XVII, coronel Luis Miguel Gómez Quintero, seguido por un concejal de Apartadó y algunos comerciantes de la ciudad, salió a los medios masivos a acusar a nuestra Comunidad de Paz de complicidad y hasta de coordinación estrecha con la guerrilla, la que supuestamente había colocado los explosivos. ¿La razón? Nuestras denuncias persistentes de que se están violando las prescripciones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en la ubicación de las bases militares y policiales, las cuales, en zonas de conflicto, no pueden estar ubicadas en cercanías de la población civil de modo que ésta pueda resultar afectada por los enfrentamientos bélicos. Resulta, entonces, que para el coronel Gómez exigir que se cumpla la Constitución es “ser cómplice de la guerrilla”; defender los derechos de la población civil, es “ser cómplice de la guerrilla”. La enorme lista que a la fecha superan las mas de 150 graves afectaciones que han causado a la población y a los bienes civiles las bases policial y militar colocadas ilegalmente en el casco urbano de San José de Apartadó, en contra de las prescripciones de las altas cortes, revela a las claras la magnitud de los daños de los cuales se ha hecho responsable el Gobierno Nacional. Por ello dejamos nuevamente constancia de los hechos ante el país y el mundo:

- El miércoles 5 de febrero de 2014, hacia las 10:15 horas, fue detonado un artefacto explosivo en el casco urbano de San José de Apartadó, al paso de un grupo de militares de la base militar acantonada en el corregimiento y adscrita al Batallón Voltígeros de la Brigada XVII, resultando afectados dos soldados según información de los habitantes de San José. El artefacto fue detonado a pocos metros del comando de la policía junto a una vivienda propiedad de la Comunidad de Paz. Cabe señalar que a 50 metros está el centro de salud y contiguo funciona el centro educativo de San José. Además de la vivienda de la Comunidad de Paz que resultó afectada, del mismo modo el templo de una iglesia cristiana. Las clases fueron suspendidas de inmediato debido al temor por lo sucedido. Este hecho ha generado una serie de señalamientos contra la población civil de la región por parte de la fuerza pública, hasta tal extremo que dos personas que se encontraban laborando en el momento en el centro de salud fueron retenidas como sospechosas. Como en infinidad de casos precedentes, la población civil víctima termina convertida en victimaria por las acciones del Ejército que busca “dar resultados inmediatos” (“falsos positivos”).

- El mismo 5 de febrero de 2014, soldados de la base militar de San José amenazaron a varios campesinos diciendo: “lo sucedido aquí lo pagarán caro los pobladores HP de San José a través de acciones de los paramilitares en Apartadó y en Tierra Amarilla; que a nadie se le olvide que nosotros trabajamos juntos”. Minutos después, un miembro de nuestra Comunidad de Paz que de San Josecito se dirigía a la vereda la Unión, fue abordado por los militares, quienes lo insultaron y amenazaron anunciándole una vez más el exterminio de la Comunidad de Paz, afirmando que para eso se apoyarán en los paramilitares.

- El jueves 6 de febrero de 2014, en horas de la mañana, a través de medios de comunicación regional, el coronel comandante de la Brigada XVII del Ejército, Luis Miguel Gómez Quintero, al igual que un concejal de Apartadó y comerciantes de la ciudad, nos señalaron de estar “coordinando con la guerrilla los atentados en San José de Apartado”. El Coronel se quejó públicamente de nuestras denuncias y clamores para que sean acatadas las órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado reubicando las bases de la Policía y del Ejército y no poniendo más en alto riesgo la vida y demás derechos fundamentales de la población civil. Pero para dichos “agentes del Estado”, exigir que se cumpla la Constitución es “ser cómplices de la guerrilla”. Una prueba más de que ellos están fuera de la ley y carecen de legitimidad.

Una vez más manifestamos que nuestra Comunidad de Paz rechaza todas las acciones violentas vengan de donde vengan y que colocan en riesgo la vida e integridad de la población civil. Precisamente por ello insistimos en que mantener el puesto de policía y la base militar donde están, es un atentado permanente contra los derechos de la población civil y un desacato contumaz a las órdenes de las altas Cortes. Hemos elevado numerosos clamores al Presidente de la República para que cese en su rebeldía ante los órganos de control del mismo Estado y responda por la gravedad de los daños que sus desacatos han causado.